Resumen de Prensa Semanal

Semana 44

27/10/2014 al 02/11/2014

Ver otras semanas

El Gobierno bajará las cotizaciones de los empleados del hogar

cincodias.com, 24/10/2014

Superado el debate de totalidad a los Prespuestos del Estado para 2015, el Congreso encara ahora el proceso para la aprobación de las enmiendas parciales a las cuentas públicas. Hoy a las 14:00 horas se cerró el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran sus propuestas, de las que, como era de esperar, las que más probabilidades tienen de salir adelante son las del PP.

 

Entre las enmiendas de los populares destaca la rebaja de cotizaciones planteada para los trabajadores del hogar, cuya finalidad es incentivar el empleo en este sector, así como una batería de medidas para incentivar la contratación de más trabajadores fijos discontinuos. En este segundo caso, se trata de poner en marcha nuevos impulsos que favorezcan la creación de empleo bajo la modalidad de un contrato fijo discontinuo, en especial en los sectores del comercio y el turismo y sobre todo en los meses de marzo y noviembre.

 

Tal y como recordó hoy el portavoz del PP de Presupuestos en el Congreso, Antonio Gallego, esta enmienda supone prolongar un año más esta medida, que entró en vigor en 2013 y se prorrogó el pasado mes de noviembre para el actual ejercicio a través de la Ley para la Protección de los Trabajadores a tiempo parcial. Los beneficios incluidos en dicha norma consisten en una bonificación del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social que se pagan por los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico en los meses de marzo y noviembre.

 

Comedores sociales y cultura

Aunque los detalles de cómo quedarán finalmente estos incentivos no fueron facilitados todavía por el portavoz popular, ya que ahora las enmiendas se negociarán con los distintos grupos y el Ejecutivo, todo apunta a que será así. De esta manera, los empresarios del comercio y el turismo podrán contratar a nuevos empleados y se ahorrarán la mitad de las cuotas que deban pagar por ellos por contingencias comunes, desempleo, Fogasa y aportación a la formación profesional durante los citados meses, en un intento por prolongar la temporada turística.

 

Entre las 98 enmientas presentadas por el PP, destaca además otra que insta a aumentar la financiación a los comedores sociales con el fin de evitar que puedan tener problemas de tesorería y una batería de beneficios fiscales para potenciar actividades culturales, deportivas y económicas. Así, por ejemplo el foro Barcelona Mobile World Capital será uno de los organismos que se vea beneficiado, como también lo será el Teatro Real o la Universidad de Salamanca.

 

Por su parte, el PSOE presentó 1.300 enmiendas parciales con el fin de aumentar los ingresos y recaudar hasta 11.000 millones de euros más a través de una nueva reforma fiscal. Su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró que dicho paquete de propuestas contribuiría a salir de la crisis, reducir la desigualdad y crear más empleo. El PSOE pidió destinar 2.500 millones a la creación de empleo y otros 2.400 millones a cambiar el actual modelo económico.

 

Tan sólo el 39% de las empresas declara obtener beneficios, frente al 46% de 2008

eleconomista.es, 27/10/2014

La crisis liquidó el 22,6% de grandes grupos, según Hacienda

 

Los últimos datos de ejercicios económicos completos verificados por la Agencia Tributaria ilustran a las claras la magnitud del golpe que la crisis ha asestado al tejido empresarial español y, por ende, a las arcas de la Hacienda Pública, debido a la acción simultánea de la desaparición de compañías, a la reducción del porcentaje de las que declaran beneficios, al retroceso de los importes medios por declarante, a la bajada del número total de empresarios, así como a la sostenida pérdida de recaudación por el Impuesto de Sociedades.

 

Según el Informe Anual de Recaudación Tributaria, en 2012 -último de los ejercicios auditados- tan sólo el 39,6% de las compañías que tributaban por Sociedades declararon obtener beneficios. En concreto, 563.000 empresas, que representan el 14% menos que las 654.000 firmas que en 2008 presentaban beneficios en sus declaraciones fiscales.

 

El embate de la crisis ha sido tal, que todos los años se han ido produciendo descensos en la cifra de sociedades declarantes de beneficios, salvo, precisamente, 2012, fecha en la que tampoco hubo grandes alegrías, ya que el guarismo se mantuvo estable y la variación fue del 0,0%.

 

Cae el importe por declarante

Con la crisis ha disminuido asimismo el importe medio consignado por firma declarante. En detalle: con los más recientes datos de la Agencia Tributaria en la mano, se constata que el resultado contable positivo retrocedió en 2012 hasta una media individual de 100.395 euros, lo que implica una reducción del -1,7% sobre los 102.162 euros de promedio por declarante que se registraban un año antes.

 

Ahora bien, el descalabro es considerablemente mayor si la comparativa se efectúa con respecto al importe que declaraban de promedio las empresas al cierre del ejercicio 2008: alrededor de 128.140 euros, esto es, el 21,6% más que en 2012.

 

Las estadísticas oficiales arrojan más pruebas irrefutables de la maltrecha situación por la que atraviesan -y han atravesado- las empresas españolas durante los peores años de recesión, que se hace evidente, por ejemplo, al analizar el descenso del número total de empresarios que rinden sus cuentas ante Hacienda.

 

Y es que, si se suman los contribuyentes que son empresarios personales y declaran por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con las empresas que tributan por el Impuesto de Sociedades (IS), la cifra conjunta de los empresarios fichados por el Ministerio de Hacienda en el año 2012 era de 4,76 millones; el -0,1% menos con respecto al censo empresarial de 2011.

 

114.000 negocios menos

No obstante, a tenor del Informe Anual de Recaudación Tributaria, antes de estallar la crisis económica, en 2008, la suma total de empresarios era significativamente mayor: 4,88 millones, lo que significa que en el plazo de cuatro años desaparecieron alrededor de 114.000 negocios, con el consiguiente menoscabo para los ingresos de las arcas públicas.

 

El citado informe de la Agencia Tributaria realiza asimismo una detallada radiografía empresarial española, siendo 2012 el último de los ejercicios auditados. Entre los resultados que se extraen figura el del número de las empresas declarantes, exclusivamente, del Impuesto de Sociedades, que ascendía a 1,4 millones en 2012.

 

Tal y como explica el mencionado informe, se trata de una cifra que se mantiene casi inalterable desde el año 2010, pero que todavía se sitúa ligeramente por debajo de las 1.422.000 empresas que rendían sus cuentas al Fisco por el IS en 2008, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

 

Pérdida generalizada

Esa mengua conjunta en el número de contribuyentes del Impuesto de Sociedades ha tenido un impacto diferente según el tamaño de las compañías, aunque el descalabro lo han sufrido tanto las grandes empresas como las sociedades de reducida dimensión.

 

Las cifras oficiales de la Agencia Tributaria certifican que España ha pasado de tener 31.000 grandes compañías declarantes del Impuesto de Sociedades en 2008 a contar con tan sólo 24.000 grandes grupos en 2012, lo que representa un retroceso del -22,6%, achacable en su mayor parte a la erosión del tejido empresarial a consecuencia de la crisis.

 

Lo mismo sucede, aunque con menor magnitud, con las entidades de reducida dimensión, que han encogido desde los 1,21 millones en el ejercicio de 2008 hasta los 1,16 millones en 2012, es decir, un descenso del -4%.

 

Ahora bien, aunque la desaparición de las pequeñas firmas ha sido proporcionalmente inferior, se trata de una fuerte pérdida, dado que las pequeñas empresas constituían el 82% del total de declarantes del Impuesto de Sociedades en 2012.

 

Y, precisamente, la falta de tamaño de las empresas españolas es una de las rémoras para la ganancia de competitividad, sobre todo a la hora de diversificar la producción o de abordar la salida a los mercados exteriores, ya que las compañías francesas, británicas o alemanas son de mayor envergadura.

 

Las ETT calculan que colocar a un parado cuesta 14.000 euros

cincodias.com, 28/10/2014

Seis agencias privadas de colocación –entre las que están Adecco y Manpower, dos de las principales empresas de empleo temporal– tienen ya la tarea de intentar encontrar empleo a como mínimo 10.981 parados repartidos por toda España.

 

Es el resultado provisional de la primera adjudicación de un concurso público que se hace en España para que agencias privadas coloquen a desempleados.

 

Este inicio de la implantación público-privada en materia de intermediación laboral en España no ha sido muy publicitado por parte del Gobierno que, además, ha tomado varias cautelas para que no se le pueda acusar de privatizar lo que hasta ahora era labor exclusiva de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem) con financiación pública.

 

Dada esta falta de publicidad y a diferencia de lo ocurrido en otros países donde ya hace años que realizan esta colaboración, en la sociedad no se ha generado un debate sobre la conveniencia o no de que los servicios públicos puedan contratar agencias privadas para colocar parados. Aún así, Asempleo, la patronal de las grandes empresas de Trabajo Temporal (ETT) junto con la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), han elaborado una estimación de los supuestos beneficios que podrían generar para las arcas públicas

 

Sus cálculos parten de cuánto estiman que le cuesta al Servicio Público de Empleo (SEPE) colocar a un parado. Para ello, han acotado la partida presupuestaria que consideran que más se ciñe a lo que gastan las oficinas de empleo en labores de intermediación y que ascendió a 3.765 millones de euros en 2013. Esta cantidad la han dividido entre las 267.826 personas que los servicios regionales del SEPE lograron colocar gracias a su intermediación el pasado año. Esto arroja una media de 14.059 euros por cada colocación. Si bien los autores del informe admiten que la cantidad agregada tomada para calcular lo que se gasta en intermediación “podría incluir otro tipo de actividades que no estén directamente relacionadas con los servicios de colocación”. Por ello, depurando estas actividades el coste total de colocar a un parado sería inferior.

 

Dicho esto, los autores también han hecho esta división entre el número de demandantes de empleo en general y no solo entre los que colocan. El resultado del estudio –presentado ayer en la sede de la patronal CEOE– indica que entre 2004 y 2011, las oficinas públicas de empleo destinaron una media de 380,60 euros por parado demandante y año a buscarles un empleo.

 

Este estudio indica que si este dinero que se destina a la intermediación se incrementara un 10% anual y esta cantidad se dedicara a financiar a las agencias privadas de colocación que colaboren con los servicios públicos, las arcas del Estado recibirían una rentabilidad del 18,74% sobre el coste de inversión.

 

Así, dicho incremento del 10% se traduciría en una media de 38,06 euros más por demandante al año; lo que equivaldría a 108,30 millones de euros –según los datos de desempleo de Eurostat– que irían destinados a financiar programas de colocación a través de agencias privadas. Con este dinero, las agencias conseguirían encontrar empleo, según sus estimaciones, a 25.849 parados. Suponiendo que estos nuevos trabajadores estuvieran un año ocupados y tuvieran un sueldo mínimo de 8.402 euros al año, el impacto para las arcas públicas por cada colocado sería el siguiente: 1.333,52 euros de ahorro en prestaciones por desempleo; 3.257,48 euros de ingresos en cotizaciones a la Seguridad Social; 6,28 euros en el pago de IRPF y 360,72 euros de IVA, por el consumo que realizaría. Todo esto sumado ascendería a un beneficio para las arcas públicas de 4.958 euros por cada parado colocado por estas agencias, lo que supondría un total de 128,16 millones.

 

Si se tiene en cuenta que el dinero destinado a financiar a estos programas privados ascendería a los citados 108,30 millones, el beneficio para el Estado sería de 19,80 millones, lo que supondría la mencionada rentabilidad del 18,74% sobre el coste de la inversión.

 

Del modelo australiano al alemán o el danés

España es de los últimos países industrializados en llegar a la colaboración público-privada en materia de intermediación laboral. No ha sido hasta este año cuando los Presupuestos Generales del Estado han destinado 30 millones para empezar a financiar programas privados de colocación. Y el próximo año están presupuestados otros 110 millones. Los modelos en los que se ha fijado España son una mezcla de muchos de los ya vigentes en otros países; estos van desde el sistema australiano, que es el más cercano a la privatización de este servicio, en la misma línea que el modelo inglés u holandés. A estos le siguen modelos mixtos como el alemán, que cuenta con un sistema de “vales” o cheques, que se entregan al parado para que escoja la agencia que quiere que le coloque; o el sistema danés, que es el más pegado al actual sistema de control público.

El gasto en pensiones sigue batiendo récords con 8.078 millones de euros en octubre

eleconomista.es, 28/10/2014

La Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 8.078,6 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 3,1% más que en el mismo mes de 2013, según datos publicados este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

La mayor parte del importe destinado a pagar la nómina de las pensiones fue a parar a las pensiones de jubilación, con 5.614,8 millones de euros (+3,9%), seguido de las pensiones de viudedad, a las que se dedicaron 1.471,2 millones de euros (+1,5%).

 

Por su parte, a las pensiones de incapacidad permanente se destinaron 850,5 millones de euros (+0,3%), las de orfandad supusieron 122,4 millones de euros (+6,2%) y las pensiones en favor de familiares totalizaron 19,6 millones de euros (+3,4%).

 

La pensión media de jubilación, que ya superó hace tres meses los 1.000 euros mensuales por primera vez en la historia, alcanzó a principios de octubre los 1.004,66 euros mensuales, lo que supone un 2% más respecto al mismo mes de 2013.

 

La pensión media se sitúa en los 874 euros

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó al iniciarse este mes en 874,35 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,7%.

 

En concreto, la pensión media de viudedad se situó en octubre en 625,35 euros mensuales, un 1% más, mientras que la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 916,88 euros mensuales, con un incremento del 0,8% respecto a octubre del año pasado.

 

Asimismo, la pensión media de orfandad ascendió a 368,71 mensuales, un 0,5% menos que en octubre de 2013, mientras que la de favor de familiares se situó en 509,92 euros al mes, con un repunte del 1,3%.

 

El número de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 9.239.688 en el presente mes de octubre, la más alta hasta la fecha, con un crecimiento del 1,4% sobre igual mes de 2013.

 

De esta cantidad, más de la mitad, 5.588.797, fueron pensiones de jubilación, con un repunte del 1,8% respecto a octubre de 2013, mientras que 2.352.663 eran pensiones de viudedad (+0,5%), 927.602 de incapacidad permanente (-0,5%), 332.053 de orfandad (+6,7%), y 38.573 a favor de familiares (+2,1%).

 

País Vasco, Madrid y Asturias siguen en cabeza

Por comunidades autónomas, siete de ellas más Ceuta superaron en octubre la pensión media nacional, establecida en 874,35 euros al mes. País Vasco (1.081,54 euros), Madrid (1.034,60 euros) y Asturias (1.032,97 euros) registraron las pensiones más elevadas.

 

Les siguen Navarra (996,59 euros), Aragón (913,82 euros), Cantabria (913,35 euros), Cataluña (904,82 euros), Ceuta (901,25 euros), Castilla y León (855,83 euros), La Rioja (843,88 euros), Melilla (826,70 euros), Canarias (813,53 euros), Castilla-La Mancha (812,02 euros), Comunidad Valenciana (805,41 euros), Baleares (802,59 euros) y Andalucía (791,47 euros).

 

Cierran la tabla, con las pensiones menos cuantiosas, Murcia, con una pensión media de 770,39 euros mensuales; Galicia, con 737,04 euros, y Extremadura, con 734,39 euros al mes.

Hacienda inicia el trámite para facilitar que las empresas rebajen las retenciones a los trabajadores

elderecho.com, 28/10/2014

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha recalcado que la rebaja de impuestos incluida entre los cambios tributarios supondrá poner 9.000 millones de euros en los bolsillos de los contribuyentes, a partir del próximo mes de enero.

 

La rebaja media en el IRPF será del 12,5%, pero afectará más a las rentas bajas y medias. El 72% de los declarantes, que cuentan con rentas inferiores a 24.000 euros al año, contarán con una rebaja media del 23,5%. Ello contribuirá a dinamizar el consumo interno, generando un crecimiento adicional del PIB de 0,55 puntos, según un comunicado del Ministerio de Hacienda.

 

Ferre ha subrayado que el Gobierno ha iniciado ya los trámites de información pública de un real decreto para facilitar que las empresas rebajen las retenciones a sus trabajadores desde el inicio del año. El objetivo es que el decreto de retenciones, ahora en fase de borrador, pueda estar aprobado pocos días después de que las Cortes den el visto bueno definitivo a la reforma fiscal, trámite previsto para finales de noviembre.

 

El borrador del real decreto por el que se modifica el reglamento del IRPF en materia de pagos a cuenta, adapta la tabla de retenciones salariales a la rebaja fiscal de la que se beneficiarán 20 millones de contribuyentes. Además, rebaja del 21% actual al 20% en 2015, y al 19% en 2016, el tipo fijo de retención para rendimientos del ahorro, actividades profesionales y actividades económicas. Los administradores de entidades cuya cifra de negocios sea inferior a 100.000 euros verán rebajado su retención del 42% actual al 20%, en 2015, y al 19%, en 2016.

 

El borrador de real decreto fija los requisitos para las nuevas deducciones por 'impuestos negativos', aplicables a familias numerosas o personas a cargo con discapacidad (ascendientes y descendientes). Ferre ha subrayado que unas 750.000 familias podrán beneficiarse de estos nuevos 'impuestos negativos', por el que podrán recibir 1.200 euros por cada una de las circunstancias a las que de derecho a una deducción.

 

Pymes

El tipo de gravamen general del Impuesto sobre Sociedades se reducirá desde el 30% al 28%, en 2015, y al 25%, en 2016. Se crea una reserva de capitalización (minoración del 10% de la base imponible por incremento de fondos propios) que sustituye a la actual deducción por reinversión de beneficios.

 

Las pymes, además, tendrán acceso a una nueva reserva de nivelación. Se trata de una minoración del 10% de la base imponible con un límite de un millón de euros. La cantidad se compensará con bases imponibles negativas en un plazo de 5 años. De esta forma, las pymes podrán reducir su tipo de gravamen al 20,25%, utilizando las dos reservas (capitalización y nivelación). Además, la reforma fiscal mantiene el régimen especial de entidades de reducida dimensión que ofrece otros beneficios a las pymes como la libertad de amortización.

 

Reordenación de deducciones y mejora de incentivos

El nuevo Impuesto sobre Sociedades ofrece una reordenación de deducciones, manteniendo las de por creación de empleo y potenciando la de I+D+i. Aquellas empresas que destinen cuantías superiores al 10% de su cifra de negocio a I+D podrán elevar de 3 a 5 millones de euros anuales el importe monetizable de la deducción por I+D.

 

Se limita la deducibilidad de gastos por deterioro, se mantiene la limitación de gastos financieros y se fija un límite general del 60% a la compensación de bases imponibles, que empezará a operar en 2016.

 

Autónomos

El secretario de Estado ha recalcado también las mejoras incluidas en la reforma fiscal para los autónomos, entre ellas la reducción de las retenciones. Cerca de 325.000 autónomos con ingresos inferiores a 15.000 euros se están beneficiando de la reducción de su retención, del 21% al 15%. El resto dispondrá también de una rebaja del 21% al 20%, en 2015, y al 19%, en 2016. En el trámite parlamentario se ha incorporado una enmienda por la que los autónomos podrán deducirse en el IRPF el 100% de las cantidades abonadas a mutuas.

 

Mejoras en el ahorro

Por otro lado, Ferre ha destacado que la reforma del IRPF incluye también una rebaja de la tributación del ahorro y nuevos instrumentos para potenciar el ahorro a medio y largo plazo. Así, los nuevos Planes "Ahorro 5" podrán adoptar la forma de cuenta bancaria o seguro, que garanticen la restitución de, al menos, el 85% de la inversión. Los rendimientos generados disfrutarán de exención si la inversión se mantiene un mínimo de cinco años.

 

Además, las plusvalías generadas por mayores de 65 años estarán exentas si se transforman en renta vitalicia. Por otro lado, se reduce de 10 a 5 años el plazo mínimo de un plan individual de ahorro sistemático.

 

En el caso de los planes de pensiones se mantiene su régimen fiscal pero se fija una única aportación máxima de 8.000 euros por año. Se podrán rescatar cantidades, transcurridos 10 años.

 

España es el país avanzado que más reduce el tiempo para crear empresas

elpais.com, 29/10/2014

El controvertido e influyente Doing Business, el informe en el que el Banco Mundial trata de sintetizar en un solo índice cómo de favorable es el entorno económico y legal a la actividad empresarial, suele dejar una imagen poco favorecida de la economía española. "Nos sitúa de manera reiterada en puestos muy por debajo de nuestras posibilidades", admitía el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace apenas un año. En esa foto, observada de cerca por los inversores internacionales, España llegó a caer en 2013, al puesto 142 entre 189 cuando se medía el tiempo y coste de los trámites para iniciar un negocio. Se colocó así a la altura de Afganistán, Sudán del Sur o Gaza, economías estragadas por los conflictos. Pero las reformas y los cambios metodológicos arrojan en la edición de este año un cambio espectacular, hasta el punto de que España es el país avanzado que más recorta el tiempo para crear una empresa y escala hasta el puesto 33 en el índice general (desde el 52 publicado el año pasado), que evalúa diez áreas. 

 

Los procedimientos necesarios, de media, para abrir una empresa en España han pasado de diez a 6. Y el tiempo promedio que transcurre hasta completar los trámites se ha reducido en diez días, de 23 a 13. Solo 10 países, ninguno de ellos avanzado, ha rebajado más el tiempo requerido para lograr los permisos en la apertura de un negocio. Y en el índice parcial que recoge estos y otros aspectos -coste de los procedimientos y capital necesario para crear una compañía, en relación a la renta por habitante-, el avance respecto al año pasado es igual de notable: del puesto 142 se pasa al 74.

 

Aunque aún por debajo de la mayoría de los países de la zona euro, y muy alejado de los parámetros de los países que encabezan este ranking (en Nueva Zelanda se tarda menos de un día en echar una empresa a andar), el estirón de este año permite a España superar en la facilidad para iniciar un negocio a Alemania, Luxemburgo o Austria, según las cuentas del Banco Mundial.

 

Parte del avance registrado por España tiene que ver con los cambios metodológicos introducidos en el Doing Business, cuyos rankings pasan a establecerse en comparación con lo que serían las mejores prácticas en cada área. Así, con los mismos datos, España habría pasado a ocupar el puesto 115 en 2013 por la facilidad para iniciar un negocio (del 142 original). Y el índice general que evalúa diez áreas, incluida el tiempo de creación de una empresa, dejó a España con este nuevo método en el puesto 32 en 2013 (el mejor desde que se hace el estudio), frente al 52 original.

 

El resto de la mejora, en el caso de la puesta en marcha de un negocio, la atribuye el Banco Mundial a las reformas del Gobierno, y singularmente a la ventanilla única que permite tramitar permisos de todas las Administraciones online. "España simplificó los registros de empresas introduciendo un sistema electrónico que vincula varias agencias públicas. Estas reformas están generando beneficios tangibles para los emprendedores", señala el informe. Hace una década, poner en marcha una empresa llevaba 140 días, ahora 13.

 

Con el nuevo método, España retrocede ligeramente en el índice general, del puesto 32 al 33, aunque el Banco Mundial aprecia mejoras en otras áreas, al incorporar ya las rebajas fiscales incluidas en la reforma, aún no aprobada (la bajada del impuesto de sociedades y de la tributación de las ganancias patrimoniales), o la nueva regulación en caso de insolvencia empresarial, que facilita la reestructuración de la deuda y hace más transparente el proceso.

 

Tras estas cambios, España destaca en los rankings de resolución de insolvencias (puesto 23), comercio transfonterizo (30), protección de inversores minoritarios (30), el acceso al crédito (52) y registros de la propiedad (66).  Ocupa el puesto 69 en el ranking de cumplimientos de contratos, el 74 tanto en la categoría de poner en marcha un negocio y en la de obtención de electricidad y el 76 en pagos de impuestos. La peor posición la obtiene en la categoria que analiza los permisos de construcción, al situarse en la 105.

 

Singapur repite como el país con mayores facilidades

En términos generales, Singapur ha vuelto a ocupar la primera posición en el ranking de países donde es más fácil hacer negocios, por delante de Hong Kong, Nueva Zelanda, Dinamarca y Corea, que mantienen los puestos de privilegio del informe anterior, una vez revisado el ranking.

 

También repiten Noruega en el sexto puesto y Estados Unidos en el octavo. Por contra, Reino Unido gana una posición, la octava, que pierde Finlandia, que cae a la novena. Australia vuelve a cerrar un año más el 'Top ten' del 'Doing Business'.

 

En el caso de la zona euro, además de Finlandia, las mejoras posiciones las ocupan Irlanda (que asciende desde el 17 al 13), Alemania (que baja del 13 al 14) y Estonia (que baja del 16 al 17). Por su parte, Francia sube del puesto 33 al 31 e Italia baja del 52 al 56.

 

El informe revela que los emprendedores locales de 123 economías vieron mejorar su entorno regulatorio el año pasado, ya que desde junio de 2013 hasta junio de 2014, se llevaron a cabo 230 reformas de la regulación de los negocios. De ella, 145 tenían como objetivo reducir la complejidad y el coste asociado al cumplimiento con las regulaciones empresariales y 85 estaban encaminadas a robustecer las instituciones legales.

 

Los expertos creen que la pensión caerá un 14% con la última reforma

cincodias.com, 30/10/2014

El número de pensiones que públicas que paga la Seguridad Social pasará de los actuales 9 millones a 15 millones en 2052, según previsiones oficiales. Este incremento no se verá acompañado de un aumento del número de personas que estarán cotizando entonces para pagar esas pensiones, sino todo lo contrario. Las últimas proyecciones de población conocidas el martes indican que en 2029 el 25% de los habitantes en España tendrá más de 65 años y en 2064 los ciudadanos que superen esa edad serán cuatro de cada diez. Esto queda muy lejos de un sistema de pensiones de reparto sostenible que exige, como mínimo, dos cotizantes por pensionista.

 

Esta situación fue la que llevó a la última reforma de pensiones de 2013, en la que se crearon dos factores de ajuste del gasto. Por un lado el factor de revalorización que liga la evolución de la actualización anual de las pensiones a la marcha de la economía y del número de cotizantes y, por otro, el factor de sostenibilidad. Este último recortará las nuevas pensiones que surjan a partir de 2019 en función de la esperanza de vida:a más esperanza, mayor recorte y viceversa.

 

Pero ¿de cuánto será este ajuste? La consultora Tower Watson ha hecho varias simulaciones con distintos niveles salariales y ha concluido que solo la última reforma recortará el ratio de sustitución (porcentaje del último salario que representa la pensión pública) hasta ocho puntos.

 

Así, según la casuística elaborada por esta consultora, un trabajador que ahora tenga 45 años, se jubile a los 65 años tras haber cotizado 35 años y tenga un salario anual de 32.000 euros (con crecimientos retributivos anuales medios del 3% y avances del IPC del 2%) recibirá una pensión equivalente al 61,6% de su último salario. Esto ocurrirá tras aplicar la última reforma de 2013 porque con la anterior, de 2011, habría recibido casi el 70% de su último salario. Este ajuste equivaldría a un recorte de la cuantía de la pensión del 14% aproximadamente.

 

Así, aunque todas las reformas de pensiones hechas desde 1985 han recortado esta tasa de sustitución, el mayor impacto se ha producido en los cambios de la ley de 2011 y 2013, ya que hasta entonces los pensionistas de rentas medias y largas carreras de cotización recibían el 90% de su último salario.

 

Otro efecto es el que experimentan los asalariados con mayores rentas (95.000 euros anuales, según la casuística de Towers Watson), para los que ya está topada la pensión. Estos obtenían el 31% de su último salario hasta 2011 y después han pasado a recibir el 28% y recibirán el 24,7% con la última reforma.

 

En esta línea, los expertos nombrados por el Gobierno para diseñar los cambios más recientes del sistema ya advirtieron en su informe que “a no ser que se lleven a cabo reformas estructurales que generen un aumento importante del número de cotizantes, la aplicación de los dos factores de sostenibilidad, dará lugar a una disminución significativa de la pensión media sobre el salario medio”.

 

Las empresas con menor siniestralidad pagarán menos cotizaciones sociales

abc.es, 30/10/2014

El Gobierno mejorará en un año el sistema de reducción de las cuotas por contingencias profesionales

 

Menos siniestralidad, menos cotizaciones. El PP ha introducido una enmienda a la ley de mutuas que insta al Gobierno a mejorar en el plazo de un año el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que contribuyan a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral simplificando el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del conocido como «bonus-malus».

 

Según la disposición adicional añadida a la norma la actualización se hará en función de la peligrosidad y los riesgos para las distintas actividades e industrias y regulará el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las compañías que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

 

La modificación deberá tener como objetivos, entre otros, agilizar y simplificar el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del incentivo, y la implantación de un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la siniestralidad. Con estos cambios se pretende incentivar en el tejido productivo la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.

 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este miércoles que las actuaciones en materia de lucha contra el empleo irregular han tenido un impacto económico global de 9.271 millones de euros hasta junio de 2014.

 

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Báñez ha recordado que en abril de 2012 el Consejo de Ministros aprobó un ambicioso plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que incluyó un refuerzo de las penas por delitos contra los derechos de los trabajadores y agilizó los procedimientos sancionadores, al tiempo que se elevó el número de efectivos de la Inspección de Trabajo.

 

Esta medida se enmarca en la estrategia de lucha contra el fraude laboral desarrollada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, basada en cuatro pilares: la prevención a través de un marco normativo orientado a la creación de empleo indefinido, el control, a través de la puesta en marcha del citado Plan, la cooperación entre Administraciones y la sensibilización de la ciudadanía.

 

«Debemos trabajar juntos, poderes públicos, agentes sociales y, todos y cada uno de nosotros, como ciudadanos», ha remarcado la ministra, que ha destacado alguno de los principales resultados del Plan. Así, ha anunciado que durante 2013 se transformaron 39.385 contratos temporales en indefinidos como consecuencia de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, un 11% más que en el ejercicio anterior.

 

El 50% de parados de más de 45 años lleva dos años sin empleo

elperiodico.com, 30/10/2014

La importancia que los agentes sociales y los partidos políticos han dado a la alta tasa de paro juvenil durante la crisis ha ocultado que el mismo drama atenaza a los padres de los jóvenes desempleados, que además no tienen una carrera laboral por delante. Desde el 2007 casi se ha multiplicado por cinco el desempleo entre los trabajadores con edades entre 45 y 64 años, que afecta ahora a casi dos millones, de los que más de 800.000 (49,7%) llevan dos años o más buscando empleo.

 

Este diagnóstico figura en un detallado estudio realizado por el Consejo Económico y Social (CES), organismo de consulta del Gobierno en el que se sientan, entre otros, los sindicatos y patronales más representativos. El informe, aprobado por unanimidad, llega cuando está a punto de concluir el plazo que los agentes sociales dieron al Ejecutivo -finales de octubre- para que presentara un plan de choque para este colectivo de parados que en su mayoría lleva el peso de la economía familiar.

 

Economía familiar

Sobre este grupo de edad, sean parados o estén en activo, descansa la economía de la inmensa mayoría de las familias, según destaca el CES, que hace hincapié en que este grupo aún no ha dejado de atender a los hijos, que también padecen el paro, cuando se tiene que ocupar de sus padres mayores dependientes.

 

Con un recorte en las prestaciones y subsidios en los últimos cuatro años, el riesgo de pobreza ha crecido hasta seis puntos en el mismo periodo. Además, su escasa formación es un freno para la readaptación al mercado de trabajo. Según el CES, el 60% de los desempleados de este grupo no ha ido más allá de la enseñanza obligatoria.

 

A diferencia de los más jóvenes, que salen del mercado de trabajo al concluir un contrato de tipo temporal, los mayores, es decir, sus padres, son expulsados al paro mediante despidos individuales, así como por expedientes de regulación de empleo (ERE). La medida adoptada por el Gobierno hace un año de penalizar a las empresas que aprovecharan los ERE para echar a los mayores de 55 años, no ha surtido el efecto deseado pues el empresario prefiere pagar la multa.

 

El CES considera que si no se toman medidas urgentes, no será posible alcanzar una tasa de empleo similar a la de antes de la crisis, aunque haya un contexto expansivo de la economía.

 

Propuestas

Además del diagnóstico, este organismo propone una treintena de medidas, entre ellas, reforzar la formación y reciclaje de estos parados. En este sentido denuncia que son los grandes olvidados de los servicios públicos de empleo y de las empresas, a las que reclaman alternativas a su despido.

 

El consejo pide también aumentar los fondos públicos para subsidios para los que no lleguen a los 55 años, ya que el Gobierno penalizó a estos, así como consolidar el sistema de renta mínima y reformar la renta activa de reinserción y el sistema de jubilación anticipada.

 

Ver otras semanas