Las ETT calculan que colocar a un parado cuesta 14.000 euros

Seis agencias privadas de colocación –entre las que están Adecco y Manpower, dos de las principales empresas de empleo temporal– tienen ya la tarea de intentar encontrar empleo a como mínimo 10.981 parados repartidos por toda España.

 

Es el resultado provisional de la primera adjudicación de un concurso público que se hace en España para que agencias privadas coloquen a desempleados.

 

Este inicio de la implantación público-privada en materia de intermediación laboral en España no ha sido muy publicitado por parte del Gobierno que, además, ha tomado varias cautelas para que no se le pueda acusar de privatizar lo que hasta ahora era labor exclusiva de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem) con financiación pública.

 

Dada esta falta de publicidad y a diferencia de lo ocurrido en otros países donde ya hace años que realizan esta colaboración, en la sociedad no se ha generado un debate sobre la conveniencia o no de que los servicios públicos puedan contratar agencias privadas para colocar parados. Aún así, Asempleo, la patronal de las grandes empresas de Trabajo Temporal (ETT) junto con la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), han elaborado una estimación de los supuestos beneficios que podrían generar para las arcas públicas

 

Sus cálculos parten de cuánto estiman que le cuesta al Servicio Público de Empleo (SEPE) colocar a un parado. Para ello, han acotado la partida presupuestaria que consideran que más se ciñe a lo que gastan las oficinas de empleo en labores de intermediación y que ascendió a 3.765 millones de euros en 2013. Esta cantidad la han dividido entre las 267.826 personas que los servicios regionales del SEPE lograron colocar gracias a su intermediación el pasado año. Esto arroja una media de 14.059 euros por cada colocación. Si bien los autores del informe admiten que la cantidad agregada tomada para calcular lo que se gasta en intermediación “podría incluir otro tipo de actividades que no estén directamente relacionadas con los servicios de colocación”. Por ello, depurando estas actividades el coste total de colocar a un parado sería inferior.

 

Dicho esto, los autores también han hecho esta división entre el número de demandantes de empleo en general y no solo entre los que colocan. El resultado del estudio –presentado ayer en la sede de la patronal CEOE– indica que entre 2004 y 2011, las oficinas públicas de empleo destinaron una media de 380,60 euros por parado demandante y año a buscarles un empleo.

 

Este estudio indica que si este dinero que se destina a la intermediación se incrementara un 10% anual y esta cantidad se dedicara a financiar a las agencias privadas de colocación que colaboren con los servicios públicos, las arcas del Estado recibirían una rentabilidad del 18,74% sobre el coste de inversión.

 

Así, dicho incremento del 10% se traduciría en una media de 38,06 euros más por demandante al año; lo que equivaldría a 108,30 millones de euros –según los datos de desempleo de Eurostat– que irían destinados a financiar programas de colocación a través de agencias privadas. Con este dinero, las agencias conseguirían encontrar empleo, según sus estimaciones, a 25.849 parados. Suponiendo que estos nuevos trabajadores estuvieran un año ocupados y tuvieran un sueldo mínimo de 8.402 euros al año, el impacto para las arcas públicas por cada colocado sería el siguiente: 1.333,52 euros de ahorro en prestaciones por desempleo; 3.257,48 euros de ingresos en cotizaciones a la Seguridad Social; 6,28 euros en el pago de IRPF y 360,72 euros de IVA, por el consumo que realizaría. Todo esto sumado ascendería a un beneficio para las arcas públicas de 4.958 euros por cada parado colocado por estas agencias, lo que supondría un total de 128,16 millones.

 

Si se tiene en cuenta que el dinero destinado a financiar a estos programas privados ascendería a los citados 108,30 millones, el beneficio para el Estado sería de 19,80 millones, lo que supondría la mencionada rentabilidad del 18,74% sobre el coste de la inversión.

 

Del modelo australiano al alemán o el danés

España es de los últimos países industrializados en llegar a la colaboración público-privada en materia de intermediación laboral. No ha sido hasta este año cuando los Presupuestos Generales del Estado han destinado 30 millones para empezar a financiar programas privados de colocación. Y el próximo año están presupuestados otros 110 millones. Los modelos en los que se ha fijado España son una mezcla de muchos de los ya vigentes en otros países; estos van desde el sistema australiano, que es el más cercano a la privatización de este servicio, en la misma línea que el modelo inglés u holandés. A estos le siguen modelos mixtos como el alemán, que cuenta con un sistema de “vales” o cheques, que se entregan al parado para que escoja la agencia que quiere que le coloque; o el sistema danés, que es el más pegado al actual sistema de control público.


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