El Constitucional admite a trámite el recurso contra la reforma laboral

El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso contra la reforma laboral promovido por el PSOE e Izquierda Plural, según informó ayer el citado organismo. Se trata de la primera admisión de un recurso contra la norma, ya que la Defensora del Pueblo rechazó con anterioridad el presentado por CC OO y UGT.

 

El pasado 12 de febrero entró en vigor la nueva reforma laboral, una de las principales transformaciones diseñadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para tratar de reducir la abultada tasa de paro e incrementar las contrataciones en un mercado de trabajo muy deteriorado.

 

Y para ello se tomaron medidas drásticas como establecer una indemnización de 33 días por año trabajado para los despidos improcedentes (se creó un régimen transitorio, de tal modo que se mantenía la indemnización a 45 días para las cotizaciones anteriores al 12 de febrero) o la redefinición de un despido por causas económicas, con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades. La reforma iba más allá y facilitaba la posibilidad de que las empresas de descolgarán de lo pactado en convenio y les permitía renegociar estos pactos antes del fin de su vigencia. Incluso autorizaba a las empresas de trabajo temporal a intermediar entre demandantes y oferentes de empleo, algo que estaba reservado a los Servicios Públicos de Empleo.

 

El rechazo de la oposición fue unánime y provocó que dos partidos (PSOE e Izquierda Plural) presentaran el pasado 5 de octubre un recurso ante el Tribunal Constitucional denunciando nueve artículos de ese texto. Un mes después, el Tribunal ha hecho público la admisión a trámite del mismo, convirtiéndose en el primer revés para el Ejecutivo de Rajoy. No obstante, la admisión a trámite no supone que el Constitucional vaya a tumbar la reforma laboral, simplemente va a estudiar los artículos denunciados para saber si chocan con algún precepto constitucional. Sin embargo, la decisión del organismo presidido por Pascual Sala sí se trata de la primera admisión a trámite de un recurso contra esta norma, ya que los sindicatos CC OO y UGT también intentaron recurrirla a través de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pero ésta no encontró argumentos para ello y lo rechazó.

 

Entre las posibles causas de inconstitucionalidad que encontraron los grupos políticos para la presentación del recurso se encontraban el uso de un real decreto (solo previsto para cuestiones urgentes) para acometer la mayor reforma del mercado laboral en décadas; la eliminación de los salarios de tramitación; la extinción de los contratos por decisión unilateral del empresario y la eliminación de la autorización administrativa en los despidos colectivos, que, a su juicio, podría vulnerar el derecho al trabajo; o la reforma de los convenios que contravenía la negociación colectiva.

 

Asimismo también se planteaban la posible inconstitucionalidad del periodo de prueba con despido gratuito durante un año en los nuevos contratos de emprendedores para empresas de menos de 50 trabajadores y la posibilidad establecida de despedir por causas económicas a los empleados públicos laborales. Este último punto ha sido clarificado en el reglamento de despidos colectivos, que habilita a hacer EREs siempre que haya una situación de déficit y que los ingresos o las transferencias que reciben del Estado hayan caído un 5% en un año o un 7% en dos años.

 

Ocho meses con más oscuros que claros

La reforma laboral entró en vigor hace ocho meses con dos objetivos: reducir la abultada tasa de paro y eliminar las rigideces que existían en el mercado laboral y que habían sido denunciadas sistemáticamente desde el ámbito empresarial, en especial desde que la crisis económica se agravó y empezó a impactar de forma seria sobre las cuentas de resultados de las empresas.

 

El balance de los ocho primeros meses ofrece más oscuros que claros, aunque el Ejecutivo ha insistido en su mensaje de que los efectos de la reforma laboral se dejarán sentir a medio y largo plazo. Por ahora, los datos apuntan a todo lo contrario. Febrero se cerró con 4,7 millones de parados registrados y octubre lo ha hecho con 4,8 millones. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) apuntan a que en el tercer trimestre, la tasa de paro ya habría superado por primera vez el 25% de la población activa.

 

El número de afiliados a la Seguridad Social también se ha reducido, pasando de 16,89 millones en febrero a 16,73 millones en octubre. Este paulatino descenso de las aportaciones a la Seguridad Social es el que ha provocado que el Ejecutivo haya tenido que echar mano de la hucha de las pensiones y que haya informado a la Unión Europea de que el sistema puede cerrar el año con un déficit de 10.500 millones de euros.

 

En el lado positivo ha descendido el número de perceptores de desempleo, al pasar de 3,01 a 2,83 millones, y el volumen de dinero comprometido, al bajar de 2.715 a 2.589 millones. Este recorte, sin embargo, obedece más al hecho de que muchos beneficiarios han agotado sus prestaciones y han salido de esos registros.


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