Hasta tres mil euros por cada parado de larga duración colocado

El Gobierno recurre a las agencias privadas

Recibirán entre 1.850 y 3.000 euros por cada desempleado al que coloquen

Los beneficiarios de este acuerdo serán los parados del Plan Prepara

Desempleados de larga duración que han agotado todas las prestaciones

Los sindicatos denuncian un 'desmantelamiento' de los servicios públicos de empleo

 

Encontrar trabajo en España, con una tasa de paro del 23,67%, resulta en ocasiones casi una misión imposible, sobre todo, para aquellos desempleados que tienen más de 45 años, se dedicaban al sector de la construcción antes de que estallara la burbuja inmobiliaria y carecen de formación.

 

Más de 2,7 millones de españoles llevan más de un año sin encontrar trabajo, y a su desesperación se une la falta de eficacia de los servicios públicos de empleo, que sólo consiguen colocar a un 2% de los desempleados.

 

Conscientes del importante problema al que se enfrenta nuestro país con 5.427.700 millones de parados, según la última Encuesta de Población Activa; Bruselas recomendó a España en mayo del año pasado que "reforzara y modernizara los servicios públicos de empleo (...) y acelerara la aplicación de la colaboración público-privada".

 

Desempleados del Plan Prepara

Aunque en 2010 un Real Decreto abrió la puerta a esa colaboración, no ha sido hasta ahora cuando el Servicio Público de Empleo (SEPE) ha adjudicado a seis agencias privadas de colocación la tarea de encontrar trabajo a los desempleados del Plan Prepara, es decir, a aquellos parados de larga duración que ya han agotado todas las prestaciones y subsidios por desempleo y que demuestren que han buscado trabajo de forma activa en el último mes. En próximos concursos está previsto que la intermediación se extienda al resto de desempleados.

 

Las adjudicatarias, todavía provisionales, de este primer concurso son: FSC Discapacidad, Adecco, Manpower, Asociación Salesiana de Tecnología e Innovación,Telefónica Learning Services y Eulen.

 

Estas agencias privadas de colocación, o las que finalmente sean seleccionadas cuando concluya el proceso de alegaciones, recibirán dinero de los servicios públicos de empleo de las comunidades donde operen. Cantidades que oscilarán entre los 1.850 euros y los 3.000 por cada parado que lleve más de dos años en el paro al que consigan encontrar un empleo, con la condición de que los contratos sean por un plazo equivalente a al menos seis meses a tiempo completo en un periodo de ocho meses, según el acuerdo marco firmado. Se trata de topes máximos que en el proceso de concurso han sufrido ajustes a la baja.

Primera experiencia en España

La cantidad cobrada se ha establecido en función de la edad y del tiempo que el desempleado lleve en paro. Así, las agencias que coloquen a un parado menor de 25 años que lleve entre tres y seis meses sin trabajo recibirán 300 euros; mientras que si colocan a un mayor de 55 años con dos años sin empleo, cobrarán 3.000 euros.

 

Aunque este tipo de colaboración ya es habitual en los países de nuestro entorno, en España será la primera vez que se lleve a cabo, y cuenta con partidarios, pero también con detractores.

 

Precisamente, esta semana se presentó en Madrid un informe, elaborado por la consultora independiente PriceWaterhouseCoopers, que aseguraba que con un incremento de un 10% en la partida dedicada a la intermediación laboral, "la Administración reduciría su coste en concepto de prestaciones por desempleo en unos 34,7 millones de euros". Además, 25.649 desempleados abandonarían el paro y las cotizaciones a la Seguridad Social se incrementarían en 84,20 millones.

 

Unas cifras alentadoras que, a juicio del presidente de Asempleo (la Asociación de Agencias Privadas de Empleo), Andreu Cruañas, demuestran que "la colaboración público privada es positiva y necesaria porque puede aportar ahorros a las arcas públicas y ayudar a que se presten servicios de manera más eficiente". "Además", matiza, "se trata de un modelo implantado en Europa que ha dado muy buenos resultados".

 

Recorte de los servicios públicos

Los sindicatos, por el contrario, se muestran mucho más cautos. En un comunicado el pasado mes de julio, CCOO y UGT consideraban que la colaboración podía ser "positiva", "siempre que no supusiera un recorte de los servicios públicos y su asfixia para financiar a las entidades privadas". Algo que, en su opinión, sí estaba sucediendo. "Estamos asistiendo al desmantelamiento de los servicios públicos de empleo. El presupuesto de las políticas activas de empleo (SPE) ha disminuido un 30% y el Gobierno ha prescindido además de 3.000 orientadores y promotores de empleo que trabajaban en los SPE para la inserción de personas en el mercado de trabajo".

 

Desde la Secretaría de Acción Sindical de CCOO temen que "a partir de ahora primen más los criterios de lucro, y que las agencias privadas opten por aquellos desempleados más colocables".

 

Algo que niega rotundamente el presidente de Asempleo: "Las agencias van a buscar trabajo a los desempleados que les derive el SEPE, no van a poder elegir y, además, el Estado se ahorrará los 420 euros mensuales del Plan Prepara por parado, lo que supone más de 2.500 euros en seis meses".

 

"No se van a desmantelar los servicios públicos de empleo. Se trata de una prestación de un servicio público a través de una entidad privada para mejorar la eficiencia en la colocación de desempleados en una situación de emergencia. Los servicios públicos de empleo han hecho un trabajo excelente en políticas pasivas, pero queda mucho por hacer en políticas activas y ahí es donde podemos ayudar", añade Santiago Soler, secretario general de Adecco.

 

Los pioneros

Aunque en España no se había puesto en marcha hasta ahora la colaboración público- privada en materia de colocación, funciona desde hace años en muchos países de nuestro entorno. Francia. Los acuerdos de cooperación con agencias privadas de empleo tienen una larga tradición en Francia desde 1994 cuando se firmó un acuerdo entre el Servicio Público de Empleo francés y la asociación nacional de agencias de empleo (Prisme). Holanda. La colaboración entre los servicios públicos y privados de empleo en Holanda se remonta a los año 80. Los acuerdos se realizan a nivel local en función de las necesidades específicas de cada zona. Alemania. En 2002 se firmó el primer acuerdo entre la federación nacional de agencias privadas de empleo y los servicios públicos para mejorar la eficiencia de las políticas de empleo públicas. Reino Unido. La colaboración público privada comenzó en los años 80 y se ha ido mejorando a lo largo de los años. Persigue más la calidad que la cantidad, es decir, no importa tanto conseguir que muchos parados encuentren un empleo como lograr que esos empleos sean estables. Además, se busca también contribuir a la lucha contra la discriminación y evitar políticas de empleo injustas.

 


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