La economía sumergida en el campo alcanza hasta el 90% en algunas provincias

En el primer semestre del año se han dejado de declarar 13,66 millones de jornadas, sin que haya circunstancias especiales que justifiquen la caída

 

La economía sumergida en el campo español alcanza hasta el 90% en algunas provincias. Ese es el «alarmante» dato que ayer ofreció el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC.OO., Jesús Villar Rodríguez, en la Comisión de Agricultura del Congreso. El sindicalista ha explicado a los diputados el estudio DELCA que ha realizado Comisiones Obreras, cruzando datos de fuentes oficiales desde 2003 para detectar «qué estaba ocurriendo en cada una de las campañas, superficie provincial en hectáreas por cultivo, número de jornales requeridos por cultivo, hectárea y año; y porcentaje de trabajo por cultivo que es asalariado y de campaña frente a la agricultura autónoma».

 

De dicho documento se concluye que el dato más alto de economía sumergida se da en los cítricos en Valencia, con un indicador del 0,90 -siendo 1 el valor máximo, equivalente al 100% de la actividad-. Además, en Murcia el trabajo en negro en el campo es del 0,49, mientras que en Huelva llega al 0,32 y en Huesca, al 0,29. A resultas del estudio, el sindicato concluye que «cuanto más corta e intensiva es la campaña más economía sumergida se da». «Así de claro. Si dura menos y hay más mano de obra, se da un mayor abuso», insistió Villar Rodríguez.

 

Caída en las jornadas

De hecho, según datos de la Seguridad Social que puso sobre la mesa, en el primer semestre del año el número se han dejado de declarar 13,66 millones de jornadas, a pesar de que no ha habido circunstancias meteorológicas (sequía, inundaciones...) ni cambios tecnológicos que justifiquen esta caída. «De hecho, ha habido mucha más producción. Lo que hay es una economía sumergida galopante que hay que combatir», expuso.

 

A renglón seguido, puso en valor dos iniciativas, desarrolladas respectivamente en Castilla-La Mancha entre 2008 y 2010, y en Sevilla en 2009, de cruce de datos entre la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, la comunidad autónoma, los ayuntamientos, los agentes sociales, las fuerzas y cuerpos de seguridad y otras administraciones para detectar la economía sumergida. «En Sevilla se han creado diez mesas para intervenir directamente en las fincas, para ir con un mecanismo y con un plan de trabajo para combatir la economía sumergida. Y ha habido buenos resultados, insuficientes, pero se ha detectado en la puerta de las fincas la ocultación de cientos de miles de trabajadores que no estaban dados de alta», ha afirmado el responsable de Comisiones Obreras. Asimismo, adviritió de un «nuevo fenómeno de economía sumergida muy peligroso» como es la venta de fitosanitarios y de insumos en negro. «Es una alerta, además de económica, sanitaria y preocupante que debiera ser objeto de atención», insistió.

 

Colectivo invisible

El sindicalista también alertó de que los casi 800.000 trabajadores asalariados del campo y las 290.000 personas que quieren entrar en el sector constituyen un colectivo «invisible», tanto para las autoridades nacionales como para las europeas a la hora de decidir y tramitar la normativa que les afecta. Además, sufren «el doble» de precariedad que cualquier otro sector, con un 80%, y pese a cotizar más que los asalariados del Régimen General reciben «menos prestaciones» y tampoco cuenta con subsidios agrarios salvo en Extremadura y Andalucía, pese a que «es un compromiso recogido en la Ley de la Seguridad Social y que no se mantiene». También son los «olvidados» de los seguros agrarios, que no cubren a los asalariados ante plagas, incendios, inundaciones y otras catástrofes. «Yo creo que el sector agrario está infrautilizado. Es un sector refugio de otros, pero debería ser un sector tan digno y profesionalizado como otros, y en el que se puede generar más empleo», reivindicó Villar Rodríguez.

 

Finalmente, el sindicalista planteó algunas sugerencias y reclamaciones de los representantes de los trabajadores, tales como que el cruce de información sea «políticamente inexcusable» para conocer la realidad de la economía sumergida en el sector. «No se ha hecho en décadas y no puede haber fondos públicos a través de la Política Agraria Común (PAC) y otras vías sin que esos datos sean públicos y se crucen para que no se favorezca a economías ilegales», exigió.

 

 


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