Resumen de Prensa Semanal

Semana 50

10/12/2012 al 17/12/2012

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Despidos pagados entre 20 y 33 días para los nuevos ERE

cincodias.com, 10/12/2012

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) de extinción suelen pactarse, tras la reforma laboral, con indemnizaciones que van de los 20 a los 33 días por año trabajado, con topes de entre 16 y 24 mensualidades en muchos de los casos, según datos que manejan Ministerio de Empleo. Así, pagando más de lo fijado legalmente, las empresas intentan frenar que el ERE termine en el juzgado.

Hay empresarios que añoran la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo (ERE), porque piensan que con ella había más seguridad jurídica, a esos les digo que sigan pagando indemnizaciones por despido de 45 días y así probablemente evitarán el recurso a los tribunales". Este era el sarcástico pero certero consejo que daba recientemente el director general de Empleo, Xavier Thibault, en una intervención para explicar a un grupo de expertos el nuevo reglamento de despidos colectivos.

 

Y es que el abaratamiento de la indemnización por despido improcedente que con la reforma laboral ha pasado de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año con un máximo de dos anualidades, no impide, sin embargo, que el empresario siga utilizando de forma voluntaria la vía de subir las indemnizaciones para intentar disuadir a los despedidos de que recurran la decisión a un juez.

 

Aunque esto puede seguir haciéndose, para Thibault lo que ha hecho la reforma laboral es evitar que sea la práctica habitual y casi obligatoria para garantizarse que un ERE salga adelante. "Lo que ocurre ahora es que los despidos colectivos ya no se pactan (entre la empresa y los sindicatos) en una buena mesa con un buen vino, un buen puro y una copa".

 

¿Qué esta pasando entonces en la práctica diaria a la hora de negociar y tramitar un ERE en las empresas? A continuación se ofrecen algunas claves:

Indemnizaciones: Los despidos colectivos que se registran desde la reforma laboral incluyen habitualmente indemnizaciones de entre 20 y 33 días por año trabajado. Y, por lo general, las mensualidades que se vienen pactando como tope están entre 16, 18 o 24 como máximo, según los datos que manejan en Empleo.

 

De esta forma, la mayoría de las empresas siguen intentando sacar adelante el ERE pagando un poco más dinero de lo legalmente establecidos (20 días y un máximo de 12 mensualidades). Antes esta práctica se hacía para garantizar que se conseguía la autorización administrativa y ahora se hace para intentar evitar que los trabajadores recurran el ERE al juzgado ya sea colectiva o individualmente.

 

Antes de la reforma estos pactos partían de un mínimo de 45 días y 42 mensualidades y ahora oscilan entre el mínimo legal y la nueva indemnización por despido improcedente porque esto último es lo máximo que en teoría da ahora un juez.

 

Descuelgues: Otra práctica que está siendo habitual en la negociación de un ERE tras la reforma es incluir en el periodo de consultas, además de las medidas extintivas o de suspensión propias de estos procesos, la negociación de un descuelgue del convenio.

 

De hecho, a las empresas que han preguntado a la Dirección General de Empleo si conviene negociar ambas indicativas en el mismo periodo de consultas o hacerlo por separado, la recomendación oficial ha sido que se haga a la vez. Según los datos de Empleo desde la reforma (en febrero pasado) se han registrado 500 acuerdos de inaplicación del convenio.

 

Papel de la autoridad laboral: La autoridad laboral ya no tiene la llave de los ERE, la ley ya no exige que de el visto bueno y solo le permite vigilar el periodo de consultas y junto con la Inspección de Trabajo, cuyo informe sí es preceptivo- hacer alguna sugerencia a las partes o actuar como asesor en la negociación si la empresa o los sindicatos lo piden.

 

Plan de recolocación: Algunas empresas han intentan también sustituir el plan social de recolocación por un incremento de las indemnizaciones, pero desde la Dirección General de Empleo indican que esto no es posible.

 

Judicialización: La ministra de Empleo y Seguridad Seguridad Social, Fátima Báñez, así como otros responsables de este departamento han asegurado recientemente en distintos actos públicos que la reforma laboral no ha aumentado la judicialización de los despidos colectivos, argumentando que el 90% de los expedientes de regulación de empleo siguen llegando pactados a la autoridad laboral, como antes del cambio legal que eliminó la autorización administrativa.

 

Sin embargo, la realidad es otra. Ese dato que indica que casi todos los ERE siguen pactándose entre la empresa y los trabajadores, siendo cierto, tiene otra lectura que indica justo lo contrario: que se está produciendo una gran judicialización tanto de estos procesos.

 

Ahora, a diferencia de lo que ocurría antes de la reforma, el hecho de pactar un ERE no cierra la puerta al recurso de los trabajadores a la jurisdicción social.

 

Por ello, según fuentes jurídicas, en la inmensa mayoría de los despidos colectivos que se están registrando, aunque el ERE llegue pactado con el comité de empresa o parte de él, se producen numerosas demandas individuales de los afectados, cuando no demandas colectivas de la parte del comité que rechaza el acuerdo.

 

De momento, las partes no están solicitando demasiado esta mediación. Y, a tenor de algunos informes que se han registrado, en Empleo recuerdan que la Inspección que no puede entrar en el fondo de las causas del ERE, sólo en la forma.

 

 

El coste laboral por hora trabajada repunta el 0,2% en el tercer trimestre

eleconomista.es, 10/12/2012

El coste por hora trabajada aumentó un 0,2% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2011, frente al avance interanual del 0,8% que experimentó en el segundo trimestre, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, el coste por hora trabajada presentó un aumento interanual del 0,6% entre julio y septiembre, la misma tasa interanual que se registró en el segundo trimestre sin tener en cuenta la estacionalidad.

 

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, el coste por hora trabajada presenta un aumento interanual del 0,6% entre julio y septiembre, la misma tasa del segundo trimestre sin tener en cuenta la estacionalidad.

 

En términos intertrimestrales, el coste laboral por hora trabajada se encareció el 0,4%.

El coste por hora trabajada volvió a tasas positivas en el segundo trimestre de 2011. Con el repunte del tercer trimestre de 2012, el coste por hora trabajada acumula seis trimestres consecutivos en positivo, aunque con una clara tendencia a la moderación.

 

Por secciones de actividad, doce se anotaron subidas en los costes laborales, mientras que las seis retarntes registraron descensos. Donde más creció fue en Industrias
extractivas, con un avance del 10,5%, seguido del Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con un repunte del 6,7%.

 

Bajó en las Actividades Inmobiliarias y en las Actividades sanitarias y de servicios sociales, con descensos del 2,8% y 2,5%, respectivamente.

 

Los salarios en España bajaron entre un 3 % y un 4 % en 2010 y 2011

abc.es, 10/12/2012

El informe de la OTI asegura que en España, Grecia y Portugal se está viviendo una sitaución de «emergencia social» por los «niveles de desempleo que son insostenibles y socialmente inaceptables»

 

Los salarios bajaron en España entre un 3 % y un 4 % en 2010 y 2011, informó hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que indicó que situaciones como ésta ilustran el impacto de las políticas destinadas a reducir el costo de la mano de obra con respecto a la producción.

 

«Grecia, España y Portugal están en el epicentro de la crisis de la Eurozona, con Grecia como el caso más grave de reducción unilateral de salarios para recobrar competitividad (...), pero hemos visto que el impacto de este tipo de políticas en el empleo y el crecimiento ha sido peor de lo esperado», dijo hoy el director general de la OIT, Guy Ryder.

 

Al presentar en Ginebra el Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013, Ryder se hizo eco de las advertencias de que en esos países se está llegando a una situación de «emergencia social» por los «niveles de desempleo que son insostenibles y socialmente inaceptables».

 

Aunque la evaluación realizada por la OIT indica que, de manera general, los salarios evolucionan desde hace muchos años a un ritmo mucho más lento que la productividad, también se reconoció que en algunos países, como España y Grecia, ocurrió la contrario.

 

Uno de los autores principales del informe, Patrick Belser, precisó que uno de esos casos fue el de España, donde la productividad bajó un 0,5 % entre 1999 y 2007, pero los salarios aumentaron el 0,4 % a un ritmo anual.

 

En el mismo periodo, la productividad en Grecia creció el 2,7 %, pero los salarios se expandieron por encima, hasta un 4 %, por año.

 

En esos casos, "la historia antes de la crisis es que los salarios evolucionaban más rápido que la productividad y la historia de la crisis, hasta ahora, parece ser la de salarios cayendo más rápido que la productividad, como si fuese un mecanismo de ajuste", explicó Belser.

 

«Falta de dinero en los bolsillos»

En una rueda de prensa en la que desmenuzó las principales conclusiones del informe, Ryder negó que el problema de la crisis resida en «una falta de dinero», sino en el hecho de que sea «la gente la que no tenga dinero en sus bolsillos».

 

«El dinero está por allí y una de las áreas donde más se encuentra es en las cuentas de las corporaciones. Las compañías están sentadas en grandes cantidades de dinero, pero no lo están invirtiendo y una razón principal es la falta de confianza en el futuro de la economía global», explicó el responsable de la OIT.

 

Ante esta circunstancia, dijo que es la responsabilidad de los dirigentes políticos «recrear las condiciones de confianza» de que la economía volverá a crecer y que las inversiones que se realicen serán rentables.

 

«El segundo lugar donde hay dinero -continuó- es en algunas áreas del sector financiero, que tienen mucha liquidez, pero no quieren dar crédito a las pequeñas y medianas empresas que estarían dispuestas a invertir si ven una oportunidad de negocio». «Es urgente desbloquear esta situación», concluyó Ryder.

 

El Supremo establece que el paro no se pierde al estar 90 días fuera de España

cincodias.com, 10/12/2012

El Tribunal Supremo ha avalado, en una sentencia que unifica doctrina, que los beneficiarios de prestaciones por desempleo puedan viajar al extranjero hasta 90 días sin perder el derecho a cobrar el paro, aunque el pago quedará suspendido hasta el regreso al país.

 

El Supremo ha fallado en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dio la razón al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al reclamar a una ciudadana la devolución de 15.368 euros cobrados indebidamente tras haberse ido del país durante 21 días sin previo aviso debido a la angina de pecho que sufrió su suegro que reside en Ucrania.

 

Según la ley, el traslado de residencia al extranjero es causa de extinción de la prestación, pero permite mantenerla en caso de estancias en el exterior de 15 días al año como máximo previa comunicación a la Administración.

 

El Supremo considera que la normativa es compleja y ha dado lugar a diversidad de supuestos litigiosos, ante lo que ha decidido unificar las distintas soluciones que corresponde aplicar en cada caso, para lo que se basa en una sentencia propia del 22 de noviembre de 2011 que distingue entre prestación mantenida, suspendida y extinguida.

 

La novedad respecto a lo establecido en la ley está en el supuesto de la suspensión, que se podrá aplicar cuando se produzca un desplazamiento al extranjero de menos de 90 días, plazo que el Supremo justifica en que se trata del periodo establecido en la legislación de extranjería para determinar el paso de la estancia a la residencia temporal.

 

La aplicación de esta doctrina lleva al Supremo a dictaminar que el caso recurrido por la ciudadana sancionada por el cobro indebido del paro es un supuesto de prestación suspendida y no extinguida.

 

Beneficio para extranjeros

La sentencia cuenta con el voto particular de una magistrada que muestra su desacuerdo con el hecho de que se amplíe de 15 a 90 días el periodo de estancia en el extranjero sin perder el derecho a la prestación por desempleo.

 

La magistrada entiende que esa extensión temporal es fuente de discriminación respecto a los beneficiarios españoles que no disponen de una "infraestructura familiar y económica" en otro país que les permita "sustraerse caprichosamente" de la obligación que tienen de estar presentes en el mercado de trabajo español.

 

Los tribunales han rechazado 26 de los 34 ERE presentados tras la reforma labora

abc.es, 12/12/2012

Cuatrecasas urge la creación de un contrato de coyuntura especialmente dirigido a los jóvenes

 

Los tribunales han declarados nulos por diversos motivos 26 de los 34 despidos colectivos presentados con la nueva reforma laboral aprobada en febrero de este año. Muchos de los casos rechazados lo han sido por defectos de forma y sin entrar en el contenido de los mismos, según Salvador del Rey, presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos y socio del área laboral de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

 

«Es lógico que tras la desaparición de la autorización laboral administrativa para los despidos colectivos que recoge la nueva reforma laboral se hayan reforzado los procedimientos, pero no es normal que se lleven hasta el extremo los aspectos formales», subrayó Del Rey, quien contó como anécdota que «ahora hay que levantar actas de cada reunión y muchas veces se tarda más discutiendo la redacción de las mismas que el fondo de las negociaciones».

 

Salvador del Rey negó que esa desaparición de la autorización laboral administrativa haya disparado los despidos colectivos. «Aunque ha aumentado el número de trabajadores afectados (56.000 en los primeros nueve meses de 2012 frente a los 45.000 en el mismo periodo de 2011), «no se trata de un salto cualitativo». Tampoco se han disparado con la reforma laboral los convenios colectivos de empresa en detrimento de los sectoriales.

 

En un encuentro con periodistas, este prestigioso profesional criticó la denominada «enmienda Telefónica», que obliga a las empresas a sufragar los costes de las jubilaciones anticipadas. «El mecanismo de penalización no es el más adecuado en la práctica», afirmó.

 

Aunque calificó la reforma laboral de «positiva» e «histórica», apuntó algunos aspectos que «habría que afinar», como la contratación de los jóvenes. «Hay que adoptar medidas más drásticas y crear un contrato específico de coyuntura especialmente dirigido a los menores de 25 años», subrayó.

 

 

Cuatro de cada diez asalariados recuperan poder adquisitivo este año

cincodias.com, 12/12/2012

Un total de 5,7 millones de trabajadores tienen ya firmadas o revisadas sus condiciones laborales para este año; y han pactado un incremento salarial medio del 1,29% (un 0,7% en los convenios de nueva firma). Según esto, los trabajadores pierden 1,6 puntos de poder adquisitivo de media y, con datos hasta noviembre, solo el 41% lo recuperará.

 

A falta de un mes para que termine el año aún hay un tercio de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva que no han revisado ni firmado su convenio para este año.

 

En concreto, según los datos estadísticos publicados por el Ministerio de Empleo, a finales de noviembre habían revisado su convenio colectivo o firmado uno nuevo un total de 5.793.500 trabajadores. Esto supone el 64% de los aproximadamente nueve millones incluidos en la negociación colectiva.

 

Este evidente retraso en la negociación de los convenios viene produciéndose de forma palpable como uno de los primeros efectos de la crisis en 2009 y se agrava a medida que pasan los años.

 

La mayoría de los retrasos se concentran en convenios de ámbitos inferiores y que afectan a menos trabajadores. De hecho, a pesar de que dos tercios de trabajadores ya cuentan con su convenio sólo se han firmado la mitad de los acuerdos colectivos previstos.

 

Esto ocurre en sectores como la construcción o el metal -con graves problemas de destrucción de empleo- donde fuentes de UGT informan que apenas se han firmado el 50% de los convenios que debían cerrarse este año.

 

En este escenario fuentes patronales y sindicales coinciden en atribuir este retraso a las discusiones que se están produciendo en las mesas de negociación en torno a las subidas salariales.

 

El resultado está siendo que a medida que han ido pasando los meses la contención salarial ha sido mayor.

 

Así, en enero se acordaban subidas retributivas medias del 2,4% mientras que en noviembre este alza había descendido al 1,29% de media.

 

Este incremento salarial es una media entre las alzas acordadas en los convenios colectivos firmados en años anteriores y revisados en este ejercicio como los pactos nuevos negociados y firmados en 2012. De hecho, el alza recogida en estos últimos acuerdos de nueva cuña es muy inferior, del 0,7% hasta noviembre, frente al 1,52 de los convenios que solo han revisado sus tablas salariales este año.

 

No obstante, los revisados afectan a la mayoría de los trabajadores que han pactado ya sus condiciones laborales de 2012 (3,7 millones); mientras que el colectivo de asalariados con un convenio de nueva firma y salarios medios menores es inferior (1,5 millones).

 

En cualquier caso cualquiera de estos aumentos quedan lejos del avance de los precios, que crecieron un 2,9% en noviembre. Esto, supondría que, antes de aplicarse las cláusulas de revisión salarial, los trabajadores con convenio pierden entre 2,2 y 1,4 puntos de poder adquisitivo (1,6 puntos de media)

 

Pero no todos los asalariados con convenio tienen una de estas cláusulas. De hecho, según los datos de Empleo, solo cuatro de cada diez trabajadores (2,38 millones en noviembre) la incluye en sus convenios. Según el diseño de cada cláusula, el trabajador recuperará todo el poder adquisitivo que pierda en 2012 por el alza de la inflación, o solo se le compensará parte de esta pérdida.

 

El 59%% restante que no tiene esta garantía no recuperará nada del poder de compra que pierda este ejercicio.

 

Desde el sindicato CC OO denunciaban ayer que "la presión a la baja en la negociación de los salarios y de las condiciones de trabajo están haciendo retroceder en muchos casos a situaciones laborales de hace una década". Asimismo, los técnicos de esta central se quejaron de que "la devaluación salarial que se está produciendo va más allá de las indicaciones de contención salarial del II Acuerdo de Negociación Colectiva 2012-2014 firmado con la patronal, donde la cláusula de garantía salarial -que ahora solo afecta al 41% de los trabajadores- era un elemento central para evitar la pérdida de poder adquisitivo".

 

La unidad de mercado liberalizará el trabajo de autónomos y profesionales

eleconomista.es, 14/12/2012

La recuperación del mercado único en España, una de las promesas de Mariano Rajoy en su discurso de investidura, será una realidad antes de final de año, al menos en lo que a su aprobación formal se refiere, y podrá entrar en vigor a lo largo del primer trimestre de 2013.

 

En principio, la intención del Ministerio de Economía es llevar la nueva Ley de Unidad de Mercado al Consejo de Ministros de la próxima semana, para su remisión inmediata a las Cámaras Legislativas.

 

La nueva Ley se inspira en lo que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, denomina "pasaporte autonómico", fundamentado en los principios de licencia única y legislación de origen para garantizar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, pero también de los profesionales. Y esta es una de las principales aportaciones de la nueva normativa, la de habilitar a los profesionales que cumplan los requisitos fijados para el desarrollo de su actividad en su comunidad de origen para desempeñar sus servicios profesionales en cualquier punto del territorio del Estado.

 

Todos los sectores

Este cambio legal supone una práctica liberalización de la actividad de los trabajadores autónomos, profesionales y pequeñas y medianas empresas, y afectará a prácticamente todos los sectores de actividad, especialmente a electricistas, fontaneros y técnicos de cualquier rama industrial, de servicios y tecnológica, con exclusión de las profesiones colegiadas. Muchas de estas últimas, como los abogados, ya gozan de esta libertad de circulación dentro del territorio nacional y su regulación se regirá por la Ley de Liberalización de los Colegios Profesionales, en la que también está trabajando el Departamento que dirige Luis de Guindos.

 

La unidad de mercado es una de las demandas prioritarias del empresario español, y la nueva Ley que ya tiene ultimada el Ejecutivo pretende, en palabras del secretario de Estado de Comercio, "refundar el mercado interior para acabar con la maraña legislativa autónoma y local que supone un importante efecto disuasorio para la inversión extranjera y un freno a la competitividad y a la creación de empleo".

 

A este respecto, los últimos informes de la patronal CEOE señalan que la falta de una unidad de mercado en España "desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial" y estiman que tiene un coste de 45.000 millones de euros para la economía española.

 

Colaboración y no injerencia

El proyecto de Ley del Mercado Único ha sido consultado con todas las comunidades autónomas y los estudios que maneja la Administración Comercial muestran que Cataluña será la autonomía más beneficiada por la entrada en vigor de la nueva legislación, seguida de Madrid y del País Vasco, al ser las tres regiones españolas que tienen un sector industrial y de servicios más potente (ver gráfico). Estas tres comunidades suponen el 44,6 por ciento del Producto Interior Bruto de la industria española; el 43,7 por ciento del comercio, el transporte y la hostelería; y el 42,5 por ciento del PIB total a precios básicos de España.

 

Además, y con el objetivo de evitar invadir competencias autónomas que pudieran derivar en posibles recursos de inconstitucionalidad, la nueva ley se enmarca también en el principio de "colaboración y no injerencia", y fuentes del Ministerio de Economía explican que "no debe existir motivo para la discrepancia porque las licencias las seguirán dando las comunidades, eso sí, ahora con validez para el conjunto del Estado y no sólo para el territorio regional".

 

En realidad, añaden, "se trata de hacer realidad en España el principio de libre circulación de mercancías, personas y capitales que rige el funcionamiento de la Unión Europea y que la dispersión de normas, trámites y licencias hacía imposible en nuestro país".

 

En este punto remiten al caso "absurdo pero real" de que hoy para hacer un encarte en un periódico de tirada nacional se necesita contar con 17 permisos autonómicos". O el "más ridículo aún que es el de las máquinas tragaperras, que necesitan poner una barra diferente, según las comunidades, porque cada una exige diferentes requisitos de grosor o longitud, siendo el mismo producto".

 

Desde el Ministerio de Economía y Competitividad se insiste también en que la nueva ley mejorará la competitividad y la seguridad jurídica en el conjunto del Estado, eliminará trámites burocráticos caros e innecesarios y para ello impondrá unas "máximas de actuación legislativa a todas las comunidades autónomas, con el objetivo de buscar siempre el beneficio de las empresas, de los consumidores y de los operadores económicos en general".

 

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