Resumen de Prensa Semanal

Semana 50

12/12/2011 al 18/12/2011

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Las reformas laborales aconsejan incentivar las conversiones a fijos

Cinco Días, 07/12/2011

De todas las medidas de fomento del empleo adoptadas en las reformas laborales de 2010 y 2011 solo hay una que está cosechando cierto éxito a pesar de la crisis: la bonificación de la conversión de contratos temporales en fijos. En los seis meses posteriores a la reforma de 2010 que reinstauró estos incentivos, las conversiones crecieron un 7,4%. Es más, los expertos aseguran que estos contratos son más estables que los fijos iniciales.

 

Históricamente, todos los Gobiernos españoles de las dos últimas décadas han ensayado distintas fórmulas para promover el empleo, sobre todo el estable, para intentar acabar con los abusos de la temporalidad que, después del desempleo, es la mayor lacra del mercado laboral en España.

 

En este tiempo, hay dos medidas que han tenido más éxito que las demás a la hora de cumplir estos objetivos. Se trata de la creación del contrato de fomento del empleo estable en 1997, que supuso un claro abaratamiento del despido al rebajar la indemnización del improcedente a 33 días por año trabajado con un máximo de dos anualidades para los colectivos de difícil inserción. Y, en segundo lugar, una doble vía de fomento de las conversiones de contratos temporales a fijos: bonificados económicamente por un lado, y dando la posibilidad de convertirlos en los citados contratos con despido más barato para todos los colectivos.

 

Pero como versa el dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. La última gran reforma de 2010, incidió sobre estas dos medidas; casi generalizando en la práctica el uso del contrato fijo de 33 días de indemnización y restaurando las bonificaciones a las conversiones de temporales a fijos (entre 600 y 6.300 euros anuales durante tres o cuatro años; o toda la vida del contrato, según los casos).

 

Sin embargo, en esta ocasión, el fomento del contrato con despido más barato, no está teniendo éxito. Más bien lo contrario. Así, según datos del Ministerio de Trabajo, en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la reforma estos contratos de fomento se desplomaron un 35%, pasando de 91.090 a 59.568 en el segundo semestre. La reforma de 2011 dio una vuelta más de tuerca en la generalización de este contrato (basta con estar un mes inscrito en el desempleo para optar a él), pero su uso tampoco ha remontado.

 

Por el contrario, las conversiones sí están siendo exitosas, como siempre que se han recuperado. Así, según estos mismos datos, en los seis meses posteriores a la reforma hubo 253.447 contratos fijos convertidos, un 7,4% más que en el primer semestre de 2010. Y si la comparación se hace entre el primer semestre de 2011 y el anterior a la reforma el incremento es del 5%, según datos manejados por el Ministerio de Economía.

 

Estables pero por poco tiempo

 

Es más, según un exhaustivo estudio sobre los programas para mejorar la estabilidad en el empleo entre 2005 y 2010, financiado por el Ministerio de Trabajo y realizado por los expertos de la Universidad de Alcalá, Inmaculada Cebrián, Luis Toharia y Gloria Moreno, los contratos convertidos a indefinidos son incluso más estables (duran más años) que los que son fijos desde el principio.

 

Según este estudio -que cruza el registro del servicio público de empleo con la muestra continua de vidas laborales- "cualquier reforma debería tener en cuenta el papel de las conversiones en el entramado contractual del mercado laboral español, al tiempo que se considere la elevada mortalidad de los contratos indefinidos iniciales, ya que a los dos años de vida solo se mantienen el 50% o menos". Si se va más allá de estos dos primeros años, concluyen que los contratos convertidos a fijos viven más tiempo (al término de los cinco años analizados siguen existiendo el 30%) que los indefinidos iniciales (solo viven el 20%).

 

Asimismo, estos expertos aseguran que los empresarios "responden a los estímulos de poder contratar con un coste de indemnización por despido más bajo, (...) sin embargo no parece que esto tenga ningún papel relevante a la hora de explicar la finalización del contrato". El Gobierno deberá sopesar, entre otros, estos efectos de anteriores reformas.

 

Se buscan fórmulas para abaratar el empleo

 

En los 12 meses inmediatamente posteriores a la reforma laboral de 2006 los contratos indefinidos crecieron un 40%. A juicio de los datos oficiales que manejan los expertos, esto se debió fundamentalmente a la posibilidad de hacer conversiones bonificadas y con un despido más barato (el de 33 días por año); y, en segundo lugar, a la propia expansión económica y, en menor grado, al efecto retraso provocado por el hecho de que la reforma empezara a negociarse en 2004 y no entrara en vigor hasta dos años después.

 

En la actualidad, cualquier reforma que adopte el futuro Gobierno, ya sea con acuerdo o sin él, no podrá contar ni con unas buenas perspectivas económicas ni con el citado efecto retraso, ya que las medidas deberán adoptarse con urgencia. De ahí que, nuevamente aparezcan las bonificaciones a la conversión como una medida clave para la creación de empleo. Sin embargo, se trata de una iniciativa muy cara para estos tiempos. En los últimos años los Ejecutivos se han gastado unos 3.000 millones de euros de impuestos anuales para bonificar el empleo estable, sin que se resintiera la caja de la Seguridad Social. Ahora este margen impositivo no existe por lo que solo queda una rebaja de cuotas, que sí mermaría los ingresos del sistema de pensiones o buscar otras fórmulas más imaginativas.

España es el país de la UE con más trabajadores sobrecualificados para su puesto

Cinco Días, 08/12/2011

El 31% de los trabajadores españoles están sobrecualificados, es decir, tienen un nivel de formación superior al que exige su empleo. Se trata de la tasa más alta de toda la UE y supera ampliamente la media comunitaria, que se sitúa en el 19%.

 

El 31% de los trabajadores españoles están sobrecualificados, es decir, tienen un nivel de formación superior al que exige su empleo. Se trata de la tasa más alta de toda la UE y supera ampliamente la media comunitaria, que se sitúa en el 19%, según un informe de Eurostat.

 

Tras España, Irlanda (con el 29%) y Chipre (27%) son los Estados miembros con mayor porcentaje de trabajadores sobrecualificados, frente a República Checa y Eslovenia (7%), que registran las tasas más bajas, según un estudio de la focina estadística Eurostat.

 

En los grandes países de la eurozona, la tasa de sobrecualificación entre los adultos de edades comprendidas entre 25 y 54 años se sitúa alrededor de la media de la UE, excepto en el caso de Italia donde es muy inferior (13%). Alemania y Reino Unido alcanzan el 20%, y Francia registra el 19%. Los datos de Eurostat corresponden al año 2008.

 

La sobrecualificación es todavía más grave en el caso de los trabajadores extranjeros en España, colectivo en el que alcanza el 58%. Sólo los trabajadores extranjeros en Grecia sufren una tasa de sobrecualificación superior (62%).

 

El informe de Eurostat resalta las grandes diferencias en España -y también en el resto de Estados miembros- entre los trabajadores nativos y los extranjeros, no sólo en materia de sobrecualificación sino en cuanto a riesgo de pobreza (que afecta al 18% de los nativos y al 32% de los extranjeros) o la probabilidad de residir en una vivienda hacinada (3% frente a 12%).

La recaída del empleo no frena el incremento de los costes laborales

Cinco Días, 10/12/2011

El coste laboral por hora trabajada se disparó hasta septiembre un 3,3% interanual, el doble de lo que avanzaba un trimestre antes. Este dato, anticipa un nuevo repunte en los costes laborales totales que no paran de crecer desde hace un año.

 

En contra de la tendencia general en Europa, en España los costes laborales que pagan los empresarios por sus trabajadores hace un año que rompieron la fuerte tendencia a la baja marcada por la crisis y comenzaron a repuntar ininterrumpidamente.

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo público el viernes el dato del Índice de Coste Laboral Armonizado, que reflejó un fuerte incremento del coste laboral por hora trabajada del 3,3% (4,5% si no se corrigen los efectos de calendario) respecto al mismo periodo del año anterior. Esto supone duplicar el incremento interanual registrado tan solo un trimestre antes, cuando este coste avanzó un 1,7%, según los datos corregidos también el viernes por el INE.

 

Más allá del valor de esta cifra aislada, el dato anticipa que los costes laborales totales (salariales y otros costes) volverán probablemente a registrar un nuevo aumento.

 

Así, el dato conocido el viernes es el que utiliza el INE con las cifras provisionales de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al tercer trimestre, que aún no se conocen. De ahí que todo apunta a que la notable subida del coste por hora trabajada se traducirá con toda probabilidad en un repunte del coste laboral entre julio y septiembre, que se hará público el 16 de diciembre.

 

 

El INE no explica a que se debe este fuerte avance pero a tenor de lo ocurrido en trimestres anteriores, los costes laborales por hora trabajada aumentan más que el índice de coste laboral total porque la estadística divide este último dato entre el número total de horas trabajadas, con lo que cuanto más se reduce la jornada más cara sale la hora de actividad.

 

Por ejemplo, en el segundo trimestre, el coste laboral por hora (antes de su citada corrección) fue del 1,5% frente al 0,8% que avanzó el índice general debido a que el número de horas efectivas de trabajo cayó un 0,7%.

 

Junto a este efecto del descenso de número de horas trabajadas existen otros dos elementos que podrán explicar que el coste laboral total siga al alza, aunque aún se desconoce en qué medida afectará cada uno de estos factores. Se trata de las presiones que podrían estar ejerciendo las actualizaciones salariales y las indemnizaciones por despido. La primera de estas cuestiones no tuvo un peso considerable en el avance del coste laboral en el segundo trimestre, ya que el coste salarial avanzó solo un 0,6%, evidenciando moderación salarial. Si bien a medida que avanza el año y a falta de muchas firmas de nuevos convenios, las tablas salariales se van actualizando con IPC superiores al 2,5%.

 

Finalmente, en el capítulo de otros costes se enmarcan las indemnizaciones por despido que debido a la recaída del empleo vuelven a aumentar el coste laboral total. Si bien, los sectores donde más está creciendo el coste por hora (comercio y hostelería) han registrado leves avances de empleo en el tercer trimestre por lo que en el aumento de los costes laborales de estos casos podría pesar más el descenso de las jornadas ante la falta de actividad que los despidos.

 

Leve avance en el ritmo de firma de convenios

 

El compromiso alcanzado a finales de octubre por las cúpulas de los sindicatos y la patronal para desbloquear la negociación colectiva pendiente que afectaba a más de cuatro millones de trabajadores está empezando a surtir un tímido efecto.

 

Según los últimos datos sobre negociación colectiva avanzado el viernes por el Ministerio de Trabajo, correspondientes a noviembre, en dicho mes se firmaron 119 convenios (de los que 64 fueron revisiones de acuerdos pactados en años anteriores y los 55 restantes de nueva firma). Esto supuso que el número de trabajadores con las condiciones laborales ya pactadas para 2001 aumentaron el mes pasado en algo más de medio millón de trabajadores, hasta superar por primera vez e el año los seis millones de asalariados.

 

Este incremento de la negociación ha tirado levemente a la baja del aumento salarial pactado que pasa del 2,60% de octubre al 2,5%. El alza retributiva de los convenios nuevos es similar a la registrada en los últimos meses (1,6%); mientras los acuerdos de nueva firma que afectan a empresas pactan alzas del 1%. Pese a todo, aún quedan casi cuatro millones de trabajadores sin acordar sus condiciones.

Trabajo pagará 855,8 millones para pensiones mínimas por desviación del IPC

Expansión, 14/12/2011

La Seguridad Social deberá desembolsar 855,87 millones de euros por la desviación de la inflación en 2011 para pagar a 3.236.756 pensionistas perceptores de prestaciones mínimas contributivas y no contributivas.

 

Los que no cobrarán esa paga compensatoria son los otros cinco millones de perceptores de pensiones contributivas, a los que el Gobierno les congeló en mayo de 2010 sus prestaciones para 2011 como medida para reducir el déficit público en 1.500 millones de euros.

 

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy el índice de precios de consumo (IPC), que subió cuatro décimas en noviembre respecto al mes anterior, en tanto que la inflación interanual bajó por segundo mes consecutivo y cayó una décima, hasta el 2,9 %.

 

Dicha tasa interanual de noviembre (2,9 %) es la que se utiliza para conocer si ha habido desviación del IPC real frente al previsto por el Ejecutivo, que era del 1 % para 2011.

 

Debido a que el IPC de noviembre supera en 1,9 puntos porcentuales al previsto, la Seguridad Social deberá desembolsar esos 855,87 millones de euros, de los que 441,69 millones son en concepto de paga compensatoria, mientras que otros 414,18 son para consolidar ese abono en la nómina de pensiones.

 

Según Trabajo, la compensación por la desviación de la inflación no afecta a las pensiones que hayan sido reconocidas a lo largo de 2011.

 

Asimismo, la Seguridad Social establece el abono de las pensiones en 14 pagas al año y prevé una compensación en caso de que se supere la inflación con la que se revalorizan las pensiones.

Los sindicatos están dispuestos a aliviar el coste del despido a las empresas

Cinco Días, 14/12/2011

Los líderes sindicales se mostraron ayer dispuestos a buscar mecanismos para aliviar a las empresas los costes de las indemnizaciones por despido, sin que el trabajador cobre menos. El líder de UGT propuso que esto se financie con parte de los 3.000 millones de ayudas a la contratación. Precisamente, el presidente de CEOE, Juan Rosell rechazó ayer estas ayudas al empleo.

 

Patronal y sindicatos trabajan estos días en ir cerrando miniacuerdos en los asuntos donde menos diferencias les separan. Es el caso de la creación de un nuevo sistema de resolución extrajudicial de conflictos o en una reordenación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y su control del absentismo, donde ya había un preacuerdo en 2010, que el Gobierno no incluyó en su reforma laboral.

 

Pero más allá de estos dos temas y, sobre todo, a la hora de hablar de contratación y de salarios las posturas entre patronal y sindicatos están aún distantes. Sin embargo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, lanzó ayer una propuesta en declaraciones a RNE que podría servir para aunar puentes con los empresarios. Se trataría de destinar parte de los 3.000 millones anuales que se dedican a bonificaciones a la contratación a "aliviar" los costes de los empresarios por las indemnizaciones por despido.

 

Según el líder de UGT, "los empresarios no quieren estas subvenciones para contratar", de ahí su propuesta de destinar parte de esta partida presupuestaria a costear parte de las indemnizaciones por despido.

 

Méndez enmarcó esta propuesta dentro de la implantación del conocido como sistema austriaco de protección por desempleo, que consiste en que la empresa cotiza para crear un fondo individual de cada trabajador que, cuando es despedido, lo recibe a modo de indemnización y prestación por desempleo. También lo puede utilizar para formación o en el momento de jubilarse.

 

Horas después de esta sugerencia, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, coincidió con Méndez en que el objetivo de la reforma debería ser lograr un reducción del impacto directo del coste del despido para las empresas que se vean obligadas a reducir plantillas. Asimismo, defendió esta propuesta dentro del modelo austriaco. Pero hasta ahí las coincidencias, ya que abogó por buscar mecanismos para aliviar este coste empresarial pero no los precisó.

 

Es más, consideró inviable la financiación de este modelo con las bonificaciones al empleo, tal y como propuso Méndez, debido a que estas ayudas ya están comprometidas para los próximos cuatro años (la mayoría de estas bonificaciones tienen esta duración). En cualquier caso, Toxo explicó que los costes de transición a un modelo austriaco serían demasiado elevados (equivalente a aumentar dos puntos las cotizaciones) por lo que habría que buscar "puentes" para su financiación. Otra opción sería la creación de este fondo a modo de indemnización pero conviviendo con el actual modelo de prestación por desempleo. Ahora el Fogasa ya costea parte de algunas indemnizaciones si bien este fondo se nutre de una cuota patronal, lo que supone un concepto muy diferente al de las bonificaciones que se financian con impuestos.

 

Ni oír hablar de miniempleos

 

El líder patronal tuvo también ayer su cuota de intervención pública en la Cadena SER donde confirmó lo dicho por Méndez al asegurar que a los empresarios "no les gustan" los 3.000 millones de bonificaciones al empleo que, en su opinión, "podrían quitarse mañana por la mañana". Pero a cambio no pidió lo ofertado por Méndez sino una rebaja generalizada de cuotas. Asimismo defendió los miniempleos para jóvenes con salarios de 400 euros, recomendados a España por el BCE. La respuesta tajante de Toxo a esto último no se hizo esperar: "si la patronal empieza a hablar de miniempleos, vamos dados en cualquier negociación al respecto".

 

Hay que competir por precios pero no con China

 

La prórroga del acuerdo salarial es otra de las cuestiones que patronal y sindicatos quieren ofrecer al Gobierno como parte de un gran pacto social. Los sindicatos están dispuestos a mantener los salarios muy moderados, pero exigen a cambio un control de los precios de los alimentos y artículos básicos de consumo, según aseguró ayer el líder de UGT, Cándido Méndez.

 

Desde CC OO se comparte esta moderación salarial a cambio de controlar los precios. De hecho, el responsable del gabinete económico de CC OO, Miguel Ángel García, explicó ayer la importancia de esto último para que España "no renuncie a competir mediante precios, pero no con China, sino con los países de su entorno".

 

Este pacto salarial quizás compensara las negras perspectivas que ayer se materializaron en una encuesta de Manpower Group a directivos que prevén una destrucción neta de empleo del 6% en el primer trimestre de 2012.

La pensión mínima será de 581 euros para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo

Cinco Días, 14/12/2011

La pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge del que no tiene que hacerse cargo se situará en 581,10 euros por la desviación de la inflación en 2011, según datos del ministerio de Trabajo.

 

La pensión mínima para titulares con 65 años o más con cónyuge a no cargo será de 581,10 euros al mes, frente a los 570,40 de 2010. Para los pensionistas con cónyuge a cargo ascenderá a 756 euros, un 2,91% más que el año pasado. En el caso de las personas sin cónyuge, la cifra se queda en 612,70 euros, 11 euros más que hace un año.

 

Los menores de 65 años cobrarán 708,50, 541,50 y 773,10 euros con cónyuge a cargo, no a cargo y sin cónyuge, respectivamente.

 

La Seguridad Social deberá desembolsar 855,87 millones de euros por la desviación de la inflación en 2011 para pagar a 3.236.756 pensionistas perceptores de prestaciones mínimas contributivas y no contributivas. Los que no cobrarán esa paga compensatoria son los otros cinco millones de perceptores de pensiones contributivas, a los que el Gobierno les congeló en mayo de 2010 sus prestaciones para 2011 como medida para reducir el déficit público en 1.500 millones de euros.

 

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy el índice de precios de consumo (IPC), que subió cuatro décimas en noviembre respecto al mes anterior, en tanto que la inflación interanual bajó por segundo mes consecutivo y cayó una décima, hasta el 2,9%. Dicha tasa interanual de noviembre (2,9%) es la que se utiliza para conocer si ha habido desviación del IPC real frente al previsto por el Ejecutivo, que era del 1% para 2011.

 

Debido a que el IPC de noviembre supera en 1,9 puntos porcentuales al previsto, la Seguridad Social deberá desembolsar esos 855,87 millones de euros, de los que 441,69 millones son en concepto de paga compensatoria, mientras que otros 414,18 son para consolidar ese abono en la nómina de pensiones.

 

Según Trabajo, la compensación por la desviación de la inflación no afecta a las pensiones que hayan sido reconocidas a lo largo de 2011. Asimismo, la Seguridad Social establece el abono de las pensiones en 14 pagas al año y prevé una compensación en caso de que se supere la inflación con la que se revalorizan las pensiones.

La UE avisa del aumento de trabajadores españoles en riesgo de pobreza

Cinco Días, 16/12/2011

La brecha entre los trabajadores que más cobran y los que menos se sigue abriendo en la UE y especialmente en España, debido al elevado nivel de temporalidad. Así se constata en un informe sobre empleo y situación social hecho público por la Comisión Europea, en el que se señala que el 11,4% de los trabajadores españoles se encontraba ya en riesgo de pobreza en 2009, lo que supone la tercera proporción más alta de la UE. Este indicador, que refleja el porcentaje de empleados cuyos ingresos son menores al 60% de la media nacional, se encontraba más de tres puntos por encima de la media de la UE.

 

El documento muestra los efectos de la crisis y de las "debilidades estructurales" de los países durante 2009 y 2010. En concreto, subraya la creciente desigualdad de ingresos, la precarización del empleo y el aumento de la pobreza. El estudio advierte, en el caso de España, de un "aumento continuado" de la tasa de pobreza entre los trabajadores durante los últimos años, desde el 10,4% de 2005 hasta el 11,4%, cifras que en este último año solo fueron superadas por Grecia (13,8%) y Rumanía (17,9%).

 

El informe también destaca el incremento de las desigualdades salariales en España, y señala que el sueldo mínimo legal (641 euros) es el segundo más bajo de la zona euro. Además, apunta que el salario mínimo "solo beneficia en realidad a los trabajadores que están contratados de forma indefinida, debido a la dualidad del mercado laboral y a la legislación". En su opinión, este último factor es el que explicaría el hecho de que la tasa de pobreza de los trabajadores con contrato indefinido sea mucho menor. Cinco de cada cien empleados fijos estaban en riesgo de pobreza, frente a trece de cada cien trabajadores temporales, según Bruselas.

 

Esta precisión es especialmente importante en España dado el elevado peso del trabajo temporal en España, que supone una cuarta parte del empleo y la mayor proporción de la UE después de Polonia. Las críticas de la Comisión no solo se centran en denunciar el nivel de temporalidad de España. Critica las complejidades existentes en el sistema de negociación colectiva. "Es uno de los factores que impide la adaptación de los salarios a las condiciones económicas", recalca. De hecho, asegura que la protección de los trabajadores permanentes está "muy regulada", mientras que existe una "alta flexibilidad" para los temporales o con otro tipo de contratos.

 

Otro factor negativo que resalta es que el sistema español de Seguridad Social realiza transferencias "muy pequeñas" a los trabajadores en situación de pobreza, y que solo una parte limitada de las mismas tiene en cuenta el tipo de familias y su composición. "Esto provoca que las familias con niños tengan una tasa de pobreza significativamente más alta que los hogares sin hijos".

 

Tras la presentación del informe, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor, destacó la necesidad de que los Estados miembros acompañen los recortes presupuestarios que están aplicando con medidas de "solidaridad, crecimiento económico y cohesión social".

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