Báñez reforma las mutuas para frenar el absentismo laboral

El Gobierno ha aprobado un borrador del anteproyecto de Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, con la intención de cambiar su regulación de forma que se esclarezca más su naturaleza privada (aunque no tengan ánimo de lucro) y se fijen con mayor claridad los términos de su colaboración con la Seguridad Social.

 

Se trata de separar por completo su principal actividad, consistente en gestionar los fondos públicos para el pago de prestaciones a los trabajadores que están de baja médica de otras como los seguros, más encuadradas en el sector privado. El pago de las prestaciones por incapacidad temporal supone unos 8.500 millones de euros al año, que se pagan con los recursos procedentes de las cotizaciones por contingencias comunes del 80% de los asalariados y de las contingencias profesionales del 95% de los trabajadores.

 

La nueva normativa establecerá las condiciones en las que estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social deberán competir entre sí. Y, en segundo lugar, fijará la fórmula para reasignar al año siguiente los excedentes de estas sociedades, que actualmente se destina a sendos fondos de los que dispone enteramente la Seguridad Social y desde el pasado año se utilizan para el pago de todas las pensiones contributivas. Las Mutuas demandan que una parte de estos excedentes se puedan reinvertir en ellas mismas y en incentivos a sus clientes (empresas).

 

El otro motivo por el que Empleo reformará estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social es evitar las “numerosas” irregularidades que han cometido las mutuas hasta ahora en la gestión de fondos públicos y que se han puesto de manifiesto, según explicó ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en varias sentencias del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y la propia Intervención General de la Seguridad Social. En este sentido, una de las cuestiones que intentará acotar el Gobierno en esta nueva norma serán las retribuciones de presidentes y gerentes de las mutuas, incluidos los complementos y otras gratificaciones.

 

Junto a esta futura ley, Empleo prepara otra normativa para aumentar el poder de gestión de las Mutuas con el fin de frenar el absentismo laboral, que según Báñez hace que cada trabajador pierda al año 11,4 días de trabajo. Se trata de una cifra muy superior a la registrada en Finlandia (8,4 días), Dinamarca (7 días) o los 4,9 días de Estados Unidos.

 

Asimismo, la futura ley facilitará el acceso a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos (el equivalente a la prestación por desempleo de este colectivo) “para que se haga más eficientemente, porque se quejan con razón”, explicó la ministra de Empleo.

 

El Ejecutivo tiene previsto iniciar la próxima semana consultas con los interlocutores sociales para el redactado definitivo del anteproyecto de ley de Mutuas que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo día 20 de diciembre, con el fin de que se tramite en el Parlamento durante el primer semestre de 2014 y entre en vigor a mediados del próximo año.

 

El poder de dar altas que no llega

Lo que parece que el Ejecutivo no incluirá en ninguno de estos dos textos legales es la principal reivindicación de las Mutuas que consiste en que sus médicos puedan dar el alta a los trabajadores cuando ellos lo estimen oportuno, ya que en la actualidad solo pueden proponer este alta al médico de cabecera de la sanidad pública, que es quien tiene la última palabra. “Eso parece imposible ahora mismo”, indican fuentes conocedoras del futuro texto.

 

En compensación, Empleo podría incluir alguna fórmula que refuerce la gestión de estas bajas, permitiendo a las Mutuas que diseñen el control de los planes de confirmación, en función de la patología (ahora las bajas se confirman semanalmente). O podrían obligar en mayor medida a los médicos de la sanidad pública a que se pronuncien sobre las propuestas de alta que les hagan los facultativos de las mutuas. Ahora opera el silencio administrativo y si el médico de cabecera no contesta, la propuesta se desestima.

 


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