Resumen de Prensa Semanal

Semana 51

15/12/2014 al 21/12/2014

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Rajoy y los agentes sociales firman hoy la nueva ayuda a parados

cincodias.com, 15/12/2014

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, firmará este lunes con los líderes de CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente, el acuerdo sobre la nueva ayuda a parados de larga duración.

 

El acto se celebrará en el Palacio de la Moncloa, a las 10.30 horas, apenas 11 días después de la reunión que celebraron las partes, con la participación de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para darle un impulso al programa de activación para parados de larga duración, del que forma parte esta ayuda.

 

Esta nueva prestación consistirá en 426 euros mensuales durante seis meses y a ella podrán acceder los parados de larga duración (más de un año en el desempleo) que hayan agotado todas las prestaciones, carezcan de ingresos y tengan cargas familiares.

 

La ayuda tendrá un coste de entre 1.000 y 1.200 millones de euros, elevará la tasa de cobertura de protección por desempleo entre siete y ocho puntos, hasta situarse en el 65% a mediados de 2015, y beneficiará a entre 400.000 y 450.000 desempleados.

 

Mientras reciben acciones de formación y orientación, los desempleados de larga duración que cumplan determinados requisitos cobrarán esta ayuda, aunque el objetivo final es que vuelvan al mercado laboral. Por eso esta ayuda se incardina en un programa más amplio para la activación laboral de este colectivo.

 

Los beneficiarios suscribirán un compromiso de actividad y el servicio público de empleo tendrá un mes para diseñarles un itinerario laboral personalizado en base a sus cualificaciones. Tendrán un tutor/orientador y el servicio público de empleo será el encargado de hacerles llegar posibles ofertas de empleo.

 

La ayuda será compatible con un puesto de trabajo por cuenta ajena. Del salario que se perciba por ese empleo se descontará la ayuda, de manera que el coste laboral estará cofinanciado entre la empresa y el servicio público de empleo.

 

Los posibles beneficiarios de este programa son los parados de larga duración que hayan trabajado por cuenta ajena en algún momento, que estén inscritos como demandantes de empleo a fecha 1 de diciembre de este año, que hayan dejado de recibir prestaciones al menos seis meses antes de solicitar la ayuda incluyendo el Prodi, el Prepara y la Renta Activa de Inserción (RAI), que tengan cargas familiares, sin otro tipo de rentas y que hayan dejado de percibir prestaciones al menos seis meses antes de solicitar esta ayuda.

 

Está previsto que el programa dure 15 meses (del 15 de enero de 2015 y al 15 de abril de 2016), aunque tres meses antes de que finalice se evaluarán los efectos que ha tenido y su posible prórroga.

 

Los sindicatos piden una renta básica garantizada por ley y subir el salario mínimo

cincodias.com, 15/12/2014

La ayuda de 426 euros es la medida estrella del programa extraordinario de activación del empleo, que se firmó con la solemnidad de un pacto social en el Palacio de la Moncloa, y que permitirá a más de 450.000 desempleados de larga duración, sin prestaciones y con cargas familiares recibir a partir del 15 de enero de 2015 ese dinero durante seis meses consecutivos.

 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez; los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, suscribieron el acuerdo que se aprobará, en breve, en Consejo de Ministros y estará vigente hasta el 15 abril de 2016.

 

En su intervención, Rajoy optó por un tono optimista respecto al actual estado de la economía española y recalcó que no es lo mismo que se destruya empleo, tal y como ha sucedido desde el inicio de la crisis, a que el número de parados se haya reducido en más de 500.000 personas en un año o que la afiliación a la Seguridad Social haya crecido en 400.000 personas en doce meses.

 

Tras la firma del acuerdo, los líderes sindicales no dudaron en valorar sus excelencias y el poder de la negociación colectiva, aunque también aprovecharon la ocasión para dudar de que se haya salido de la crisis y pedir más medidas para seguir dando cobertura a las personas sin prestaciones. Y entre ellas solicitaron una subida del salario mínimo interprofesional y la creación de aún renta básica garantizada.

 

Fue el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quién aseguró, tras la firma del acuerdo, que la recuperación “no va a llamar a la puerta” de las personas incluidas en este acuerdo. “Se trata de un acuerdo imprescindible para una situación insostenible”, remarcó. Por ello insistió en que la ayuda de 426 euros debe ser solo el primer punto de un plan global de coberturas. “Que nadie piense que este acuerdo agota el diálogo social, ni mucho menos”, dijo. En su opinión, el Ejecutivo debería acometer otras medidas como el aumento del salario mínimo interprofesional (lleva cinco años congelado en 645,30 euros al mes), la mejora en el tratamiento de los empleados públicos, en especial en lo referente a la oferta de empleo público y retribuciones, y todo lo relacionado con la necesidad de estrategias de reindustrialización.

 

Por su parte, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, matizó que el acuerdo sobre la nueva ayuda a parados de larga duración “no tiene peros”, porque es un acuerdo “positivo” que además ha costado conseguir debido a que el Gobierno no quería incrementar el déficit. En declaraciones a RNE recordó que este acuerdo sólo es un aspecto parcial de la declaración que firmaron Gobierno y agentes sociales en julio. “Espero que ahora se siga adelante con el resto de proyectos ambiciosos contenidos en la misma, porque hay 5,5 millones de parados en España”. Y entre ellas destacó la necesidad de completar el mapa del estado de la protección social en España antes de que finalice este año y iniciar la negociación para fijar una renta básica garantizada.

 

Las reivindicaciones también llegaron desde el ámbito empresarial. “Desde la patronal se ve con agrado este programa de activación, con el que se ganarán casi 10 puntos de cobertura a los desempleados, pero no hay que olvidarse de que en el itinerario que deben cumplir los desempleados debe existir la formación”, apuntó el presidente de CEOE, Juan Rosell. Una crítica con carga de profundidad hacia el Ejecutivo, que a través de su legislación ha hecho que la patronal haya perdido el monopolio que tenía hasta hace poco meses en materia de formación en favor de la libre concurrencia de agentes sociales y centros privados.

 

La rentabilidad de las pequeñas empresas crece por primera vez desde 2007

economiadigital.es, 15/12/2014

Las que han logrado sobrevivir conservan prácticamente el mismo número de empleados

 

La rentabilidad financiera de las pymes españolas creció en 2013 en todos sus segmentos y consiguió así finalizar con la tendencia negativa que desde 2007 había hecho caer este indicador entre 7 y 8 puntos porcentuales, según un estudio del Colegio de Registradores.

En concreto, la rentabilidad de las microempresas se triplicó hasta el 1,49%, mientras que la de las pequeñas creció hasta alcanzar el 3,65% y la de las medianas mejoró hasta el 4,69%.

Además, la rentabilidad de los activos también evidencia un cambio de tendencia: las microempresas pasaron del 1,71% en 2012 al 2,1% en 2013; las pequeñas, del 2,87% al 3,61%; y las medianas, del 3,75% al 4,21%.

 

Mantener el empleo

Por otro lado, el estudio destaca que las pymes que sobreviven a la crisis mantienen, con pequeñas reducciones en las microempresas, las tasas de empleo. Así, señala que se ha mantenido e incluso incrementado el empleo fijo, que ha compensado la pérdida del empleo eventual.
En este sentido, las microempresas pasaron de 3,43 trabajadores en 2008 a 3,35 en 2013 (-2,33%); las pequeñas pasaron de 18,5 a 18,48 (-0,11%) y las medianas subieron de 81,47 a 85,86 (5,39%).

 

Cae el endeudamiento

En relación al endeudamiento de las pymes españolas, el informe apunta que éste ha ido descendiendo de forma generalizada. En las microempresas esta reducción ha sido más acusada, al bajar hasta el 50% de su balance.
Por último, el gasto en I+D en balance en las empresas medianas era del 13,63%, de 8,43% en las empresas medianas y del 3,03% en las microempresas.

 

La denominada «tasa gris» en la Unión Europea se sitúa en torno al 27%, lejos del 40% de países como Japón, o del 10% de India, México, Turquía y Brasil

abc.es, 16/12/2014

España cuenta actualmente con una proporción de población mayor de 65 años sobre población activa del 26%. Esto supone que, por cada cuatro profesionales en edad de trabajar, hay una persona jubilada. A esta proporción se le conoce con el nombre de «tasa gris». En cifras absolutas, hay 8,3 millones de personas con más de 65 años frente a la población en edad de trabajar, 31,4 millones, según un estudio realizado por Randstad en colaboración con la Universidad de Sheffield, Regioplan Policy Research y SEO Economic Reseach.

 

La denominada «tasa gris» en la Unión Europea se sitúa en torno al 27%, lejos del 40% de países como Japón, o del 10% de India, México, Turquía y Brasil. Sin embargo, el envejecimiento de la población activa, el descenso de las tasas de natalidad y la mayor esperanza de vida por las mejoras sanitariosconllevan un aumento progresivo de este ratio. El informe de Randstad pone de manifiesto que todos los países analizados sin excepción aumentarán su tasa en los próximos años.

 

Este incremento supone, en algunas regiones, un problema para la financiación del estado del bienestar, más aun cuando registra tasas de paro elevadas. El sistema impositivo a empresas y trabajadores es una importante fuente de financiación que permite el mantenimiento de los sistemas de protección social. En este sentido, las tasas de desempleo, unidas al descenso de la población activa suponen una dificultad añadida en lo que a recaudación se refiere.

 

Las previsiones elaboradas por Randstad prevén un descenso prolongado de la mano de obra en Europa en los próximos años. En la actualidad, este continente cuenta con 336 millones de profesionales en edad de trabajar, una cifra que descenderá un 2% en 2020 y hasta un 6% en 2030, cuando se estima que habrá 20 millones menos de potenciales empleados.

 

Para valorar la importancia de este descenso en términos de empleo, se debe tener en cuenta el aumento de personas mayores de 65 años. En este caso, el incremento entre 2014 y 2030 se sitúa en 32 millones. Actualmente, este colectivo engloba a 92 millones de personas, una cifra que en 2030 alcanzará los 124 millones.

 

En España, por su parte, la estimación es que se registre un descenso de un millón de profesionales activos en 2030, mientras los mayores de 65 años se incrementarán en 3 millones. Esta relación provocará un aumento de la «tasa gris» desde el 26% actual hasta el 38% en 2030.

 

El informe también revela que Japón es el país que experimentará un mayor descenso de profesionales en edad de trabajar, con una caída cercana al 12% en 2030. Esto supondrá, en términos absolutos, la pérdida de más de 10 millones de potenciales empleados, pues descenderá de los 78,6 millones de población activa actual hasta los 68,9 millones en 2030.

 

En China se estima que este colectivo se mantenga al mismo nivel en los próximos años, pero los mayores de 65 años se duplicarán. Los países en los que se prevé los aumentos de población activa más pronunciados son India y México, con variaciones superiores al 25%. Australia registra un incremento del 18%, y Brasil, del 10%.

 

En el caso de Estados Unidos, se calcula que crecerá un 6% la cifra de personas en edad de trabajar, lo que supone un aumento desde los 209 millones actuales hasta los 221 millones en 2030.

 

El Gobierno estudia subir el salario mínimo un 1%, hasta los 652 euros al mes

eleconomista.es, 17/12/2014

Permitiría al Ejecutivo "vender" el aumento de cara al año electoral
El SMI fue congelado en 2012 y 2014: en 2013 el aumento fue del 0,6%

 

El Gobierno está estudiando dar marcha atrás en su propuesta de congelación del salario mínimo interprofesional para el próximo ejercicio y estudia aprobar una subida en el decreto que deberá fijar la cuantía de la retribución mínima antes de final de año.

 

Responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social han avanzado a elEconomista que el departamento que dirige Fátima Báñez va a defender esta propuesta de subida del SMI, actualmente fijado en 645,30 euros -753 al mes, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagas anuales-, mientras que altos cargos del Ministerio de Hacienda confirma que "se está estudiando y no se descarta".

 

Aunque todavía no se ha fijado definitivamente la cuantía del aumento, los medios citados apuntan a que se estaría estudiando una horquilla de entre el 0,5% y el 1% Ello supondría elevar los sueldos más bajos en España de los 645,30 euros mensuales en 14 pagas de hoy hasta un máximo de 651,75 euros en el caso de optar por la parte alta de la banda.

 

Explican, además, que esta subida del SMI permitiría al Ejecutivo "vender un aumento del poder adquisitivo que fomente el consumo interno para apuntalar la recuperación en un año electoral y alejar el riesgo de deflación en la economía española, ante la caída de los precios en los últimos meses".

 

Recuerdan también que la subida del SMI no supondría distorsiones en el gasto público, ya que desde el año 2004 el salario mínimo fue sustituido por el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) como indicador de referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo.

 

El Gobierno de Mariano Rajoy subió un 0,6% el SMI en 2013, hasta 9.034,2 euros anuales, para congelarlo posteriormente para el año en curso, lo que supuso la segunda congelación de los sueldos más bajos en España, tras la decretada por el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero en 2012.

 

Apoyo de CEOE

Los cálculos de los sindicatos estiman que el SMI español, que se sitúa entre los bajos de la Unión Europea, ha perdido más de 5,5 puntos de capacidad adquisitiva en España durante los últimos cuatro años.

 

El planteamiento de subida fue una de las propuesta que las centrales mayoritarias, con el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme, hicieron a Rajoy durante la reunión que mantuvieron con el presidente y la ministra de Empleo en La Moncloa la semana pasada, aunque parece muy improbable que el incremento que se apruebe finalmente alcance los 700 o 800 euros que plantean CCOO y UGT. A este respecto, el presidente la patronal CEOE, Juan Rosell, se ha mostrado favorable a hacer un "esfuerzo" para mejorar el próximo año el Salario Mínimo Interprofesional, porque en este asunto "los sindicatos empujan y nosotros nos dejamos empujar".

 

Aunque el dirigente empresarial tampoco se aventura a dar cifras sobre la posible subida, sí asegura que sería una mejora superior al 0,24% en que subirán las pensiones para el año próximo.

 

Rosell defiende también que el Gobierno debe acometer todas las reformas que hagan falta para que dentro de veinte años todos los contratos en España sean indefinidos y defendió que se haga "formación en vez de trabajar" y de que la formación la costeen la propia empresa y el Estado, como en Alemania

 

Por otra parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, llevará este viernes al Consejo de Ministros el Decreto por el que se aprueba la nueva ayuda de 426 euros mensuales para los parados de larga duración, con objeto de que pueda entrar en vigor el próximo 15 de enero.

 

Esta ayuda acordada por el Gobierno con los agentes sociales beneficiará a 450.000 desempleados con cargas familiares.

La Seguridad Social pierde 17.555 afiliados extranjeros en noviembre

expansion.com, 18/12/2014

La Seguridad Social perdió 17.555 cotizantes extranjeros en noviembre, un 1,1% en relación al mes anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.549.398 ocupados, informó este jueves el Ministerio de Empleo.

 

Con el descenso de noviembre, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social encadena cinco meses consecutivos de recortes.

 

Del total de inmigrantes en alta al finalizar el mes pasado, 1.304.225 cotizaban al Régimen General; 240.701 al de Autónomos; 4.212 al del Mar, y 260 al del Carbón.

 

En términos interanuales (noviembre de 2014 sobre el mismo mes de 2013), la afiliación de extranjeros entró en positivo por primera vez en mucho tiempo y subió un 0,27%, con 4.228 cotizantes más.

 

Empleo ahorrará 500 millones con la reforma de las mutuas

cincodias.com, 18/12/2014

El Congreso de los Diputados aprobó hoy de manera definitiva la nueva Ley de Mutuas que modifica el régimen jurídico de estas sociedades, de forma que pasarán a denominarse entidades colaboradoras con la Seguridad Social. El Ejecutivo logró que, después de las enmiendas introducidas en el Senado, la norma fuera respaldada además de por el PP, por CiU y el PNV y anunció que su entrada en vigor será efectiva el próximo 1 de enero.

 

Entre los cambios más importantes que contempla la norma destaca la mayor capacidad que tendrán los médicos de las mutuas en la gestión de las bajas laborales. Así, estos facultativos podrán realizar propuestas de alta que resolverán los servicios públicos de salud en cinco días y, en caso de silencio o desacuerdo, los médicos de la inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deberán pronunciarse en un plazo máximo de cuatro días.

 

No obstante, desde julio pasado que fue aprobada la reforma de la Ley General de la Seguridad Social se había establecido un régimen transitorio por el que el plazo que tienen los médicos del sistema público para contestar a las propuestas de alta de los facultativos de las mutuas es de 11 días y el INSS cuenta con otros ocho días para resolver si no hay acuerdo. Estas medidas tratan de agilizar y controlar más de cerca las bajas por incapacidad temporal (IT), cuyo gasto anual para las arcas públicas asciende a unos 3.900 millones de euros.

 

De hecho, el Ejecutivo calcula que la reducción en los plazos medios de las bajas laborales que espera que provoque este nuevo marco ahorrará unos 300 millones a la Seguridad Social, cantidad que se elevará a 500 millones con las medidas de mejora que introduce también la reforma en el funcionamiento de estas entidades.

 

Otra de las novedades importantes es la reducción de las cargas burocráticas que soportan los trabajadores que causan baja, ya que el parte de confirmación de su incapacidad temporal no tendrá que ser recogido en el médico y remitido a su empresa cada siete días, tal y como venía ocurriendo hasta ahora. Los nuevos plazos estarán ajustados a la previsión del seguimiento clínico que tenga su dolencia. Empleo defiende que la medida no solo beneficia a los trabajadores, sino también a médicos y empresas, ya que reducelas cargas de tramitación de los partes de baja del empleado.

 

Al margen de la nueva gestión de la IT, las enmiendas que se introdujeron en el Senado a la Ley de Mutuas afectan sobre todo al nuevo sistema retributivo de la cúpula directiva de estas sociedades. Finalmente, esos sueldos no estarán referenciados a los salarios de los directores gerentes de entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sino que estarán topados por el mismo régimen que el resto de directivos del sector público empresarial.

 

Dicho régimen, que data de 2012, establece límites de 55.000, 80.000 y 105.000 euros como retribuciones básicas, según los tres tipos de mutuas que existen, en función del número de trabajadores o su volumen de negocio. Esa división se utilizará para fijar el número máximo de ejecutivos que podrán tener.

Límites en las retribuciones y gestión de las quejas

El texto aprobado amplía el listado de las aportaciones prohibidas para las Mutuas sin permiso del Ministerio, sumando a los planes de pensiones, los seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones o los planes de previsión social empresarial.

 

Asimismo, las primas periódicas también quedarán sujetas a los límites para el sector que se fijen en los Presupuestos del Estado, lo mismo que las aportaciones de otra naturaleza. No obstante, se introduce una nueva disposición para que “excepcionalmente” el personal facultativo al servicio de las mutuas pueda percibir unas retribuciones por encima del límite total fijado para el director gerente con el objetivo de que las mutuas puedan “prestar unos servicios médicos más especializados”.

 

Con respecto a las quejas y reclamaciones, el Senado introdujo una previsión para obligar a las mutuas a tener que darles contestación directa y comunicar tanto las quejas que reciban como la respuesta dada al órgano de dirección y tutela.

 

Asimismo, la Comisión de Control y Seguimiento, donde están representados los agentes sociales, dispondrá periódicamente de los informes sobre litigiosidad, reclamaciones y recursos, así como todos los requerimientos que hayan realizado los órganos de supervisión y dirección y tutela, junto con la información sobre su cumplimiento. Este ente elaborará además un informe anual de recomendaciones. En cuanto a las reservas, finalmente se permite que del 20% restante tras dotar el Fondo de Contingencias Profesionales con los excedentes de la gestión se pueda repartir a partes iguales entre la Reserva de Asistencia Social, que servirá para pagar prestaciones de asistencia social autorizadas, y la Reserva Complementaria, que en el proyecto original se llevaba la totalidad de estos excedentes.

 

El TJUE dictamina que la obesidad es una minusvalía: el peso no puede ser motivo de despido

eleconomista.es, 18/12/2014

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla a favor de un ciudadano danés
La sentencia considera que la obesidad sí puede considerarse una discapacidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que la obesidad puede considerarse una discapacidad a efectos de la directiva comunitaria sobre igualdad de trato en el empleo. Ello significa que los trabajadores obesos pueden invocar la protección contra la discriminación por discapacidad prevista en la legislación comunitaria.

 

La sentencia se refiere al caso de un ciudadano danés despedido en 2010 tras haber trabajado quince años para el ayuntamiento de Billund como cuidador infantil en su propia casa. El afectado denunció que su despido se basó en una discriminación ilegal debido a su peso. Durante todo el tiempo que estuvo empleado, nunca llegó a pesar menos de 160 kilos y se le consideraba obeso.

En su fallo, el Tribunal de Justicia resalta en primer lugar que "en el empleo y la ocupación, el derecho de la Unión no consagra un principio general de no discriminación por razón de la obesidad en cuanto a tal".

No obstante, la sentencia considera que la obesidad sí puede considerarse una discapacidad a efectos de la directiva sobre igualdad de trato en el empleo cuando "acarreara una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, pudiera impedir la participación plena y efectiva de dicha persona en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores y si esta limitación fuera de larga duración".

"Este sería el caso, en particular, si la obesidad del trabajador impidiera dicha participación debido a su movilidad reducida o a la concurrencia de patologías que no le permitieran realizar su trabajo o que le acarrearan una dificultad en el ejercicio de su actividad profesional", concluye el fallo.

El Supremo mantiene la vigencia de los convenios aunque hayan caducado

elpais.com, 19/12/2014

Aunque los pactos decaigan al año de expirar su vigencia por no haber acuerdo, los derechos colectivos laborales pactados pasan a ser individuales

 

El Tribunal Supremo ha dado un duro golpe a uno de los pilares de la Reforma Laboral: el fin de la prórroga indefinida y automática de los convenios. La Sala de lo Social del alto tribunal, por ocho votos frente a seis, ha fallado que los derechos recogidos en los convenios colectivos siguen vigentes a pesar de que hayan caducado y se haya agotado el año prórroga legal sin acuerdo, según ha podido saber este diario.

 

La reforma laboral de 2012 acabó con la ultraactividad, un concepto jurídico que dictaba que los convenios colectivos se prorrogaban automáticamente de forma indefinida hasta que empresarios y trabajadores hasta que no pactaban uno nuevo. La limitó a un año. Lo que hace el Supremo apoyándose en el caso de una empresa balear, es dictar que aunque los convenios decaigan al año de expirar su vigencia por no haber acuerdo, los derechos colectivos laborales pactados pasan a ser individuales, es decir, se integran en el contrato.

 

En realidad, los derechos que se mantienen vigentes son aquellos que figuran en los convenios, que se pueden integrar en los contratos (salario, jornada, código disciplinario), no otros como las comisiones que se crea amparo de los pactos colectivos.

 

El caso comenzó en una fecha simbólica: el 7 de julio de 2013. Ese día, de acuerdo a la reforma laboral, vencían los convenios de empresa no renovados desde un el mismo día del año anterior, justo cuando entró en vigor definitivamente la reforma laboral. Esa jornada sirvió de hito. En la nómina de julio, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, confirmada por el Supremo, los empleados de ATESE percibieron el sueldo de acuerdo a dos fórmulas de cálculo. Hasta el día siete de acuerdo a su convenio, desde el 8 de julio, según lo que marca el Estatuto de los Trabajadores, ya que esta era la base legal prevista en caso de que no hubiera un convenio sectorial si el que decaía eran convenio de empresa.

 

La decisión de la empresa provocó la demanda de la Unión Sindical Obrera, USO, a la que se adhirieron posteriormente el resto de sindicatos con representación en la empresa: UGT, CC OO, CSI-F.

 

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