Los sindicatos piden una renta básica garantizada por ley y subir el salario mínimo

La ayuda de 426 euros es la medida estrella del programa extraordinario de activación del empleo, que se firmó con la solemnidad de un pacto social en el Palacio de la Moncloa, y que permitirá a más de 450.000 desempleados de larga duración, sin prestaciones y con cargas familiares recibir a partir del 15 de enero de 2015 ese dinero durante seis meses consecutivos.

 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez; los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, suscribieron el acuerdo que se aprobará, en breve, en Consejo de Ministros y estará vigente hasta el 15 abril de 2016.

 

En su intervención, Rajoy optó por un tono optimista respecto al actual estado de la economía española y recalcó que no es lo mismo que se destruya empleo, tal y como ha sucedido desde el inicio de la crisis, a que el número de parados se haya reducido en más de 500.000 personas en un año o que la afiliación a la Seguridad Social haya crecido en 400.000 personas en doce meses.

 

Tras la firma del acuerdo, los líderes sindicales no dudaron en valorar sus excelencias y el poder de la negociación colectiva, aunque también aprovecharon la ocasión para dudar de que se haya salido de la crisis y pedir más medidas para seguir dando cobertura a las personas sin prestaciones. Y entre ellas solicitaron una subida del salario mínimo interprofesional y la creación de aún renta básica garantizada.

 

Fue el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quién aseguró, tras la firma del acuerdo, que la recuperación “no va a llamar a la puerta” de las personas incluidas en este acuerdo. “Se trata de un acuerdo imprescindible para una situación insostenible”, remarcó. Por ello insistió en que la ayuda de 426 euros debe ser solo el primer punto de un plan global de coberturas. “Que nadie piense que este acuerdo agota el diálogo social, ni mucho menos”, dijo. En su opinión, el Ejecutivo debería acometer otras medidas como el aumento del salario mínimo interprofesional (lleva cinco años congelado en 645,30 euros al mes), la mejora en el tratamiento de los empleados públicos, en especial en lo referente a la oferta de empleo público y retribuciones, y todo lo relacionado con la necesidad de estrategias de reindustrialización.

 

Por su parte, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, matizó que el acuerdo sobre la nueva ayuda a parados de larga duración “no tiene peros”, porque es un acuerdo “positivo” que además ha costado conseguir debido a que el Gobierno no quería incrementar el déficit. En declaraciones a RNE recordó que este acuerdo sólo es un aspecto parcial de la declaración que firmaron Gobierno y agentes sociales en julio. “Espero que ahora se siga adelante con el resto de proyectos ambiciosos contenidos en la misma, porque hay 5,5 millones de parados en España”. Y entre ellas destacó la necesidad de completar el mapa del estado de la protección social en España antes de que finalice este año y iniciar la negociación para fijar una renta básica garantizada.

 

Las reivindicaciones también llegaron desde el ámbito empresarial. “Desde la patronal se ve con agrado este programa de activación, con el que se ganarán casi 10 puntos de cobertura a los desempleados, pero no hay que olvidarse de que en el itinerario que deben cumplir los desempleados debe existir la formación”, apuntó el presidente de CEOE, Juan Rosell. Una crítica con carga de profundidad hacia el Ejecutivo, que a través de su legislación ha hecho que la patronal haya perdido el monopolio que tenía hasta hace poco meses en materia de formación en favor de la libre concurrencia de agentes sociales y centros privados.

 


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