Resumen de Prensa Semanal

Semana 5

27/01/2014 al 02/02/2014

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Empleo facilita las prejubilaciones
cincodias.com, 28/01/2014

Seguridad Social y empresas ahorrarán 6.625 millones si mutuas dan altas médicas

europapress.es, 26/01/2014

La CEOE está a favor de la decisión del Gobierno de incluir en el anteproyecto de ley de mutuas la ampliación de las facultades de gestión de estas entidades para que puedan dar altas médicas a los trabajadores en los procesos de incapacidad temporal derivados de enfermedades comunes porque, según sus cálculos, esta medida supondrá un ahorro de 1.625 millones de euros para la Seguridad Social y de 4.973 millones de euros para las empresas, en total 6.625 millones de euros.

 

Así lo hace constar la CEOE en el voto particular que ha presentado al dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre este anteproyecto de ley. En dicho dictamen, el CES rechazaba éstas y otras medidas contempladas en la norma, aunque las organizaciones empresariales habían anunciado que emitirían un voto particular para argumentar las razones por las que sí estaban a favor de darles a la mutuas esta facultad.

 

Según fuentes empresariales consultadas por Europa Press, la CEOE señala en su voto particular que la colaboración en la gestión de la Seguridad Social "debe avanzar hacia una mayor asunción de funciones por parte de las mutuas" en la corrección del absentismo laboral injustificado, posibilitando que éstas puedan dar altas médicas en las incapacidades temporales derivadas de enfermedades comunes.

 

Así, las organizaciones empresariales sostienen que si esto fuera así el ahorro para las empresas rondaría los 5.000 millones de euros, a los que habría que sumar los 1.625 millones de euros que podría ahorrarse la Seguridad Social.

 

Reducirá las listas de espera

La CEOE ofrece además otros argumentos para apoyar esta ampliación de las facultades de las mutuas. Así, cree que permitir a estas entidades dar altas médicas ayudaría a reducir las listas de espera en la Sanidad.

 

Defiende también la patronal que la legislación española contempla que las mutuas deben gestionar la prestación de baja por incapacidad temporal "con igual alcance" que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que sí tiene reconocida esta competencia, "por lo que no se entiende que las mutuas no la tengan", alega en su voto particular.

 

La CEOE subraya además que, de la experiencia que han acreditado en la gestión de los accidentes laborales y enfermedades profesionales, se demuestra que los médicos de las mutuas tienen "la capacidad técnica suficiente" para valorar "con el máximo acierto" la mayor parte de los procesos derivados de contingencias comunes y, en su caso, para ejercer la facultad de expedir el alta "a todos los efectos".

 

Por último, las organizaciones empresariales destacan también que las mutuas cuentan con los recursos sanitarios necesarios para realizar actuaciones dirigidas a valorar el estado del paciente en los procesos de contingencias comunes y, en su caso, de emitir el alta correspondiente.

 

Empleo facilita las prejubilaciones

cincodias.com, 28/01/2014

Las multinacionales que tengan pérdidas en España no tendrán que costear el desempleo de los mayores de 50 años que incluyan en un ERE, aunque registren beneficios a nivel mundial

 

La suavización de las trabas a la prejubilación en las grandes compañías es un cambio más que Empleo introdujo en el real decreto del 21 de diciembre último y que acompaña a la obligación de cotización del salario en especie (vales de comida o los seguros médicos).

 

A partir del 23 de diciembre pasado (fecha de entrada en vigor del citado real decreto) las empresas pertenecientes a grupos multinacionales que tengan pérdidas en España y beneficios en el exterior con más de 100 empleados en España e incluyan en sus expedientes de despido a mayores de 50 años, no estarán obligadas a abonar sus costes de cotización ni sus prestaciones por desempleo, como hasta ahora.

 

Hasta esa fecha, la ley incluía la citada penalización, siempre que “las empresas o el grupo de empresas del que formen parte hubieran tenido beneficios” en los dos ejercicios económicos anteriores al ERE; o en dos años consecutivos tomando como plazo el año anterior al despido colectivo y los cuatro siguientes.

 

La nueva modificación suaviza esta penalización a las multinacionales, al precisar que quedarán excluidas de costear el desempleo de sus mayores despedidos aquellas empresas que registren pérdidas en su actividad en España, aunque tengan beneficios como grupo corporativo a nivel mundial.

 

La norma ahora modificada obligaba a hacer las citadas aportaciones desde abril de 2011, y se popularizó entonces como la enmienda Telefónica, ya que se puso en marcha por primera vez por el Gobierno de Zapatero, después de que esa compañía anunciara un ERE del 20% de su plantilla cuando tenía fuertes beneficios en su cuenta agregada.

 

Esta norma ha experimentado varios cambios posteriores orientados a ampliar el número de empresas que asumieran este coste, para lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy redujo el tamaño de las compañías que serían penalizadas; además incorporó entre las obligadas a la compensación a aquellas que entraran en beneficios durante los cuatro años posteriores al ERE.

 

El FMI pide a España equiparar el coste del despido para temporales e indefinidos

europapress.es, 28/01/2014

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha avisado este martes de que el éxito de la reforma laboral en España dependerá de que los tribunales no hagan una "interpretación restrictiva" y ha recomendado al Gobierno de Mariano Rajoy que introduzca mejoras, en particular para armonizar la protección de contratos temporales (con un despido de 9 días por año trabajado) e indefinidos (hasta 45 días)  y acabar con la prórroga automática de los convenios.

 

El FMI ha avisado además de que la caída de los salarios que se ha producido desde el año 2010 no ha sido suficiente para compensar la excesiva subida de los años anteriores, lo que según el estudio ha contribuido al aumento del paro.

 

"La reforma introducida en 2012 promete una mejora significativa en el funcionamiento del mercado laboral al reducir el dualismo, la rigidez salarial y la falta de flexibilidad interna de las empresas", asegura el FMI en un estudio sobre cómo reactivar el crecimiento y el empleo en Europa.

 

"El éxito de la reforma depende de su aplicación: la eficacia de reformas pasadas se vio menoscabada, en parte, por una interpretación restrictiva por parte de los tribunales", avisa el estudio.

 

"La reforma podría también reforzarse armonizando la protección de los contratos indefinidos y temporales y eliminando la indexación y la prórroga automática de los convenios colectivos expirados (ultraactividad)", recomienda el Fondo. En la actualidad la prórroga de los convenios se limita a un año.

 

En cuanto a las diferencias de protección, el informe del FMI resalta que el coste del despido injustificado en España oscila para los contratos indefinidos entre 33 y 45 días por año trabajado (con un máximo de 42 meses), frente a una media de 21 días por año trabajado (con un máximo de 24 meses) en la UE-15. En contraste, los costes de despido para los contratos temporales se limita a 9 días.

 

"Esta amplia brecha es responsable del uso de una gran proporción de trabajadores temporales como un mecanismo de seguro contra shocks adversos", apunta el Fondo.

 

Por lo que se refiere a los salarios, el estudio subraya que la compensación laboral nominal en España aumentó 6 puntos porcentuales y 4 puntos en 2008 y 2009, frente a la moderación salarial en el resto de la UE. "Los salarios se han moderado desde 2010 por los acuerdos entre los agentes sociales, pero la caída en la compensación laboral real desde 2010 no ha sido suficiente para contrarrestar el diferencial acumulado creado entre 2008-2009", dice el FMI.

 

En ausencia de progresos suficientemente rápidos para mejorar la reforma laboral, el informe apuesta por preparar "planes de contingencia, por ejemplo, avanzando hacia un sistema optativo para la negociación colectiva".

 

A juicio del FMI, la elevada tasa de paro en España -que según recuerda no sólo está entre las más altas de la OCDE sino también entre las más contracíclicas y volátiles- no se explica únicamente por el estallido de la burbuja inmobiliaria sino que "se debe en gran parte a la rigidez salarial, la insuficiente flexibilidad de las condiciones laborales y el alto dualismo del mercado laboral".

 

Moncloa dice "no" a Bruselas: ni se abarata el despido ni se va a subir el IVA

eleconomista.es, 29/01/2014

Ni segunda reforma laboral, ni abaratamiento del despido, ni subidas del IVA. Esa es la respuesta clara y contundente del Gobierno español a las nuevas demandas del Eurogrupo que, en su reunión del pasado lunes y tras alabar los resultados positivos del programa de asistencia financiera para la banca española, pedía a España mantener la presión con las reformas, especialmente en el mercado laboral.

 

Una recomendación ésta de los ministros de Economía y Finanzas de la UE a la que el Ejecutivo de Rajoy "no va a hacer oídos sordos, pero que no va a alterar la hoja de ruta que nos habíamos marcado en el Plan Nacional de Reformas", aseguraban ayer fuentes próximas al Gabinete, para apostillar que "no se va a tocar el despido".

 

Una afirmación que corroboraban también responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde se resaltaba el cambio dado en las demandas de Bruselas para hablar ahora de "segunda fase de la reforma laboral" donde se pedía antes "una segunda reforma del mercado laboral".

 

Segunda fase de la reforma aprobada en 2012 que se va a centrar fundamentalmente en el impulso a las políticas activas de empleo y de recolocación de los desempleados y la reforma de la formación.

 

Políticas activas de empleo

En el caso de las políticas activas, las reformas que prepara el Gobierno se engloban dentro de la denominada Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016 que, como afirmaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la semana pasada en el Congreso "será un instrumento de modernización que vertebre todas las estrategias individuales de los servicios públicos de empleo bajo un paraguas de objetivos y principios comunes". El objetivo es tener aprobada esta estrategia antes de finalizar el primer trimestre.

 

En el marco de esta nueva estrategia de activación se aprobará también el Plan de Acción para el Empleo, cuyos objetivos estratégicos son facilitar la empleabilidad de los jóvenes y poner en marcha la Garantía Juvenil de la UE en España, además de favorecer la empleabilidad de otros colectivos vulnerables, como los mayores de 55 años, parados de larga duración y beneficiarios del Programa de Recualificación Profesional (Prepara).

 

Por lo que respecta a la Formación, el Ministerio de Empleo está negociando ya con los interlocutores sociales un nuevo modelo de formación para el empleo, que se pretende firmar en el V Acuerdo del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, con unos principios básicos esenciales: garantía de calidad de la formación; respuesta adecuada a las necesidades del tejido productivo de cada lugar; eficiencia y transparencia en la gestión de los fondos; competencia con los centros privados; y evaluación del destino y resultados de los recursos públicos puestos a disposición de la formación.

Y del despido: "Nada"

Y del despido. Nada. "Ni es una necesidad en el actual panorama de la economía ni es un tema que esté actualmente en discusión", afirman desde el Ministerio de Empleo. Recordemos que ayer mismo el FMI pedía a España acabar con la dualidad laboral y que bajen más los salarios.

 

Sí podría haber alguna iniciativa para suprimir la ultraactividad de los convenios, pero en el Departamento que dirige Fátima Báñez se considera que este es un tema que entra más dentro de la negociación colectiva y cuya modificación corresponde fundamentalmente a los agentes sociales.

 

¿No se subirá el IVA?

La otra gran negativa del Gobierno a Bruselas viene de la mano de Cristóbal Montoro, quien ha vuelto a reiterar que el Gobierno no va subir el tipo general del IVA, del 21%, y que el aumento de recaudación previsto vendrá por la recuperación del consumo. En este punto, en círculos de Hacienda sí se da por seguro que se elevarán al tipo general algunos productos sanitarios y los servicios realizados por los notarios que ahora se benefician de los tipos reducidos.

 

Lo que sí parecen tener claro los responsables de Hacienda es que "no se va a subir el IVA del turismo", a pesar de las presiones de Bruselas, que insisten en elevar la fiscalidad de nuestra primera industria del reducido 10% al tipo general del 21%.

 

Ayer las organizaciones de productores y las industrias de alimentación y bebidas, distribución, comercio y restauración rechazaron nuevas subidas de impuestos, porque "frenarían la recuperación" y animaron al Gobierno a aprovechar la "grandísima oportunidad" de emprender una reforma fiscal "capaz de estimular la actividad empresarial y el consumo", en vez de "poner en peligro" la "incipiente" recuperación económica.

 

Entra en vigor la nueva norma sobre ayudas previas a la jubilación

europapress.es, 30/01/2014

El Real Decreto que establece las normas especiales para la concesión de ayudas previas a la jubilación de trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas entra en vigor este jueves tras su publicación el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

 

Estas ayudas están destinadas a facilitar una cobertura económica a trabajadores cercanos a la edad de jubilación para atender situaciones de urgencia y necesidad sociolaboral, cobertura que permita paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos de restructuración de empresas que pudieran conllevar el cese total o parcial de la actividad, o que contribuyan al mantenimiento del empleo.

 

La regulación de estas ayudas se recogía hasta la fecha en una Orden ministerial de 1994, previa a la Ley de Subvenciones de 2003, que regula este tipo de prestaciones.

 

Por ello, el Departamento de Fátima Báñez defiende que era preciso adaptar la normativa y reducir así la discrecionalidad que tenía actualmente la Administración para decidir o no su concesión.

 

Fuentes del Ministerio de Empleo han señalado a Europa Press que los requisitos que recoge el nuevo Real Decreto a cumplir por los trabajadores para acceder a estas ayudas "ya se están aplicando", por lo que se trata de un adecuación normativa.

 

El Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 10 de enero, delimita esos requisitos, empezando por la necesidad de tener cubierto el periodo de cotización exigido para causar derecho a la pensión de jubilación de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, al alcanzar la edad legal para el acceso a la misma.

 

Asimismo, los trabajadores deberán acreditar una antigüedad mínima en la empresa o grupo de empresas de, al menos, dos años en el momento de la solicitud de la ayuda. En el caso de los trabajadores con contrato a tiempo parcial o fijos discontinuos, la antigüedad se computará de fecha a fecha desde la del ingreso en la empresa hasta la del despido.

 

Para los trabajadores afectados por despido colectivo, no podrán transcurrir más de cuatro años entre la fecha de comunicación del acuerdo alcanzado en el periodo de consultas a la autoridad laboral competente y la fecha de acceso de los trabajadores a la ayudas.

 

Por otro lado, los trabajadores deben estar inscritos como demandantes de empleo en el momento de concesión de la ayuda y haber agotado la prestación contributiva por desempleo.

 

Según se explica en la norma, la financiación de estas ayudas previas a la jubilación ordinaria correspondará en un 60% a las empresas solicitantes, mientras que el 40% irá con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o de la comunidad autónoma en caso de haber recibido el traspaso en esta materia.

 

No obstante, la participación de la empresa en la financiación de estas ayudas podrá superar dicho porcentaje si existe previa conformidad de la misma.

 

En los casos en los que la concesión de ayudas previas a la jubilación derive de solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto, no se exigirán determinados requisitos, como la antigüedad mínima de dos años en la empresa. Eso sí, los trabajadores deberán tener al menos 60 años de edad en el momento de acceder a las ayudas y su duración máxima será de cinco años.

7,8 millones de euros en 2013

El Gobierno distribuyó en 2013, para su gestión por varias comunidades autónomas, 7,8 millones de euros para ayudas previas a la jubilación ordinaria en la Seguridad Social correspondientes a dicho ejercicio.

 

Las ayudas fueron distribuidas según los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo del 11 de abril de ese año atendiendo las necesidades comunicadas por varias regiones al Ministerio de Empleo.

 

En concreto, Madrid recibió 3,6 millones de euros, seguida de Asturias (2,018 millones de euros), Galicia (1,3 millones de euros), Cataluña (320.000 euros), Canarias (270.000 euros) y Comunidad Valenciana (260.000 euros).

 

La Seguridad Social ingresará 8,64 millones más por los cambios en los autónomos

cincodias.com, 30/01/2014

El Gobierno prevé que la Seguridad Social ingrese este año unos 8,64 millones de euros adicionales por el aumento de la base de cotización de los trabajadores autónomos con diez o más empleados a su cargo, modificación incluida en el decreto ley de Reformas en materia de infraestructuras y transportes y otras medidas económicas, que fue aprobado en el Consejo de Ministros del 24 de enero y que aún debe ser convalidado por el Congreso.

 

Así consta en la memoria normativa del decreto, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que el Ejecutivo asegura haber hecho el cálculo “siguiendo criterios de máxima prudencia” tras reducir de 50 a diez los trabajadores necesarios para que el autónomo empleador tenga como base de cotización mínima la del grupo 1 del Régimen General.

 

Para ello, el decreto modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014, de modo que la cotización de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social que tengan contratados a diez o más trabajadores por cuenta ajena se “acerque” a partir del mes de febrero a lo que cotizan esos empleados.

 

Además, este cambio de los Presupuestos del actual ejercicio conllevan una reducción de 1% en el tipo de cotización previsto inicialmente para la contingencia de desempleo en los contratos de duración determinada a tiempo parcial.

 

Impuesto Sociedades

Por otra parte, el decreto ley también recoge un cambio en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para prorrogar a 2014 la medida que ya se ha aplicado en los dos últimos ejercicios, de modo que el porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable en Sociedades sea el mismo que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

 

De este modo, los contribuyentes que tributan por Sociedades no estarán sujetos a un porcentaje de retención o ingreso a cuenta del 19% sino del 21%, para “evitar que las entidades afectadas por retenciones se vean obligadas a cambiar sus sistemas informáticos para establecer una distinción entre personas físicas y jurídicas”, explica el Gobierno.

 

“Esta medida no debería ocasionar, en principio, incidencia alguna de carácter económico, presupuestario y recaudatorio a medio plazo, ya que se trata de un aumento de los pagos a cuenta que, posteriormente, se recuperarán en el momento de la liquidación anual y sin que se modifiquen los tipos del gravamen de Sociedades”, precisa la memoria, en la que se reconoce que la equiparación debía haberse incluido directamente en los Presupuestos.

 

Así, el cambio supone un incremento de la recaudación de 193 millones de euros --166 millones en 2014 y 27 millones más en 2015--, que luego se compensarán cuando se haga la liquidación del Impuesto de Sociedades al año siguiente de la tributación.

 

Las cuotas por pagos en especie podrán ingresarse hasta el 31 de mayo

europapress.es, 31/01/2014

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes una resolución por la que se amplía dos meses, desde el 31 de marzo al 31 de mayo, el plazo para la liquidación y el ingreso por parte de las empresas de las cotizaciones correspondientes a las retribuciones en especie (vales de comida, pluses de transporte, seguros médicos, planes de pensiones, etc.)

 

La integración de las remuneraciones en especie en la base de cotización entró en vigor el pasado 22 de diciembre, afectando a la liquidación de cuotas del Régimen General devengadas a partir de ese mismo mes.

 

Para facilitar la liquidación e ingreso de las cotizaciones correspondientes a las primeras mensualidades afectadas por esta modificación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social decidió ampliar hasta el 31 de mayo el plazo inicialmente dado a las empresas, que concluía el 31 de marzo.

 

En la resolución publicada en el BOE, se precisa que las cotizaciones de los pagos en especie correspondientes al periodo diciembre de 2013-marzo de 2014 podrán liquidarse e ingresarse "sin aplicación de recargo o interés alguno" hasta el próximo 31 de mayo.

 

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