Empleo facilita las prejubilaciones

Las multinacionales que tengan pérdidas en España no tendrán que costear el desempleo de los mayores de 50 años que incluyan en un ERE, aunque registren beneficios a nivel mundial

 

La suavización de las trabas a la prejubilación en las grandes compañías es un cambio más que Empleo introdujo en el real decreto del 21 de diciembre último y que acompaña a la obligación de cotización del salario en especie (vales de comida o los seguros médicos).

 

A partir del 23 de diciembre pasado (fecha de entrada en vigor del citado real decreto) las empresas pertenecientes a grupos multinacionales que tengan pérdidas en España y beneficios en el exterior con más de 100 empleados en España e incluyan en sus expedientes de despido a mayores de 50 años, no estarán obligadas a abonar sus costes de cotización ni sus prestaciones por desempleo, como hasta ahora.

 

Hasta esa fecha, la ley incluía la citada penalización, siempre que “las empresas o el grupo de empresas del que formen parte hubieran tenido beneficios” en los dos ejercicios económicos anteriores al ERE; o en dos años consecutivos tomando como plazo el año anterior al despido colectivo y los cuatro siguientes.

 

La nueva modificación suaviza esta penalización a las multinacionales, al precisar que quedarán excluidas de costear el desempleo de sus mayores despedidos aquellas empresas que registren pérdidas en su actividad en España, aunque tengan beneficios como grupo corporativo a nivel mundial.

 

La norma ahora modificada obligaba a hacer las citadas aportaciones desde abril de 2011, y se popularizó entonces como la enmienda Telefónica, ya que se puso en marcha por primera vez por el Gobierno de Zapatero, después de que esa compañía anunciara un ERE del 20% de su plantilla cuando tenía fuertes beneficios en su cuenta agregada.

 

Esta norma ha experimentado varios cambios posteriores orientados a ampliar el número de empresas que asumieran este coste, para lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy redujo el tamaño de las compañías que serían penalizadas; además incorporó entre las obligadas a la compensación a aquellas que entraran en beneficios durante los cuatro años posteriores al ERE.

 


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