Resumen de Prensa Semanal

Semana 7

11/02/2013 al 17/02/2013

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El Gobierno aprobará la reforma de las prejubilaciones por decreto antes de que acabe febrero

lavanguardia.com, 11/02/2013

Fracasa el objetivo de consensuar los cambios en el Pacto de Toledo | Empleo propone tramitar los cambios como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir sus propuestas

 

El Gobierno ha fracasado en su objetivo de consensuar la reforma de las prejubilaciones en el Pacto de Toledo. Los grupos no suscriben el paquete de medidas para endurecer las prejubilaciones. Por esta razón el Ministerio de Empleo aprobará los cambios por decreto antes de que finalice el mes de febrero, según fuentes gubernamentales.

 

El Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre un real decreto para poner en marcha la reforma de la Seguridad Social pactada en 2011 por el gobierno socialista con los agentes sociales. Sin embargo, dejó pendiente tres medidas que considera claves para eludir la presión de Bruselas para endurecer la reforma y retrasar la edad real de jubilación que se sitúa en 63,9 años: endurecer las prejubilaciones, eliminar la jubilación parcial y permitir a los jubilados que trabajen.

 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, estaba convencida de que podría implementar estos cambios de forma consensuada y por esta razón el consejo de ministros le dio un margen de tres meses. Ante la imposibilidad de que la oposición suscriba su paquete de reformas aprobará los cambios por decreto antes de lo previsto para acabar con la inseguridad jurídica que se ha generado en las empresas industriales y frenar la sangría de desempleo. En 2012 las jubilaciones anticipadas aumentaron un 14% y las parciales un 13%. La situación es tan grave que uno de cada dos ciudadanos se jubilan de forma anticipada. Esta es la razón por la que la Comisión Europea en su último examen ha exigido al Gobierno que acelere las medidas para reformar la Seguridad Social.

 

Pese a todo, Empleo defiende que el decreto sea tramitado como proyecto de ley. Esto permitiría que CiU y PSOE, que están de acuerdo en las medidas para compatibilizar la pensión y el trabajo se sumaran al consenso.

Los cambios que se aprobarán van dirigidos a impedir que nadie pueda empezar a cobrar una prestación de la Seguridad Social por jubilación antes de cumplir los 65 años. Según el secretario de Estado Tomás Burgos sólo con que el 25% de los pensionistas siguieran trabajando y cobraran sólo el 60% de la prestación que les correspondiera, el ahorro para el sistema podría llegar a casi 500 millones anuales en unos años.

 

Endurecer las prejubilaciones

El cambio más importante va dirigido a poner límites a las dos modalidades de jubilación anticipada. Es decir, a prohibir que se adopten antes de los 63 años. Sólo se autorizarían a los 61 años para los trabajadores de empleos "penosos, peligrosos, tóxicos" y los discapacitados. Cuando un trabajador se prejubila se le aplica un coeficiente reductor sobre la prestación que le correspondería. El cambio que se propone es que este coeficiente se calcule sobre la edad legal de jubilación y sobre la base reguladora -con el fin de no beneficiar a las pensiones más altas-. Además, debe ser proporcional al número de años de anticipo de la edad de jubilación y sólo será aplicable a partir de un número de años cotizados.

 

También se modificará la jubilación parcial con el fin de eliminar en la práctica el contrato de relevo. Se trata de aumentar la jornada laboral obligatoria al 50% (en lugar del actual 27%) y exigir un periodo mínimo de cotización de 33 años. La empresa tendrá que pagar la totalidad de las cotizaciones del trabajador jubilado y del joven relevista. Además, se introducirán coeficientes reductores, se dará un tratamiento específico o más flexible en casos de contrato indefinido a jornada completa.

 

Este cambio ha causado una honda preocupación en los sectores industriales, dado que la mayoría de empresas del automóvil, siderurgia, bienes de equipo, afrontan el rejuvenecimiento de sus plantillas con contratos de relevo. El aplazamiento de los cambios había generado una fuerte inseguridad jurídica sobre los acuerdos pactados desde el verano. Tanto los sindicatos como la patronal están preocupados porque se elimina una vía de ajuste no traumático para personas que llevan toda su vida trabajando y se cierra una vía de acceso para jóvenes poco formados.

 

Jubilados trabajando

El tercer cambio que introducirá el decreto va dirigido a dar la vuelta a la situación actual en que por cada persona que prolonga su vida laboral, hay siete que se jubilan anticipadamente. A pesar del acuerdo suscrito por España en el ámbito comunitario en 2009 para fomentar el trabajo de los mayores para hacer frente al envejecimiento de la población, en la actualidad sólo hay 3.500 personas en España que renuncian al cobro de su pensión para seguir trabajando.

 

El decreto permitirá a los trabajadores por cuenta propia y ajena, una vez cumplida la edad legal ordinaria de jubilación y contando con el 100% del periodo de cotización necesario para acceder a la pensión seguir trabajando en el sector privado sin que se modifiquen los derechos adquiridos como pensionista. Estarán obligados a cotizar por incapacidad temporal, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Además, tendrán que pagar a la Seguridad Social una "cotización de solidaridad", aún por determinar, para mejorar los ingresos del sistema público. Los jubilados recibirían un porcentaje de la prestación que les corresponda, que podría ser objeto o no de revalorización, y al finalizar el trabajo que estén haciendo recuperarían el 100% de la pensión que les correspondiera. Un dato importante es que a pesar de lo que aporten al sistema no mejorarán la pensión que les fue concedida. Tanto el PSOE como CiU están de acuerdo con este último cambio legislativo y podrían apoyarlo durante el trámite parlamentario.

 

Difícil equilibrio

Los cambios legislativos provocan siempre efectos colaterales. La decisión del Ministerio de Hacienda de eliminar la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios fue adoptada para recortar el gasto de las administraciones. Los cálculos de Hacienda eran que produciría un importante ahorro porque supondría un recorte en torno al 7% en el capítulo de gastos de personal.

 

Con lo que no contó el Gobierno es que los funcionarios a la vista de que no cobrarían la paga extra decidieron marcharse y las jubilaciones en la administración se han disparado un 150%, aumentando los gastos de Muface, que son los más elevados del capítulo I de los presupuestos.

 

Luz verde a los ERE públicos por causas productivas

eleconomista.es, 12/02/2013

La reforma laboral cuenta con una pequeña tara que está siendo objeto de interpretación por parte de los jueces: la posibilidad de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) basado en causas productivas cuando éste se lleve a cabo en el ámbito de las Administraciones Públicas o en entes, organismos o entidades de este ámbito.

 

El origen del problema se encuentra en la disposición adicional segunda de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que regula la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público. Aunque el texto recoge en su enunciado expresamente la expresión "o de producción", no contiene un desarrollo sobre su aplicación que sí existe para las otras causas.

 

Ese silencio del legislador ha dado lugar a una primera interpretación judicial. Así, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 19 de diciembre de 2012 y de la que es ponente el magistrado Sánchez Burriel, resuelve cubriendo esa omisión y fijando que "aun cuando no se incorpora al texto de la disposición adicional segunda la definición de las causas productivas, lo que podría llevar a la conclusión de que resultan inaplicables en el sector público, ello debe tratarse de un olvido del legislador, dado que la rotulación de dicha disposición adicional la incorpora expresamente (...)".

 

Por tanto, se aplicará en estos casos bien lo dicho en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores cuando se trate de entes, organismos o entidades públicas, bien lo recogido expresamente para los ERE de Administraciones Públicas en el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

 

El fallo aclara, sin embargo, que esta posición es defendida por "un sector de la doctrina", por lo que no se trata de un criterio uniforme.

Además, la sentencia asegura que queda fuera de toda duda que "en atención a la actual coyuntura económica, con el fin de corregir las estructuras de las administraciones públicas y sus empresas -sobredimensionadas en términos de plantilla- éstas están ahora legitimadas de manera diáfana para recurrir a la extinción de contratos de trabajo del personal laboral a su servicio".

 

En este caso, se trata de un ERE iniciado por un ente público de la Generalitat de Cataluña adscrito al Departamento de Territorio y Sostenibilidad y sujeto al régimen del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de la Empresa Pública Catalana. El ERE, que afectó a 170 trabajadores se basó en causas "reorganizativas", a lo que se opusieron los empleados afectados.

 

El Gobierno quiere que cada hora trabajada cuente para calcular la pensión

abc.es, 12/02/2013

El Gobierno negocia con los agentes sociales un acuerdo que permita esquivar las desastrosas consecuencias que tendría para la Seguridad Social aplicar la sentencia que el pasado mes de noviembre dictó el Tribunal de la UE, según la cual los trabajadores a tiempo parcial y completo deben tener los mismos derechos a la hora de acceder a una pensión pública. Sobre la mesa de negociación está la propuesta del Ministerio de Empleo para que cada hora trabajada cuente a efectos de cálculo de la prestación, lo que aseguraría una adecuada relación entre las cotizaciones pagadas y la cuantía de las pensiones que se reconocen, según las fuentes consultadas por ABC.

 

El fallo del Tribunal, que es firme, venía a decir que la legislación española perjudicaba a las mujeres por penalizar el empleo a tiempo parcial. La justicia europea se agarraba a un argumento de género para probar la discriminación de la legislación española teniendo en cuenta que las mujeres ocupan la mayor parte de los puestos a tiempo parcial y que las trabas que les impone la ley para conseguir una pensión suponen una discriminación por razón de sexo.

 

El Tribunal de Luxemburgo abrió la puerta a que los empleados a tiempo parcial (casi 2,6 millones en España) exijan en los juzgados una mejora en sus condiciones de acceso a la pensión, a computar cada hora trabajada, aunque sea una, como día cotizado, lo que, en la práctica, implicaría el acceso a una pensión de jubilación a mayor número de trabajadores con un menor esfuerzo de cotización, lo que afectaría de lleno a uno de los principios básicos de la Seguridad Social, el de equidad.

 

Incremento del número de pensiones

La sentencia da pie igualmente a un destacado incremento del número de pensiones, una situación que, además de poner patas arriba el sistema público de pensiones, supondría un duro varapalo para su situación económica, afectada de lleno por el impacto de la crisis y el aumento del desempleo. Y es que el fallo europeo obligaría a equiparar esas pensiones a la mínima del sistema, utilizar los denominados «complementos a mínimos» (cantidades que abona el Estado a los beneficiarios de una pensión que no alcance el umbral mínimo), independientemente de que la pensión fuera por cotizaciones a tiempo completo o parcial.

 

Unas cantidades, además, que tendrían un elevado importe, teniendo en cuenta que las pensiones que habría que complementar serían de cuantía baja debido al menor esfuerzo contributivo que han realizado los trabajadores a tiempo parcial respecto al que han hecho los que han trabajado la jornada completa.

 

A ello se uniría el problema de que el cómputo de un día completo de cotización, con independencia del número de horas realizadas durante cada jornada, podría perjudicar también a los trabajadores a tiempo parcial, que concentran su prestación de servicios en días completos respecto a los que trabajando durante el mismo número de horas a la semana, al mes, o al año distribuyen su jornada entre un mayor número de días con menos horas de trabajo.

 

Estos últimos acabarían acreditando un mayor periodo de cotización que quienes trabajan por días, pese a realizar un esfuerzo contributivo similar, lo que les permitiría reunir más fácilmente los periodos de carencia mínimos exigidos para acceder a la pensión. «No solo quedaría afectado el principio de equidad, además se produciría una diferencia de trato», aseguran las mismas fuentes.

 

Lo que dice la ley

La Ley introduce dos mecanismos para facilitar el camino a los trabajadores parciales. El primero consiste en fijar un día teórico de cotización equivalente a cinco horas de trabajo, lo que supone un cálculo más ventajoso que si se tomaran estrictamente las horas de ocupación. Además, cada día cotizado se multiplica por un coeficiente de 1,5, de forma que aumenta también el periodo de contribución teórica a la Seguridad Social. Pero para el tribunal, «no consta que esas dos medidas tengan el menor efecto positivo en la situación de los trabajadores a tiempo parcial».

 

 

La Seguridad Social podrá embargar telemáticamente más de 4.000 euros

cincodias.com, 12/02/2013

La Seguridad Social va a eliminar a partir del 1 de marzo el tope de 4.000 euros embargables de forma telemática en cuentas de entidades financieras, según aparece hoy publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta forma, a partir de esa fecha la Tesorería de este organismo podrá embargar telematicamente a sus deudores cantidades superiores a 4.000 euros.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha dictado una resolución para que, a partir del próximo 1 de marzo, quede eliminado el tope máximo de la cuantía que puede embargar, por medios telemáticos, en las cuentas abiertas en entidades financieras. Actualmente, la Seguridad Social sólo puede embargar a sus deudores, por medios telemáticos, hasta 4.000 euros (incluidos recargos, intereses y costas) procedentes de cuentas a la vista abiertas en entidades financieras.

 

Sin embargo, "la necesidad de adaptar los procedimientos de gestión de embargo a las crecientes exigencias económicas y sociales" han llevado a la Tesorería a eliminar dicho tope máximo, de tal manera que a partir del 1 de marzo podrá embargar por medios telemáticos cantidades superiores a 4.000 euros.

 

En la resolución, que modifica una anterior de julio de 2001, la Tesorería explica que ha tomado la decisión de suprimir este límite para ganar "eficacia" en la gestión recaudatoria ejecutiva al evitar la presentación de diligencias de embargo en soporte papel ante las oficinas de las entidades financieras.

 

Asimismo, la resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y firmada por el director general de la Tesorería, Francisco Gómez Ferreiro, introduce cambios en los plazos de transmisión de ficheros para conseguir una mayor agilidad en la obtención de la información.

 

Así, se reduce de un mes a 20 días naturales el plazo para que la Tesorería pueda transmitir los ficheros de solicitud de información a las entidades financieras, y se acorta de cuatro a dos días hábiles el plazo en el que las entidades financieras deben transmitir a la Gerencia Informática de la Seguridad Social los ficheros con el resultado de las actuaciones practicadas en cumplimiento de las diligencias de embargo.

 

Por último, la resolución acomoda el plazo de transmisión de los ficheros en los que se comunica el resultado final de las retenciones al final del plazo de retención, de manera que dichos ficheros se transmitan hasta los dos días siguientes al de la finalización del periodo de retención de 10 días naturales.

 

En julio de 2001, la Seguridad Social dictó instrucciones para efectuar por medios telemáticos embargos de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito alegando que la presentación de diligencias en soporte papel en cada una de las entidades exigía un considerable esfuerzo de gestión tanto para la Tesorería como para las propias entidades, que además de estar obligadas a suministrar información a la Seguridad Social, deben proceder a forma inmediata a la retención del importe embargado.

 

El procedimiento de embargo en cuentas a la vista se inicia cuando la Tesorería procede a seleccionar los deudores en situación de apremio, pidiendo información a las entidades financieras colaboradoras sobre las cuentas que tienen abiertas en sus oficinas.

 

Cumplimentada la información en los plazos establecidos, la Seguridad Social transmite a las entidades financieras las correspondientes diligencias de embargo, precisando el importe que debe ser embargado y cada diligencia se referirá a un máximo de tres cuentas a la vista de entre las abiertas en la misma sucursal. Las entidades financieras, en los plazos fijados, proceden entonces a retener las cantidades señaladas hasta cubrir el importe a embargar.

 

 

Las medidas para luchar contra el paro juvenil llegarán antes de final de marzo

eleconomista.es, 13/02/2013

Se premiará la conversión de un contrato temporal en indefinido

Bonificaciones de 500 euros para hombres y de 700 para mujeres

 

Cien medidas para reducir el desempleo juvenil, fomentar el espíritu emprendedor y mejorar la empleabilidad. Ese es el contenido de la Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Joven, que ha elaborado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el período 2013-2016, y que anunciará el presidente Mariano Rajoy durante el debate del Estado de la Nación de la próxima semana.

 

La Estrategia, que el Ejecutivo quiere aprobar en las próximas semanas, y como muy tarde antes de final de marzo, incluye entre ese centenar de actuaciones, 15 medidas de "choque o alto impacto", con efectos previsibles en el corto plazo, y entre las que se incluyen estímulos a la contratación, el emprendimiento y la intermediación.

 

Entre estas medidas prioritarias que recoge el proyecto gubernamental, destaca la creación del llamado Contrato Primer Empleo Joven. Una modalidad del actual contrato eventual y que incentivará su transformación en contrato indefinido con 500 euros anuales durante un máximo de 300 en el caso de los hombres y de 700 euros anuales si se suscribe con mujeres.

 

El resto de medidas de choque, que adelantó elEconomista el pasado 29 de enero, incluyen la llamada "tarifa plana para jóvenes autónomos, que consiste en el establecimiento de una cotización social única de 50 euros para el inicio de una actividad por cuenta propia durante los primeros seis meses.

 

En este punto se mantiene también la previsión de que los hombre de hasta 30 años y las mujeres de hasta 35 que inicien una actividad como autónomos se beneficien de una reducción y bonificación en sus cotizaciones de un 30 por ciento durante los siguientes 24 meses. Especialmente relevante es el capítulo destinado a "Emprender con Crédito", y que incluye dos actuaciones esenciales. Por un lado, la compatibilidad durante un periodo de seis meses de la percepción de la prestación por desempleo con el desempeño de una actividad por cuenta propia.

 

Paro más flexible

Además, se permitirá a los beneficiarios del subsidio de desempleo que puedan capitalizar el cien por cien de la prestación para realizar una aportación al capital social de una sociedad mercantil. El texto aprobado por Empleo limita esta aportación a sociedades con un máximo de 50 trabajadores y siempre que se establezca una vinculación laboral de carácter indefinido.

 

La Estrategia incentivará también la contratación a tiempo parcial de menores de 30 años sin experiencia laboral previa que procedan de sectores donde no haya demanda de empleo, o que lleven destemplados más de doce meses, siempre que compatibilicen el empleo con una formación acreditable o procedente de una convocatoria de los servicios públicos de empleo. En este caso se reducirá el 75 por ciento de la cuota de la empresa a la Seguridad Social para empresas de más de 250 trabajadores y del cien por ciento para el resto.

 

También se reducirá el cien por cien de la cotización a la Seguridad Social durante el primer año de contrato para los jóvenes autónomos que contraten a un desempleado de larga duración mayor de 45 años, "que pueda ofrecer a su actividad la experiencia necesaria para procurar el éxito empresarial".

 

Aunque el proyecto no detalla la dotación presupuestaria de las medidas, si específica que contará con financiación de la UE a través del Fondo Social Europeo (FSE).

El Congreso convalida la prórroga del Prepara con los votos de PP, CiU, PNV y UPyD

eleconomista.es, 14/02/2013

A partir de ahora se renovará de forma automática cada seis meses

Así se hará mientras la tasa de desempleo supere el 20%

 

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que prorroga el Plan Prepara -la ayuda de 400 euros para parados de larga duración que hayan agotado sus prestaciones-, que a partir de ahora se renovará de forma automática cada seis meses mientras el paro siga superando el 20%. Ha salido adelante con los votos a favor de PP, CiU, PNV y UPyD, y el rechazo de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Amaiur, BNG y Geroa Bai.

 

A pesar de que todas estas formaciones se habían ofrecido a cambiar su voto en contra por la abstención si se aceptaba tramitar el decreto como proyecto de ley -petición que han compartido todas las formaciones durante el debate-, finalmente la mayoría absoluta de los 'populares' ha impedido ese trámite.

 

Según consta en el texto, que ha defendido la ministra de Empleo, Fátima Báñez, esta ayuda se prorroga hasta el 15 de agosto en las mismas condiciones que se fijaron el pasado verano, y además se establece que la financiación del coste de este programa vaya con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

 

Tanto los socialistas como IU-ICV y el resto de izquierda minoritaria han mantenido su 'no', frente al apoyo a la convalidación que han otorgado los nacionalistas catalanes y vascos y UPyD, que considera muy necesario prorrogar estas ayudas a los parados de larga duración que han agotado sus prestaciones, aunque fueran susceptibles de mejora. CC-NC y ERC sí han optado por la abstención.

 

Cambios en las peonadas

El decreto incluye asimismo cambios en el acceso al subsidio por desempleo o la renta agraria para los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, que se han visto afectados por el descenso de producción del olivar a consecuencia de la sequía. El Gobierno ha decidido por ello reducir de 35 a 20 las jornadas mínimas cotizadas que son necesarias para poder acceder a este subsidio.

 

Asimismo, se prevé que se puedan beneficiar de esta medida los trabajadores que hubieran presentado la solicitud del subsidio o de la renta agraria a partir del 1 de septiembre, aunque para ello deberán presentar un nuevo escrito.

 

Finalmente, el texto incorpora cambios en la reposición de la duración del derecho a la prestación contributiva por desempleo, al ampliarse en un año el plazo para los trabajadores afectados por expedientes de suspensión de contratos (hasta el 31 de diciembre de 2013) y de reducción de jornada (hasta el 31 de diciembre de 2014).

 

También se amplía hasta fin de año el plazo para efectuar contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación, una modalidad de contratación que fue introducida con la reforma laboral y que debía expirar el 12 de febrero.

 

 

El teléfono de atención al cliente de la Seguridad Social pasa a ser de pago

elmundo.es, 14/02/2013

La Seguridad Social ha cambiado su teléfono de atención al cliente, que era el 900166565, y tenía carácter gratuito, al 901166565, de pago compartido, según confirmaron fuentes del Departamento dirigido por Fátima Báñez.

 

De esta forma, la Seguridad Social se suma a otros organismos que ya cuentan con teléfonos de atención de coste compartido, como la Agencia Tributaria, el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) o la Tesorería General de la Seguridad Social.

 

El sistema de coste compartido se reparte entre la persona que llama y la que atiende la llamada, con un máximo para el usuario de 0,04 euros por minuto.

 

El teléfono de atención al cliente de la Seguridad Social sirve para dar información general de cualquier tipo de solicitud o documentación, así como sobre los trámites para acceder a una determinada prestación.

 

Asimismo, puede facilitar información sobre la tramitación de las solicitudes de prestaciones o tramitar la solicitud de la tarjeta sanitaria europea, entre otras cosas.

 

 

 

El Gobierno destinará 3.500 millones al plan de empleo juvenil

cincodias.com, 14/02/2013

Gobierno, sindicatos y patronal cerraron ayer el acuerdo marco que establecerá la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Una iniciativa para combatir el desempleo entre los jóvenes que contará con una dotación de 3.500 millones de euros.

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 es un documento que se ha elaborado en línea con las recomendaciones que sobre esta materia ha formulado la Unión Europea, entre las que se encuentra la reciente "Garantía Juvenil", y que es el fruto de un proceso de diálogo y participación del que han formado parte representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de la CEOE y CEPYME y de los sindicatos UGT y CCOO.

 

El resultado ha sido la propuesta de un total de 100 medidas que, en función de su desarrollo e impacto en el tiempo, se distribuyen en dos grupos. Por un lado, se contemplan 15 medidas de choque cuyos resultados se esperan a corto plazo y con las que se pretende, por tanto, dar una respuesta con efectos inmediatos a la situación de las personas jóvenes en el mercado de trabajo.

 

Y, por otra parte, se recogen un conjunto de 85 medidas que requieren de un mayor desarrollo en el tiempo con las que se pretende mejorar las oportunidades de acceso y permanencia de los jóvenes en el empleo.

 

En cuanto a las medidas de choque, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013?2016 incluye actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la formación. Entre ellas, cabe destacar la creación de nuevas ayudas destinadas a favorecer que los jóvenes que abandonaron su formación puedan reincorporarse al sistema educativo para finalizar sus estudios.

 

Asimismo, se contemplan iniciativas dirigidas a fomentar el emprendimiento y actuaciones cuyo objetivo es mejorar la intermediación para facilitar el acceso a un puesto de trabajo entre las que destaca la creación de un "Portal Único de Empleo" en el que se incluyan todas las ofertas y recursos existentes para acceder al empleo ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Esta medida beneficiará al conjunto de los trabajadores con independencia de su edad.

 

Por último, se proponen medidas para estimular la contratación de jóvenes por parte de los autónomos y de las empresas mediante la implementación de nuevos incentivos.

 

Entre las medidas de medio?largo alcance se encuentran aquellas relacionadas con la educación y la formación, para favorecer la permanencia en el sistema educativo, reconocer el valor de la formación profesional y permitir la adquisición de competencias útiles para el empleo o para que los jóvenes continúen su formación; con la mejora de la orientación, el acompañamiento y la información a la que tienen acceso a la hora de buscar un empleo; así como otras medidas para incentivar la contratación y posibilitar la compatibilidad entre empleo y formación y garantizar la igualdad de trato y de oportunidades

 

Casi 3.500 millones de euros para financiar las nuevas medidas

Para la consecución de los objetivos de la Estrategia y la implementación de las nuevas medidas que contiene se prevén nuevos recursos económicos de la Administración General del Estado y cofinanciados con el Fondo Social Europeo por importe de 3.485 millones.

 

En concreto, las nuevas medidas de choque a corto plazo tendrán un impacto económico en los cuatro años de desarrollo de la Estrategia superior a los 1.750 millones de euros, de los cuales el 40% están destinados a los estímulos a la contratación, el 38% a las medidas de autoempleo y emprendimiento, y un 22% a la formación y a la mejora de la intermediación.

 

En cuanto al resto de medidas que se implementarán a lo largo de los cuatro años de desarrollo de la Estrategia, se ha previsto, también, una dotación superior a los 1.700 millones adicionales, de los cuales, al menos, el 50% se corresponderán con acciones relativas a la Formación y la Educación.

 

Un documento abierto a la participación de todos

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013?2016 pretende además, servir de cauce de participación a todas las instituciones públicas y privadas, a las empresas y a todo tipo de organizaciones que quieran colaborar en alcanzar sus objetivos.

 

Por ello, la Estrategia se ha articulado como un instrumento abierto, al que podrán sumarse quienes quieran contribuir a hacer frente al reto del empleo juvenil con iniciativas que tengan cabida dentro de los objetivos, directrices y líneas de la estrategia y respeten los principios de la misma.

 

Una vez presentada la Estrategia, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los Interlocutores Sociales seguirán trabajando para impulsar acciones y medidas destinadas a los parados de larga duración, mayores de 45 años, y a otros colectivos.

 

 

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