El Gobierno aprobará la reforma de las prejubilaciones por decreto antes de que acabe febrero

Fracasa el objetivo de consensuar los cambios en el Pacto de Toledo | Empleo propone tramitar los cambios como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir sus propuestas

 

El Gobierno ha fracasado en su objetivo de consensuar la reforma de las prejubilaciones en el Pacto de Toledo. Los grupos no suscriben el paquete de medidas para endurecer las prejubilaciones. Por esta razón el Ministerio de Empleo aprobará los cambios por decreto antes de que finalice el mes de febrero, según fuentes gubernamentales.

 

El Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre un real decreto para poner en marcha la reforma de la Seguridad Social pactada en 2011 por el gobierno socialista con los agentes sociales. Sin embargo, dejó pendiente tres medidas que considera claves para eludir la presión de Bruselas para endurecer la reforma y retrasar la edad real de jubilación que se sitúa en 63,9 años: endurecer las prejubilaciones, eliminar la jubilación parcial y permitir a los jubilados que trabajen.

 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, estaba convencida de que podría implementar estos cambios de forma consensuada y por esta razón el consejo de ministros le dio un margen de tres meses. Ante la imposibilidad de que la oposición suscriba su paquete de reformas aprobará los cambios por decreto antes de lo previsto para acabar con la inseguridad jurídica que se ha generado en las empresas industriales y frenar la sangría de desempleo. En 2012 las jubilaciones anticipadas aumentaron un 14% y las parciales un 13%. La situación es tan grave que uno de cada dos ciudadanos se jubilan de forma anticipada. Esta es la razón por la que la Comisión Europea en su último examen ha exigido al Gobierno que acelere las medidas para reformar la Seguridad Social.

 

Pese a todo, Empleo defiende que el decreto sea tramitado como proyecto de ley. Esto permitiría que CiU y PSOE, que están de acuerdo en las medidas para compatibilizar la pensión y el trabajo se sumaran al consenso.

Los cambios que se aprobarán van dirigidos a impedir que nadie pueda empezar a cobrar una prestación de la Seguridad Social por jubilación antes de cumplir los 65 años. Según el secretario de Estado Tomás Burgos sólo con que el 25% de los pensionistas siguieran trabajando y cobraran sólo el 60% de la prestación que les correspondiera, el ahorro para el sistema podría llegar a casi 500 millones anuales en unos años.

 

Endurecer las prejubilaciones

El cambio más importante va dirigido a poner límites a las dos modalidades de jubilación anticipada. Es decir, a prohibir que se adopten antes de los 63 años. Sólo se autorizarían a los 61 años para los trabajadores de empleos "penosos, peligrosos, tóxicos" y los discapacitados. Cuando un trabajador se prejubila se le aplica un coeficiente reductor sobre la prestación que le correspondería. El cambio que se propone es que este coeficiente se calcule sobre la edad legal de jubilación y sobre la base reguladora -con el fin de no beneficiar a las pensiones más altas-. Además, debe ser proporcional al número de años de anticipo de la edad de jubilación y sólo será aplicable a partir de un número de años cotizados.

 

También se modificará la jubilación parcial con el fin de eliminar en la práctica el contrato de relevo. Se trata de aumentar la jornada laboral obligatoria al 50% (en lugar del actual 27%) y exigir un periodo mínimo de cotización de 33 años. La empresa tendrá que pagar la totalidad de las cotizaciones del trabajador jubilado y del joven relevista. Además, se introducirán coeficientes reductores, se dará un tratamiento específico o más flexible en casos de contrato indefinido a jornada completa.

 

Este cambio ha causado una honda preocupación en los sectores industriales, dado que la mayoría de empresas del automóvil, siderurgia, bienes de equipo, afrontan el rejuvenecimiento de sus plantillas con contratos de relevo. El aplazamiento de los cambios había generado una fuerte inseguridad jurídica sobre los acuerdos pactados desde el verano. Tanto los sindicatos como la patronal están preocupados porque se elimina una vía de ajuste no traumático para personas que llevan toda su vida trabajando y se cierra una vía de acceso para jóvenes poco formados.

 

Jubilados trabajando

El tercer cambio que introducirá el decreto va dirigido a dar la vuelta a la situación actual en que por cada persona que prolonga su vida laboral, hay siete que se jubilan anticipadamente. A pesar del acuerdo suscrito por España en el ámbito comunitario en 2009 para fomentar el trabajo de los mayores para hacer frente al envejecimiento de la población, en la actualidad sólo hay 3.500 personas en España que renuncian al cobro de su pensión para seguir trabajando.

 

El decreto permitirá a los trabajadores por cuenta propia y ajena, una vez cumplida la edad legal ordinaria de jubilación y contando con el 100% del periodo de cotización necesario para acceder a la pensión seguir trabajando en el sector privado sin que se modifiquen los derechos adquiridos como pensionista. Estarán obligados a cotizar por incapacidad temporal, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Además, tendrán que pagar a la Seguridad Social una "cotización de solidaridad", aún por determinar, para mejorar los ingresos del sistema público. Los jubilados recibirían un porcentaje de la prestación que les corresponda, que podría ser objeto o no de revalorización, y al finalizar el trabajo que estén haciendo recuperarían el 100% de la pensión que les correspondiera. Un dato importante es que a pesar de lo que aporten al sistema no mejorarán la pensión que les fue concedida. Tanto el PSOE como CiU están de acuerdo con este último cambio legislativo y podrían apoyarlo durante el trámite parlamentario.

 

Difícil equilibrio

Los cambios legislativos provocan siempre efectos colaterales. La decisión del Ministerio de Hacienda de eliminar la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios fue adoptada para recortar el gasto de las administraciones. Los cálculos de Hacienda eran que produciría un importante ahorro porque supondría un recorte en torno al 7% en el capítulo de gastos de personal.

 

Con lo que no contó el Gobierno es que los funcionarios a la vista de que no cobrarían la paga extra decidieron marcharse y las jubilaciones en la administración se han disparado un 150%, aumentando los gastos de Muface, que son los más elevados del capítulo I de los presupuestos.

 


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