Resumen de Prensa Semanal

Semana 7

13/02/2012 al 19/02/2012

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Así se calcula ahora la indemnización por despido improcedente

cincodias.com, 11/02/2012

La letra pequeña del Real Decreto de reforma laboral publicado hoy en el BOE indica que la acumulación del tope de 42 mensualidades en aquellos trabajadores que hoy en día tengan un contrato fijo ordinario (de 45 días por año) solo se respetará si la indemnización consolidada hasta la fecha de entrada en vigor del la nueva ley supera ya los 720 días. De no ser así, la cuantía máxima que se podrá acumular son 24 mensualidades.

 

"La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso", indica la norma.

 

Por ejemplo, si un trabajador que tiene hoy un contrato indefinido ordinario es despedido dentro de un año, su indemización se calculará aplicando 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades por el periodo correspondiente desde el inicio de la relación laboral hasta el 11 de febrero de 2012 (día previo a la entrada en vigor de la ley). Y con 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades desde la citada fecha hasta el día del despido. Pero si el trabajador no tiene la antigüedad suficiente, antes de la entrada en vigor de la nueva ley, para superar una indemnización equivalente a 720 días de salario, el tope acumulativo que le operará en la compensación que reciba será de 24 mensualidades y no de 42.

 

Más facilidad para bajar salarios e incumplir el convenio

cincodias.com, 11/02/2012

El empresario podrá inclumplir casi todo lo pactados en su convenio colectivo de referencia cuando tenga pérdidas actuales o previstas o una caída de ingresos o ventas durante dos trimestres consecutivos. Tendrá, además, grandes facilidades para bajar los salarios.

 

El Real-Decreto de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye una reforma en profundidad de Estatuto de los Trabajadores para establecer las mayores cotas de flexibilidad interna en la empresa recogidas nunca por la normativa laboral española. En primer lugar, la modificación del artículo 41 sobre la modificación sustancial de las condiciones laborales amplia el poder del empresario para bajar el salario acordado. Esta decisión podrá tomarse "cuando existan probadas razones económicas, técnicas organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa".

Hasta el momento, entre las materias que podía modificar el empresario en materia salarial solo figuraba el "sistema de remuneración", lo que servía para que muchos jueces negaran rebajas salariales amparándose a que la ley se refería a la estructura salarial y no a su cuantía. Ahora, la norma especifica que se puede modificar "el sistema de remuneración y la cuantía salarial". Según la redacción de la nueva norma, las modificaciones sustanciales de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo en acuerdos o pactos colectivos o los disfrutados por decisión unilateral del empresario.

 

El segundo cambio legal que incluye el Real-Decreto para aumentar la flexibilidad en la empresa afecta a la reforma del artículo 82. Hasta ahora dicho artículo sólo regulaba la inaplicación por parte de las empresas del régimen salarial pactado en su convenio de ámbito superior de referencia (provinciales, autonómicos o nacionales); una decisión conocida en el ámbito laboral como descuelgues salariales. Pero la nueva redacción de este artículo da más facilidades para incumplir el salario pactado y además permite a la empresa la posibilidad de descolgarse de lo pactado en casi todas las demás materias pactadas en el convenio de referencia (jornada; horario y distribución del tiempo de trabajo; régimen de trabajo a turnos; sistema de remuneración y cuantía salarial; sistema de trabajo y rendimiento; funciones; y mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social).

 

Según la nueva normativa que entra en vigor mañana mismo, el empresario podrá descolgarse de todas esta materias pactadas en ámbitos superiores cuando existan "causas económicas". Pero ¿cuáles son dichas causas? La ley es más precisa ahora al considerar que será "cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante dos trimestres consecutivos".

 

Bien es cierto que en primera instancia la normativa exige que este descuelgue sea por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, tras un periodo de consultas pero, de no haber acuerdo se establece un nuevo itinerario para resolver el conflicto. Primero se discutirá en la comisión paritaria y luego se aplicarán los sistemas vigentes de solución extrajudicial de conflictos. Si sigue sin haber acuerdo decidirá la Comisión Nacional de Convenios Consultivos, en la que están presentes patronal, sindicatos y Administración.

 

Las empresas podrán comercializar datos personales sin pedir permiso

expansion.com, 13/02/2012

Fin a la batalla histórica entre la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las empresas de comercio electrónico y de crédito. Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) abre el mercado de datos personales para las empresas de ventas por Internet, para las que gestionan ficheros de morosos de banca y seguros o para las telecos y sus clientes.

 

La sentencia da luz verde a que las empresas utilicen datos personales sin el consentimiento de los particulares siempre que tengan un interés legítimo en este tratamiento y no prevalezcan los derechos de los particulares.

 

En una sentencia que se notifica hoy, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el Alto Tribunal adapta al ordenamiento español el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) del pasado 24 de noviembre, al que había planteado cuestión prejudicial, y anula el artículo 10.2 del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que traspone el artículo 7 de la Directiva de protección de datos, relativo a los criterios que legitiman los tratamientos de datos.

 

En esta sentencia, el TS asume el fallo de Luxemburgo y dice que, como reza el citado artículo, el tratamiento de datos sin consentimiento es lícito "si es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que comuniquen los datos y que no prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado".

 

La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) y la Federación de Comercio Electrónico y Márketing Directo (Fecemd) recurrieron el Reglamento de la LOPD. El Supremo, en tres sentencias de julio de 2010, anuló los artículos 11, 18, 38.1.a y 2 y 123.2. del Reglamento y elevó cuestión prejudicial al TUE sobre el artículo 10.2.a y b.

 

El pasado noviembre, el Tribunal de Luxemburgo tumbó el marco normativo de protección de datos español, que se articula sobre el principio del consentimiento. La pelota estaba encima del Supremo, que ahora resuelve. Así, la AEPD no podrá sancionar en estas cuestiones relativas al consentimiento y criterios que legitiman el tratamiento de datos y se abre el camino a que las empresas reclamen por sanciones millonarias pasadas.

 

Pero el Alto Tribunal no tiene competencia para declarar la nulidad efectiva de una norma con rango de ley, debe hacerlo el Parlamento. Los abogados que han diseñado la estrategia legal lo ven claro y así Antonio Creus, socio del Departamento de Derecho Comunitario y de la Competencia de Bird & Bird Madrid, y Javier Fernández-Samaniego, socio director de Bird & Bird Madrid, recuerdan que el Congreso deberá acometer una urgente reforma de la legislación española aplicable a raíz de las sentencias del Supremo y de Luxemburgo.

 

Montoro dice que la reforma no creará empleo y De Guindos prevé efectos positivos a medio plazo

expansion.com, 13/02/2012

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo hoy que la reforma laboral aprobada por el Gobierno no creará empleo por sí misma y apuntó que, aunque es una condición necesaria para ello, también se necesita que fluya el crédito, que las empresas vendan más y se recupere el mercado interno.

 

"Nadie espera que -la reforma laboral- en sí misma sea capaz de crear empleo", afirmó Montoro, que destacó que el texto aprobado el pasado viernes sí actuará de "cortafuegos" para frenar la "sangría" del desempleo.

 

"No podemos estar cruzados de brazos viendo que España es el país de Europa y del mundo desarrollado que más empleos ha destruido durante esta larguísima crisis", señaló el ministro en declaraciones a la Cadena Ser.

 

Montoro añadió que 2012 será un año difícil, en el que hay que hacer reformas para sentar las bases de la recuperación económica y la creación de empleo más pronto que tarde, porque España ha demostrado en el pasado que es capaz de crecer y crear empleo.

 

Añadió que la reforma moderniza las relaciones laborales bajo tres planteamientos: permitir que la evolución de los salarios se acerque más a la realidad de las empresas, favorecer la empleabilidad y clarificar las condiciones de los contratos para dar seguridad tanto a los empleadores como a los trabajadores.

 

El ministro lamentó que la reforma se simplifique bajo el titular de que "abarata el despido", porque, subrayó, "hace más cosas", al tiempo que aseguró comprender que sea rechazada por los sindicatos porque "tampoco se tienen que reconocer -en ella- todos los agentes sociales".

 

El ministro pidió a los agentes sociales que flexibilicen sus posturas, y señaló que con la reforma aprobada, el Gobierno pretende que se puedan buscar "acuerdos de mínimos", antes que "enfrentamientos".

 

De Guindos ve efectos positivos a medio plazo

Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este lunes que la reforma laboral aprobada por el Gobierno tendrá "sin duda" efectos positivos sobre la economía española "a medio plazo".

 

Preguntado por el motivo por el que el Gobierno ha 'roto' sus promesas electorales de no abaratar el despido y subir impuestos, De Guindos ha subrayado que el Ejecutivo ha tenido que tomar medidas "prácticamente sobre la marcha" ante la nueva recaída que ha experimentó la economía desde el verano sin haberse recuperado todavía de la recesión que empezó a sufrir a finales de 2008.

 

"En muchos casos (estas medidas) no han sido plato de gusto, han sido impopulares y contrarias, pero es que no teníamos otro remedio. Nos hemos visto arrastrados en muchas ocasiones por una situación bastante peor de lo que se proyectada", ha afirmado.

 

El ministro ha destacado que la reforma aprobada es "agresiva con las causas" que han llevado a España a ser el "peor" país desde el punto de vista laboral y "ambiciosa desde el punto de vista de la contratación futura".

 

De Guindos, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, ha subrayado que la reforma laboral es "una pieza muy importante de la estrategia global de política económica del Gobierno".

 

Dicha estrategia, ha explicado, ha llevado al Ejecutivo a aprobar en un mes y medio "un conjunto de medidas que pueden ser discutibles, pero que han sido las más importantes y profundas en muchísimas décadas". "Se está recuperando el tiempo perdido porque España ha perdido mucho tiempo desde el punto de vista de la estrategia económica", ha destacado.

 

"En ningún país de la eurozona se ha pasado de una tasa de paro del 8% al 23%, con un paro juvenil inasumible, del 50%, y eso con la legislación que teníamos. No sé cómo ha evitado el coste del despido que teníamos anteriormente que se hayan despedido a 2,3 millones de personas en España", ha dicho.

 

"Aquí lo que se prima es el empleo"

Para De Guindos, era "imprescindible" una modificación "sustancial" de la regulación laboral porque en épocas de desaceleración, las empresas despedían a sus trabajadores temporales, lo que explica que la tasa de paro juvenil alcance casi el 50% en España.

 

Preguntado por si la reforma laboral prima a los empresarios por encima de lo sindicatos, De Guindos ha dejado claro que "aquí lo que se quiere primar es el empleo". "Los empresarios lo que quieren es contratar y que les vaya bien las cosas. Yo no he encontrado todavía a ningún empresario que lo que quiera es echar trabajadores", ha indicado.

 

El ministro ha afirmado que lo que va a permitir la reforma "en última instancia", pero no de manera inmediata, es aumentar la productividad y la competitividad dado que es una ley que actúa "en muchos frentes" y que precisamente tiene como una de sus grandes y ventajas que es "muy amplia". "Es verdad que hay un antes y un después", ha añadido.

 

Los nuevos contratos fijos deberán durar tres años para estar bonificados

cincodias.com, 13/02/2012

El pequeño empresario que haga desde hoy uno de los nuevos contratos fijos de apoyo a los emprendedores deberá mantener en el empleo a ese trabajador durante tres años para poder beneficiarse de los incentivos que llevan aparejados, y que pueden superar los 7.500 euros en el conjunto de esos tres ejercicios.

 

El nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, incluido en la reforma laboral en vigor desde ayer, lleva aparejadas una serie de bonificaciones si se suscriben con jóvenes, mayores de 45 años parados de larga duración o mujeres en sectores donde están subrepresentadas; o se contrata a un primer asalariado.

 

Estas bonificaciones (acumulables), pueden superar los 7.500 euros en beneficios fiscales y rebajas de cotizaciones a la Seguridad Social por trabajador durante los tres primeros años de la vida del contrato.

 

Sin embargo, la nueva norma ha querido blindar estos incentivos del fraude al precisar que el empresario que se los aplique "deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta obligación a su reintegro".

 

Así, si el empresario despide al trabajador antes de los citados tres años (incluido el primero que es de prueba) deberá devolver las cantidades que se haya deducido o dejado de ingresar. Si bien no se considerará incumplida la obligación de mantener el empleo en casos de despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

 

La primera de las bonificaciones incluidas en estos contratos es una deducción de 3.000 euros en la cuenta fiscal de un empresario si el primer asalariado que contrate tiene menos de 30 años. Si este trabajador estaba en el paro y cobrando la prestación por desempleo, el empresario sumará a su deducción fiscal la cuantía equivalente al 50% de la prestación que el nuevo empleado tuviera pendiente de recibir en el momento de la contratación (con el límite de un año). Para este incentivo también se exigirá que el parado hubiera percibido la prestación al menos durante tres meses en el momento de ser contratado.

 

Junto a estas deducciones, el empresario podrá sumar una bonificación en la cuota de la Seguridad Social de 1.000 euros el primer año; 1.100, el segundo; y 1.300, el tercero. Estas cantidades se incrementarán en 100 euros más al año si el trabajador es mujer en un sector donde este colectivo esté poco representado.

 

La segunda de esta bonificaciones en la cotización empresarial consiste en 1.300 euros por cada uno de los tres primeros ejercicios de contratación de un mayor de 45 años parado de larga duración (inscrito durante 12 meses en los últimos 18 meses). Igualmente si este contratado es mujer subrepresentada en el sector, la bonificación anual se eleva a 1.500 euros.

 

Otras cautelas

 

Además, el legislador incluye otra cautela para acotar el fraude que suele utilizarse casi siempre en los contratos bonificados y que consiste en que no podrá hacer este tipo de contrato la empresa que, en los seis meses anteriores a su celebración, hubieran realizado extinciones de contratos por causas objetivas declaradas improcedentes; o hubieran realizado un despido colectivo.

 

Si bien esta limitación operará sólo para los despidos realizados desde ayer -cuando entró en vigor la ley- y para la cubrir puestos del mismo grupo profesional que los afectados por los despidos.

 

Los sindicatos intentan hoy negociar cambios de la reforma en el Congreso

 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, recibirá hoy a los representantes de la patronal CEOE-Cepyme y de los sindicatos CC OO y UGT para explicarles las líneas básicas de la reforma laboral que aprobó el viernes el Gobierno y que ha entrado en vigor este domingo.

 

El encuentro se prevé más que tenso con los representantes sindicales que el sábado rechazaron duramente la reforma al considerar que supone el ataque más grave contra los derechos de los trabajadores producido en democracia. Si bien, los líderes de CC OO y UGT intentarán que el Gobierno se comprometa a abrir un periodo formal de negociación con los agentes sociales para reformar la nueva norma durante su trámite parlamentario como proyecto de ley.

 

Pero desde el PP, se atribuye el malestar sindical a otras causas. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, arremetió contra el anuncio de movilizaciones hecho por los sindicatos y les reprochó que sus críticas obedecen solamente a que "pierden su capacidad de influencia" en las empresas.

 

Guía para saber cuánto caerá su sueldo a partir de este mes

cincodias.com, 14/02/2012

La nómina de febrero reflejará por primera vez el incremento del IRPF que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 30 de diciembre para los ejercicios 2012 y 2013. Sin embargo, las empresas no tuvieron tiempo para aplicar la subida en las retenciones de las nóminas de enero y, por ello, se hará efectiva este mes. Para un asalariado sin hijos que gana 30.000 euros brutos anuales, su sueldo neto mensual ascenderá a partir de febrero a 1.888,8 euros, unos 20 euros menos al mes (248 euros anuales). Esa cifra se incrementará todavía en unos pocos euros más ya que las compañías prorratearán en los once meses de este año el incremento correspondiente al mes de enero que no llegó a aplicarse.

 

El aumento fiscal tiene un fuerte componente progresivo. El gravamen aumenta un 0,75% para las rentas inferiores a 17.707 euros y se encarece hasta un 7% para los sueldos superiores a 300.000 euros. La nómina de un contribuyente sin hijos con un sueldo bruto medio-alto de 50.000 euros ascenderá a partir de febrero a 2.924 euros mensuales, 63 euros menos al mes respecto al sueldo neto de 2011. Para el ejemplo propuesto, el tipo de retención pasa del 23% al 25%. Para un empleado con un sueldo igual pero que con dos hijos -y uno de ellos menor de tres años-, el salario neto alcanza los 2.987 euros.

 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las retenciones suponen un anticipo del pago del impuesto, que se liquida cada mes de junio. El tipo de retención varía en función de multitud de factores. Los contribuyentes con hijos aplican gravámenes menores, al igual que aquello que tienen a su cargo personas mayores. Por otra parte, el hecho de tener un contrato fijo o temporal también influye en la parte que cada mes retiene la empresa a sus empleados.

 

Además, el tipo de retención no se aplica sobre el salario bruto sino sobre la base liquidable, que es el resultado de restar del sueldo bruto las cotizaciones a la Seguridad Social y la reducción por rendimientos del trabajo. Calcular el porcentaje de retención a mano supone un arduo ejercicio. En la página web de la Agencia Tributaria (www.aeat.es), los contribuyentes pueden bajarse un programa de ayuda para calcular la retención que les corresponde. Otras páginas como www.irpf.eu también ofrecen tablas útiles al respecto.

 

Para los contribuyentes que residen en comunidades en las que se ha subido el tramo autonómico del IRPF (Cataluña, Extremadura, Andalucía, Cantabria, Asturias y Comunidad Valenciana) deben saber que esos incrementos fiscales no afectan a su nómina. Para simplificar el trabajo de las empresas, el Ejecutivo central decidió que las retenciones se aplicarán por igual en toda España. Así, los trabajadores afectados por subidas de impuestos autonómicas en el IRPF notarán el incremento fiscal en el mes de junio, cuando se presenta la declaración de la renta.

 

Asimetrías territoriales

Las diferencias no son menores. Por ejemplo, Cataluña mantiene un gravamen máximo del 56% para las rentas superiores a 300.000 euros frente al 52% que aplican la mayoría de comunidades. De hecho, el tipo del IRPF en Cataluña es el tercer más alto del mundo, solo superado por Suecia y la isla caribeña de Aruba. Por ejemplo, un directivo del Ibex, cuyo sueldo medio asciende a 699.00 euros, pagará 15.000 euros más al año por IRPF en Cataluña que en Madrid.

 

Por otra parte, el Ejecutivo de Rajoy también elevó los gravámenes que se aplican sobre el ahorro y las plusvalías, cuyo tipo máximo queda fijado en el 27% para los beneficios que superen los 24.000 euros. Este gravamen afecta, por ejemplo, a la venta de acciones bursátiles o a los intereses de una cuenta bancaria, entre otras operaciones.

 

Con el aumento fiscal a las rentas del trabajo, el Ministerio de Hacienda confía en incrementar en 4.111 millones de euros la recaudación. Además, prevé otros 1.246 millones adicionales por la subida tributaria a las rentas del trabajo. En cualquier caso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que, cuando finalice la legislatura, los contribuyentes pagarán menos impuestos que antes de las elecciones generales de noviembre.

 

Fórmulas para ganar más... sin defraudar a Hacienda

 

Si usted gana menos de 33.000 euros y está pagando una hipoteca, tiene derecho a exigirle a su empresa que le rebaje en dos puntos la retención que le aplica cada mes en su nómina. Esta es una de las consecuencias de la recuperación de la deducción por vivienda para todas las rentas, un beneficio fiscal que el Ejecutivo anterior eliminó para los contribuyentes que ganan más de 24.100 euros.

 

Un contribuyente sin hijos con un sueldo bruto de 30.000 euros verá como, a partir de este mes, su retención sube del 17% al 18%. Sin embargo, si tiene la posibilidad de acogerse a la reducción por compra de vivienda, podrá rebajar su tipo de retención al 16%. Es decir, en lugar de sufrir un recorte en su sueldo mensual logrará un incremento. En cualquier caso, esta medida solo supone una anticipo de liquidez. Lo que se deja de pagar por la menor retención en la nómina se acaba pagando en junio de cada año cuando se presenta la declaración.

 

Las empresas podrán encadenar contratos de aprendiz

cincodias.com, 14/02/2012

La nueva reforma laboral permitirá a las empresas encadenar contratos de aprendiz, algo que no estaba permitido hasta ahora. De este modo, una compañía podrá renovar un contrato de formación a un empleado, siempre que la cualificación asociada al empleo "sea distinta" a la anterior.

 

La tasa de paro entre los menores de 25 años a finales de 2011 se elevó al 48,5%. Eso supone que uno de cada dos personas por debajo de esa franja de edad no tenía empleo, un porcentaje que más que duplica a la media de la Unión Europea. La elevada tasa de abandono escolar y el estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado a un gran número de jóvenes sin formación académica y sin una cualificación profesional. Precisamente a esos dos colectivos se dirigen las modificaciones del contrato para la formación, incluidas en el decreto ley de medidas urgentes para la reforma laboral. Los destinatarios de este contrato, en primer término, serán aquellos jóvenes entre 16 y 25 años en los que concurran las dos circunstancias antes citadas. Sin embargo esa horquilla se amplía en una disposición adicional del decreto hasta los 30 años. "Hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15% podrán realizarse contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores menores de 30 años", remarca.

 

Una lectura más reposada del decreto-ley muestra que la principal novedad que encierra es la posibilidad de que las empresas puedan encadenar contratos de formación. El artículo dos establece que "expirada la duración del contrato para la formación y el aprendizaje, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa para la misma actividad laboral u ocupación objeto de la cualificación profesional asociada al contrato, pero sí para una distinta". Estas cinco últimas palabras son las que se han añadido a la anterior norma y son las que configuran la vía para que las compañías pueden encadenar contratos de aprendiz siempre y cuando se forme a los empleados en tareas diferentes. Así, por ejemplo, una empresa de artes gráficas podría encadenar tres contratos de formación a un menor de 30 años sin cualificación si el primero le sirve para formarse en la imprenta, el segundo en la fotomecánica y el tercero en el diseño.

 

Con esta medida, el Ejecutivo contenta, pero solo en parte, las exigencias de la patronal, que a lo largo de las semanas previas a la aprobación de la reforma laboral había sugerido la necesidad de impulsar un nuevo contrato de aprendizaje. La propuesta de CEOE se basaba en una nueva modalidad, con un máximo de cinco años, en el que solo se alcanzaría el salario mínimo interprofesional (SMI), dotado con 641,4 euros, en el último ejercicio. De hecho planteaba que se iniciaría con un 75% del SMI y se incrementaría cinco puntos a lo largo de cada ejercicio.

 

Finalmente, la duración de esos contratos, tal y como queda fijado en el real decreto, será de un mínimo de 1 año (con posibilidades de bajar a 6 meses por necesidades organizativas de la empresa) y un máximo de tres. En cuanto a la jornada de trabajo también hay modificaciones, ya que antes se establecía un límite del 75% sobre la jornada máxima prevista en el convenio. Ese margen se respeta para el primer año, pero se amplía al 85% para el segundo y el tercer año. Los sueldos, sin embargo, se mantienen iguales, pese a las presiones de la patronal. El texto establece que la retribución del trabajador "se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo. En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo efectivo de trabajo", recalca.

 

El mantenimiento de las condiciones salariales está detrás del rechazo de la patronal al contenido de la reforma en materia de formación. En su primera valoración, CEOE aseguró que "todavía persisten obstáculos para que el contrato de formación sea un verdadero contrato de inserción laboral".

 

Se podrán acumular 60 horas de formación

 

Otra de las novedades que figuran en la reforma laboral es la consolidación del derecho a la formación para todos los empleados. "Los trabajadores con al menos un año de antigüedad tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo acumulables por un periodo de hasta tres años. La concreción del disfrute de permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresa", señala el texto. Esa formación quedará inscrita en una cuenta asociada al número de afiliación a la Seguridad Social y serán los propios Servicios Públicos de Empleo "los que efectuarán las anotaciones correspondientes en las condiciones que se establezcan". El texto también abre la posibilidad a la creación en el futuro de un cheque- formación, "destinado a financiar el derecho individual a la formación de los trabajadores".

 

 

El nuevo bonificado: menor de 30 años y empleado en pymes

cincodias.com, 14/02/2012

La actual maraña de bonificaciones al empleo estable, ha quedado en su mayor parte derogada desde el pasado domingo (aunque las ayudas vigentes se seguirán cobrando hasta el final de su duración). En su lugar, el Gobierno ha fijado dos colectivos que se beneficiarán fundamentalmente de estas ayudas, en las que se ha invertido la nada desdeñable cuantía anual de unos 3.000 millones de euros desde finales de los años noventa: los jóvenes y las pymes.

 

A falta de conocerse la cuantía que se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, de momento se conoce el perfil del beneficiario de las nuevas ayudas. En primer lugar y como se esperaba, las bonificaciones se centrarán en los menores de 30 años y, como novedad, se fija el colectivo de empresas de menos de 50 trabajadores para concentrar la mayor parte de los incentivos.

 

Así solo estas pymes podrán suscribir el nuevo contrato fijo que lleva aparejadas bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de entre 1.000 y 1.300 euros al año durante los tres primeros ejercicios por cada trabajador de entre 16 y 30 años que se contrate; y de entre 1.300 y 1.500 anuales por cada parado de larga duración mayor de 45 años.

 

De igual forma, solo las empresas con menos de 50 asalariados podrán beneficiarse de a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 41,67 euros/mes (500 euros/año), durante tres años por la transformación en indefinidos de contratos en prácticas, de relevo (por jubilación parcial) y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración. En el caso de que la contratada de forma indefinida por esta vía sea una mujer, dicha bonificación serán de 58,33 euros/mes (700 euros/año).

 

Otro colectivo joven bonificado será el de los que tengan un contrato para la formación y el aprendizaje. La empresa de menos de 250 trabajadores que haga esta modalidad contractual a un menor de 30 años que estuviera inscrito en los Servicios Públicos de Empleo antes del 1 de enero de 2012 no pagará cotizaciones a la Seguridad Social por el durante toda la vida del contrato. Y, a diferencia de la ley vigente, no necesitará que con esta contratación se incremente la plantilla. Si la empresa es mayor de ese tamaño, la bonificación de la cuota será del 75%. La conversión de estos trabajadores en fijos tendrá una reducción en la cuota empresarial de 1.500 euros anuales durante tres años (1.800 euros para las mujeres); y tampoco se exigirá que con ello aumente el volumen de indefinidos.

El Gobierno también ha mantenido otro tipo de bonificaciones, que en lugar de estar dirigidas a la contratación, tienen como objetivo contribuir al mantenimiento de las plantillas. Es el caso de la bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, devengadas por los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión temporal de empleo o de reducción de jornada. Esta bonificación durará mientras el trabajador esté en el desempleo temporal, sin pueda superar los 240 días. Para recibir esta ayuda, el empresario deberá mantener en el empleo al trabajador bonificado durante al menos un año tras finalizar el ERE de suspensión o reducción de jornada.

 

Trato de favor a los mayores con cargas y discapacitados

 

La nueva normativa laboral no recoge bonificaciones para colectivos de difícil integración laboral como mayores con cargas familiares o discapacitados. No obstante, en el capítulo de los expedientes de regulación el nuevo texto mantiene, al igual que recogía la ley hasta ahora, que los representantes sindicales tendrán prioridad de permanencia en la empresa cuando esta acometa un despido colectivo.

 

Si bien ahora añade que "mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades permanencia a favor de otros colectivos como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad".

 

Esto no obliga a su permanencia en la empresa pero refuerza su posición en las negociaciones.

 

En materia de despidos colectivos y prejubilaciones, la ley también se modifica de forma que lo que abonen las grandes empresas por las prestaciones y subsidios de mayores de 50 años que incluyan en sus ERE ya no se destinará enteramente a acciones de reciclaje profesional de estos trabajadores.

 

En su lugar, la nueva normativa solo dice que "al menos el 50%" de las cantidades que se recauden por este motivo se destinarán a las acciones de reinserción profesional de mayores de 50.

 

En cualquier caso, en un mes el Gobierno deberá desarrollar reglamentariamente los ERE, con especial atención al periodo de consultas y la recolocación de los afectados.

 

Otras ayudas a la contratación

 

50% es el porcentaje de la prestación por desempleo del nuevo contratado fijo que cobrarán las pymes.

 

3.000 euros de ayuda fiscal para pymes que contraten un primer asalariado joven

 

100% es la bonificación para empresas de menos de 250 trabajadores por contratos de formación.

 

 

El acuerdo entre el PP catalán y CiU eleva los avales a autónomos

cincodias.com, 15/02/2012

El acuerdo presupuestario cerrado la madrugada de ayer entre CiU y PP condicionará la actividad legislativa del Gobierno catalán durante 2012, puesto que le compromete a impulsar en este ejercicio varias leyes que reclamaban los populares.

 

En rueda de prensa para presentar el pacto, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, consideró "extraordinario" un acuerdo que trasciende los presupuestos y plasma por escrito dos de las principales peticiones de los populares en la negociación.

 

Entre las leyes que deberá desarrollar el Gobierno presidido por Artur Mas hay una a favor de los emprendedores catalanes -en línea con la que impulsará el Gobierno central-, otra para fijar un techo de gasto no financiero de forma previa a la presentación del presupuesto y una tercera de transparencia sobre las empresas y entidades participadas por la Generalitat en algún grado.

 

El acuerdo entre nacionalistas y populares contempla un incremento de 22,5 millones de euros en la aportación que la Generalitat hace al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) -actualmente de 32,45 millones-, que, según Camacho, se destinarán a incrementar los avales de la entidad crediticia a los autónomos y los emprendedores. Además, el Gobierno catalán se ha comprometido a presentar periódicamente ante el Parlamento autonómico la documentación para que el resto de partidos pueda ejercer un control estricto y riguroso sobre la ejecución de los presupuestos "con mayor detalle y precisión" que hasta ahora.

 

En el documento se ha añadido una disposición adicional en la que Gobierno catalán, CiU y PP aceptan constituir una comisión de seguimiento del pacto presupuestario. El acuerdo firmado minimiza también el impacto de las tasas turística y por receta -como ya anunciaron ambos partidos el jueves-, así como el de la tasa por acceder a la justicia, y reduce la repercusión en los consumidores del aumento del canon del agua.

 

La CEOE peleará en el Congreso limitar aún más la vigencia de los convenios ya vencidos

cincodias.com, 16/02/2012

La cúpula directiva de CEOE bendijo ayer la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, criticó que la normativa permita que los convenios ya vencidos se mantengan en vigor 24 meses en caso de que patronal y sindicatos no alcancen un nuevo pacto laboral. Además, pide reformar la ley de huelga y que las mutuas puedan dar el alta médica a los trabajadores para reducir el absentismo.

 

La primera intervención pública de la cúpula directiva de CEOE tras la aprobación de la reforma laboral sirvió para constatar el apoyo de la patronal a los cambios del Gobierno. El presidente de la patronal, Juan Rosell señaló que el Gobierno "ha cogido el toro por los cuernos" al aprobar una reforma laboral que "servirá para crear empleo a medio plazo". En este sentido, celebró que la reforma laboral incorpore una mayor flexibilidad interna, que permitirá que "el despido no sea la única opción para el empresario con problemas". Además, señaló que la mayor concreción de las causas económicas que permiten el despido objetivo de 20 días por año trabajado ofrecerá mayor certidumbre a empresarios y trabajadores y facilitará el trabajo de los jueces. La nueva legislación establece que una empresa con dos trimestres consecutivos de caída de ingresos podrá acogerse al llamado despido objetivo. En este sentido, Rosell aseguró que ello permitirá terminar con la "anomalía" española, el despido improcedente llegó alcanzar el 80% del total. CEOE espera que la cifra se reduzca al 15% o 10% con la nueva normativa. El presidente de la patronal defendió que ahora marco laboral iguala la situación española a la ya existente en otros países de la UE.

 

El discurso más crítico lo adoptó Jesús Terciado, presidente de Cepyme, que criticó que los convenios vencidos se sigan aplicando hasta 24 meses después de su extinción en caso de que patronal y sindicatos no renueven el acuerdo. Hasta la entrada en vigor de la nueva normativa, no existía plazo y, por tanto, los convenios vencidos seguían rigiendo la relación hasta que no se cerraba un nuevo pacto. La patronal peleará en el Congreso un cambio más exigente en este punto.

 

Por otra parte, CEOE también criticó que la legislación obligue al arbitraje forzoso cuando no se logre el acuerdo para modificar las condiciones laborales. El presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández, reclamó que la futura ley de mutuas -que "estará lista en tres meses"- permita a estas empresas dar el alta médica a los asalariados para acabar con la "lacra del absentismo". Sobre la participación de entidades privadas en la formación de los empleados, CEOE se mostró abierta aunque señaló que deberá regularse la letra pequeña. Y, advirtió, que no renuncia a la modificación de los festivos.

 

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