Resumen de Prensa Semanal

Semana 8

20/02/2012 al 24/02/2012

Ver otras semanas

CC OO y UGT instan al Gobierno a suavizar la reforma laboral

cincodias.com, 20/02/2012

Los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, lograron ayer sacar a la calles de toda España a decenas de miles de personas en las 57 manifestaciones que estaban convocadas contra la reforma laboral del PP, que para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es "justa, buena y necesaria". Bajo el lema No a la reforma laboral por ser injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo, las manifestaciones transcurrieron sin incidentes, salvo algún pequeño enfrentamiento que se produjo en algunas zonas con los representantes del 15M.

 

También, cuando en Madrid alguien arrojó pintura contra los organizadores sindicales, manchando ligeramente al secretario general de UGT, Cándido Méndez. Madrid fue la ciudad con más afluencia de manifestantes (más de medio millón, según los convocantes, 50.000 según fuentes policiales; seguida de Barcelona (400.000 según los sindicatos y 30.000 según el Departamento de Interior de la Generalitat).

 

En la manifestación de la capital, los sindicatos se llegaron a plantear adelantar la lectura del manifiesto ante la aglomeración en la calle Alcalá, que impedía acceder a la Puerta del Sol, aunque finalmente la cabecera logró llegar a su destino. Durante la marcha pudieron oírse gritos de "huelga general" y se exhibieron pancartas en las que leían proclamas como "tu botín es mi crisis", "si no hay pan para el obrero, no habrá paz para el empresario" o la que enarbolaban los representantes de la marea verde: "la educación no es gasto, es inversión".

 

Al término de la marcha, las representantes de las juventudes de CC OO y UGT, Cristina Bermejo y Silvia Sazatornil leyeron el manifiesto en el que insistieron que la reforma no creará empleo y que su objetivo es colocar el mercado de trabajo al servicio de los empresarios.

 

CC OO y UGT hicieron un llamamiento a los ciudadanos para tener una amplia "respuesta" a la reforma y advirtieron de que ahora se inicia un proceso "intenso y sostenido" de movilizaciones e información.

 

A este respecto, instaron a los ciudadanos a unirse a la movilización prevista el 29 de febrero convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES). No obstante, los líderes de CC OO, Ignacio Fernández Toxo y de UGT, Cándido Méndez, destacaron que con esta movilización no pretenden buscar la confrontación, sino corregir la reforma laboral y ofrecer un cauce a los ciudadanos para que se manifiesten contra la política de recortes y despidos que está imponiendo el Gobierno.

 

En Sevilla participaron unas 50.000 personas de acuerdo con CC OO y UGT, (20.000 según la Policía Local); en Murcia, 25.000 y en León otras 20.000.

 

Por su parte, PSOE y IU respaldaron oficialmente las movilizaciones de ayer. En Madrid, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, que fue abucheada por un sector de los manifestantes, explicó que los socialistas van a estar en la calle, en el Congreso y en todos los ámbitos para "parar" la reforma del PP, porque son los derechos de los trabajadores y los parados los que "están en juego".

 

El coordinador general de IU, Cayo Lara, coincidió en que hay que parar "la locura del PP" porque puede traer seis millones de parados si no se corrige.

 

En la marcha de Madrid también participó, aunque no de forma oficial, el ex ministro de Trabajo, Valeriano Gómez; mientras que la ex titular de Defensa Carme Chacón y el de Justicia Francisco Caamaño eligieronBarcelona y Coruña, respectivamente, para expresar su repulsa a la norma.

 

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió que la reforma laboral servirá para crear empleo y crecimiento económico y el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, negó que su partido o el Gobierno estén haciendo una campaña contra los sindicatos.

El sector público no podrá reducir la jornada ni suspender empleo

cincodias.com, 21/02/2012

A medida que pasan los días desde la aprobación de la reforma laboral, los expertos laboralistas van desmenuzando la nueva ley y llamando la atención sobre aspectos más desconocidos de la norma. Ayer, en unas jornadas organizadas por Randstad, el socio del despacho de abogados Garrigues José Manuel Mateo advirtió de que a pesar de que la nueva ley reconoce expresamente el despido colectivo por causas objetivas (expedientes de regulación de empleo extintivos) en todo el ámbito de las Administraciones públicas, no extiende este reconocimiento a otro tipo de ERE, como los de suspensión temporal de empleo o de reducción de jornada.

 

De esta forma, la nueva norma sí facilita el despido en el sector público, pero no otro tipo de decisiones de flexibilidad interna como suspender temporalmente a los trabajadores de su empleo o reducirles la jornada y que a cambio cobren la prestación por desempleo por el tiempo no trabajado. Si bien establece una excepción: "aquellas entidades de derecho público que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado". Esta excepción no afecta prácticamente a casi ninguna entidad pública, ya que la mayoría se financia con cargo a los presupuestos.

 

En cuanto a la regulación de estos ERE para el sector privado, Mateo considera que el legislador "ha pecado de cierta laxitud deliberadamente" al no precisar qué condiciones objetivas se deben dar para llevar a cabo uno de estos ERE, con lo que una vez eliminada la autorización administrativa también para este tipo de expedientes, queda a decisión unilateral del empresario llevarlos a cabo. Aunque siempre queda el recurso a los tribunales de los trabajadores.

 

Otro de los aspectos de la reforma laboral relativa al sector público sobre la que los laboralistas llaman la atención se refiere a la nueva regulación que limita las indemnizaciones de los altos directivos del sector público a siete días por año y un máximo de seis mensualidades; y liga parte de su salario al cumplimiento de objetivos.

 

En este caso, el experto de Garrigues alerta sobre la decisión del Gobierno de dejar fuera de este capítulo a los directivos de las empresas públicas autonómicas. Mateo aseguró desconocer el motivo de esta exclusión, pero consideró que sería necesaria una aclaración legal sobre este asunto, al existir ya alguna entidad regional que quiere despedir a alguno de sus directivos y no sabe a qué legislación atenerse.

Más presencia sindical

Por otra parte, y en contra de lo que han venido denunciando los sindicatos y otros analistas del mercado, tanto Mateo como el presidente de Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy, aseguran que la nueva normativa supondrá una mayor presencia sindical en las empresas.

Para estos expertos juristas en materia laboral, hay dos novedades que además han cambiado radicalmente las relaciones en los centros de trabajo y que, a la vez, suponen "una vía de entrada clara de los sindicatos en las empresas". Se refieren, en primer lugar, a las mayores posibilidades que tienen ahora los empresarios para descolgarse de los convenios superiores de referencia en prácticamente todas las materias reguladas y, en segundo, a la primacía de los convenios de empresa sobre el resto.

 

El primero de los cambios exigirá en primera instancia intentar llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores y, por tanto, cobrará importancia la negociación con la parte sindical. "Necesitaremos una contraparte y para eso habrá que tener elecciones sindicales en las empresas y no hay que tener miedo a eso", insistió Mateo. "No se pierde poder sindical, sino que solo cambia la forma de ejercerlo: desde los sectores a las empresas. Los sindicatos tendrán que convencer a los trabajadores para que les den su confianza", concluyó.

 

También hará falta una mayor presencia de los representantes legales de los trabajadores en los centros de trabajo en el caso de que se opte por dar primacía a los convenios de empresa frente a otros de rango superior. A juicio de Sagardoy, la preponderancia de los citados convenios puede fomentar las negociaciones entre empresas y sindicatos, ya que para poder descolgarse de otro superior, cualquier compañía estará obligada por ley a tener un convenio propio.

 

Incógnitas

 

Algunas dudas de los laboralistas

Justificaciones: los expertos creen que uno de los mayores cambios en la ley laboral es la eliminación de la necesidad del empresario de justificar la "razonabilidad" de su decisión de despedir a uno o varios trabajadores. No obstante, los juristas creen que esto deberá traducirse en un "cambio en la mentalidad de todos", sobre todo de los jueces.

 

Desacuerdo: si no hay acuerdo para que una empresa se descuelgue de su convenio de referencia, los expertos dudan sobre si el itinerario posterior será ir a la comisión paritaria, luego a la solución extrajudicial de conflictos y finalmente al arbitraje de la Comisión Nacional de Convenios, o si estas vías son alternativas y el empresario puede saltarse alguna.

El Gobierno rechaza eliminar la prestación a quien no acepte una oferta de trabajo

elmundo.es, 21/02/2012

El Gobierno rechaza la propuesta lanzada ayer por la CEOE que pedía eliminar la prestación por desempleo a los parados que rechacen un empleo.

 

Esta propuesta fue presentada por el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la patronal CEOE, José Luis Feito,quien afirmaba que era "inconcebible" que los desempleados siguiesen cobrando el paro si habían rechazado un empleo, "como si es en Laponia". "No me gusta, no me gusta" apuntó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en una entrevista en Antena 3 TV.

 

Según dijo Pastor, lo importante es poner en marcha una reforma "que conduzca a generar empleo". "En este momento el problema gordo es la reforma de la economía para crear empleo y riqueza", aseveró.

 

Por ello, Pastor insistió en que es necesaria la reforma laboral para que aporte estabilidad al empleo "y ojalá la reforma salga con apoyo" en su trámite parlamentario.

El 3% de las bajas de prestaciones por desempleo son por sanciones o fraude

cincodias.com, 22/02/2012

La retirada de prestaciones por desempleo debido a sanciones por fraude o rechazo de ofertas de empleo o formación representa solo el 3% de todas las bajas de estas ayudas que se gestionan al año. Y en la mayoría de los casos el motivo de la retirada fue haber detectado el cobro fraudulento de esta ayuda.

 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social no dispone todavía de los datos de prestaciones por desempleo que fueron retiradas en 2011 por rechazar ofertas de empleo o formación o por haber detectado fraudes en su cobro, ya que son las comunidades autónomas quienes llevan este control y aún no han trasladado estas cifras al Servicio Público de Empleo Estatal, según fuentes de este departamento. Pero sí disponen de un dato de 2010: de los más de 10 millones de bajas que gestionaron ese año (muchos parados suelen acumular varias altas y bajas en un mismo ejercicio por la elevada rotación del mercado laboral) solo el 3% (305.211) obedecieron a "bajas cautelares o sanciones".

 

Además, de este porcentaje la mayoría corresponde a casos donde se ha detectado fraude y no tanto a sanciones por rechazos reiterados de ofertas de empleo o formación.

 

Pero ¿qué hay que hacer en España para que la autoridad laboral decida que retira para siempre la prestación por desempleo de un parado? Estas son las causas tipificadas por la ley para la extinción definitiva de una prestación por desempleo:

 

1.Si se agota el periodo al que se tiene derecho para cobrar la prestación.

 

2.Por fallecimiento del beneficiario; o que este pase a ser perceptor de una pensión por jubilación o incapacidad permanente (en este último caso se puede optar entre una de las dos).

 

3.Si el beneficiario realiza un trabajo por cuenta ajena durante doce o más meses; o la realización de un trabajo por cuenta propia durante 24 o más meses.

 

4.Cuando el perceptor de la prestación cumple la edad ordinaria de jubilación, salvo que no tenga derecho a esta pensión.

 

5.Cuando se impone una sanción por cometer una falta muy grave, consistente en: obtener fraudulentamente prestaciones indebidas o de cuantía superior a las que le corresponden; se detecta connivencia con el empresario para el cobro de la ayuda; o se compatibiliza el percibo de la prestación con trabajo por cuenta propia o ajena, salvo en el caso de trabajo a tiempo parcial.

 

6.En el caso de sancionar al beneficiario por reincidir por tercera vez en el rechazo de una oferta de "empleo adecuado" o la negativa a participar en programas de formación o colaboración social (todas faltas graves). La reincidencia se calcula si se ha cometido la infracción anterior durante los doce meses previos.

 

7.Cuando se sanciona al perceptor por cometer cuatro veces una infracción leve (no comparecer ante las oficinas de empleo o agencias colaboradoras cuando se requiera; no renovar la demanda de empleo en tiempo y forma, salvo causa justificada; no presentar en plazo, salvo causa justificada, el justificante de haber comparecido para cubrir las ofertas de empleo facilitados; o no cumplir las exigencias de búsqueda activa de empleo del compromiso de actividad).

 

8.Por no comunicar la baja cuando se suspende o extingue el derecho, o se dejan de reunir los requisitos.

 

Pero además de las retiradas definitivas, existen otras causas por las que los responsables de los Servicios Públicos de Empleo pueden decidir una suspensión solo temporal de la prestación, entre las que destacan el traslado al extranjero, la realización de un trabajo por cuenta ajena de duración inferior a doce meses o por cuenta propia de menos de 24 meses; o ser sancionado por cometer al menos una vez cualquiera de las acciones señaladas arriba como infracciones leves o graves.

 

La suspensión temporal por sanción, además de la interrupción del cobro de la prestación por el periodo que decida la autoridad laboral, supondrá la reducción de la duración de la prestación reconocida entre uno y seis meses.

Sin negociación y consenso habrá confrontación

 

El Gobierno se ha ofrecido a negociar alguna modificación en la reforma laboral vigente, aunque también ha dejado claro que "no habrá cambios sustanciales". A pesar de ello, los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, enviaron el lunes por la tarde una carta al líder del Ejecutivo, en la que le exigen que abra un proceso negociador para modificar la reforma laboral vigente.

 

En la misiva empiezan reprochando al Gobierno que la reforma del mercado de trabajo "ha sido aprobada sin proceso de negociación previo con los agentes sociales"; que "incluye medidas especialmente lesivas para los trabajadores y personas en desempleo"; y que entra en contradicción directa con el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014 firmado con la patronal.

 

Por estos motivos proponen al Gobierno "la apertura de un proceso de negociación que permita modificar durante el trámite parlamentario aspectos del real decreto esenciales para los intereses de las personas que trabajan y que quieren hacerlo". Así, hicieron hincapié en su defensa tanto de los que tienen un empleo como de los parados, tras las críticas del PP sobre su interés exclusivo por los ocupados.

 

Dicho esto sugieren que de no llegarse a un consenso, se verán "abocados a la confrontación".

 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, inició ayer con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para modificar la reforma laboral. El sindicato de funcionarios CSI-F también intentará introducir cambios para evitar "el desmantelamiento del sector público".

 

Lo dicho

 

Debate sobre el seguro de paro

 

-CEOE: el dirigente patronal, José Luis Feito, insistió ayer en la necesidad de reformar estas prestaciones porque "probablemente el 80% de los casos rechaza una oferta de empleo tan solo porque implica un traslado de barrio".

 

-Gobierno: la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró ayer que el Ejecutivo "cumplirá la ley" y retirará la prestación a los parados que rechacen tres ofertas de empleo adecuadas a su perfil.

 

-CiU: también criticó la demanda de CEOE porque "no sería justo" modificar algo que no gusta a la patronal, de toda una reforma equilibrada.

Empleo rectifica y registrará el convenio de la construcción

cincodias.com, 23/02/2012

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social paralizó la pasada semana el convenio de la construcción, firmado el 20 de enero y que afecta a 1,3 millones de trabajadores, al considerar que no se ajustaba a la nueva ley laboral al no reconocer el poder absoluto de los convenios de empresa sobre el resto. Pero finalmente ayer este departamento decidió aceptar las alegaciones sindicales y registrará hoy mismo este convenio.

 

La reforma laboral empieza ya a ser conflictiva no solo en el papel, sino en su aplicación sobre el terreno. Ayer se supo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social paralizó la pasada semana la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del convenio general del sector de la construcción firmado el pasado 20 de enero y que afecta a 1,3 millones de trabajadores y tiene una vigencia de 2012 a 2016. Consideraba que incumple una de las principales novedades de la nueva normativa laboral: la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial.

 

Según el escrito de la Dirección General de Empleo enviado a los firmantes del acuerdo, el artículo 12 del convenio estatal de la construcción -que se atribuye "prioridad aplicativa sobre cualesquiera otras disposiciones"- no se ajusta a la nueva redacción del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que indica que "la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior".

 

Por ello, la Dirección General de Empleo insta a los firmantes del convenio a que rectifiquen los artículos cuestionados. Desde CC OO, su número dos, Ramón Górriz, hizo pública esta situación y aseguró: "No vamos a corregir nada"; al igual que en UGT, donde tampoco están dispuestos a modificar la estructura de negociación colectiva pactada.

 

Los sindicatos argumentan que el convenio está firmado el día 20 y registrado posteriormente, lo que es suficiente para avalar su aplicación.

 

La Administración, por su parte, argumenta en el citado escrito de la Dirección General que el cambio normativo se ha producido "durante la tramitación del expediente administrativo" y por ello puede exigirles la citada modificación.

 

Pero en UGT alegan que la revisión que hace la Administración de los convenios antes de autorizar su publicación en el BOE es meramente formal y no de contenido, por lo que "la Dirección General de Empleo no es competente para decir si se ajusta o no a derecho, eso lo tendrá que decir un juez".

 

Ante estas alegaciones sindicales, a última hora de ayer se supo que los responsables del departamento que dirige Fátima Báñez decidieron finalmente que registrarán el convenio de la construcción hoy mismo para enviarlo posteriormente al BOE y lo dejarán tal y como está firmando, sin las modificaciones exigidas, pese a que los responsables de Empleo consideran en su notificación de la Dirección General que el texto "no se ajusta al vigente artículo 84 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores".

 

De no haberse producido esta decisión de última hora, y ante la negativa sindical a modificar el convenio, Empleo debería haber llevado el acuerdo a la Audiencia Nacional y que ésta hubiera decidido si se ajustaba a derecho.

 

Una regulación que será conflictiva

 

En cualquier caso, los sindicatos creen que este asunto "va a ser un tema de mucha confrontación jurídica" porque el texto legal de la reforma laboral no regula los efectos transitorios en esta materia y por ello fuentes jurídicas del sindicato CC OO aseguran que podrían plantear en los tribunales que, en términos generales, la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materias básicas como, por ejemplo, jornada y salarios no se produzca hasta que no termine la vigencia de los actuales convenios sectoriales. Según esto, se abre una importante incógnita acerca de si la nueva ley dejará en papel mojado acuerdos como el de la industria del metal publicado ayer en el BOE y que blinda la prioridad de los convenios de ámbito superior a la empresa.

Las cajas, a la espera de una notificación similar

 

La conflicto del convenio de la construcción puede ser el primero de una larga serie de capítulos. El siguiente en la lista puede ser el de las cajas de ahorros, firmado el pasado 8 de febrero, solo tres días antes de que entrara en vigor la reforma laboral. En ese texto también se establecía la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa.

 

Fuentes sindicales de las cajas de ahorros advierten que su convenio puede correr la misma suerte que el de la construcción, ya que todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pese a haber transcurrido dos semanas desde su firma. De hecho, los representantes de los trabajadores ya están realizando consultas para preparar su defensa en el caso de que Empleo opte por paralizar el convenio y les obligue a realizar cambios en las condiciones pactadas con 120.000 empleados.

Conflicto que viene

 

En 2011 se registró una gran paralización de la negociación colectiva por motivos salariales, por lo que cuatro millones de trabajadores terminaron el año sin firmar sus condiciones. Ahora, el conflicto por la regulación de la estructura de negociación puede agravar esta parálisis.

La Seguridad Social perdió 48.737 afiliados extranjeros en enero y suma siete meses en negativo

expansion.com, 23/02/2012

La Seguridad Social perdió 48.737 cotizantes extranjeros en enero, un 2,8% en relación al mes anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.690.186 ocupados, informó este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Con el descenso de enero, el sistema de la Seguridad Social encadena siete meses de pérdida de afiliados extranjeros tras haber registrado en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre un total de 1.142, 19.715, 13.384, 31.300, 34.065 y 12.375 bajas, respectivamente.

 

En el último año, un total de 87.381 extranjeros se dieron de baja al sistema, lo que supone un descenso en tasa interanual del 4,92%, frente al -2,39% del conjunto del sistema. Según ha subrayado Empleo, la diferencia entre ambas tasas demuestra que la pérdida de empleo está afectando "con mayor intensidad" a los trabajadores inmigrantes que a los españoles.

 

Del total de extranjeros en alta al finalizar enero, 1.048.240 cotizaba al Régimen General, 251.461 al Agrario, 204.928 al de Autónomos, 9.127 al del Hogar, 3.853 al del Mar y 605 al del Carbón.

El dilema de mandar o no al juez el convenio de la construcción

cincodias.com, 24/02/2012

Cinco millones de trabajadores tienen un pacto sectorial de referencia.

 

La publicación del convenio de la construcción en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tenía ayer en ascuas a empresarios y sindicatos. Tras apreciar que no se ajustaba a la nueva ley tras la reforma laboral -porque no reconocía la prioridad absoluta del convenio de empresa- la Dirección General de Empleo requirió a los firmantes que lo rectificaran y estos se negaron.

 

Sin embargo, el miércoles a última hora los responsables de Empleo decidieron registrarlo inmediatamente y enviarlo al BOE. Y así llegaron a comunicárselo a los sindicatos ayer por la mañana. A pesar de esta comunicación, desde el Ministerio eran reacios a confirmar oficialmente cuándo se producirá el registro.

 

Sin embargo, a tenor de distintas fuentes jurídicas, el Gobierno no haría lo correcto si finalmente registra el convenio y lo envía al BOE para su publicación a sabiendas de que contiene un artículo que contraviene la ley. Según el artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores "si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente (...) se dirigirá de oficio a la jurisdicción competente", que en este caso sería la Audiencia Nacional. Sus magistrados deberán entonces "adoptar las medidas que procedan para subsanar las supuestas anomalías, previa audiencia de las partes". Por lo tanto, a tenor de esto, la ministra de Empleo y Seguridad Social, debería remitir el texto al juez.

 

Sin embargo, se da la circunstancia de que el convenio de la construcción se firmó el 20 de enero, cuando aún no se había aprobado la reforma laboral y, por tanto, entonces la prioridad que otorga a los convenios sectoriales estatales y, en su caso, autonómicos o provinciales, sí se ajustaba a la ley. Es más, según el acuerdo de las partes, este convenio está vigente desde el pasado 1 de enero de 2012.

 

Esta sería una de las alegaciones de las partes que podría aceptar el Ejecutivo para permitir que el convenio se publique en el BOE tal y como está pactado, contraviniendo la legalidad vigente. Según los juristas consultados, esto no generaría en la práctica grandes problemas, ya que el nuevo decreto-ley manda sobre los convenios sectoriales vigentes.

 

Esto supone que con la entrada en vigor de la reforma laboral el pasado 12 de febrero, los trabajadores de los sectores que tenían su negociación colectiva más estructurada como son la construcción, el metal, la química y el sector financiero -que afectan a algo más de cinco millones de asalariados- han dejado de tener como convenio de primera referencia uno sectorial estatal, autonómico o provincial, como hasta ahora. En todos estos casos ya prima lo que digan sus convenios de empresa, presentes o futuros, a pesar de que las condiciones que recojan esos acuerdos sean peores que las de los convenios superiores.

 

Así, el hecho de que el decreto manda sobre los convenios vigentes está claro para todos los juristas, pero hay quien plantea la necesidad de aclarar más en la norma la nueva prioridad aplicativa de los convenios de empresa en los citados casos donde hay un convenio superior vigente que manda sobre los inferiores, "porque esto podría considerarse retroactividad y entender que lesiona los derechos de los trabajadores, lo que no está permitido dentro del derecho". El decreto-ley aprobado no establece ningún régimen transitorio para estos casos, ni ninguna derogación expresa de los acuerdos vigentes en materia de estructura de negociación colectiva, lo que puede crear cierto vacío o inseguridad legal, a ojos de algunos expertos.

 

Según estas mismas fuentes, esto podría subsanarse en el trámite parlamentario o dejar que sea el juez quien decida con el convenio de la construcción y genere jurisprudencia. Pero si Empleo decidiera remitir el texto a la Audiencia Nacional, fuentes del sector recuerdan que el convenio 2012-2016, que recoge la congelación salarial para este año, quedaría en suspenso y se aplicaría el anterior, con alzas salariales del 2,5%. Todo esto está haciendo que el Departamento que dirige Fátima Báñez esté mirando con lupa la decisión a tomar.

Cronología

 

Estas son las fechas clave de la polémica

20 de enero: los sindicatos CC OO y UGT y la patronal CNC firman el V Convenio Nacional de la Construcción 2012-2016.

8 de febrero: la dirección general de Empleo solicita a las partes la corrección de unas erratas.

9 de febrero: patronal y sindicatos corrigen las erratas y comunican a Empleo que el convenio entra en vigor el 1 de enero de 2012.

16 de febrero: la Dirección General pide la modificación del artículo 12 por no "ajustarse a la ley".

21 de febrero: Empleo da 72 horas para dar una solución al conflicto.

 

Miedo al dumping en las obras y las contratas

 

Una obra en la que todos sus trabajadores tienen horarios y turnos diferentes y salarios muy distintos por trabajos similares es ingobernable. Esta es la opinión que comparten patronal y sindicatos de la construcción, que también coinciden en que esta situación será la que se produzca por cumplir la nueva ley que da primacía total a los convenios de empresa.

 

Además, según fuentes de UGT, el 99,5% de las empresas de la construcción o el 99,1% de las de madera y muebles tiene menos de 50 trabajadores, donde no suele haber convenio de empresa.

 

Si bien, estas mismas fuentes aseguraron ayer que "cualquiera podrá hacer con mayor o menor facilidad un convenio con jornada inferior a la de los convenios sectoriales para competir a través de la devaluación de las condiciones laborales". Este temor al caos de gestión que se pueda producir en las obras se extiende al miedo a que el dumping (vender productos o servicios a precios por debajo de su coste) se generalice también como vía para conseguir las contratas, a través de una degradación de las condiciones en las empresas. Fuentes del sector aseguran que la patronal comparte estos temores y por eso estaría interesada en que "se convalide el actual convenio y, luego, buscar con los sindicatos pequeñas adaptaciones pactadas".

Ver otras semanas