Resumen de Prensa Semanal

Semana 8

17/02/2014 al 23/02/2014

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Reforma laboral: ¿qué otros puntos podrían declararse inconstitucionales?

eleconomista.es, 17/02/2014

El segundo aniversario de la reforma laboral ha venido cargado de polémica. A la cifra del paro del mes de enero -que dejó como balance la destrucción de 184.000 nuevos puestos de trabajo, planteando nuevamente dudas sobre la utilidad real de la norma- se le suma ahora el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el contenido de la norma, que declara la constitucionalidad de tres puntos clave.

 

El Alto Tribunal, a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Social 34 de Madrid, se pronuncia sobre varios extremos: el régimen transitorio aplicable a la reducción de los días de indemnización por despido, los retoques en materia de salarios de tramitación -que dejan de pagarse cuando el empresario opte por no readmitir al trabajador-, y el uso de la vía del Real Decreto-ley para aprobar la norma. Todas estas previsiones se ajustarían, según el auto, a la Carta Magna.

 

Sin embargo, lejos de tratarse de un visto bueno generalizado al Real Decreto-ley, aún quedan otras materias sobre las que el Alto Tribunal no se ha pronunciado. Por ejemplo, el nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que permite mantener al trabajador en periodo de prueba durante hasta un año, lo que, en la práctica, permite el despido libre de trabajadores durante ese plazo.

 

1. 'Despido libre'. El llamado contrato indefinido de apoyo a los emprendedores -del que pueden echar mano emprendedores y pymes, es decir, más del 95% del tejido productivo- permite mantener al empleado en periodo de prueba durante un año, superando el límite de 6 meses que establece de forma general el Estatuto de los Trabajadores (ET)-.

Ello supone, en la práctica, poder despedir al empleado sin preaviso ni indemnización durante ese tiempo y hasta la finalización del periodo.

Se trata de uno de los puntos que más dudas ha despertado entre los juristas. De hecho, el Juzgado de lo Social nº 2 de Barcelona dictó el pasado 19 de noviembre una sentencia en la que considera ilegal tal periodo de prueba, por ir en contra de la Decisión de 23 de mayo de 2012 de la UE -que tiene valor de jurisprudencia- para un caso idéntico relativo a Grecia.

 

En aquel caso, se sentó por unanimidad que no se podía considerar "en ningún caso como razonable un periodo de prueba de un año". Además, los expertos señalan que existe jurisprudencia del Supremo anterior a la reforma que considera este periodo abusivo.

 

2. Negociación colectiva. En cuanto a la negociación colectiva como instrumento para llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborales aplicables a los trabajadores (contrato o convenio colectivo de trabajo), la reforma obliga a las partes a acudir al arbitraje obligatorio cuando las partes no lleguen a un acuerdo una vez cumplido el periodo máximo de negociación, a pesar de que normalmente acudir a esta vía extrajudicial es una solución voluntaria.

Precisamente este punto ha planteado dudas entre quienes se dedican al Derecho, que hablan de su posible inconstitucionalidad por atentar contra la libertad negociadora de las partes y mermar el derecho a la negociación colectiva. Son muchos los que opinan que las partes implicadas deben ser las que libremente decidan someterse a esta vía, cuyas resoluciones tienen el mismo valor que una sentencia judicial.

 

3. Descuelgue del convenio. También se ha tachado de inconstitucional el hecho de que la norma prevea que, cuando concurran causas "económicas, técnicas, organizativas o productivas", la dirección de la empresa pueda inaplicar el convenio colectivo firmado y dejar de lado las condiciones que éste prevea (antes esto sólo era posible ante la presencia de "pérdidas").

 

Ello significa que, cuando concurran estas causas, la empresa podrá modificar unilateralmente la jornada de trabajo (antes no se podía cambiar, por ninguna causa), el horario y distribución del tiempo de trabajo, los turnos, el sistema de trabajo y rendimiento, sus funciones (más allá de lo permitido en la movilidad funcional), y las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

 

En caso de desacuerdo, la empresa puede someter el caso a un órgano administrativo, la Comisión Consultiva, que decidirá sobre el caso sin que precise para ello la aquiescencia de los trabajadores. Esta fórmula se considera inconstitucional por muchos juristas, que la tachan de incompatible con el derecho a la negociación colectiva.

 

A ello se suma que la reforma laboral establece la prioridad de aplicación del convenio de empresa -en el que la posición del trabajador a la hora de negociar es más débil- sobre cualquier convenio de ámbito territorial superior. Así, se saca de la ecuación al sindicato de nivel regional o nacional, cuyo trabajo negociador puede quedar inaplicado.

 

También en este punto se habla de un posible caso de inconstitucionalidad, por atentarse contra la negociación colectiva y los sindicatos como parte legitimada para ejercer ese derecho constitucional.

 

El Tribunal Supremo avala el cobro del paro cuando la empresa no pague los salarios de tramitación

elmundo.es, 18/02/2014

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha fallado a favor de un trabajador al que se reclamaba que devolviera la prestación por paro cobrada durante los meses en los que tenía derecho a percibir salarios de tramitación, a pesar de que nunca llegó a cobrar dichas remuneraciones.

 

Los salarios de tramitación son aquellos que deben abonarse al empleado sin trabajo por despido improcedente o nulo entre el momento de la extinción del contrato y el momento en el que se reconoce que ha sido injustificado.

 

La reforma laboral limitó el cobro de los salarios de tramitación a exclusivamente los casos de readmisión del empleado, medida que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Así, cuando el despido sea declarado improcedente o nulo, el empresario, en cinco días hábiles desde la sentencia, deberá readmitir al trabajador o abonarle la indemnización de 33 días de salario por año trabajado. En caso de que el empresario opte por la readmisión, será entonces cuando deberá abonar los salarios de tramitación.

 

En su sentencia, fechada el 4 de diciembre, el Supremo entiende que no procede el reintegro de las prestaciones puesto que no ha existido el doble abono del paro y de los salarios de tramitación.

 

Con su fallo, el Supremo anula la sentencia previa sobre este caso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, desestima el recurso planteado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y confirma la sentencia del juzgado de lo Social de Algeciras que dio la razón al trabajador en primera instancia.

 

Asimismo, se unifica doctrina al respecto, puesto que había una sentencia previa del Tribunal Superior de Andalucía en sentido opuesto a la dictada para este caso.

 

Rajoy afirma que la Seguridad Social ya tiene más afiliados que hace un año

cincodias.com, 19/02/2014

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha informado hoy de que la Seguridad Social cuenta en la actualidad con más afiliados que hace un año.

 

Rajoy ha aportado este dato ante el pleno del Senado en su contestación a una pregunta del portavoz del grupo socialista, Marcelino Iglesias, sobre el balance de los dos años de Gobierno.

 

En ese balance, Rajoy ha destacado que la Seguridad Social tiene ya más afiliados que hace un año, ante lo que Iglesias le ha pedido que revise sus cifras porque, según los datos conocidos, hace un año había 6.000 afiliados más.

 

El jefe del Gobierno se ha ratificado en sus palabras: “Hoy hay ya más afiliados a la Seguridad Social que hace un año. Los he visto yo esta mañana, y eso no ocurría en España desde hace seis años”.

 

Rajoy ha expuesto este dato como uno más de los que están certificando la recuperación económica y ha dicho que le habría gustado que la salida de la crisis hubiera sido más rápida debido a que “el punto de partida y la herencia recibida hubieran sido otros”.

 

“Cuando yo llegué, nadie daba un duro por nosotros, nadie creía en este país y todo el mundo decía que íbamos a ser objeto de rescate. No ha sido así porque algunos confiamos en los españoles y los españoles confiaron en algunos”, ha añadido.

 

Marcelino Iglesias ha contestado al optimismo de Rajoy recordando que las tasas de desempleo y de endeudamiento público son las más altas de la historia de España.

 

Ha considerado que más importante que salir cuanto antes de la crisis es luchar por hacerlo en las mismas condiciones de cohesión social y con los mismos derechos e igualdad de oportunidades que existían con anterioridad.

 

Para Iglesias, las políticas del Gobierno están poniendo en riesgo todos los elementos que construyeron un modelo de convivencia, y el Ejecutivo “está utilizando la crisis como coartada para hacer una enmienda a la totalidad a la etapa de mayor éxito de la historia de España”.

 

 

Los cambios en la jubilación de los contratos a tiempo parcial quedarán aprobados hoy

eleconomista.es, 19/02/2014

La Comisión de Empleo del Congreso debatirá este miércoles una proposición no de ley presentada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios de la oposición -PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y Mixto (Amaiur y Geroa Bai)- en la que se exige al Gobierno que tome medidas para que de forma "inmediata" el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) supere el "colapso" en el que se encuentra y pueda abonar las prestaciones que debe a 180.000 familias.

 

Según la iniciativa, que recoge Europa Press, desde que comenzó la crisis económica el Fogasa ha visto incrementado de forma exponencial tanto su volumen de trabajo como el número de ciudadanos a los que tiene que atender.

 

Sin embargo, su presupuesto ha seguido una "evolución errática", con "grandes recortes" en los ejercicios de 2012 y 2013 que "no se compensan con el pequeño aumento previsto" para este año; a la par que su plantilla "se ha congelado", lo que "repercute negativamente en la tramitación de expedientes".

 

El Supremo avala que las empresas rebajen salarios de forma unilateral

abc.es, 20/02/2014

El Alto Tribunal considera que la reducción del cobro de comisiones que el Grupo Cortefiel adoptó para sus vendedores en julio de 2012 no vulnera la ley

 

La reducción del salario mediante la disminución del cobro de comisiones de los vendedores que adoptó de manera unilateral el Grupo Cortefiel en julio de 2012 ante la disminución de sus ventas no vulneró la ley, pues la reforma laboral de 2012 lo permite, según ha sentenciado el Tribunal Supremo. En un fallo conocido hoy la Sala de lo Social del alto tribunal ha rechazado el recurso que presentaron los sindicatos UGT y CC.OO. contra la sentencia de la Audiencia Nacional que ya le dio la razón a la empresa y consideró legal la reducción de las citadas comisiones de facturación.

 

La sentencia, que será notificada en los próximos días, recuerda que con la reforma laboral de 2012 el salario puede ser modificado a la baja sin negociación alguna por parte de la dirección empresarial, aunque con el límite de la retribución prevista en el convenio colectivo y solo en las cuantías que el trabajador perciba como mejora del mismo. El tribunal considera que la caída de las ventas tanto en el sector minorista textil como en el grupo empresarial demandado (Cortefiel) justificó la modificación salarial a la baja, consistente en fijar un suelo mínimo de facturación para percibir la comisión por ventas.

 

Aún así, el tribunal recuerda en su sentencia que al control judicial le corresponde evitar que «a través de la degradación de las condiciones de trabajo se llegue a lo que se ha llamado dumping social», de modo que no toda rebaja de salario puede ser admitida.

 

 

La Seguridad Social pierde un 1,85% de afiliados extranjeros en enero

expansion.com, 20/02/2014

La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos extranjeros se situó en enero en 1.514.821. Esta cifra supone un descenso de 28.486 ocupados, lo que equivale al 1,85%. En términos anuales, la evolución de la tasa de afiliación de extranjeros continúa siendo negativa.

 

Respecto al mismo mes del año pasado, en enero el colectivo registró un retroceso del 5,34% frente al -0,04% del conjunto del Sistema. Ambos indicadores continúan reflejando la diferencia ya apuntada en los meses anteriores, en el sentido de que la pérdida de empleo continúa afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales.

 

Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades que registran el mayor incremento intermensual, con 0,98% y 0,05% respectivamente; seguidas por la Ciudad Autónoma de Melilla (0,27%). En el resto de las Comunidades Autónomas se consignan descensos en la cifra de afiliados extranjeros.

 

El balance general de enero refleja que del total de extranjeros afiliados, 1.514.821, 933.452 procedían de países de fuera de la Unión Europea. El resto, 581.369 personas, de países comunitarios.

 

Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en el Régimen General: 1.288.746 trabajadores, (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, 196.278 ocupados y el de Hogar, 215.952); le sigue el de Autónomos, con 222.312; el Régimen Especial del Mar, 3.464 y el Carbón, 298.

 

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número medio de afiliados extranjeros con 337.457 trabajadores (22,28%); seguido de la Comunidad de Madrid, 327.278 (21,61%); Andalucía, 199.922 (13,20%); y la Comunidad Valenciana, 167.801 (11,08%). Por género, de la cifra total de 1.514.821 afiliados, 812.076 son hombres y 702.744 mujeres.

 

Conozca la nueva normativa para la jubilación de trabajadores a tiempo parcial

abc.es, 21/02/2014

Ya no es necesario que acrediten el equivalente a 15 años de cotización a tiempo completo

 

El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de protección de los trabajadores a tiempo parcial que flexibiliza el requisito de acreditar el equivalente a 15 años trabajados a jornada completa, lo que implicaba cotizar durante muchos más años a jornada parcial para cumplirlo. Esta ley corrije el modelo para acreditar los periodos de cotización de los trabajadores a tiempo parcial para acceder a las diferentes prestaciones del sistema de Seguridad Social conforme a las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional.

 

La nueva regulación mejorará las prestaciones de más de 2,5 millones de personas, sobre todo mujeres, según ha subrayado la ministra de Empleo y Seguridad Social.

 

La ley recoge que el periodo mínimo de cotización exigido se ajustará al coeficiente de parcialidad que acrediten a lo largo de toda la vida laboral estos trabajadores, y que figura en el fichero general de afiliación. Este coeficiente se corresponde al porcentaje de parcialidad de la jornada con respecto a la de tiempo completo.

 

Por ejemplo, si un trabajador tuviera un coeficiente de parcialidad del 50% (su jornada laboral fuera la mitad de la completa) el periodo mínimo de cotización que tendría que acreditar para la jubilación no serían 15 años sino 7,5 años, según Empleo.

 

A esta base reguladora se le aplica un tanto por ciento en función de los años cotizados que dará como resultado la cuantía de la pensión. Se partirá del periodo mínimo de cotización del trabajador, al que se le aplicará un 50% sobre su base reguladora. A partir de ese periodo mínimo, todo el tiempo que lo supere incrementará ese porcentaje en función de la escala general de la jubilación ordinaria.

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