Resumen de Prensa Semanal

Semana 9

25/02/2013 al 03/03/2013

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Los despidos procedentes no impedirán a las empresas acogerse a las nuevas ayudas para jóvenes

cincodias.com, 23/02/2013

El Gobierno anunció ayer que las empresas que quieran beneficiarse de las nuevas reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social por contratar a menores de 30 años aprobadas ayer en el Consejo de Ministros deberán mantener el empleo de sus plantillas, para prevenir el efecto sustitución de trabajadores mayores por otros jóvenes más baratos.

 

Sin embargo, el detalle de estas medidas publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, hace una salvedad al especificar que no se considerará incumplidas las obligaciones de mantenimiento del empleo “cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente”, o cuando la extinción sea por causa imputable al trabajador (dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total).

 

De esta forma, si una empresa ha llevado a cabo despidos individuales o colectivos de carácter objetivos por causas económicas u otras que hayan sido pactados o reconocidos judicialmente como procedentes sí podrán acceder a estas nuevas ayudas para realizar, a menores de 30 años, los tres tipos de contratos incentivados: a tiempo parcial, con vinculación formativa; de forma indefinida si la empresa o el autónomo tiene menos de nueve trabajadores; o el temporal a jóvenes que tengan menos de tres meses de experiencia laboral.

 

Es más, el BOE también precisa que para poder acogerse a estas reducciones o exenciones de cuotas “las empresas y los autónomos deberán no haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, decisiones extintivas improcedentes”. Si bien esta prohibición solo afectará a los despidos producidos a partir de mañana y solo para los puestos del mismo grupo profesional y los mismos centros de trabajo donde se incorporará el joven bonificado.

 

Asimismo, el BOE precisa hoy que cuando se compatibilice el cobro de la prestación por desempleo y el trabajo autónomo, “cuando así lo establezca algún programa de fomento del empelo destinado a colectivos con mayor dificultad de inserción al mercado laboral”, el Estado no cotizará por el parado a la Seguridad Social por el tiempo de la compatibilización.

 

Y cuando el origen de esta compatibilización se produzca por inicio de una nueva actividad como autónomo, el trabajador quedará exento de cumplir con todas las obligaciones que establece el Servicio Público de Empleo a los desempleados que reciben ayudas económicas.

 

En el caso de que el desempleado quiera acogerse a la capitalización de la prestación por desempleo por cualquiera de las causas previstas anteriormente o las nuevas establecidas a partir de mañana, éste trabajador no podrá cobrar la prestación de una sola vez si ha impugnado en los tribunales el despido que ha causado la prestación. En ese caso deberá esperar a la resolución judicial para cobrarla.

 

En cuanto a las modalidades contractuales incentivadas, el BOE precisa que el contrato a tiempo parcial vinculado a formación solo podrá hacerse al trabajador que cumpla uno de los tres requisitos siguientes: experiencia laboral inferior a tres meses; proceder de otro sector de actividad que determinará un reglamento; o estar inscrito desde hace más de doce meses como desempleado.

 

Además, el incentivo a este contrato a tiempo parcial que tiene inicialmente una duración máxima de doce meses, podrá prorrogarse otro año, siempre que el trabajador continúe compatibilizando el empleo con otro curso de formación o la haya cursado en los seis meses previos a la finalización del primer contrato. Y los jóvenes podrán encadenar los actuales contratos de formación y aprendizaje -que a partir de mañana podrán también realizar las empresas de trabajo temporal (ETT)- con nuevos contratos de prácticas, con lo que podrían acumular hasta cinco años contratos vinculados a actividades formativas.

 

 

El BOE publica el plan para apoyar a las pymes y crear miles de empleos

expansion.com, 23/02/2013

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-ley aprobado este viernes por el Gobierno con un paquete de medidas "extraordinarias" dirigidas a apoyar al emprendedor y a las pymes, estimular el crecimiento y crear empleo.

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes que estas medidas entrarán en vigor mañana, domingo, tras su publicación en el BOE.

 

Esta norma contiene una "buena parte" de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate sobre el estado de la nación, añadió.

 

Las iniciativas se engloban en tres ejes: fomentar el empleo de los jóvenes a través de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social; impulsar el autoempleo, por ejemplo, con la posible capitalización de toda la prestación de paro para montar un nuevo negocio, y apoyar la financiación a los emprendedores y pymes.

Se trata de más de 50 medidas que la vicepresidenta calificó como "extraordinarias".

 

Entre ellas, destacan 11 que se enmarcan en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, como es el caso de la implantación de una tarifa plana de 50 euros en la cotización a la Seguridad Social durante seis meses para menores de 30 años y nuevos autónomos que inicien una actividad propia.

 

El Ministerio de Empleo calcula que esta tarifa plana permitirá lograr 30.000 altas adicionales netas en los cuatro años de funcionamiento de este plan.

 

Asimismo, ha explicado que hasta 2016 se gastarán 1.188 millones de euros en la promoción de incentivos a la contratación de parados menores de 30 años y el fomento de la actividad por cuenta propia entre los más jóvenes.

 

El 32 % de ese importe estará financiado con fondos europeos.
Otra de las medidas aprobadas es la posibilidad de que los menores de 30 años puedan compatibilizar el paro durante nueve meses con un negocio propio.

 

Asimismo, se aprobó una medida que autoriza a las empresas de trabajo temporal (ETT) a formalizar contratos para la formación y el aprendizaje.

 

En este primer paquete de iniciativas se incluye la ampliación del Plan de pago a proveedores, dotado con 2.684 millones de euros, y al que se podrán adherir las entidades locales de País Vasco y Navarra así como mancomunidades que quedaron excluidas en el anterior proyecto.

 

En lo que respecta a la lucha contra la morosidad se establece un plazo de pago de 30 días para todas las operaciones privadas, ampliable a 60.

 

Por otra parte, otras medidas decididas el viernes son para liberalizar el sector ferroviario y para impulsar la competencia en el sector de los hidrocarburos.

 

Para apoyar la financiación de las pymes, el Ejecutivo también decidió facilitar la inversión de las aseguradoras y fondos de pensiones en los mercados de capital riesgo y en la bolsa para pymes, el denominado Mercado Alternativo Bursátil (MAB), con el objetivo de que la financiación llegue a las empresas.

 

El Supremo considera un accidente laboral el suicidio de un trabajador

europapress.es, 24/02/2013

El Tribunal Supremo ha considerado un accidente laboral el suicidio de un trabajador en su domicilio después sufrir episodios de "ansiedad", que los médicos asociaron a las condiciones que sufría en la empresa tras participar en una jornada de huelga en el año 2007.

 

La Sala de lo Social ha ratificado la decisión tanto del Juzgado de lo Social nº8 de Sevilla, como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que entendían que las prestaciones de viudedad y orfandad "derivan de un accidente de trabajo".

 

Así, el alto tribunal ha dado la razón a la viuda del fallecido que demandó a la Mutua FREMAP, Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM), Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de Seguridad Social, que consideraban que las prestaciones derivaban de un "accidente no laboral".

 

En mayo de 2007 el fallecido José Luis A.F. fue detenido por la policía cuando se disponía a secundar una huelga de trabajadores de la empresa de transportes en la que trabajaba. Aunque José Luis A.F. fue imputado por estos hechos, no fue reconocido por ningún testigo y se acabó archivando la causa penal.

 

Expediente disciplinario

Asimismo, la empresa decidió abrirle un expediente disciplinario, que cerró en 2009 como consecuencia del archivo del procedimiento penal, que no se le pudo notificar porque ya había fallecido.

 

Durante el tiempo en el que se tramitaban las causas en su contra, José Luis A.F. inició un proceso de "incapacidad temporal" por un estado de ansiedad. Tanto esta dolencia, como los problemas digestivos que padecía fueron asociados por los médicos a "la situación de estrés que padecía debido a la imputación en el procedimiento penal y a la situación en la empresa".

 

En varias ocasiones, José Luis A.F. pidió a la empresa incorporase al turno de mañana "por motivos de salud" y se le denegó al no estar "suficientemente justificada" la solicitud. En noviembre de 2008, José Luis A.F. falleció en su "propio domicilio".

 

Los parados que abran un negocio con el paro tendrán que mantenerlo cinco años para estar exentos del IRPF

lavanguardia.com, 25/02/2013

Los autónomos que inicien un negocio disfrutarán de una rebaja del 20% en la tributación de rendimientos netos de hasta 100.000 euros al año

 

Los desempleados que decidan establecerse como autónomos y perciban la prestación por desempleo como pago único quedarán totalmente exentos de tributar en el IRPF por esta compensación, frente a los 15.500 euros de exención que tienen en la actualidad, siempre que mantengan el negocio durante cinco años, según el real decreto-ley de medidas de apoyo al emprendimiento, que aprobó este viernes el Gobierno.

 

La decreto establece que esta exención en el IRPF se podrá aplicar tanto a la apertura de un nuevo negocio que permanezca en funcionamiento, al menos, durante cinco años, o cuando el dinero de la prestación por desempleo se destine a una sociedad laboral, cooperativa de trabajo o al capital social de una entidad mercantil, siempre y cuando esta aportación se mantenga también durante cinco años como mínimo.

 

Tanto esta exención fiscal como las otras dos rebajas de impuestos incluidas en el real decreto-ley para los autónomos y empresas de nueva creación entran en vigor, con carácter retroactivo, desde el pasado 1 de enero de 2013. En el caso de las nuevas empresas que se constituyan, durante los dos primeros años con resultado positivo tributarán en el Impuesto de Sociedades al tipo reducido del 15% hasta los primeros 300.000 euros de base imponible y el resto, al 20%; mientras que los autónomos que inicien ahora un negocio disfrutarán de una reducción del 20% de la tributación de sus rendimientos netos en el método de estimación objetiva, también durante los dos primeros años con beneficios.

 

Esta reducción se aplicará sólo a las cuantías de rendimientos netos que no superen los 100.000 euros anuales. Además, no se aplicará en el periodo impositivo en el que más del 50% de los ingresos del mismo procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente haya obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad. Se entenderá que se inicia una actividad económica siempre que no se haya ejercido otra actividad en el año anterior a la fecha de inicio de la misma, aunque no se tendrán en cuenta las actividades en cuyo ejercicio se haya cesado sin haber llegado a obtener rendimientos netos positivos desde su inicio.

 

280 millones cada año

El Ministerio de Hacienda ha estimado que más de 75.000 nuevas empresas y autónomos se ahorrarán 280 millones de euros cada año en impuestos tras estas rebajas fiscales. El Ministerio ha señalado que el número de beneficiarios potenciales por esta medida superará las 20.000 empresas cada año, mientras que en el caso de los autónomos, la cifra de beneficiarios potenciales supera los 55.000 cada año, con un ahorro fiscal de 10 millones de euros anuales.

 

Del mismo modo, el texto recoge también medidas de fomento del autoempleo en el régimen de autónomos. Los desempleados que decidan establecerse como autónomos podrán beneficiarse de la exención completa en el IRPF de las prestaciones por desempleo cuando el abono de la prestación sea en forma de pago único (hasta ahora estaban exentos solo hasta 15.500 euros). En este caso, se estima en 21.000 los beneficiarios.

 

Empleo mantendrá la edad de jubilación forzosa por despido en 61 años

abc.es, 26/02/2013

El periodo de cotización para el retiro anticipado pasará de 30 a 33 años, como ya tenía previsto el Gobierno

 

Las condiciones de acceso a la jubilación anticipada en todas sus fórmulas serán en semanas más duras para los españoles, aunque unas más que otras. El Ministerio de Empleo tiene ya sobre la mesa un borrador que da cumplimiento a las exigencias de Bruselas por esta vía y persigue ahorrar costes en un momento delicado para la Seguridad Social por la caída de cotizantes.

 

El pasado mes de noviembre el Ejecutivo enviaba al Pacto de Toledo un informe en el que detallaba su intención de restringir cualquier fórmula de retiro anticipada. La idea era neutralizar las medidas que entrarían en vigor unos meses después, el 1 de enero en la reforma de pensiones. En el informe proponía a sus señorías situar la edad anticipada de retiro forzosa en 63 años (la reforma de enero la fijaba en 61 años) y en 65 años la jubilación voluntaria (la reforma la situaba en 63 años).

 

Ante la falta de acuerdo antes del 1 de enero, días antes el Gobierno decidió suspender por tres meses la entrada en vigor de los puntos de la reforma que atañen a estas dos modalidades de jubilación. El objetivo era dar tiempo al Congreso para que, transcurrido ese plazo, se pronunciara, lo que aún se espera y ha precipitado que el Ministerio de Empleo elabore sus propuestas ante el inminente final del plazo.

 

En España una de cada dos jubilaciones es anticipada y han aumentado un 39% desde comienzos de la crisis. Pero muchos de estos retiros son forzosos, fruto de regulaciones de empleo en sus empresas. Motivo por el que el departamento que dirige Fátima Báñez distinguirá claramente en la nueva reforma que ha diseñado entre jubilación voluntaria y obligada por despido. «No se puede tratar igual al trabajador que abandona el mercado de trabajo por razones económicas o forzosas que el que decide marcharse por propia voluntad. Esa distinción está salvaguardada», aseguran fuentes consultadas por ABC.

 

Así, el texto elaborado por Empleo mantiene la edad forzosa de retiro en 61 años frente una primera propuesta al Pacto de Toledo de aumentarla hastas 63. Eso sí, esos 61 años irán aumentando de forma paralela al retraso en la edad legal desde los 65 años y un mes actuales a 67 años en 2027. Ese año, según los planes del Ejecutivo, la jubilación forzosa quedaría en 63 años.

 

También, como estaba previsto, será mayor el esfuerzo de cotización que habrá que realizar para poder jubilarse antes de la edad legal. El periodo mínimo de cotización pasará de los 30 años actuales a 33 años para todo tipo de retiro y los coeficientes reductores que se aplican para el caso de jubilación forzosa serán del 7,5% para los que han cotizado 38,5 años; 7% para quienes lo han hecho entre 38,5 años y 41,5 años; 6,5% entre entre 41,5 y 44,5% y 6% para el resto.

 

Hay que recordar que en estos momentos sólo hay dos tipos de coeficientes reductores. Un 7,5% menos de pensión para los trabajadores que hayan cotizado menos de 38,5 años y un 6% si han cotizado más años. «Al introducir mayor número de coeficientes se logra una mayor progresividad y mayor vinculación entre lo cobrado y la carrera de cotización», explican las fuentes consultadas por este diario.

 

La jubilación voluntaria es la que mayor penalización tendrá. El borrador del Gobierno eleva la edad desde los 63 años que fijaba la reforma que entró en vigor en enero a 65 años y establece, además, unos coeficientes reductores mayores que para la prejubilación obligada del trabajo, que pueden llegar hasta el 8%.

 

A principios del mes de marzo el Gobierno tiene previsto dar luz verde a estas modificaciones que, en ningún caso tendrán carácter retroactivo. Es decir, que respetarán las condiciones actuales para cualquier reestruturación de plantilla que se presente antes de esa fecha en nuestro país.

 

 

La UE quiere dar a los jóvenes en paro prácticas en cuatro meses

cincodias.com, 27/02/2013

Esta ‘garantía juvenil’ se financiará con 6.000 millones de euros de fondos comunitarios

Unos 7,5 millones de jóvenes en la UE ni estudian ni trabajan

 

Los ministros de Empleo de los Veintisiete tienen previsto cerrar hoy un acuerdo político por el que se comprometen a garantizar a los jóvenes menores de 25 años que dejen el sistema educativo o estén en paro una oferta de trabajo, formación adicional o prácticas en un plazo máximo de cuatro meses. Esta denominada garantía juvenil tendrá financiación de la UE principalmente con los 6.000 millones –de los cuales solo 3.000 millones son dinero nuevo– del nuevo fondo contra el paro juvenil aprobado por los líderes europeos el pasado 8 de febrero, según fuentes diplomáticas. No obstante, el comisario de Empleo, László Andor, pedirá a los Gobiernos que los nuevos fondos se sumen, y no sustituyan, a los recursos financieros que los Estados miembros tenían previsto invertir contra el paro juvenil.

 

Bruselas espera que la garantía juvenil esté ya plenamente en marcha desde 2014 y se adelante incluso en los países con una mayor tasa de paro juvenil. En todo caso, se trata de una recomendación no obligatoria, aunque el Ejecutivo comunitario podría exigir medidas a los Estados miembros más afectados, como España, en el marco de sus directrices de política económica. En representación de España –cuya tasa de paro juvenil, del 55,6%, es la segunda más alta de la UE– acudirá a la reunión la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El Gobierno considera que la aprobación de la garantía juvenil de la UE no le obligará a tomar nuevas medidas, ya que sostiene que el contenido de esta iniciativa ya está incluido en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Báñez anunció que la Estrategia estará dotada con 3.500 millones de euros, de los cuales el 30% procederá del fondo social europeo. España recibirá además 918 millones (casi el 30% del total del dinero nuevo) del fondo de la UE contra el paro juvenil. El sistema de garantía juvenil ya existe en países como Finlandia, Suecia y Austria, y la Comisión lo considera un éxito.

 

Bruselas propone adoptar hasta seis directrices: establecer acuerdos de colaboración entre servicios de empleo públicos y privados, agentes sociales y organizaciones juveniles; garantizar la intervención temprana; mejorar las medidas de inserción profesional; utilizar la financiación de la UE; revisar continuamente el funcionamiento del sistema; y ponerlo en marcha lo antes posible.

 

Unos 5,5 millones de jóvenes (el 23,4%) están en paro en la UE y 7,5 millones ni estudian ni trabajan. El coste de no integrarles en el mercado laboral asciende a 150.000 millones al año, según Bruselas.

La reforma podría retrasar la jubilación anticipada involuntaria a los 63 años

europapress.es, 28/02/2013

La reforma de las pensiones en la que está trabajando el Gobierno podría suponer un retraso de la edad a la que es posible jubilarse de forma anticipada involuntaria hasta los 63 años en 2027, lo que conllevaría acompasar esta fórmula con el retraso que sufrirá la edad de jubilación ordinaria, que en ese año se situará en los 67 años.

 

Según han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press, aunque el Gobierno no ha presentado ningún borrador sobre el futuro decreto a los grupos de la oposición, desde hace meses sí se vienen negociando "aspectos generales" de la posible reforma, que deberá entrar en vigor el 1 de abril.

 

Entre los asuntos sobre los que el Gobierno ya ha sugerido por dónde podrían ir los cambios, destaca el retraso en la edad de jubilación anticipada. La idea es que exista una diferencia de aproximadamente cuatro años con la edad regular, por lo que cuando el retraso de la jubilación se complete en 2027 el retiro anticipado involuntario quedará en 63 años y la voluntaria en 65 años, eso sí, con la exigencia de haber cotizado al menos 35 ejercicios, dos más que actualmente.

 

También se da por hecho que se tocarán los coeficientes reductores, un porcentaje de rebaja de la pensión por cada año que se adelanta la edad de jubilación. Tal y como informa el 'ABC' y han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, se podrían modificar tanto los coeficientes como las horquillas.

 

Así, se podría llegar al 7,5% con 38,5 años de cotización; 7% con entre 38,5 y 41,5 años cotizados; 6,5% si se ha cotizado entre 41,5 y 44,5 años; y 6% para el resto de trabajadores. En el caso de la jubilación anticipada voluntaria estos porcentajes serían incluso mayores.

 

Con respecto a la jubilación parcial, los cambios que se han ido apuntando hasta la fecha pasan por dar la posibilidad a quienes opten por esta fórmula de seguir cotizando de forma proporcional a las horas que trabajen para mejorar la pensión de la que dispondrán cuando se retiren de forma definitiva.

 

Compatibilizar trabajo y pensión

La otra gran reforma que plantea el Gobierno, y sobre la que hay menos disensiones, persigue ampliar la vida laboral de los ciudadanos, flexibilizando para ello las normas que regulan el acceso a la pensión mientras se sigue trabajando.

 

En el único documento que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha entregado hasta la fecha a los grupos --titulado 'Informe sobre la compatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad', fechado en octubre y remitido a los partidos en febrero-- se precisa que los cambios afectarían a quienes sigan percibiendo un sueldo en el sector privado por trabajos por cuenta propia o ajena, y siempre que se haya cumplido la edad de jubilación legal y se haya cotizado el número de años obligatorios para tener derecho a la percepción del 100% de la base reguladora.

 

Además, se indica que en los casos de jubilación anticipada se mantendría la incompatibilidad actual al menos hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, mientras que sí se podría optar a esta posibilidad en los casos de jubilación demorada --incentiva el retraso de acceso a la pensión con una mejora de la cuantía-- o con la exoneración de cotizaciones.

 

En las compatibilizaciones pensión-trabajo no habrá, en principio, obligación de cotizar salvo por los conceptos de incapacidad temporal, enfermedades comunes y accidentes de trabajo. No obstante, tampoco se descarta incluir alguna cotización de solidaridad de un máximo del 6%, aunque aún se está estudiando si lo pagaría el trabajador o la empresa.

 

En las negociaciones se ha avanzado asimismo que el trabajador que opte por esta opción podría llegar a disfrutar hasta del 50% de su pensión con un horario de ocho horas.

 

Poco tiempo para la negociación

Sean cuales sean los planes del Gobierno, lo cierto es que tiene apenas un mes para aprobar su normativa, dado que el 1 de abril vence la prórroga de tres meses decretada a finales de 2012 para la entrada en vigor de los artículos de la ley 27/2011 relativos a jubilación parcial y jubilación anticipada.

 

Por eso, los grupos políticos creen que el Consejo de Ministros aprobará un decreto sobre estos temas --y sobre incentivos para prolongar la vida laboral de los ciudadanos-- en su reunión del 8 o el 15 de marzo.

 

Esto deja poco margen para la negociación y, ante el temor de que el Ejecutivo pueda legislar por decreto sin informar antes a la oposición, tanto el PSOE como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han  registrado una solicitud de comparecencia del secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo.

 

Su intención es que informe "lo antes posible" sobre los detalles de la reforma, y que precise algunos aspectos que plantean interrogantes, como por ejemplo si se aplicarán coeficientes penalizadores más allá de los ordinarios en los casos en que la pensión siga siendo más alta de las cuantías máximas establecidas, o si se permitirá que las empresas tengan flexibilidad para decidir qué parte de la jornada laboral realizan relevista y relevado en los casos de jubilación parcial, entre otros asuntos.

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