Empleo mantendrá la edad de jubilación forzosa por despido en 61 años

El periodo de cotización para el retiro anticipado pasará de 30 a 33 años, como ya tenía previsto el Gobierno

 

Las condiciones de acceso a la jubilación anticipada en todas sus fórmulas serán en semanas más duras para los españoles, aunque unas más que otras. El Ministerio de Empleo tiene ya sobre la mesa un borrador que da cumplimiento a las exigencias de Bruselas por esta vía y persigue ahorrar costes en un momento delicado para la Seguridad Social por la caída de cotizantes.

 

El pasado mes de noviembre el Ejecutivo enviaba al Pacto de Toledo un informe en el que detallaba su intención de restringir cualquier fórmula de retiro anticipada. La idea era neutralizar las medidas que entrarían en vigor unos meses después, el 1 de enero en la reforma de pensiones. En el informe proponía a sus señorías situar la edad anticipada de retiro forzosa en 63 años (la reforma de enero la fijaba en 61 años) y en 65 años la jubilación voluntaria (la reforma la situaba en 63 años).

 

Ante la falta de acuerdo antes del 1 de enero, días antes el Gobierno decidió suspender por tres meses la entrada en vigor de los puntos de la reforma que atañen a estas dos modalidades de jubilación. El objetivo era dar tiempo al Congreso para que, transcurrido ese plazo, se pronunciara, lo que aún se espera y ha precipitado que el Ministerio de Empleo elabore sus propuestas ante el inminente final del plazo.

 

En España una de cada dos jubilaciones es anticipada y han aumentado un 39% desde comienzos de la crisis. Pero muchos de estos retiros son forzosos, fruto de regulaciones de empleo en sus empresas. Motivo por el que el departamento que dirige Fátima Báñez distinguirá claramente en la nueva reforma que ha diseñado entre jubilación voluntaria y obligada por despido. «No se puede tratar igual al trabajador que abandona el mercado de trabajo por razones económicas o forzosas que el que decide marcharse por propia voluntad. Esa distinción está salvaguardada», aseguran fuentes consultadas por ABC.

 

Así, el texto elaborado por Empleo mantiene la edad forzosa de retiro en 61 años frente una primera propuesta al Pacto de Toledo de aumentarla hastas 63. Eso sí, esos 61 años irán aumentando de forma paralela al retraso en la edad legal desde los 65 años y un mes actuales a 67 años en 2027. Ese año, según los planes del Ejecutivo, la jubilación forzosa quedaría en 63 años.

 

También, como estaba previsto, será mayor el esfuerzo de cotización que habrá que realizar para poder jubilarse antes de la edad legal. El periodo mínimo de cotización pasará de los 30 años actuales a 33 años para todo tipo de retiro y los coeficientes reductores que se aplican para el caso de jubilación forzosa serán del 7,5% para los que han cotizado 38,5 años; 7% para quienes lo han hecho entre 38,5 años y 41,5 años; 6,5% entre entre 41,5 y 44,5% y 6% para el resto.

 

Hay que recordar que en estos momentos sólo hay dos tipos de coeficientes reductores. Un 7,5% menos de pensión para los trabajadores que hayan cotizado menos de 38,5 años y un 6% si han cotizado más años. «Al introducir mayor número de coeficientes se logra una mayor progresividad y mayor vinculación entre lo cobrado y la carrera de cotización», explican las fuentes consultadas por este diario.

 

La jubilación voluntaria es la que mayor penalización tendrá. El borrador del Gobierno eleva la edad desde los 63 años que fijaba la reforma que entró en vigor en enero a 65 años y establece, además, unos coeficientes reductores mayores que para la prejubilación obligada del trabajo, que pueden llegar hasta el 8%.

 

A principios del mes de marzo el Gobierno tiene previsto dar luz verde a estas modificaciones que, en ningún caso tendrán carácter retroactivo. Es decir, que respetarán las condiciones actuales para cualquier reestruturación de plantilla que se presente antes de esa fecha en nuestro país.

 

 


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