Resumen de prensa semanal

Semana 3

12/01/2015 al 18/01/2015

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Las denuncias por cesión ilegal de empleados caen por miedo al despido

elpais.com, 11/01/2015

Los expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo caen un 38%

 

La crisis ha hecho caer el número de denuncias por cesión ilegal de trabajadores —cuando una empresa pone sus empleados a disposición de otra sin ser una Empresa de Trabajo Temporal (ETT)— un 38% en los últimos cuatro años pese a que, según los sindicatos, se trata de una práctica al alza.

 

La Inspección de Trabajo solo abrió 28 expedientes por estas faltas en Cataluña en 2014 frente a los 74 iniciados en 2010. El temor al despido —y a quedarse en paro cuando ya hay 576.000 desempleados registrados—, la generalización de las externalizaciones y la ausencia de campañas de detección son los motivos por los que la Administración sanciona esta infracción con menor frecuencia y los empleados la toleran cada vez más, afirman los sindicatos CC OO, UGT y fuentes de la propia Inspección de Trabajo.

 

Una compañía puede encargar a otra un servicio que realizaba anteriormente con personal de su propia plantilla siempre que esta última no deje de comportase como un empleador y se limite a proveer personal, algo que prohíbe el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, que trata sobre la cesión de trabajadores.

 

“Esto solo lo puede hacer una ETT”, recuerda Consuelo Chacartegui, profesora de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra. Una opción menos barata, ya que la ley obliga a pagar a los trabajadores contratados a través de estas agencias el mismo sueldo que uno de plantilla. A esto se suma que la crisis ha eliminado una de cada cuatro ETT en Cataluña y que estas son más complejas de montar que una subcontrata. Requieren de una autorización específica y una garantía financiera de 25 veces el salario mínimo en cómputo anual.

 

En Girona, el inspector que se presentó a finales de 2013 en la sede de Dominion S. A. —empresa que realiza instalaciones para Telefónica— encontró a un técnico que, pese a llevar cuatro meses despedido, iba vestido con ropa de la firma, conducía uno de sus vehículos y retiraba material de sus almacenes.

 

Este trabajador incluso recibía encargos a través del sistema informático que utilizaba antes del cese, reconocido como improcedente por la propia Dominion según el acta de Inspección.

 

Lo que sí había cambiado era que constaba como trabajador de la subcontrata Globalred Instalaciones y ganaba entre 700 y 900 euros mensuales menos, según cálculos de CC OO. Estaba registrado en una categoría laboral menor, le prorrateaban las pagas extra y ya no cobraba las guardias, los pluses ni las dietas. Su faena era la misma que la de sus antiguos compañeros, que sí conservaban estos beneficios. La empresa fue multada el año pasado por un total de 16.251 euros.

 

“La gran beneficiada es la empresa usuaria: paga salarios inferiores, no se hace cargo de los costes de despido ni contratación y se libra de responsabilidades”, afirma Chacartegui. A su vez, “a la contratista le resulta rentable porque su única actividad es ceder mano de obra”. Los perjudicados son los empleados: “Son los grandes perjudicados: surge una doble escala salarial, la plantilla oficial adelgaza porque es más cara y esto hace más difícil crear órganos de representación de los trabajadores”, detalla.

 

La responsable de asesoramiento de CC OO, Luisa Montes, coincide con la catedrática en que los trabajadores denuncian menos porque prefieren un empleo precario y en condiciones irregulares antes que el paro: “Junto al falso autónomo, esta es una de las figuras que más ha crecido tras la reforma laboral. Se está extendiendo a todos los sectores y a empresas de todos los tamaños”. El secretario de política sindical de UGT, Camil Ros, considera que “la principal razón es que el Cuerpo de inspectores no es suficiente y hay poca voluntad política para investigar”.

 

Fuentes de la Inspección admiten que este fraude “nunca se ha perseguido de forma planificada porque antes no había tanta externalización” y que, “ante la proliferación de empresas de servicios, estamos en el escenario donde hace falta investigar más que nunca”.

 

La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) acusó a finales de noviembre al Gobierno central de “sesgo ideológico” por centrar los objetivos del Cuerpo en los controles de empleo “bajo la óptica de la criminalización de los desempleados y extranjeros en situación irregular”.

 

La agrupación denunció en un informe que se estaba “poniendo el acento en los trabajadores perceptores, en clara situación de necesidad, y no en sus empleadores, empresarios que se aprovechan de esa necesidad”.

 

Uno de estos fraudes desatendidos es precisamente el de la cesión ilegal, sostiene un portavoz de la UPIT, que añade como obstáculo la “aceptación social” de la externalización por parte de compañías, Administraciones —muchas han sido sancionadas por esta práctica—, sindicatos y los propios inspectores.

 

“No hay presión social porque, pese a que los afectados pueden denunciar y exigir ser admitidos en plantilla, no lo hacen hasta que son despedidos. Además, no es una infracción muy conocida. Cuando la detectas, sueles tener que explicar qué es y la gente se sorprende”, afirma el portavoz.

 

Los informáticos, los más afectados

Ni sindicatos ni inspectores dudan a la hora de señalar el sector más afectado por la cesión ilegal de trabajadores: el de la informática. Un ejemplo emblemático es el de Hewlett Packard (HP), con sede en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

 

HP Outsourcing y HP Consultoría y Aplicaciones, dos de sus siete sociedades en España, fueron sancionadas en 2013 con 96.250 y 86.250 euros respectivamente por contratar cada una a una treintena de empleados a través de un total de 17 empresas.

 

Los trabajadores —la mayoría, programadores— hacían la misma labor que la plantilla “de forma integrada en la estructura organizativa” de HP, que no hacía “distinción entre el personal directo y externo”, según las actas levantadas por la Inspección de Trabajo.

 

La tecnológica controlaba su organización, horarios y vacaciones, algo que era competencia de las contratas. La compañía ha recurrido las sanciones por vía judicial. CC OO denuncia que al menos HP Outsourcing continúa cometiendo este fraude pero que no puede acudir a la Inspección hasta que haya una sentencia.

 

25 ejemplos sobre Incapacidad Temporal que debe tener en cuenta

elderecho.com, 12/01/2015

Prestación por IT derivada de enfermedad común de un trabajador contratado a tiempo parcial. Este, junto con otros ejemplos se recogen en este ebook para resolver las dudas más comunes sobre Incapacidad Temporal.

 

Planteamiento

Una trabajadora contratada el 4 de enero de 2014 para prestar servicios a tiempo parcial con una jornada de 5 horas diarias de lunes a sábado (coeficiente de parcialidad: 75% jornada ordinaria), causa baja en el RG por enfermedad común desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 29 de octubre de 2014.

La empresa tiene concertada la protección por IT con el INSS, tanto por contingencias comunes como profesionales.

Calcular la prestación por incapacidad temporal que tiene derecho a percibir.

 

Solución

Requisitos:

-Afiliada y en alta.

-Período de carencia: 180 días en los 5 años inmediatamente anteriores a la baja médica.

A este período de carencia hay que aplicar el coeficiente global de parcialidad (número de días acreditados como cotizados sobre el total de días en alta en los últimos 5 años).

* Días en alta (de 4-1-2014 a 30-9-2014): 270 días.

* Días de cotización acreditados (se aplica a los días cotizados a tiempo parcial el coeficiente de parcialidad)

270 x 75% = 202 días

* Coeficiente global de parcialidad

202 /270 = 0,75 (75%)

-Período mínimo de cotización necesario para acceder al subsidio

180 días x 75% = 135 días

Reúne los requisitos para acceder al subsidio por IT

Prestación

Base reguladora

1.850 (BC contingencias comunes 3 meses anteriores a la baja) / 78 (nº días trabajados) = 23,72 €.

Porcentaje aplicable

* 60% desde el día 4 de la baja, hasta el 20 ambos incluidos.

* 75% desde el día 21.

Cuantía de la prestación (a partir del 4º ya que la IT deriva de enfermedad común)

La prestación económica se abona durante los días contratados como de trabajo efectivo en los que el trabajador permanezca en situación de IT.

* Del 4 al 20-10-2014: 13 días

23,72 x 60% = 14,23 € /día

14,23 x 13 = 184,99 euros

* Del 21 al 29-10-2014: 8 días

23,72 x 75%= 17,79 €/día

17,79 x 8 días = 142,32 euros

Abono

* Desde el día 4º al 15º de la baja: a cargo del empresario.

* Desde el día 16: INSS. No obstante, el abono material lo realiza la empresa mediante pago delegado.

 

Los funcionarios ya pueden pedir por internet la paga extra de 2012

cincodias.com, 13/01/2015

La sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas puso en marcha ayer en su web el procedimiento electrónico para que los empleados públicos soliciten la devolución del 25% de la paga extra suprimida en diciembre de 2012. Solo deben reclamarlo aquellos funcionarios que ya no se encuentren en activo o que hayan cambiado de destino. El trámite también puede realizarse a través del portal de intranet de los empleados públicos.

 

Hacienda informó de que para solicitar el importe será necesario disponer de DNI electrónico o certificado electrónico. El sistema permite al interesado autorizar a su centro gestor actual para que solicite el certificado de haberes de 2012 de forma electrónica al centro de origen, o bien aportándolo directamente si ya dispone del mismo.

 

El Gobierno incluyó en los Presupuestos Generales de 2015 una disposición para que los funcionarios recuperasen parte de la paga extra suprimida en diciembre de 2012 para hacer frente a la reducción del déficit público exigida por Bruselas. La medida, que entra en vigor en año electoral, tendrá un coste de 230 millones. La decisión también afecta a los empleados públicos de comunidades autónomas y ayuntamientos. En cualquier caso, autonomías como Castilla y León y La Rioja, en las que también gobierna el PP, ya procedieron antes de que acabara el año a la devolución a sus empleados públicos de lo que se les confiscó en 2012.

 

Cataluña es una de las comunidades que más recortes ha aplicado y no ha abonado una de las dos pagas extraordinarias durante los últimos tres ejercicios. Para 2015, el Ejecutivo catalán ya se ha comprometido a pagar la totalidad del sueldo a sus empleados. El coste para la Generalitat de recuperar las dos pagas extraordinarias se eleva a 600 millones.

 

Gastos de personal

Los Presupuestos del Estado para 2015 contemplan destinar 16.046 millones de euros al capítulo de gastos de personal, un 1,6% más que la partida del ejercicio anterior. El 5,7% del presupuesto estatal se destina a abonar las nóminas.

 

 

Un millón de pensiones más que cuando empezó la crisis

cincodias.com, 13/01/2015

El sistema de pensiones sigue creciendo según lo previsto por el envejecimiento de la población española y por el efecto de la crisis, que ha llevado a muchos trabajadores a jubilarse de forma anticipada ante la imposibilidad de seguir ocupados.

 

De hecho, durante los siete años que dura ya la crisis económica (2008-2014) la Seguridad Social ha ido reconociendo pensiones de todo tipo hasta sumar un millón más. Así cuando arrancó 2008 el Ministerio de Empleo abonaba 8,33 millones de pensiones a 7,58 millones de pensionistas (hay alrededor de un millón de pensionistas que cobran más de una pensión). Y en la actualidad, siete años después, se abonan 9,27 millones de pensiones a 8,42 millones de pensionistas, lo que supuso un incremento de 11% en ambos casos.

 

Sin embargo, este crecimiento de pensiones, pensionistas y, por ende, del gasto en prestaciones, no solo no se ha visto acompañado de un aumento del número de cotizantes al sistema –que son los que pagan las prestaciones con sus cotizaciones a la Seguridad Social– sino todo lo contrario. El número de afiliados al sistema se ha recortado un 7,7% desde 2008.

 

Esta situación ha llevado el ratio que mide el número de afiliados (cotizantes) que ingresan dinero en el sistema por cada pensionista, que no ingresa y además cobra, haya caído a finales de 2014 a su nivel más bajo desde el año 2000.

 

En concreto ahora se contabilizan 2,25 cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista, frente al máximo de 2,71 que llegó a tener el sistema en diciembre de 2007, justo antes de iniciarse la crisis.

 

Según los expertos, si esta ratio se sitúa por debajo de los 2 cotizantes por pensionista el sistema de reparto en cuestión se hace del todo insostenible financieramente. Y esto es precisamente lo que le está ocurriendo al sistema español. Cuando el Ministerio de Empleo elabora esta ratio, lo hace incluyendo entre los cotizantes (aquellos que pagan) a los parados que tienen una prestación contributiva, ya que el Estado cotiza por ellos a la Seguridad Social mientras están cobrando esta ayuda. Es decir, el sistema recibe el dinero de las cotizaciones pero estas salen, a su vez, de las arcas públicas, por lo que una elaboración depurada de este ratio, que no contabilice las cotizaciones de los afiliados desempleados, indicaría que hay 1,97 cotizantes reales por cada pensionista. Esto ocurrió al cierre de 2014, por tercer año consecutivo, ya que 2012 fue el primer año, desde 1997, que este ratio caía por debajo del 2.

 

Es más, si este indicador de sostenibilidad financiera del sistema se hace teniendo en cuenta solo a los cotizantes ocupados y al número de pensiones, en lugar del de pensionistas, el ratio caería en la actualidad al 1,79, incurriendo en una clara situación de insostenibilidad financiera.

 

Estado financiero del sistema

Según explican desde Empleo, esta caída del ratio de afiliados por pensionista al menor nivel desde el año 2000 obedece, sobre todo, al continuado descenso del número de parados que reciben prestación (y, por tanto, el Estado cotiza por ellos), que no ha sido compensado con la intensidad necesaria por el aumento del número de cotizantes ocupados.

 

Así, para que esta evolución repercutiera positivamente sobre el ratio de afiliados por pensionista, los cotizantes ocupados deberían crecer más del doble de lo que caen los cotizantes desempleados y esto no ocurrió en 2014, cuando hubo 393.842 afiliados con empleo adicionales y 272.285 cotizantes parados menos.

 

Esta situación, existente desde hace tres ejercicios, ha hecho saltar las alarmas del sistema de pensiones, en números rojos desde 2011. Para enjugar este déficit, el Gobierno saca cada año del fondo de reserva de las pensiones el dinero que necesita para hacer frente a las catorce pagas de los 9,27 millones de pensionistas existentes.

 

Por ello, este fondo ha pasado de tener 66.815 millones de euros en 2011 a menos de 50.000 millones a finales de 2014. Todo apunta a que el pasado ejercicio la Seguridad Social incurrió en un déficit de más de 10.000 millones de euros, equivalente a alrededor del 1% del PIB, cumpliendo la previsión del Gobierno. En los próximos años se mantendrán los números rojos (0,6% de déficit previsto para 2015) y, según distintos cálculos oficiales, la Seguridad Social podría no volver al superávit hasta por lo menos 2020.

 

Objetivo inmediato: incrementar la tasa de ocupación

La creación de empleo es la principal solución, por no decir la única, a la situación deficitaria del sistema de pensiones. Este crecimiento de la ocupación genera más ingresos por cotizaciones que son la única fuente de financiación de estas prestaciones contributivas. De momento, el pasado año, la tasa de ocupación (porcentaje de personas en edad y disposición de trabajar que tienen un empleo) aumentó 2,3 puntos, hasta situarse en el 76,3%. Esto supone que en España hay más de 17,5 millones de personas con un empleo, de los 22,9 millones de activos en disposición de trabajar, según un informe de Randstad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

Este repunte de la tasa de empleo fue consecuencia tanto del crecimiento de la ocupación masculina como de la femenina, si bien en el caso de los hombres ésta avanzó a mayor ritmo (2,8%) que en las mujeres (1,6%).

 

De esta forma, cuatro de cada cinco nuevos empleados que se incorporaron al mercado laboral hasta el tercer trimestre del año pasado eran varones. Entre los hombres, los mayores de 45 años encabezan la creación de empleo, con casi 195.000 puestos de trabajo más en los tres primeros trimestres de 2014. En las mujeres, casi la mitad de las trabajadoras que accedieron al mercado laboral eran menores de 30 años.

 

El año pasado, la tasa de ocupación aumentó en 15 comunidades autónomas españolas y sólo descendió en Canarias (-0,8%) y Andalucía (-0,3%). En ambas regiones, el retroceso se debió a la caída del empleo femenino, frente al avance de la ocupación masculina.

 

Hoy entra en vigor la nueva ayuda a parados de larga duración sin ingresos

eleconomista.es, 15/01/2015

El programa extraordinario de activación para el empleo diseñado por el Gobierno y los agentes sociales para impulsar la reinserción laboral de los parados de larga duración (aquellos que llevan más de un año en el desempleo) entra en vigor este jueves, 15 de enero.

 

Este programa incluye una ayuda económica de 426 euros mensuales (80% del Iprem) durante un máximo de seis meses, a la que podrán acceder los parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones, tengan cargas familiares y cumplan determinados requisitos.

 

En concreto, para poder solicitar esta ayuda, los desempleados de larga duración deberán haber tenido un empleo anterior, buscar activamente un puesto de trabajo, y haber consumido las prestaciones del Prepara, Prodi o la Renta Activa de Inserción al menos seis meses antes de pedir la ayuda.

 

Asimismo, para poder beneficiarse de esta prestación, los solicitantes deben tener responsabilidades familiares y estar inscritos como demandantes de empleo a 1 de diciembre de 2014 (deben haberlo estado al menos durante 12 meses durante los 18 meses anteriores).

 

La ayuda tendrá un coste de entre 1.000 y 1.200 millones de euros, elevará la tasa de cobertura de protección por desempleo entre siete y ocho puntos, hasta situarse en el 65% a mediados de 2015, y beneficiará a entre 400.000 y 450.000 desempleados.

 

Los beneficiarios estarán obligados a llevar a cabo un itinerario diseñado por los servicios públicos de empleo con la idea de que se reincorporen cuanto antes al mercado de trabajo.

 

Además, se tendrá en cuenta la voluntad de la persona a la hora de trabajar, de modo que sólo se podrán beneficiar del programa quienes hayan perdido su último empleo de forma "involuntaria" y quienes acepten cualquier oferta de empleo "adecuada", entre otros supuestos.

 

Obligación de suscribir un compromiso de actividad

Asimismo, los beneficiarios deberán suscribir en el momento de la solicitud un compromiso de actividad en virtud del cual realizarán las acciones que determinen los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación que actúen en colaboración con ellos.

 

Si durante la participación en el programa los beneficiarios reciben una oferta adecuada de empleo o un curso de formación y lo rechazan, abandonarán el programa.

 

Los solicitantes deberán, con carácter previo, realizar una búsqueda activa de empleo y acreditarla. El pago de la ayuda se realizará una vez se acrediten los requisitos establecidos y esta búsqueda activa de empleo durante el plazo de un mes.

 

Las actuaciones a realizar en el desarrollo del programa podrán ser de orientación profesional e intermediación, de formación o reconocimiento de la experiencia profesional, y de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

 

Este programa, que estará vigente hasta el 15 de abril de 2016 y podrá ser prorrogado, podrá compatibilizarse con un empleo. En estos casos, la contratación del beneficiario por parte de la empresa podrá formalizarse bajo la modalidad de contrato a tiempo completo o parcial, que podrá ser objeto de incentivos adicionales para el empleador.

 

Por otro lado, se diseñará un contrato con agencias de colocación dirigido a la inserción de los beneficiarios y se les dotará de prioridad en las acciones formativas financiadas a través de las correspondientes convocatorias a nivel estatal.

 

En el ámbito de la financiación, el programa conlleva un incremento del 16,8% de los recursos destinados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 a las políticas activas de empleo, que se sumarán a los recursos propios que cada comunidad autónoma destine.

 

Además, una parte de este mayor gasto estatal disponible en 2015 se distribuirá entre las comunidades autónomas en función del desarrollo efectivo del programa, así como de los resultados logrados.

 

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