Resumen de prensa semanal

Semana 47

21/11/2011 al 27/11/2011

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El Gobierno blinda el retiro anticipado en los trabajos peligrosos

Cinco Días, 19/11/2011

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un real decreto para adelantar la edad de jubilación en aquellos trabajos penosos, tóxicos o peligrosos que registren índices elevados de morbilidad o mortalidad.

 

Según informó el Ministerio de Trabajo en una nota, el real decreto desarrolla el acuerdo logrado con los agentes sociales dentro de la reforma de las pensiones que entra en vigor en 2013 y que eleva, progresivamente, la edad de jubilación a los 67 años y el periodo de cómputo para calcular la pensión a 25 años.

 

El real decreto considera la jubilación anticipada como situación excepcional y siempre que no sea posible cambiar las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad, o el propio puesto de trabajo. Según precisó Trabajo, los autónomos podrán acceder a la jubilación anticipada en los mismos supuestos y colectivos que se fijen para los trabajadores asalariados.

 

A diferencia de la regulación anterior, donde el establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación se producía solo a iniciativa y por decisión del Ministro de Trabajo, la nueva norma permitirá a las organizaciones sindicales solicitar el establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación o al establecimiento de una edad mínima para la pensión.

 

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó también el traspaso al País Vasco de las funciones y servicios en materia de información, promoción y ordenación del turismo, que hasta ahora realizaba el Estado. Este acuerdo supondrá a favor del País Vasco una minoración de 25.414,76 euros en el Cupo.

 

Los empresarios piden una reforma inmediata del mercado de trabajo

Cinco Días, 22/11/2011

Los empresarios están impacientes y ayer, desde distintas organizaciones y patronales, urgieron al futuro Ejecutivo del PP a que tome medidas, sobre todo en el terreno laboral, en los primeros días de Gobierno. Es más, en CEOE esperan que aproveche la mayoría absoluta para actuar "con convicción".

 

La incógnita se ha despejado y los empresarios tienen ya un destinatario para sus peticiones, que no se han hecho esperar. Distintas patronales urgieron ayer al futuro Gobierno a que adopte medidas para reactivar la economía y, sobre todo, el mercado de trabajo. Entre grandes y pequeños empresarios ha cierto consenso en dos asuntos: que los cambios deben llegar "en pocos días" y que estos deben iniciarse con "una reforma laboral "de verdad", que facilite la vuelta a la creación de empleo, según las palabras del presidente de la patronal eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, a Efe. Entre las demandas empresariales para el mercado laboral destacan el abaratamiento de costes, con una rebaja de cotizaciones, que no dañe en exceso las arcas públicas, y la eliminación de rigideces en la contratación indefinida (entre ellas el coste del despido); así como la simplificación de contratos temporales (actualmente existen más de cuarenta).

 

Para el Círculo de Empresarios es urgente que el nuevo Gobierno apruebe "un plan de choque integral" que incluya de forma inmediata una reforma laboral, medidas de consolidación fiscal y de normalización del crédito. También opinan que estas "deben quedar aprobadas en los primeros días". Es más, añaden que durante esta semanas iniciales, el Ejecutivo debería también anunciar el resto de reformas de la legislatura, "para despejar incertidumbres".

 

En cuanto a la fórmula que deberían adoptar los nuevos gobernantes para hacer estas reformas urgentes, distintas fuentes empresariales aseguran que patronos y sindicatos se pondrán a disposición del nuevo Gobierno de forma inmediata; igualmente, consideran deseable que se pudiera adoptar un pacto de Estado por el empleo entre todas las fuerzas políticas. Aunque, dicho esto, en público y privado, los empresarios empiezan a esgrimir la mayoría absoluta del Ejecutivo de Mariano Rajoy, como la mejor herramienta para gobernar "sin tener que llegar a compromisos continuos", añadió el presidente de Unesa.

 

Idéntica tesis es la defendida desde la gran patronal española CEOE, donde sus responsables confían en que "la mayoría absoluta debe permitirles hacer frente con convicción a la difícil situación económica". En otras palabras, la organización que dirige Juan Rosell considera que la gravedad de la crisis no deja tiempo para largas negociaciones y espera que los responsables económicos actúen rápidamente por decreto. Así lo avanzó ya la semana pasada el presidente del la patronal madrileña (CEIM), Arturo Fernández, anticipando la mayoría absoluta conseguida ayer por el PP.

 

Esta forma urgente de actuar es compartida por los populares. Así lo manifestó ayer el secretario de Economía y Empleo de este partido, Álvaro Nadal: "el Gobierno tiene el mandato popular de hacer lo que tenga que hacer si hay otro tipo de agentes sociales o políticos que no son razonables".

 

Por su parte, las principales asociaciones de autónomos y pymes exigieron al futuro Ejecutivo que cumpla los compromisos lanzados en la campaña electoral por este sector. Fundamentalmente el fijar un incentivo fiscal de 3.000 euros y bonificaciones de cuotas a la contratación del primer trabajador no socio; así como dejar que el IVA se abone en cuando se cobre la factura y no cuando se emita.

 

Otras patronales como la de la construcción (CNC) pidieron al Gobierno que busque "nuevos yacimientos de ingresos" y un plan de pagos de las administraciones que tranquilice a los mercados y las empresas.

Los sindicatos y patronal perderán el control de los fondos para formación

Expansión, 22/11/2011

El PP quiere someter a “concurrencia competitiva” las tareas que ahora ‘monopolizan’ los agentes sociales. Además, deberán ceder protagonismo a los autónomos.

 

Para la patronal y los sindicatos será difícil olvidar la resaca electoral del 20N, si se tiene en cuenta el paquete de novedades que  Mariano Rajoy ha preparado para ellos. Los populares ya les habían avisadodequedebían“ estarala altura de la crisis”, un toque de atención que se concreta en que dejarán de recibir subvenciones y perderán el control directo de los fondos para formación.

 

Lo más urgente para el PP es recortar el gasto para ayudar a cumplir con el objetivo de déficit que exige Bruselas. Así que desde Génova están decididos a implantar en todo el territorio el “modelo manchego balear”, esto es, suprimirlos liberados institucionales; anular los alquileresdelocales que ahora se pagan a ciertas organizaciones, y disolver el Consejo Económico y Social (CES) de cada región, un órgano consultivo que reparte dietas entre empresarios y sindicatos.

 

“En un momento difícil hay que aceptar  determinados recortes. Lo aceptamos y creo que hay que hacer un esfuerzo”, señala un alto cargo de CEOE, convencido de que los ajustes no se notarán tanto en su organización.

 

La clave, explica, es que la patronal se mantiene gracias a las cuotas de asociados, si bien el ejerciciode2010–últimosdatos– Refleja que más de la mitad de los 500 millones que mueve provienen de fondos públicos (la cifra tiene en cuenta tanto las subvenciones directas de Trabajo como las ayudas indirectas que gestionan). La cifra es mayor entre las centrales,quedurante esta crisis han engullido al menos 1.600 millones de euros por estas vías. En ambos casos, se trata de un cálculo aproximado dada la complejidad organizativa de los agentes sociales.

 

Los dolores de cabeza no acaban ahí. El PP quiere abrir a “concurrencia competitiva” Cada programa que ahora gestionan patronal y sindicatos. Esto significa que cuando una Administración o empresa necesite llevar a cabo un plan –de prevención de riesgos laborales, de comercio exterior o igualdad de género, por ejemplo– esa convocatoria se abrirá al gran público. Así, la opción más eficiente asumirá la “encomienda de gestión”.

 

Éste es uno de los puntos que levantan más ampollas,ya que afectará al modo de trabajo de la intocable Fundación Tripartita, que controlan CEOE, CCOO y UGT. Esta macrohucha, alimentada con fnodos públicos, les reparte cada año 800 millones de euros sólo para cubrir la formación de los trabajadores en activo. El objetivo para esta Legislatura es dotar de mayor transparencia a este organismo. Apesar de que los fondos son“finalistas”–cadacéntimo repartido debe destinarse a gestionar cursillos exclusivamente–, los agentes sociales se llevan comisiones de entre el10%yel20%, una grieta que los populares quieren subsanar abriendo el modelo a la iniciativa privada.

 

La tercera novedad tiene que ver con el rol que juegan la patronal y los sindicatos en el llamado diálogo social, la mesa donde se acuerdan las reformas laborales y los acuerdos de negociación colectiva para fijar incrementos de salarios, un poder que los populares consideran excesivo dada la experiencia de la crisis.

 

Se trata de un tándem cojo: ni la patronal representa a todos los empresarios ni las centrales son la voz de todos los trabajadores. La revolución que quiere Génova pasa por ceder protagonismo a autónomos y pymes, lo que  supondría la entrada de un nuevo jugador –la Federación ATA–, en el diálogo social, según Fuentes populares.

La Agencia Tributaria detecta casi seis millones de desempleados en 2010

Expansión, 23/11/2011

Casi seis millones de personas cobraron alguna remuneración pública por desempleo, el indicador que utiliza la Agencia Tributaria para medir la bolsa de paro, a lo largo de 2010.

Según las últimas estadísticas de Hacienda, publicadas en la web del Ministerio sólo dos días después de las elecciones generales, 5.909.530 personas se encontraron en paro en algún momento del año pasado, una cifra que pone de manifiesto que el drama del mercado laboral afecta a más familias que las que suelen mostrar las estadísticas oficiales del INE y del Ministerio de Trabajo.

 

Es decir, con la medición que utiliza el Fisco para evaluar la situación del trabajo en España, la bolsa de paro real es un 27% superior a la que suelen mostrar las estadísticas oficiales. De media, el Ministerio de Economía contempla que en 2010 había 4,6 millones de parados, 1,3 millones menos que lo que contabiliza la Agencia Tributaria, que depende de este departamento, en sus estadísticas internas.

 

La diferencia entre indicadores no quiere decir que los datos del paro estén manipulados. Eso sí, las cifras de Hacienda son los que se utilizan, por ejemplo, para evaluar las percepciones de prestaciones y de subsidios públicos, un tema capital en un momento en el que la Seguridad Social se encuentra al borde de los números rojos a pesar de la última reforma de las pensiones.

 

Los datos internos del departamento que dirige Juan Manuel López Carbajo parten de un criterio muy coherente en plena crisis de las arcas públicas. Hacienda considera desempleados al "número de personas distintas que a lo largo de un ejercicio han recibido alguna prestación por desempleo". Es decir, parados que al carecer de un trabajo recibieron una paga del Inem. Posteriormente pudieron ser contratados y de ahí la divergencia en los datos oficiales. Los cálculos del Fisco son especialmente relevantes en un momento en el que la reducción del déficit público debe ser la máxima prioridad del Gobierno.

 

Hace un año, Hacienda también detectó 1,2 millones de parados extra en el año 2009. Y hace dos, el Fisco afinó los datos oficiales y elevó casi un 30% la bolsa oficial de parados hasta los 4,5 millones de personas en 2008, en un momento en el que ni a finales de 2009 se había alcanzado, con las estadísticas del INEM, esa temida cifra. Al cierre de 2008, según las fuentes habituales, sólo había 3,2 millones de personas sufriendo el lastre del desempleo mientras que las autoridades negaban que se fuera a superar la temida frontera de los cuatro millones.

 

En 2010 había 564.646 personas menores de 25 años cobrando algún subsidio o prestación. Además, para Hacienda había 1.838.175 de parados con edades comprendidas entre los 26 y los 35 años; 1.612.736, entre los 36 y los 45 años; 1.183.344 entre los 46 y los 55 años, y 710.629 de mayores de 55 años. La prestación media anual que recibieron los casi 6 millones de personas que sufrieron el desempleo en 2010 sólo ascendió a 3.952 euros.

La nómina de pensiones contributivas superó los 7.169 millones en noviembre

Cinco Días, 24/11/2011

La nómina de las pensiones contributivas de noviembre ascendió 7.169,58 millones de euros, el 4,7% más que en el mismo mes de 2010, según ha informado hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

 

La pensión media de jubilación se situó en 921,73 euros, lo que representa un incremento del 3,5% interanual.

 

En cuanto a la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 809,83 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 3,2%.

 

En noviembre, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.853.188, lo que representa un incremento interanual del 1,5%.

 

Más de la mitad de las pensiones son por jubilación, 5.281.894, mientras que 2.316.769 son por viudedad, 940.914 por incapacidad permanente, 275.505 por orfandad y 38.106 a favor de familiares.

Ocho regiones españolas, entre las doce con más paro de toda la Unión Europea

El Períodico, 24/11/2011

Canarias, Andalucía, Ceuta, Melilla, Murcia, Valencia, Extremadura y Castilla-La Mancha se situaron entre las 12 regiones de la Unión Europea (UE) con más paro en el 2010, según los datos publicados este jueves por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

 

Las regiones de Europa con mayores tasas de paro eran estas ocho ciudades y comunidades autónomas españolas y cuatro departamentos franceses de ultramar, encabezados por Reunión, con un 28,9%, la cifra más alta de toda la UE, según Eurostat.

 

Canarias, con el 28,7% de desempleo, era la región española con más paro y la segunda en la lista europea, seguida de Andalucía (28,0%), Ceuta (24,1%) y la francesa Guadalupe (23,8%). Melilla ocupó el sexto lugar con un paro del 23,7%, y a continuación se situaron Murcia (23,4%), Comunidad Valenciana (23,3%) y Extremadura (23,0%). El décimo puesto lo comparten, con un paro del 21,0%, las francesas Guayana y Martinica y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 

Zelanda y Bolzano, líderes en empleo

 

En el otro extremo se encuentran la holandesa Zelanda y la italiana Bolzano, con tasas de paro del 2,7%, seguidas de las austriacas Tirol (2,8%) y Salzburgo (2,9%).

 

Los territorios españoles con menos paro eran el País Vasco (10,5%), Navarra (11,8%), Cantabria (13,9%), La Rioja (14,3%) y Aragón (14,8%). Catalunya tenía un 17,8%, y Madrid, un 16,1%.

 

La tasa de desempleo aumentó en el 2010 respecto del año anterior en casi dos tercios de las 271 regiones que sirven al Eurostat para elaborar sus estadísticas. La media del paro en la Unión Europea se situó ese año en el 9,6%, frente al 8,9% del 2009. El porcentaje fue igual para el desempleo masculino que para el femenino.

 

Canarias, a la cabeza del desempleo en hombres; Melilla, en mujeres

 

Regiones españolas encabezan la lista de paro por sexos. En el caso de los hombres, Canarias tiene la tasa más alta de toda la UE con un 29,2%, seguida de la francesa Reunión (28,0%), Andalucía (26,9%), Murcia (23,7%), Comunidad Valenciana (23,4%), Ceuta y Letonia (21,7%), Guadalupe (21,4%), Lituania (21,2%) e Islas Baleares (21,0%).

 

En cuanto al desempleo entre las mujeres europeas, Melilla ocupa el primer lugar de las regiones europeas con un 31,9%, seguida de Reunión (30,0%), Andalucía (29,4%), Ceuta (28,3%), Canarias (28,1%), Extremadura (26,9%), Guadalupe (26,0%), Guayana (24,9%), Castilla-La Mancha (24,1%) y la Comunidad Valenciana (23,2%).

 

Ceuta, región con más desempleo juvenil

 

Ceuta es además la región con más desempleo entre los jóvenes de entre 15 y 24 años, al registrar una tasa de paro del 60,2%. En quinto lugar figura Canarias, con un 51,7%, seguida de Andalucía (49,9%), Extremadura (45,9%), Castilla-La Mancha (43,1%) e Islas Baleares (43,0%). La media de paro juvenil en la UE fue del 20,9% en el 2010.

 

En el apartado de paro de larga duración, en cambio, no hay ninguna región española entre las 10 primeras. A la cabeza de esta clasificación figuran los departamentos franceses de ultramar de Guadalupe (78,8%), Guayana (73,6%) y Martinica (70,4%).

Trabajo aclara que los parados sin prestación tienen acceso a la sanidad

Cinco Días, 25/11/2011

El Ministerio de Trabajo aclaró ayer que la Ley General de Salud Pública garantiza la asistencia sanitaria a los parados aunque estos hayan agotado la prestación por desempleo. Esta aclaración se produjo después de las denuncias presentadas en Galicia o Murcia debido a que los gobiernos regionales habrían retirado la tarjeta sanitaria a los parados que habían agotado su prestación por desempleo.

 

La Ley General de Salud Pública garantiza la universalización de la sanidad pública, lo que incluye a los parados que han agotado su prestación, según una nota difundida ayer por el Ministerio de Trabajo. Esta norma extiende la asistencia sanitaria pública a residentes en territorio nacional a los que no se les reconocía este derecho en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico. Se trata de unas 300.000 personas que, por diferentes motivos, permanecían fuera de la sanidad pública en España, entre los que se encuentran los desempleados que hayan agotado subsidio de desempleo o determinados colectivos como abogados o arquitectos.

 

La decisión adoptada por Murcia o Galicia se debe a que esta norma no entra en vigor hasta el 1 de enero de 2012. Desde la Consejería de Murcia se apuntaba ayer que solo se obedece lo que fija la ley: cuando se acaba el desempleo, se retira la tarjeta sanitaria. De hecho apuntaron que hay dos fórmulas para volver a disponer de esa tarjeta cuando se retira: asociarse a la de un familiar o solicitar una para el colectivo de personas sin recursos.

 

Esos argumentos fueron rechazados ayer por Trabajo que aclara en la nota que las comunidades autónomas pueden firmar convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para acceder a su base de datos y de esta manera comprobar el número de Seguridad Social que acredita a los ciudadanos como sujetos de derecho a la asistencia sanitaria.

 

Gasto en dependencia

 

El anterior Ejecutivo de Castilla-La Mancha dejó sin pagar 160 millones de euros a los dependientes, según denunció ayer el portavoz de la Junta y consejero de Empleo, Leandro Esteban, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada regional del PP, Rosa Romero.

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