Resumen de prensa semanal

Semana 52

22/12/2014 al 24/12/2014

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Los jóvenes españoles quieren trabajar primero por cuenta ajena

lavanguardia.com, 21/12/2014

El 56 % de los jóvenes españoles prefiere trabajar por cuenta ajena y el 74 % considera que de esta forma se adquiere más experiencia laboral que con otras como el trabajo por cuenta propia.
Según una encuesta realizada a 8.600 jóvenes iberoamericanos visitantes de los portales Universia y Trabajando.com, la mitad de los encuestados españoles considera que la mayor ventaja de trabajar por cuenta ajena es la estabilidad laboral, que sólo es un factor importante para el 36 % del total de Iberoamérica.

La encuesta -realizada a jóvenes de España, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Puerto Rico- revela que el 57 % prefiere ser contratado por una empresa, mientras que el 26% preferiría emprender y sólo un 17 % querría trabajar independientemente para terceros.

Asimismo, el 63% de los encuestados prefiere trabajar en el sector privado, el 32% en el público y el 5% en una ONG.

Entre las ventajas de ser contratado por una empresa, el 46% valora contar con un seguro médico y tener gratificaciones y liquidaciones.

Ante la misma pregunta, un 16% de la muestra encuestada destacó la posibilidad de hacer carrera dentro de la empresa y un 2% tener vacaciones.

Respecto a los beneficios del trabajo independiente, el 32% valora en primer lugar la flexibilidad del horario, el 30% la posibilidad de trabajar en varios proyectos al mismo tiempo, un 24% la conciliación de la vida laboral y el 14% "ser su propio jefe".

El Estado pagará a las empresas parte del salario si contratan a parados de larga duración

lavanguardia.es, 19/12/2014

La ministra de Empleo, Fátima Bánez, ha presentado el Plan Extraordinario de activación de empleo, que pretende ayudar a reinsertar en el mercado laboral a los parados de larga duración, que actualmente suponen el 60% del total. Entre las nuevas medidas que se pretenden aplicar, el Gobierno ha anunciado que los empresarios que contraten a desempleados que estén dentro del programa, podrán restar del salario la ayuda que el nuevo asalariado percibe del Estado.

“La ayuda va a ser por primera vez compatible con el salario por parte de la empresa”, ha informado la ministra, que ha adelantado que la ayuda que percibirán los beneficiarios del programa será de 426 euros. La ministra ha explicado que la nueva ayuda "extraordinaria" sólo va dirigida a un colectivo de parados específico que no tengan "ninguna prestación" ni por parte ni CCAA ni de los ayuntamientos y tengan a cargo responsabilidades familiares.

Báñez ha asegurado que "estos beneficiarios tienen que haber estado inscritos como demandantes de empleo para entrar en este programa antes del 1 diciembre de 2014 y haber estado inscritos en el desempleo en los doce últimos meses de los 18 previstos desde la solicitud".

Además, ha recordado que su nivel de renta no debe superar al 75 % del Indicador Público de Rentas Múltiples y ha incidido en que tienen la "obligación" de aceptar cualquier oferta o formación que reciban mientras estén dentro de ayuda. "Es un programa de corresponsabilidad y los beneficiarios deben comprometerse a buscar activamente empleo y a al vez tienen derecho de una atención personalizada", ha asegurado.
Asimismo, Báñez ha afirmado que la ayuda será compatible con un salario proveniente del sector privado y "en ningún caso con de la Administración Pública".

Ha recordado que los beneficiarios potenciales estarán en el entorno de entre 400.000 y 450.000 personas y que el coste estimado de esta medida rondará los 1.000 o 1.200 millones de euros. La medida supondrá subir la tasa de cobertura por desempleo a mediados de 2015 entre siete y ocho puntos, lo que supondría pasar del 57 % actual al 64 %, tal como ha explicado.

La ministra ha recalcado que no se trata de una subvención sino de un Plan Extraordinario de Activación para el Empleo, que es "novedoso" porque el objetivo por primera vez hay un tratamiento individualizado y un itinerario personal de inserción del trabajador, con un orientador y "tutor" que "acompañará" al desempleado hasta que encuentre un empleo.

Báñez ha agradecido la responsabilidad de los agentes sociales y de las CCAA para "ponerlo en marcha" y hacer que la inserción sea cuanto antes.Según el acuerdo el demandante debe estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo al menos doce meses pero si se ha tenido empleos cortos por un plazo máximo de tres meses estos trabajos no se tendrían en cuenta.

La ministra ha incidido en que la gran prioridad del Gobierno en los próximos meses será reducir el "elevado" paro todavía se registra pese a que el desempleo se ha reducido "mes a mes".

En este sentido ha dicho que con datos hasta el mes de noviembre se ha producido un crecimiento "sostenido del empleo" por lo que en 2014 se confirma que habrá creación neta de empleo. "El contexto de la recuperación económica se consolida mes a mes", ha dicho Báñez.

Las Administraciones Públicas sólo admitirán facturas electrónicas

cincodias.com, 23/12/2014

Los proveedores de las Administraciones Públicas contemplados dentro de la normativa 25/2013 solo podrán emitir facturas electrónicas. La medida se hará efectiva a partir del 15 de enero de 2015, fecha en la que las facturas deberán ser presentadas en sus puntos generales de entrada de facturas electrónicas.

La factura electrónica contempla los mismos requisitos que las facturas tradicionales en papel, y la misma es resultado de las medidas puestas en marcha para erradicar la morosidad en el sector público. Entre las ventajas que aporta este sistema, además del ahorro de costes y la reducción de los tiempos de facturación, se encuentran el aumento de la seguridad de los procesos, la menor probabilidad de falsificación y la reducción de fallos y errores en las facturas.

 

En concreto, las facturas electrónicas serán gestionadas a partir del FACe, que es el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, una plataforma online que permite presentar facturas electrónicas ante cualquier órgano de la Administración General del Estado a través de un punto único. En este sentido FACe es una iniciativa que está teniendo muy buena recepción entre los usuarios, pues simplifica a los proveedores el proceso de remisión de facturas y permite consultar el estado de tramitación de las mismas. Para ello, desarrolla un formato de factura determinado, que se denomina Facturae.

 

Envío y facturación

Con respecto a los envíos de la factura electrónica estos se llevan a cabo a través de la red, siendo los más habituales el acceso a través del portal web del Punto General de Entrada de las Facturas Electrónicas o mediante conexión automática entre el servicio de facturación electrónica del proveedor y el punto general de entrada de las facturas electrónicas.

Este envío produce, automáticamente, su apunte en un registro administrativo, que dota a la presentación de su correspondiente asiento registral. Por su parte, la facturación se realiza mediante la web del FACe, que se encarga de emitir las facturas a las administraciones, consultar el estado de las facturas, consultar el directorio de unidades para conocer el código de identificación de la unidad destinataria y obtener ayuda.

El salario mínimo subirá el 0,5% en 2015, hasta los 648,6 euros mensuales

abc.es, 23/12/2014

Gobierno y agentes sociales han negociado a contrareloj la subida que se aplicará al salario mínimo en 2015, una referencia que se utiliza, sobre todo, para subir los sueldos menos cualificados, que afecta a muy pocos convenios, pero que año a año se convierte en el termómetro económico, al igual que las pensiones.

 

El Consejo de Ministros del próximo viernes 26 de diciembre aprobará un incremento del 0,5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con lo que se elevará a 648,6 euros mensuales y en cómputo anual alcanzará los 9.079,37 euros, según el real decreto remitido por el Gobierno a los agentes sociales. De esta forma, el Ejecutivo elevará ligeramente el SMI el próximo año, del que se benefician unos 200.000 trabajadores, tras elevarlo un 0,6% en 2013, pero después de permanecer congelado en 2012 y 2014. En concreto, el SMI se incrementará en unos tres euros mensuales, aumento que desde CC.OO. consideran «insuficiente y claramente alejado» de lo que sería necesario para que el SMI recupera el nivel de poder adquisitivo perdido durante la crisis. Y es que la propuesta de subida es bien vista por CEOE, aunque es algo tímida aún para UGT y CC.OO. El recién confirmado presidente de la patronal, Juan Rosell, es partidario de hacer un «esfuerzo» para mejorar el próximo año el salario mínimo, para el que ha reclamado una alza superior a la que se aplicará a las pensiones (0,25%).

 

Peticiones sindicales

 

Los sindicatos que dirigen Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo reclaman que «se acerque al 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea suscrita en España». Así, proponen un primer incremento del 12,5% en enero de 2015 hasta llegar a los 725 euros, y un aumento del 10,25% en enero de 2016 hasta alcanzar los 800 euros. En la actualidad, el SMI se sitúa en 645,30 euros. Una cantidad muy alejada de la que se cobra en otros países como Luxemburgo (1.921, 03 euros), Bélgica (1.501,82), Países Bajos (1.495,20), Irlanda (1.461,85), Francia (1.445, 38) y Reino Unido (1.301,3), según el informe del INE sobre «Los salarios en España y en la UE». El salario mínimo se fija cada año, mediante Real Decreto, después de una consulta con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas, teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. También está previsto que se revise en caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios. 

 

Desde el año 2000 hasta 2012, el SMI experimentó una «continua mejora pero en los últimos años ha perdido 5,4 puntos de su capacidad adquisitiva», según denunció ayer CC.OO. Por eso, este sindicato junto a UGT reclaman «una subida para preservar la protección de las personas que se encuentran en situación de desempleo, así como para mejorar el poder adquisitivo de la población que recibe un salario menor y cuyas condiciones de vida se han ido deteriorando a medida que avanzaba la crisis». 

 

Solo un año congelado

 

En el año 2013, el Gobierno del PP subió el salario mínimo interprofesional un 0,6%. Esta modificación supuso un aumento de 3,90 euros al mes y situó al SMI en los 645,3 euros actuales. Un año antes, el primero con Rajoy en la Moncloa, el SMI quedó congelado en los 641,4 euros, la primera vez que ocurría desde 1980, fecha en la que se puso en marcha este salario. De hecho el Gobierno de Rodríguez Zapatero hizo una bandera del incremento del salario mínimo, y pese a la oposición del entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, éste pasó de los 490 euros en 2004 a los 641 en 2011, lo que supone un incremento de más del 30%. 

 

La subida para 2015, que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes, estará entre el 0,5% y el 1%. Fuentes del Ejecutivo argumentan que en un entorno de caída de precios como el actual, con la inflación en el -0,4% y con tendencia a la baja, una subida del salario mínimo por encima del medio punto ya supone ganancia de poder adquisitivo y además no lanza un mensaje alarmante a los mercados, como sí harían incrementos superiores a ese 1%. 

 

De hecho, hay que recordar que las pensiones públicas subirán en 2015 un 0,25%, mientras los salarios de los funcionarios se congelan, aunque recibirán una pagar con un 25% de la extra que se les suprimió en el año 2012. 

Aprobada la nueva Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo

prevention-world.com, 22/12/2014

Esta nueva regulación afecta tanto a las mutuas en su integridad como a determinados aspectos de la gestión de la prestación por IT, proporcionando unidad de criterio y facilitando la coordinación entre la Administración de la Seguridad Social, las entidades colaboradoras y los Servicios Públicos de Salud.

 

Tras su paso por el Parlamento, el texto final de la norma dota al marco jurídico que regula estas entidades de mayor claridad, transparencia y seguridad jurídica.

 

Para mejorar la gobernanza de las mutuas, se establecen límites a las retribuciones de los directivos de estas entidades en correspondencia con la del sector público, reforzando el control económico de las mutuas.

 

En cuanto a las reservas y excedentes, el texto del Proyecto de Ley optimiza el aprovechamiento de recursos públicos ya que se trata de entidades privadas que gestionan recursos y prestaciones públicas. El texto establece que el 80% del excedente se destinará al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. La novedad es que incorpora la obligatoriedad de la Reserva de Asistencia Social, un 10%, y se limita el importe máximo de la Reserva Voluntaria, acentuando el carácter social de las entidades y de la Seguridad Social.

 

El Gobierno actualizará en un año la tarifa de cotización por contingencias profesionales según la peligrosidad y riesgos de la actividad, y regulará el sistema “bonus” a las empresas para incentivar la adopción de medidas que reduzcan la siniestralidad laboral.

 

Con carácter periódico, el Gobierno presentará en la Cámara Baja un informe de evaluación de la gestión de las Mutuas con el fin de valorar su eficiencia en comparación con la realizada por las entidades gestoras.

 

Los trabajadores autónomos adheridos a la Mutua se incorporarán a los órganos de gobierno de la misma. Además se simplifica el acceso a la prestación de cese por actividad de este colectivo y se facilitan los requisitos para los autónomos económicamente dependientes (TRADE).

 

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social tendrán la posibilidad de formular propuestas motivadas de alta médica y comunicarán simultáneamente al trabajador afectado y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que se ha enviado dicha propuesta de alta.

 

La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud (SPS) deberá comunicar a la Mutua y al INSS, en un plazo máximo de cinco días hábiles, la emisión del alta o su denegación. En el caso de que el SPS desestime la propuesta de alta de la Mutua o no conteste en forma y plazo, la Mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en un plazo de 4 días.

 

Por tanto, serán siempre los facultativos de los Servicios Públicos de Salud o del Instituto Nacional de la Seguridad Social quienes tengan la última palabra para que los trabajadores se reintegren a su puesto de trabajo, una vez restablecidos.

 

Cabe recordar que la Ley de Mutuas se complementa con el Real Decreto que regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de Incapacidad Temporal (IT) en el primer año de duración, una pieza clave en la gestión de esta cobertura. Ese Real Decreto contempla que el trabajador no tenga que recoger semanalmente su parte de baja y favorecerá a los trabajadores y sus familiares que no deberán desplazarse al centro de salud cada siete días para recoger dichos partes, sino que estará ajustado a la previsión del seguimiento clínico. También favorece a la empresa, ya que reduce las cargas de tramitación de la confirmación de la baja del trabajador.

 

La Ley de Medidas en Materia de Liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, también sometida a aprobación definitiva en el Pleno del Congreso, incorpora en su texto algunas de las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios, que han prestado su aval al texto a lo largo de su tramitación.

 

El sistema de facturación directa incorpora el nuevo procedimiento por el que la Seguridad Social liquidará directamente a las empresas las obligaciones de cotización. Con este sistema los empresarios dispondrán todos los meses de un cálculo individualizado de las cuotas sociales para cada trabajador.

 

El uso intensivo de las nuevas tecnologías hará de la gestión de las cuotas sociales un proceso más eficiente y eficaz que minimizará el margen de error en el trámite.

 

Los objetivos que persigue son simplificación de los trámites, reducción de costes, efectividad en el control y mayor calidad de la información utilizada por la entidad gestora.

 

De las enmiendas introducidas en el trámite parlamentario destaca la que garantiza que el nuevo sistema supondrá una protección adicional del derecho de los trabajadores a la información sobre su cotización.

 

Además, se realizará un estudio acerca del alcance que en materia de prestaciones pueda tener la rectificación de las bases que se hayan estimado en el proceso recaudatorio.

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