Aprobada la nueva Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo

Esta nueva regulación afecta tanto a las mutuas en su integridad como a determinados aspectos de la gestión de la prestación por IT, proporcionando unidad de criterio y facilitando la coordinación entre la Administración de la Seguridad Social, las entidades colaboradoras y los Servicios Públicos de Salud.

 

Tras su paso por el Parlamento, el texto final de la norma dota al marco jurídico que regula estas entidades de mayor claridad, transparencia y seguridad jurídica.

 

Para mejorar la gobernanza de las mutuas, se establecen límites a las retribuciones de los directivos de estas entidades en correspondencia con la del sector público, reforzando el control económico de las mutuas.

 

En cuanto a las reservas y excedentes, el texto del Proyecto de Ley optimiza el aprovechamiento de recursos públicos ya que se trata de entidades privadas que gestionan recursos y prestaciones públicas. El texto establece que el 80% del excedente se destinará al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. La novedad es que incorpora la obligatoriedad de la Reserva de Asistencia Social, un 10%, y se limita el importe máximo de la Reserva Voluntaria, acentuando el carácter social de las entidades y de la Seguridad Social.

 

El Gobierno actualizará en un año la tarifa de cotización por contingencias profesionales según la peligrosidad y riesgos de la actividad, y regulará el sistema “bonus” a las empresas para incentivar la adopción de medidas que reduzcan la siniestralidad laboral.

 

Con carácter periódico, el Gobierno presentará en la Cámara Baja un informe de evaluación de la gestión de las Mutuas con el fin de valorar su eficiencia en comparación con la realizada por las entidades gestoras.

 

Los trabajadores autónomos adheridos a la Mutua se incorporarán a los órganos de gobierno de la misma. Además se simplifica el acceso a la prestación de cese por actividad de este colectivo y se facilitan los requisitos para los autónomos económicamente dependientes (TRADE).

 

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social tendrán la posibilidad de formular propuestas motivadas de alta médica y comunicarán simultáneamente al trabajador afectado y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que se ha enviado dicha propuesta de alta.

 

La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud (SPS) deberá comunicar a la Mutua y al INSS, en un plazo máximo de cinco días hábiles, la emisión del alta o su denegación. En el caso de que el SPS desestime la propuesta de alta de la Mutua o no conteste en forma y plazo, la Mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en un plazo de 4 días.

 

Por tanto, serán siempre los facultativos de los Servicios Públicos de Salud o del Instituto Nacional de la Seguridad Social quienes tengan la última palabra para que los trabajadores se reintegren a su puesto de trabajo, una vez restablecidos.

 

Cabe recordar que la Ley de Mutuas se complementa con el Real Decreto que regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de Incapacidad Temporal (IT) en el primer año de duración, una pieza clave en la gestión de esta cobertura. Ese Real Decreto contempla que el trabajador no tenga que recoger semanalmente su parte de baja y favorecerá a los trabajadores y sus familiares que no deberán desplazarse al centro de salud cada siete días para recoger dichos partes, sino que estará ajustado a la previsión del seguimiento clínico. También favorece a la empresa, ya que reduce las cargas de tramitación de la confirmación de la baja del trabajador.

 

La Ley de Medidas en Materia de Liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, también sometida a aprobación definitiva en el Pleno del Congreso, incorpora en su texto algunas de las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios, que han prestado su aval al texto a lo largo de su tramitación.

 

El sistema de facturación directa incorpora el nuevo procedimiento por el que la Seguridad Social liquidará directamente a las empresas las obligaciones de cotización. Con este sistema los empresarios dispondrán todos los meses de un cálculo individualizado de las cuotas sociales para cada trabajador.

 

El uso intensivo de las nuevas tecnologías hará de la gestión de las cuotas sociales un proceso más eficiente y eficaz que minimizará el margen de error en el trámite.

 

Los objetivos que persigue son simplificación de los trámites, reducción de costes, efectividad en el control y mayor calidad de la información utilizada por la entidad gestora.

 

De las enmiendas introducidas en el trámite parlamentario destaca la que garantiza que el nuevo sistema supondrá una protección adicional del derecho de los trabajadores a la información sobre su cotización.

 

Además, se realizará un estudio acerca del alcance que en materia de prestaciones pueda tener la rectificación de las bases que se hayan estimado en el proceso recaudatorio.


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