El gasto en bajas laborales cae un 35% en la crisis

La reciente aprobación definitiva de la Ley de Mutuas prevé poner el colofón al intento del Gobierno por reducir el gasto en incapacidad temporal (IT), más popularmente conocido como bajas temporales. Las cifras publicadas por la Seguridad Social (que incluyen a trabajadores del sector público y privado) avalan que el pago de prestaciones por IT a los trabajadores es una de las partidas más abultadas de su presupuesto. Con los últimos datos publicados, Empleo estima que en 2014 el sistema desembolsó por este concepto un total de 4.878,37 millones de euros, un 2,72% menos que un año antes.

 

El descenso es mucho más significativo si se compara con 2008, el año en el que se alcanzó el máximo de la serie histórica, que arranca en 1990, con un total de 7.533,87 millones. Si se comparan ambas cifras, el desplome alcanza el 35,2%. No en vano, en los últimos seis años el gasto en IT se ha ido reduciendo ejercicio tras ejercicio a un ritmo del 6,9% anual, aunque en 2012, coincidiendo con los cambios normativos aprobados por el Ejecutivo para el sector público, el retroceso fue del 14,11% anual.

 

¿Qué factores explican este descenso en el gasto? Por un lado, la crisis y la fortísima destrucción de empleo que ha provocado. Al haber menos trabajadores con empleo, se registran menos procesos de incapacidad temporal. Pero no conviene olvidar que la recesión también ha provocado que muchos empleados que en otra coyuntura económica causarían baja en su empresa, se han resistido a hacerlo por miedo a perder su puesto de trabajo. A esta circunstancia, desde 2012 se le añade la cuestión económica.

 

El Gobierno aprobó en esa fecha cambios en el régimen retributivo de la IT que son de aplicación para todo el personal de la Administración. El objetivo era frenar el volumen de ausencias de corta duración (inferiores a 15 días) que se contabilizan cada año. Fuentes del Ejecutivo reconocían en privado que aunque solo con las cifras era difícil de demostrar, había fundadas sospechas de que algunas de esas bajas cortas eran fraudulentas.

 

Menor duración

De ese modo, a partir de esa fecha, los funcionarios y empleados públicos que causaran baja por contingencias comunes ven reducido su salario los tres primeros días de incapacidad un 50%, si la baja se prolonga de cuatro a 20 días, pasan a percibir el 75% de sus retribuciones y si se trata de una dolencia más grave, lo que provoca una baja de más de 21 días, solo en ese supuesto es cuando cobran el 100% de su sueldo; tal y como ocurría antes de la reforma en todos los casos y desde el primer día de la baja.

 

Por ello, los sindicatos de la función pública vienen denunciando desde que entró en vigor este recorte de la prestación que son muchos los empleados de la Administración que para evitar un descenso de su salario acuden a su puesto de trabajo enfermos, lo que repercute en un peor servicio al ciudadano y hace que procesos que en condiciones normales serían breves, se alarguen en el tiempo.

 

En este sentido, responsables de Administraciones Públicas están ultimando un estudio para evaluar cómo ha disminuido el absentismo laboral y cuánto ha ahorrado la Administración con estas medidas. Hacienda atribuye a la dificultad que supone recabar datos de todas las Administraciones el retraso de estos cálculos, el mismo argumento que esgrimen fuentes sindicales. Entretanto, la Seguridad Social mide la incidencia de las bajas utilizando otros parámetros.

 

Así, en la duración media de los procesos se puede comprobar cómo ha pasado de 47,7 días antes de la crisis (años 2006) a 37,7 días al cierre de 2014. El número medio mensual de procesos iniciados también se está recortando, desde los 483.011 registrados en 2007 hasta los 271.402 del año pasado (sin duda cifras influidas por el descenso en el número de ocupados). Otro de los indicadores que precisamente filtra ese factor es el que mide la incidencia de las bajas por cada 1.000 trabajadores. Antes de la recesión era de 30,9 y en 2014 disminuyó hasta 18,8.

 


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