Resumen de prensa semanal

Semana 6

06/02/2012 al 12/02/2012

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Menos bajas para no perder el empleo
cincodias.com, 07/02/2012

¿Dónde está el límite de la actual Seguridad Social?

cincodias.com, 06/02/2012

A mediados de 2009 este diario publicaba un reportaje titulado El superávit de la Seguridad Social pende de un hilo. Pues bien, ese hilo ya se ha roto y el sistema de pensiones ha vuelto a los números rojos en 2011. Tras casi 15 años de superávit ininterrumpidos, la Seguridad Social registró el pasado año un déficit de 668 millones (un 0,06% del PIB).

 

Los sucesivos Gobiernos han destinado estos excedentes al fondo de reserva de las pensiones -creado en 2000 por el PP-, que ya cuenta con unos 65.000 millones de euros (el 6,5% del PIB).

 

Esto es sin duda un gran colchón que garantiza el pago de las pensiones durante los próximos años; pero es solo una garantía adicional que se esfumará en menos tiempo de lo previsto si no se logra frenar la sangría del empleo y recomponer las condiciones que hacen sostenible el sistema. Estas son las variables que ponen en cuestión dicha sostenibilidad.

 

Ahora existen ocho millones de pensionistas cuyas prestaciones se abonan con las cotizaciones que aportan empresas y trabajadores en activo (y los parados mientras cobran prestación). Mientras el flujo de entrada de cotizantes crecía en los últimos años no importaba que el gasto en pensiones también aumentara; porque además se incrementaba menos que los ingresos.

 

Sin embargo, la crisis se ha llevado este equilibrio por delante. Los últimos datos de ejecución de las cuentas del sistema ponen de manifiesto la peligrosa deriva que están tomando los principales ingresos y gastos del sistema.

 

Así, en noviembre las aportaciones de cotizaciones sumaban 93.521 millones de euros, tras disminuir un 1,49% en términos interanuales; mientras que el gasto en pensiones y prestaciones contributivas aumentó un 4%, alcanzando los 92.489 millones.

 

¿Por qué ocurre esto? Para empezar, el número de pensionistas crece un 1,5%, mientras que el número de cotizantes cae por encima del 2%.

 

Pero esto es aún más grave si se observa que cada pensionista de jubilación que sale del sistema (la mayoría por fallecimiento) cobraba una pensión media de 874 euros, mientras que los nuevos jubilados que llegan al sistema cobran un promedio de 1.202 euros, un 37% más. Además, los pensionistas que se dan de baja han estado cobrando menos de 15 años de media cobrando, frente a los 18 años que la cobrarán los nuevos jubilados hombres y los 22 años de las mujeres.

 

Este perfil de jubilado (más caro) empezará a dispararse en 10 años con la llegada masiva a la jubilación de los nacidos en el baby boom (entre 1959 y 1974). Así, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2020 a 2040 el grupo de personas en edad de trabajar perderá más de tres millones de efectivos, al tiempo que los de más de 65 años aumentarán en casi cinco millones. Esto puede dar al traste con la ratio de sostenibilidad del sistema, que ahora ya está en el límite (2,1 cotizantes por cada pensionista) y rozando los mínimos históricos de la anterior crisis de principios de los noventa (1,8).

 

Por el lado de los ingresos, se han perdido 2,5 millones de empleos desde el inicio de la crisis y el Banco de España prevé la pérdida de otro medio millón este año. Es más, los afiliados que han ido saliendo eran al principio temporales (que pagaban menos cotizaciones), pero en el último año los despedidos tienen mayores bases de cotización. Y los pocos que entran nuevos son en su mayoría empleos a tiempo parcial que aportan sustancialmente menos.

 

Crear empleo, subir cuotas o acelerar la reforma

Con una senda como la actual de intensa y constante merma de ingresos y aumento imparable de los gastos, el sistema de Seguridad Social, tal y como lo conocemos en la actualidad, no es viable más allá de 10 o 15 años y siempre que se gastara el fondo de reserva, según distintas fuentes consultadas.

 

Sin embargo, hay soluciones. La primera e imprescindible sería empezar a crear empleo. Esta es la mayor garantía de viabilidad. Pero también podrían aumentarse las cotizaciones, algo que no se baraja ahora porque supondría un encarecimiento del coste laboral que obstaculizaría la recuperación del empleo.

 

Desde la esfera sindical, hay un sector que propone la creación de un impuesto finalista o parte del IVA para financiar las pensiones.

 

Pero, de enconarse mucho más la crisis del empleo, la solución que se presenta más factible será la aceleración de la reforma de 2011, que prevé un retraso progresivo de la edad de jubilación a 67 años en 2027 (lo que supondrá más ingresos) y una ampliación de los años de cómputo de la pensión de 15 a 25 años en 2022 (cuantías inferiores de pensión y, por tanto, menos gasto). Pero el Gobierno descarta hoy por hoy acortar estos plazos.

Los autónomos frenan contrataciones a la espera de la reforma laboral

elpais.com, 06/02/2012

La incertidumbre siempre frena la toma de decisiones. Esta es una norma general que se aplica mucho al mercado laboral. Esto es lo que vino a decir, Lorenzo Amor, presidente de ATA, la mayor asociación de autónomos. “Muchos autónomos tienen paralizadas las contrataciones a la espera de lo que contenga la reforma laboral”, declaró ayer Amor a la salida de la reunión que mantuvo él junto con Sebastián Reyna, de UPTA, y Pedro Barato, de CEAT, con la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

 

Para acabar con la incertidumbre, Amor pidió al Gobierno que la reforma laboral que se aprobará el viernes en el Consejo de Ministros se tramite como real decreto para que entre en vigor en el mismo momento de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 

En el encuentro con los representantes de los autónomos, que duró poco más de una hora, Báñez no concretó detalles de la reforma laboral que prepara su departamento. La ministra solo prometió a los representantes de este colectivo que el decreto contendrá medidas de “flexibilidad interna con mayúsculas”, según las palabras de Amor. “Ahora mismo para los autónomos con problemas es más fácil despedir que reducir una paga extra”, explica el máximo dirigente de ATA.

 

No obstante, Amor sigue poniendo énfasis en que el problema más acuciante de los autónomos es el de la morosidad, sobre todo la pública. De ahí que aplauda la iniciativa de crear una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial para los Ayuntamientos, igual a la creada para las comunidades autónomas.

 

Por su parte, Reyna, de UPTA, comentó que Báñez les prometió que no olvidará a los autónomos en la reforma laboral, “y ha utilizado la palabra flexibilidad”. La responsable de Empleo también habló de contratación en la cita, pero ni en este tema ni en negociación colectiva, ni en flexibilidad interna bajó a concretar sus posiciones.

 

Además de la reforma laboral, sobre la mesa también estuvo la ley de emprendedores que Mariano Rajoy prometió. Báñez se comprometió con los autónomos a tener lista la norma antes de que acabe el primer trimestre de este año.

 

Hoy la ministra de Empleo tendrá una nueva oportunidad de concretar las medidas de la reforma laboral que prepara, pues comparece en el Congreso de los Diputados, por primera vez desde que ocupa la cartera, para explicar las líneas básicas de su departamento.

El Gobierno aliviará la asfixia de los autónomos a cambio de más control

cincodias.com, 07/02/2012

El Gobierno está ultimando la Ley de Emprendedores y otras medidas destinadas a los autónomos. Entre ellas, permitirán a este colectivo declarar el IVA cuando cobren las facturas a cambio de que lleven un libro de registro de este impuesto, lo que supondrá un mayor control de su actividad.

 

El Ministerio de Hacienda está dispuesto a permitir que los autónomos declaren el IVA cuando lo cobren y no en el momento de emitir las facturas, como ocurre en la actualidad. Si bien los responsables de este departamento han advertido a los representantes de este colectivo que para ello deberán llevar un libro de registro del IVA, lo que les exigirá facilitar a Hacienda muchos más datos de su actividad y mayor burocracia, según informaron ayer fuentes del sector.

 

Así, el Gobierno se compromete a incluir esta medida en la próxima Ley de Emprendedores -que pretende aprobar en el primer trimestre del año-, pero ha advertido a los autónomos que "no quiere protestas" por estas mayores exigencias. De esta forma, el Ejecutivo aliviará en parte la asfixia financiera de los trabajadores por cuenta propia a cambio de un mayor control tributario y de ingresos.

 

"A nosotros no nos importa que nos controlen más pero, al mismo tiempo, el Gobierno tendrá que intensificar la lucha contra el fraude de los que están fuera del sistema y ni siquiera tributan", aseguraban ayer fuentes de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA). En cualquier caso, llevar la contabilidad de estas facturas de forma detallada en el citado libro de registro será una obligación solo por si Hacienda demanda su envío.

 

Permitir que este colectivo declare el IVA de las facturas cuando hayan sido cobradas supondrá cumplir una promesa electoral del PP y tendrá como consecuencia reponer en manos de los autónomos unos 2.000 millones de euros, que es aproximadamente la cantidad que adelantaron el pasado año, antes de hacer efectivos los cobros de sus facturas.

 

No obstante, desde Hacienda se han expuesto "dificultades técnicas" para llevar a cabo esta medida, ya que supondrá un importante cambio informático, por lo que los responsables de este departamento no han dado una fecha concreta de su implantación. El primer pago del IVA deberá hacerse en abril y, probablemente, los autónomos aún deberán adelantar el primer desembolso de ese impuesto.

 

De igual forma, los responsables del ministerio que dirige Cristóbal Montoro se han comprometido a incluir en la Ley de Emprendedores la creación de una cuenta tributaria compensatoria, mediante la cual los autónomos podrán compensar con menos impuestos las deudas de las Administraciones. Si bien, al igual que con la medida del IVA, las complicaciones de su puesta en marcha impiden poner una fecha concreta de ejecución.

 

Asimismo, el Ejecutivo podría revisar los actuales recargos por aplazamiento del pago del IVA y de cotizaciones sociales como medida coyuntural para combatir la crisis.

 

Estas son algunas de las cuestiones conocidas después de sendas entrevistas de responsables de asociaciones de trabajadores autónomos con los directivos de Hacienda; y ayer con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

 

En dichos encuentros, los dirigentes gubernamentales también comunicaron la intención de cumplir la promesa electoral de incentivar con 3.000 euros la primera contratación de un asalariado por parte de los autónomos. En este sentido, se está pensando en articular esta subvención ya sea en su vertiente fiscal, desgravándosela del IRPF o en el pago parcial de cotizaciones sociales.

 

Báñez adelanta hoy medidas de flexibilidad en el empleo

"Os vais a ver reflejados en la reforma laboral", esto es lo que dijo ayer Fátima Báñez a los máximos representantes de las asociaciones de trabajadores autónomos, Sebastián Reyna (UPTA), Lorenzo Amor (ATA) y Pedro Barato (CEAT), en una reunión mantenida con ellos, según informaron asistentes al encuentro.

 

Una de las principales reivindicaciones que los representantes de este colectivo trasladaron ayer a Báñez es que la reforma laboral permita que las microempresas (con menos de 10 trabajadores y 2 millones de euros de facturación) queden fuera del ámbito general de la negociación colectiva.

 

En este sentido, desde ATA explican que esto ocurre así en la mayoría de los países europeos y que solo Finlandia y España someten a sus empresas más pequeñas al corsé de los convenios colectivos en las mismas condiciones que el resto de empresas. Báñez prometió a los autónomos "flexibilidad con mayúsculas", según estas mismas fuentes.

 

Igualmente, la ministra les aseguró que también tendrán mejoras en el terreno de la contratación. A este respecto, los representantes de estos trabajadores pidieron, por ejemplo, no quedar excluidos de los futuros incentivos a la contratación de jóvenes desempleados. Precisamente y según distintas fuentes, Báñez adelantará hoy en su comparecencia en el Congreso de los Diputados algunas de las medidas que se esperan menos polémicas de la reforma laboral. Entre estas podrían estar las medidas de flexibilidad interna que se fijarán precisamente para las empresas de menor tamaño. Asimismo, podría hacer otros anuncios sobre Seguridad Social o inmigración. CC OO, UGT y CEOE lo esperan con interés.

 

En estudio los módulos y las tasas

 

Los distintos responsables gubernamentales que se han entrevistado en los últimos días con los representantes de los trabajadores autónomos se han comprometido a crear una mesa de diálogo y estudio interministerial para abordar futuras medidas para el colectivo. En dicha mesa participarán los departamentos de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, Empleo y Seguridad Social e Industria.

 

Entre los asuntos que ya se han fijado para la hoja de ruta de esta mesa de análisis están dos cuestiones fiscales. Por un lado, el Ejecutivo podría aceptar la revisión de los módulos por los que tributan los trabajadores autónomos para adecuarlos a los momentos de crisis, ya que en la actualidad no existe ningún mecanismo para modular sus cuantías. Asimismo, los responsables de Hacienda admiten la disparidad de tasas autonómicas que soporta el colectivo, por lo que crearán un grupo de estudio orientado a determinar las cargas totales según las regiones y acometer cierta coordinación fiscal en esta materia.

Menos bajas para no perder el empleo

cincodias.com, 07/02/2012

Desde que se inició la crisis económica a principios de 2008 se han destruido más de 2,2 millones de empleos. Ese efecto, que todavía no se ha parado, ha provocado que los 17,8 millones de ocupados que aún conservan su puesto de trabajo se lo piensen más de dos veces a la hora de coger una baja por enfermedad laboral. Así se puede constatar en el último informe sobre esta materia, hecho público ayer por UGT, en el que se comprueba que las bajas por enfermedades profesionales se han reducido en 3.000 casos en esos cuatro años de crisis. En cualquier caso, hay que matizar también que la aplicación de políticas de prevención de riesgos laborales habría tenido su efecto en esa rebaja.

 

Pero, en paralelo, se ha producido otro dato no menos significativo: el número de trabajadores declarados enfermos que no se acogen a una baja ha crecido de forma exponencial en esos cuatro años, pasando de 6.774 a 9.202 casos. Este incremento ha sido especialmente relevante en el último ejercicio, con un aumento de 1.150 casos y un avance anual del 14%. "El aumento de las que no causan baja con relación al año 2006 debemos tomarlo con cierta cautela, pues desde UGT consideramos que puede deberse más al miedo a la pérdida del puesto de trabajo que tienen los trabajadores en la situación actual que a la aplicación de medidas preventivas en el seno de las empresas", recalca el informe.

 

En 2011 fueron reconocidos 18.121 casos de enfermedad profesional, de los que 9.202 no causaron baja y 8.919 sí. Ese miedo a quedarse sin trabajo se refleja claramente en la edad de los empleados enfermos que decidieron no abandonar su puesto de trabajo. El mayor porcentaje se registró entre los trabajadores de 45 a 49 años, con 1.487 casos, seguido por los de 40 a 44, con 1.461, y los de 50 a 54, con 1.417. De este modo, el número de empleados comprendidos en esas tres franjas de edad representan la mitad del total de enfermedades sin bajas. Por ocupaciones, las vinculadas a la fabricación de productos metálicos (soldadores o chapistas) y de vehículos de motor encabezan la clasificación, con 832 y 735 casos respectivamente, encabezan la lista.

 

Desde UGT subrayan la necesidad de incluir los riesgos psicosociales en el catálogo de enfermedades profesionales, ya que es la segunda patología más declarada. De los 18.121 casos reconocidos en 2011, 14.970 fueron provocados por agentes físicos. En primer lugar aparecen los problemas tendinosos, ligados a posturas forzadas, movimientos repetitivos, fatiga e inflamación de los tendones, con 9.087 casos, seguido por parálisis y nervios, con 3.263.

Báñez descarta el contrato único y apuesta por el fijo a tiempo parcial

cincodias.com, 08/02/2012

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no concretó ayer ninguna medida de la reforma laboral que aprobará el viernes el Consejo de Ministros. Sí precisó que el Gobierno no implantará un contrato único indefinido porque es "inconstitucional". Y, por el contrario, el Ejecutivo apostará por los contratos fijos a tiempo parcial y por bonificar la contratación de jóvenes parados.

 

Diputados y periodistas esperaban ayer expectantes que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, adelantara alguna medida concreta de la reforma laboral en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, como han ido haciendo hasta ahora otros miembros del Gobierno en sus citas parlamentarias.

 

Sin embargo, no fue así. Báñez empezó su intervención anunciando que no desvelaría ninguna de las medidas de la reforma que, según anunció, se aprobarán el viernes en el Consejo de Ministros. Así, del contenido concreto de lo que se apruebe se limitó a descartar con rotundidad la unificación de todos los contratos en un solo y polémico contrato indefinido con indemnización progresiva. "No va a haber contrato único porque es inconstitucional" afirmó Báñez.

 

Según insistió, el citado contrato único permite la arbitrariedad absoluta al dejar el despido en manos únicamente del empresario, por lo que es contrario al convenio 158 de la OIT, a la Carta de Derechos Humanos y a la Carta Social Europea. Por estos motivos, "el Gobierno nunca lo ha previsto". Si bien el rechazo de esta figura contrasta con la defensa del "contrato único indefinido" hecha por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y no descartado con esta rotundidad hasta la fecha por ningún otro de los miembros del Gobierno. La ministra prefiere hablar de fomentar otras medidas contractuales que hasta ahora no se han generalizado, en referencia al contrato con 33 días de despido.

 

Antes, Báñez avanzó que las líneas básicas de la reforma se centrarán en la estabilidad en el empleo, como primer objetivo; y la puesta en marcha de una mayor flexibilidad interna en las empresas. "Los agentes sociales han incluido medidas que van en la buena dirección y el Gobierno lo va a tener en cuenta, pero debemos presentar una reforma completa", que vaya más allá de lo pactado, sugirió la titular de Empleo.

 

Otro de los ejes de la reforma girará en combatir el desempleo juvenil que afecta a uno de cada dos menores de 30 años. El Gobierno planea actuar sobre dos vías: hará más atractiva su contratación reordenando las bonificaciones al empleo estable (unos 3.000 millones de euros) hacia este colectivo; y fomentando el contrato a tiempo parcial indefinido. En segundo lugar pretende implantar un modelo dual de formación y empleo para jóvenes no titulados.

 

Además, en el terreno de la formación, Báñez anunció que esto será un "derecho individual" para lo que avanzó "la puesta en marcha de una cuenta de formación, que acompañará al trabajador toda su vida". Esto obligará a reformar por completo el sistema de formación, incluida la gestión de su financiación que ahora corresponde en su mayoría a patronal, sindicatos y comunidades.

 

En materia de Seguridad Social, indicó que su departamento trabajará, en el marco del Pacto de Toledo, en conseguir que la edad real de jubilación se aproxime a la legal; en fomentar la compatibilidad del cobro parcial de la pensión con un empleo; así como incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de retiro, algo que ahora solo hacen el 6% de los trabajadores.

 

La polémica

¿Por qué el contrato único es inconstitucional?
Según distintos expertos consultados, esta figura contractual va aparejada a una indemnización por despido ya pactada de antemano en función de la antigüedad del trabajador y no de si la extinción del contrato es procedente o improcedente en opinión de un juez. De ahí que permite la unilateralidad del empresario en el despido y elimina la tutela judicial efectiva del trabajador, algo que no permite la Constitución.

 

 

Un seguro de paro sin recortes pero sin fraudes

 "El Gobierno no va a recortar las prestaciones por desempleo en ningún caso, porque es un derecho que los trabajadores se han ganado con su trabajo y sus cotizaciones", defendió ayer firmemente la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez durante la exposición de las líneas maestras de su Departamento para esta legislatura en el Congreso de los Diputados. Pero, dicho esto, precisó que garantizar el cobro de estas prestaciones no impedirá "cumplir la ley y hacer que la ley se cumpla" en esta materia. De esta manera anunció un plan de lucha contra el fraude en el empleo en general, y en las prestaciones por desempleo en particular. "No podemos permitirnos que exista fraude en uno de los mayores capítulos de gasto (más de 30.000 millones anuales)", aseguró Báñez.

 

Este mayor control para evitar el uso indebido de fondos afectará también a las bonificaciones a la contratación, así como en aquellos programas de políticas activas de empleo de ámbito estatal (que gestionan mayoritariamente patronal y sindicatos). Para ello recordó que la plantilla de los inspectores de la Inspección de Trabajo es de las pocas áreas del sector público que no tiene congelada la tasa de reposición, que podrá renovarse en un 10% este año.

 

Junto a la citada lucha contra el fraude, la titular de Empleo anunció que el Gobierno realizará "una evaluación rigurosa de la efectividad de las actuales políticas de empleo, de tal manera que puedan conocerse los resultados e impacto de dicho gasto". En la actualidad esta evaluación prácticamente no existe o, al menos, no está centralizada al ser competencia de las comunidades autónomas, lo que impide optimizar su eficacia.

 

Otros ejes de la hoja de ruta

INTERMEDIACIÓN Los servicios públicos de empleo solo consiguen colocar al 3% de los parados sobre los que intermedian, según reconoció ayer mismo la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez. Se trata de una cifra muy inferior, por ejemplo, a la tasa de colocación de las empresas de trabajo temporal (más del 16%). Por ello el Gobierno planea imitar las buenas prácticas tanto de los servicios de las regiones que mejor funcionan como de las agencias privadas de colocación y "ahondar en la colaboración público-privada" en este terreno INTERMEDIACIÓN Los servicios públicos de empleo solo consiguen colocar al 3% de los parados sobre los que intermedian, según reconoció ayer mismo la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez. Se trata de una cifra muy inferior, por ejemplo, a la tasa de colocación de las empresas de trabajo temporal (más del 16%). Por ello el Gobierno planea imitar las buenas prácticas tanto de los servicios de las regiones que mejor funcionan como de las agencias privadas de colocación y "ahondar en la colaboración público-privada" en este terreno.

 

AUTÓNOMOS El Ejecutivo pretende aprobar en el primer trimestre del año la Ley de Emprendedores que incluirá la "adecuación de la regulación laboral a las necesidades específicas de autónomos y microempresas, proporcionándoles mayor flexibilidad y capacidad de adecuación". Además, Báñez anunció la intención del Gobierno de "profundizar en el diálogo social" incorporando a otros agentes distintos a los habituales, en clara alusión al colectivo de autónomos.

 

PENSIONES Fátima Báñez rechazó que el Gobierno quiera acelerar los plazos de la reforma de pensiones -que amplía la edad de jubilación a 67 años en 2027 y aumenta de 15 a 25 los años de cómputo en 2022-. Lo que sí hará Gobierno, dentro del Pacto de Toledo, será desarrollar el "factor de sostenibilidad", lo que supondrá definir los parámetros fundamentales del sistema que a partir de 2027 se revisarán cada cinco años. Además se creará una Agencia de la Seguridad Social y una nueva ley de Mutuas y un mayor control del absentismo.

 

INMIGRACIÓN El Gobierno descarta llevar a cabo una nueva regularización de inmigrantes. Cree que la ley ya vincula este colectivo al empleo y solo hay que cumplirla.

Rajoy admite que el paro subirá más en 2012

cincodias.com, 08/02/2012

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido hoy que la situación respecto al desempleo, con una tasa de 22,9% de la población activa, es "crítica" y, aunque "no puede ser más grave", todavía empeorará en 2012, ha dicho. "Es difícil pensar en un punto de partida peor para una legislatura", ha recalcado Rajoy en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados para presentar los resultados del Consejo Europeo del pasado día 30 en Bruselas.

 

Rajoy aseguró hoy en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados que hay que mejorar en flexibilidad, movilidad y "adaptación a las circunstancias económicas" porque continúan las malas perspectivas para el empleo. El presidente admitió que la situación es "crítica" y seguirá empeorando este año, por lo que aseguró que habrá "reformas continuadas" a lo largo de la legislatura. Confirmó que el próximo viernes el Gobierno aprobará la reforma laboral.

 

Tal y como dijo haber trasladado al Consejo Europeo, "sin reformas no habrá recuperación ni empleo", y precisamente "revertir la situación" y volver al crecimiento económico y crear empleo son los objetivos preferentes del Gobierno, afirmó.

 

Rajoy explicó a los diputados las decisiones adoptadas en su primera cumbre europea, como la elaboración de planes nacionales de creación de empleo, con especial énfasis en el juvenil. También es previsible que en el debate salga a colación el calendario comprometido con Europa para reducir el déficit público. "Lo más urgente es reducir el déficit público", recalcó Rajoy, para quien "no había otra opción" que "recortar de raíz la crisis de credibilidad" con las primeras medidas de recorte aprobadas.

 

Rajoy aseguró que no había planteado en la cumbre ninguna flexibilización de los objetivos de déficit y que ningún otro socio había sacado el asunto a colación, aunque días atrás el Gobierno confiaba en que cuanto antes se abordara una actualización de las previsiones económicas comunitarias para trabajar con cifras realistas.

 

El jefe del Ejecutivo dijo que "España tiene que exigirse a sí misma un mayor esfuerzo" y que la consolidación fiscal por sí sola no sacará al país de la crisis. En este sentido, opinó que "la consolidación fiscal es necesaria, pero no suficiente" y reiteró que hace falta una política global que impulse la recuperación de las pymes y las empresas, de la mano de las cuales llegará la recuperación.

 

Sesión de control

Finalizado el debate sobre el Consejo Europeo, comenzará la primera sesión de control de la legislatura, con el primer 'cara a cara' entre Rajoy como jefe del Gobierno, y Rubalcaba, en su calidad de recién nombrado secretario general socialista y jefe de la oposición. "¿Considera el presidente que tiene un plan de Gobierno a la altura de las necesidades de España?", es la pregunta que hará Rubalcaba al jefe del Ejecutivo.

 

A esta cuestión se suman las otras dos que tendrá que responder Rajoy, puramente económicas: el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, se interesará por el IVA de las empresas exportadoras y el de IU, José Luis Centella, le preguntará qué le hace pensar que la reforma laboral que prepara merece una huelga general.

 

Tras Rajoy, atenderá las preguntas de la oposición la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En este caso, será el todavía portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, quien formule la pregunta a la "número dos" del Gobierno, porque su sustituta, Soraya Rodríguez, no será confirmada hasta la próxima semana.

La reforma laboral primará el despido más barato y el descuelgue de los convenios

cincodias.com, 09/02/2012

El Gobierno ultima los detalles de la reforma laboral que aprobará este viernes y que se encamina hacia un abaratamiento del despido, primando el contrato con una indemnización de 33 días por año. En estudio está eliminar el de 45 días. También dará facilidades a las empresas en crisis para que se descuelguen del convenio, sobre todo a las pymes. Mariano Rajoy aseguró ayer que la norma será "profunda" y "equilibrada”.

 

Tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, coincidieron ayer en el Congreso en el avance que ha supuesto el pacto de moderación salarial a tres años que han firmado patronal y sindicatos. El crecimiento máximo de los salarios será del 0,5% en 2012 y de un 0,6% en 2013. Para 2014, la subida será del 0,6% siempre que el PIB aumente menos del 1%. Será una alza en las retribuciones del 1% si la economía avanza entre un 1% y un 2%, mientras que la mejora será del 1,5% si el PIB sube más del 2%. Rajoy resaltó que se produce una "importante desindexación", ya que si la inflación aumenta más del 2% se establece una cláusula de salvaguarda de las rentas por la parte que exceda ese porcentaje.

 

La reforma que aprobará el Consejo de Ministros este viernes será "amplia y profunda, a la vez que equilibrada y, sobre todo, útil para la consecución de un clima que favorezca la competitividad, la contratación de puestos de trabajo y el empleo estable", dijo Rajoy. La nueva regulación, según fuentes de la administración, pondrá el acento en reducir el coste del despido, primando el contrato con una indemnización a 33 días, y en una nueva estructura para los convenios colectivos, que pasa por dar más facilidades de descuelgue a las empresas en crisis.

 

El Ministerio de Economía abunda en esta línea, ya que considera que la reforma laboral es más importante que el ajuste fiscal, ya que la primera está en el punto de mira de las instituciones europeas y los mercados. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, dijo ayer que ha de ser "profunda, valiente y decidida".

 

Rubalcaba no quiso adentrarse en la reforma laboral hasta que el Gobierno no la apruebe pero le emplazó a "aprovechar" toda la potencialidad de la que se aprobó en junio de 2010. "Aproveche la reforma laboral que ya hay. El empleo no depende de las reglas laborales. Va a hacer la reforma laboral por lo que la va a hacer. El empleo se crea con inversión, crédito y cambiando la regla de déficit", espetó.

 

Rajoy lamentó que los agentes sociales. Con la reforma laboral, el Gobierno quiere poner medios para que las empresas canalicen sus ajustes por vías alternativas al despido. El desempleo ha subido de media en la UE 2,8 puntos desde que estalló la crisis, mientras que en España ha escalado 14,6 puntos, hasta el 22,8% de la población activa. La culpa, según Rajoy, no es solo de la regulación, "pero no es menos cierto" que el mercado laboral necesita de una profunda reforma que lo haga más favorecedor para la creación y estabilidad del empleo".

 

Rajoy lamentó que los agentes sociales solo hayan alcanzado un acuerdo en materia salarial para orientar a los convenios colectivos, como es la intermediación, los tipos de contratos, la flexibilidad interna en la empresa, la estructura de la negociación colectiva. Sobre estos aspectos "hay que hacer profundas mejoras" para evitar que España siga siendo el país "con el peor comportamiento de toda Europa".

 

Una de las figuras que está en estudio por el Ministerio de Empleo es la implantación del fondo de capitalización individualizado para cada empleado, lo que se conoce como fondo austriaco. Esta figura se creó en la reforma de las pensiones de agosto pasado, pero su puesta en marcha obligaba a un incremento de las cotizaciones, lo que el Gobierno no consideró entonces oportuno. Quedó entonces para un desarrollo legislativo posterior. El PP apuesta por esta solución para abaratar el despido, pero falta conocer cómo se alimentaría dicho fondo. Rajoy describió con crudeza la situación del empleo en España. En 2011 se han destruido 600.000 puestos de trabajo y la tasa de paro es la más elevada desde marzo de 1996. "Las cifras no van a mejorar, y en 2012 empeorarán", vaticinó Rajoy, que se mostró preocupado por la gran cantidad de licenciados que están teniendo que emigrar el extranjero ante la falta de oportunidades.

 

Ante las críticas de casi todos los grupos por la falta de medidas específicas de estímulo, Rajoy manifestó que "lo primero es asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, para dar confianza". Pero aclaró que la disciplina fiscal no es un objetivo en sí mismo sino un elemento "instrumental" porque el objetivo principal para la legislatura es el empleo. Y Rubalcaba advirtió que anteponer los ajustes a todo lo demás "deprime la economía".

 

Claves de lo que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros

 

Primar el despido a 33 días y aclarar el de 20

El Ejecutivo está ultimando una fecha a partir de la cual España tendrá menos contratos temporales y se generalizará uno solo indefinido cuya indemnización será de 33 días por año, con un máximo de 24 mensualidades. Incluso estudia hacer desaparecer el de 45 días, eso sí, sin efecto retroactivo, conservando los derechos adquiridos. De esta forma podrían ocurrir dos cosas a partir de esa fecha: la primera (y más fácil de aplicar) es que todos los trabajadores con un contrato fijo ordinario (que lleva aparejada una indemnización de 45 días por año y un máximo de 42 mensualidades) y que fueran despedidos cobrarían esta compensación; pero dicha modalidad contractual quedaría a extinguir. Ningún trabajador nuevo la tendría. Si bien hay una segunda opción: a partir de la fecha en la que el contrato de 33 días sea el único indefinido en la ley, todos los que tengan uno ordinario y fueran despedidos cobrarían una indemnización prorrateada entre la que le correspondería de 45 días hasta el día acordado y el resto con la indemnización más baja, de 33 días por año.

 

La patronal da por seguro que el Ejecutivo clarificará las causas del despido objetivo, indemnizado con 20 días por año trabajado. Y, quizás también elimine la autorización administrativa exigida en los ERE. El Gobierno también quiere incentivar los contratos fijos a tiempo parcial y bonificar la contratación de menores de 30 años.

 

Más negocio para las ETT vía recolocaciones

Los servicios públicos de empleo tienen una plantilla de alrededor de 11.000 empleados y solo logran colocar a un 3% de los desempleados sobre los que ejercen la intermediación. El Gobierno admite las graves deficiencias de estos sistemas públicos y por eso cree que hace falta "ahondar en la colaboración público-privada" para lograr una mayor colocación. La última reforma laboral ya abrió las puertas de la intermediación a las agencias privadas de colocación. Si bien estas agencias solo pueden operar a través de convenios de colaboración con las respectivas comunidades autónomas, que ejercen el control sobre su actividad. Asimismo se les exige una autorización por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Lo cierto es que desde que esto es posible en 2010 poco más de medio centenar de estas agencias operan en el mercado y con una presencia muy reducida.

 

Además, las empresas de trabajo temporal (ETT), que históricamente han reclamado poder intervenir en esta actividad de intermediación solo pueden hacerlo según la ley vigente creando otra empresa ad hoc, algo que hasta ahora solo ha hecho Manpower, dentro de las grandes ETT.

 

Ante esta circunstancia, el Gobierno se plantea permitir a las ETT que se convirtieran en agencias privadas de colocación intermediando en el sector público forma directa y controlada por las Administraciones.

 

Facilidades para incumplir lo pactado

 

Distintos miembros del Gobierno lo han dicho por activa y por pasiva: el acuerdo de rentas y los otros seis minipactos laborales que alcanzaron la patronal y los sindicatos en enero son muy útiles pero no son suficientes. Sobre todo en lo que se refiere a los requisitos para modificar las condiciones pactadas en los convenios (jornada, funciones, etc., así como para incumplir lo acordado en pactos de ámbitos superiores (descuelgues salariales), la CEOE, CC OO y UGT se quedaron cortos. El Ejecutivo quiere dar más facilidades para que las empresas en dificultades puedan recurrir a modificar las condiciones de sus trabajadores como alternativa al despido. Según datos del Ministerio de Empleo, el 68% de las empresas españolas recurrieron como primera medida a los ajustes de plantilla para hacer frente a una caída de la demanda; mientras que este porcentaje fue más bajo en países vecinos como Francia (59%) e Italia (37%).

 

También en materia de negociación colectiva, el Gobierno quiere cumplir su promesa electoral de dar mayor peso a los convenios de empresa. Tras la reforma de 2011 ya se aprobó su primacía sobre el resto, "salvo pacto en contrario" de los convenios estatales o autonómicos. Patronal y sindicatos han reforzado recientemente esta fórmula para blindar los convenios provinciales, algo que podría cambiar el Ejecutivo para dar más poder a la empresa.

 

Nuevo modelo formativo individualizado

 

Uno de los seis miniacuerdos alcanzados por la patronal y los sindicatos en el tiempo que Mariano Rajoy les dio para que intentaran (sin éxito) consensuar una reforma laboral se refería al sistema de formación de los trabajadores. Y pasó bastante desapercibido. Los agentes sociales advertían del fin de la vigencia de los actuales acuerdos nacionales de formación por lo que pactaban la prórroga del citado plan seis meses más y, por ende, su financiación, que es pública y se nutre de las cotizaciones de empresas y trabajadores y del Fondo Social Europeo. Tras esos seis meses CEOE-Cepyme, CC OO y UGT se comprometían a negociar otro acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio de Empleo aseguran que el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar esta prórroga de seis meses, ya que su intención es cambiar el sistema de formación ocupacional de forma inmediata. De hecho, este fue uno de los puntos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, incluyó ayer dentro de la reforma laboral que se aprobará mañana. Pretenden mejorar la eficacia de los casi 4.000 millones de euros anuales que se dedican a este capítulo de gasto y que gestionan principalmente patronal y sindicatos. Así podrían abrir esta gestión en mayor medida a la iniciativa privada. Y también crearán una cuenta individual de formación que tendrá el trabajador toda su vida laboral.

Abaratar el despido y flexibilizar los convenios, armas de la reforma

elmundo.es, 10/02/2012

La nueva y "agresiva" reforma laboral llega al Consejo de Ministros en medio de un paro histórico, con casi 5,3 millones de desempleados, el 22,85% de la población activa, según el registro del antiguo Inem, y con tendencia a seguir escalando.

 

La idea de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es "no sea un parche", como hasta ahora, sino que sea "completa y equilibrada", es decir, beneficiosa para todos y que sirva para crear empleo, especialmente para los jóvnes. Algo obvio pero que con la anterior no se perseguía.

 

Las líneas básicas por dónde se regirá el mercado laboral son: mejorar la empleabilidad de los desempleados, dar más estabilidad al empleo, fomentar la formación a lo largo de toda la vida laboral e introducir una mayor flexibilidad interna en las empresas para que cuando vengan mal dadas, empresarios y trabajadores puedan adaptarse a las circunstancias del mercado y los ajustes no se produzcan vía despidos.

 

Despidos

No se descarta que el Gobierno decida generalizar el contrato de fomento del empleo estable de 1997 (33 días por año trabajado de indemnización por despido improcedente), lo que a la larga supondría la extinción del actual contrato indefinido de 45 días por año trabajado y, en la práctica, un recorte de las indemnizaciones por despido. Y la extinción afectará no sólo a los nuevos contratos, también a los ya existentes.

 

Además, hay quien sospecha que ceda ante la patronal e implante el contrato de 20 días por año trabajado en el caso de despido por causas objetivas, aunque se redefinirán los motivos, sobre todo, los económicos.

 

Contratos

No habrá contrato único pero se quiere acabar con la cuarentena de modalidades de contratos y simplificarlos.

Se apuesta por el contrato a tiempo parcial para jóvenes, pero no en los 'minijobs', donde no hay derechos. Esto se traducirá en un despido más barato. A cambio, habrá un periodo de prueba más largo.

 

Convenios

La reforma contemplará medidas para facilitar a las empresas el descuelgue de los convenios del sector o territorial y dará prioridad a los convenios de las compañías. Sólo será necesario el pacto entre la dirección y los trabajadores, que no tienen por qué estar representados por los sindicatos.

 

La idea es crear un marco laboral más flexible que permita que cuando caiga la actividad, las empresas no recurran al despido, sino ajustar los contratos a la demanda de ese momento. Por ejemplo, recortando la jornada laboral y los sueldos.

 

También se quiere acabar con la ultraactividad, es decir, que cuando expira un convenio se mantiene en vigor hasta que sea reemplazado por otro. Para ello se contempla limitarla a 24 meses.

 

Autónomos

Para favorecer la creación de empresas, se permitirá en el medio plazo que los jóvenes puedan capitalizar el 100% de la prestación por desempleo y no el 80% como hasta ahora, si montan un negocio propio.

 

Expediente de Regulación de Empleo.

Se busca agilizar el proceso suprimiendo requisitos previos.

Agencias de colocación.

 

Se impulsará la participación del sector privado en la intermediación laboral dado el escaso éxito de los servicios públicos de empleo en esta materia (sólo consiguen colocar al 3% de los parados).

El Gobierno acabará con unos convenios que considera "franquistas"

cincodias.com, 10/02/2012

El ministro de Economía, Luis de Guindos, confirmó ayer que el decreto de reforma laboral que aprobará hoy el Gobierno dará más facilidades al empresario para que incumpla lo pactado en convenio. Con ello pretende modificar un sistema de negociación colectiva que considera "franquista", en palabras de De Guindos, quien adelantó en Bruselas que "se reducirá la indemnización por despido", en una reforma "extremadamente agresiva". Fuentes de Economía aclararon después que el ministro se refería a que será agresiva en la lucha contra el desempleo.

 

El Gobierno podría hacer hoy realidad una demanda empresarial histórica, al dar más facilidades al empleador para que incumpla lo pactado en los convenios colectivos; ya sea descolgándose de convenios supraempresariales o modificando las condiciones sustanciales de trabajo recogidas en su convenio de empresa. Así lo sugirió ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, al explicar que cuando cae la actividad, lo primero que hacen las empresas es echar a trabajadores temporales, situación que afecta a ocho de cada diez jóvenes, que a su vez tienen una tasa de paro cercana al 50%. Por la noche, el ministro anunció en Bruselas al comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que será una reforma "extremadamente agresiva", que "se reducirá la indemnización por despido" y se "flexibilizará la negociación colectiva". En una conversación privada captada por las cámaras, Rehn respondió: "Eso sería estupendo. Muy bien".

 

Según defendió por la mañana el ministro, hay que conseguir que el despido no sea el primer recurso de una empresa en dificultades. Para ello, consideró que "hay que buscar otras fórmulas para impedirlo y eso implica modificar un sistema de negociación colectiva, que viene de décadas atrás, que deriva del sindicato único franquista y que es lo que explica en gran parte que en España se haya destruido más del 10% del empleo privado desde el inicio de la crisis, lo que no ha ocurrido en ningún otro país".

 

En su opinión, los cambios en los convenios colectivos deben ser "el torniquete para que la hemorragia del desempleo se contenga, porque si continúa ahí, el Estado tendrá menos ingresos y se pondría en cuestión la sostenibilidad del Estado del bienestar".

 

Seguro de paro para poner un negocio

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez fue ayer más tibia, al dejar de lado los aspectos que se esperan más polémicos del decreto de reforma laboral y hacer hincapié en aquellos que no levantarán susceptibilidades, al menos entre la población, otra cosa será entre los agentes sociales; estos sí podrían rechazar, por ejemplo, la reordenación de la gestión de las políticas de formación, que fue uno de los aspectos que modificará el Gobierno. En este terreno, recordó que el Ejecutivo prepara una "profunda reforma de la formación profesional" en colaboración con Educación; así como de los cursos para formar a los trabajadores y parados.

 

Báñez anunció también ayer en el pleno de control al Gobierno que los jóvenes podrán cobrar el 100% de la prestación por desempleo a la que tengan derecho de una sola vez si lo desean para invertirlo en la creación de un negocio como profesionales autónomos.

 

En la actualidad, la ley ya establece que los jóvenes varones de hasta 30 años y las mujeres hasta 35 pueden capitalizar hasta el 80% para cotizar como autónomos. Precisó que la ampliación al 100% se producirá a "medio plazo"; pero la mayoría del resto de medidas entrarán en vigor en cuanto el decreto que apruebe hoy el Gobierno se publique en el BOE mañana o, más probablemente, el lunes.

 

Según los datos de la organización de autónomos ATA, en 2011 un total de 81.064 personas habían capitalizado el 80% de la prestación por desempleo para darse de alta como autónomos. Además, cerca de nueve de cada diez de estos trabajadores por cuenta propia se mantenían en la actividad pasados dos años. El importe medio que recibieron de forma capitalizada fue de 4.150 euros (lo que equivale a un promedio de 149 días de prestación por desempleo).

 

También para los jóvenes "se simplificarán y reordenarán" las bonificaciones al empleo. En la actualidad, este capítulo de gasto suma unos 3.000 millones de euros y están destinadas a la contratación estable de jóvenes, mayores de 45 años, mujeres subrepresentadas en determinados sectores de actividad, discapacitados y a cualquier desempleado que lleve al menos un mes inscrito en las oficinas públicas de empleo. Además, en los últimos años los empresarios ni siquiera han gastado toda la partida destinada a estas bonificaciones, que los propios empresarios rechazan tal y como están diseñadas en la actualidad.

 

Finalmente, la titular de Empleo dijo que el Gobierno ya ha constituido una mesa de diálogo junto con las comunidades autónomas, los agentes sociales y expertos cuyo objeto será buscar otras soluciones para reducir el desempleo juvenil, que afecta a uno de cada dos jóvenes. En este sentido, recordó que el Ejecutivo destinará los 10.700 millones de euros que corresponden a España de los fondos europeos no utilizados a combatir el paro de este colectivo.

 

En cualquier caso, Báñez pasó de puntillas por los temas más polémicos como la contratación, respecto a lo que se limitó a decir que "se simplificará"; o respecto a los citados cambios en la negociación colectiva. En este sentido, prefirió hablar eufemísticamente de "lograr más flexibilidad interna" para que "cuando vengan mal dadas, los empresarios y los trabajadores se pongan de acuerdo y no tengan que recurrir al despido como única solución de ajuste".

 

Las generalidades desveladas hasta ahora por los distintos miembros del Gobierno acerca de la reforma laboral que aprobará hoy el Consejo de Ministros han despertado las susceptibilidades de los sindicatos y los grupos parlamentarios y en menor medida de los empresarios.

 

Los responsables parlamentarios de todos los grupos excepto el PP criticaron ayer y el miércoles el hecho de que no se hiciera ningún anuncio en sede parlamentaria o hubieran sido informados de sus intenciones en privado.

 

Con más dureza hablaron ayer los responsables sindicales de esta situación. El líder de UGT, Cándido Méndez, consideró el citado secretismo como "surrealista e infantil"; y añadió que con ello "se está vulnerando el derecho a la información de los sindicatos y, supongo de la patronal". En CC OO descartaban una llamada de última hora para informar sobre el contenido de la reforma, lo que calificaron de "falta de consideración inaudita". Otras fuentes se aventuraban a creer que las medidas quizás no sean tan dañinas para los derechos de los trabajadores, "porque Javier Arenas esta presionando para que no se genere un fuerte conflicto social antes de las elecciones andaluzas".

 

Guarderías para crear empleo

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, prometió ayer un plan estatal de guarderías en los centros de trabajo para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, que incluirá incentivos fiscales para aquellas empresas que adopten medidas en este ámbito.

 

En su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, Mato destacó que España mantiene un "déficit" de guarderías y por ello quiere articular acuerdos con las compañías, con asociaciones empresariales y, en su caso, con las administraciones competentes en la materia, para reducir "de forma clara el problema y poder atender a los menores”.

 

Además, Mato avanzó que se creará un plan específico para mujeres en el marco de las políticas activas de empleo y de la reforma laboral que presentará el Gobierno hoy. En este sentido, destacó que hay 2,3 millones de españolas en paro y que el número de mujeres inactivas por razonas familiares alcanza el 41%. Mato también lamentó que el que el colectivo femenino recibe un salario anual un 22% inferior al de los hombres. Para erradicar las desigualdades laborales se impulsará el distintivo "Igualdad en la empresa" que premiará a las compañías comprometidas con este tema.

 

 

Carta de CC OO y UGT a Aznar

El 7 de mayo de 2002 los entonces líderes de CC OO, José María Fidalgo y de UGT, Cándido Méndez, remitían una carta al presidente del Gobierno, José María Aznar, para mostrar su total rechazo al contenido de la reforma laboral que pretendía hacer el Ejecutivo, así como a su decisión de acometerla unilateralmente. Pronto se cumplirán diez años de esta misiva y sin embargo pueden extraerse algunos extractos de ella que bien podrían escribirse hoy. "Lamentablemente, tanto por el contenido de las medidas como por la forma en que nos fueron presentadas, el Gobierno renuncia con ello al camino del diálogo y la negociación", se quejaban los líderes sindicales; como reprochaban ayer mismo al actual Ejecutivo no haber sido ni siquiera informados del contenido del decreto que se aprueba hoy.

 

Los principales ejes de aquella reforma fueron una mayor vinculación de las prestaciones por desempleo a la búsqueda activa de empleo (que se demostró totalmente inocua e ineficaz) y la creación del despido exprés, que si ha sido importante en el mercado laboral. "Señor presidente, usted sabe que no es posible negociar una reforma que trata de facilitar el despido", decían; y quince días después convocaron la única huelga general que hicieron al PP.

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