Báñez descarta el contrato único y apuesta por el fijo a tiempo parcial

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no concretó ayer ninguna medida de la reforma laboral que aprobará el viernes el Consejo de Ministros. Sí precisó que el Gobierno no implantará un contrato único indefinido porque es "inconstitucional". Y, por el contrario, el Ejecutivo apostará por los contratos fijos a tiempo parcial y por bonificar la contratación de jóvenes parados.

 

Diputados y periodistas esperaban ayer expectantes que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, adelantara alguna medida concreta de la reforma laboral en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, como han ido haciendo hasta ahora otros miembros del Gobierno en sus citas parlamentarias.

 

Sin embargo, no fue así. Báñez empezó su intervención anunciando que no desvelaría ninguna de las medidas de la reforma que, según anunció, se aprobarán el viernes en el Consejo de Ministros. Así, del contenido concreto de lo que se apruebe se limitó a descartar con rotundidad la unificación de todos los contratos en un solo y polémico contrato indefinido con indemnización progresiva. "No va a haber contrato único porque es inconstitucional" afirmó Báñez.

 

Según insistió, el citado contrato único permite la arbitrariedad absoluta al dejar el despido en manos únicamente del empresario, por lo que es contrario al convenio 158 de la OIT, a la Carta de Derechos Humanos y a la Carta Social Europea. Por estos motivos, "el Gobierno nunca lo ha previsto". Si bien el rechazo de esta figura contrasta con la defensa del "contrato único indefinido" hecha por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y no descartado con esta rotundidad hasta la fecha por ningún otro de los miembros del Gobierno. La ministra prefiere hablar de fomentar otras medidas contractuales que hasta ahora no se han generalizado, en referencia al contrato con 33 días de despido.

 

Antes, Báñez avanzó que las líneas básicas de la reforma se centrarán en la estabilidad en el empleo, como primer objetivo; y la puesta en marcha de una mayor flexibilidad interna en las empresas. "Los agentes sociales han incluido medidas que van en la buena dirección y el Gobierno lo va a tener en cuenta, pero debemos presentar una reforma completa", que vaya más allá de lo pactado, sugirió la titular de Empleo.

 

Otro de los ejes de la reforma girará en combatir el desempleo juvenil que afecta a uno de cada dos menores de 30 años. El Gobierno planea actuar sobre dos vías: hará más atractiva su contratación reordenando las bonificaciones al empleo estable (unos 3.000 millones de euros) hacia este colectivo; y fomentando el contrato a tiempo parcial indefinido. En segundo lugar pretende implantar un modelo dual de formación y empleo para jóvenes no titulados.

 

Además, en el terreno de la formación, Báñez anunció que esto será un "derecho individual" para lo que avanzó "la puesta en marcha de una cuenta de formación, que acompañará al trabajador toda su vida". Esto obligará a reformar por completo el sistema de formación, incluida la gestión de su financiación que ahora corresponde en su mayoría a patronal, sindicatos y comunidades.

 

En materia de Seguridad Social, indicó que su departamento trabajará, en el marco del Pacto de Toledo, en conseguir que la edad real de jubilación se aproxime a la legal; en fomentar la compatibilidad del cobro parcial de la pensión con un empleo; así como incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de retiro, algo que ahora solo hacen el 6% de los trabajadores.

 

La polémica

¿Por qué el contrato único es inconstitucional?
Según distintos expertos consultados, esta figura contractual va aparejada a una indemnización por despido ya pactada de antemano en función de la antigüedad del trabajador y no de si la extinción del contrato es procedente o improcedente en opinión de un juez. De ahí que permite la unilateralidad del empresario en el despido y elimina la tutela judicial efectiva del trabajador, algo que no permite la Constitución.

 

 

Un seguro de paro sin recortes pero sin fraudes

 "El Gobierno no va a recortar las prestaciones por desempleo en ningún caso, porque es un derecho que los trabajadores se han ganado con su trabajo y sus cotizaciones", defendió ayer firmemente la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez durante la exposición de las líneas maestras de su Departamento para esta legislatura en el Congreso de los Diputados. Pero, dicho esto, precisó que garantizar el cobro de estas prestaciones no impedirá "cumplir la ley y hacer que la ley se cumpla" en esta materia. De esta manera anunció un plan de lucha contra el fraude en el empleo en general, y en las prestaciones por desempleo en particular. "No podemos permitirnos que exista fraude en uno de los mayores capítulos de gasto (más de 30.000 millones anuales)", aseguró Báñez.

 

Este mayor control para evitar el uso indebido de fondos afectará también a las bonificaciones a la contratación, así como en aquellos programas de políticas activas de empleo de ámbito estatal (que gestionan mayoritariamente patronal y sindicatos). Para ello recordó que la plantilla de los inspectores de la Inspección de Trabajo es de las pocas áreas del sector público que no tiene congelada la tasa de reposición, que podrá renovarse en un 10% este año.

 

Junto a la citada lucha contra el fraude, la titular de Empleo anunció que el Gobierno realizará "una evaluación rigurosa de la efectividad de las actuales políticas de empleo, de tal manera que puedan conocerse los resultados e impacto de dicho gasto". En la actualidad esta evaluación prácticamente no existe o, al menos, no está centralizada al ser competencia de las comunidades autónomas, lo que impide optimizar su eficacia.

 

Otros ejes de la hoja de ruta

INTERMEDIACIÓN Los servicios públicos de empleo solo consiguen colocar al 3% de los parados sobre los que intermedian, según reconoció ayer mismo la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez. Se trata de una cifra muy inferior, por ejemplo, a la tasa de colocación de las empresas de trabajo temporal (más del 16%). Por ello el Gobierno planea imitar las buenas prácticas tanto de los servicios de las regiones que mejor funcionan como de las agencias privadas de colocación y "ahondar en la colaboración público-privada" en este terreno INTERMEDIACIÓN Los servicios públicos de empleo solo consiguen colocar al 3% de los parados sobre los que intermedian, según reconoció ayer mismo la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez. Se trata de una cifra muy inferior, por ejemplo, a la tasa de colocación de las empresas de trabajo temporal (más del 16%). Por ello el Gobierno planea imitar las buenas prácticas tanto de los servicios de las regiones que mejor funcionan como de las agencias privadas de colocación y "ahondar en la colaboración público-privada" en este terreno.

 

AUTÓNOMOS El Ejecutivo pretende aprobar en el primer trimestre del año la Ley de Emprendedores que incluirá la "adecuación de la regulación laboral a las necesidades específicas de autónomos y microempresas, proporcionándoles mayor flexibilidad y capacidad de adecuación". Además, Báñez anunció la intención del Gobierno de "profundizar en el diálogo social" incorporando a otros agentes distintos a los habituales, en clara alusión al colectivo de autónomos.

 

PENSIONES Fátima Báñez rechazó que el Gobierno quiera acelerar los plazos de la reforma de pensiones -que amplía la edad de jubilación a 67 años en 2027 y aumenta de 15 a 25 los años de cómputo en 2022-. Lo que sí hará Gobierno, dentro del Pacto de Toledo, será desarrollar el "factor de sostenibilidad", lo que supondrá definir los parámetros fundamentales del sistema que a partir de 2027 se revisarán cada cinco años. Además se creará una Agencia de la Seguridad Social y una nueva ley de Mutuas y un mayor control del absentismo.

 

INMIGRACIÓN El Gobierno descarta llevar a cabo una nueva regularización de inmigrantes. Cree que la ley ya vincula este colectivo al empleo y solo hay que cumplirla.


Comentarios

Deja tu comentario:



Normas de participación