¿Dónde está el límite de la actual Seguridad Social?

A mediados de 2009 este diario publicaba un reportaje titulado El superávit de la Seguridad Social pende de un hilo. Pues bien, ese hilo ya se ha roto y el sistema de pensiones ha vuelto a los números rojos en 2011. Tras casi 15 años de superávit ininterrumpidos, la Seguridad Social registró el pasado año un déficit de 668 millones (un 0,06% del PIB).

 

Los sucesivos Gobiernos han destinado estos excedentes al fondo de reserva de las pensiones -creado en 2000 por el PP-, que ya cuenta con unos 65.000 millones de euros (el 6,5% del PIB).

 

Esto es sin duda un gran colchón que garantiza el pago de las pensiones durante los próximos años; pero es solo una garantía adicional que se esfumará en menos tiempo de lo previsto si no se logra frenar la sangría del empleo y recomponer las condiciones que hacen sostenible el sistema. Estas son las variables que ponen en cuestión dicha sostenibilidad.

 

Ahora existen ocho millones de pensionistas cuyas prestaciones se abonan con las cotizaciones que aportan empresas y trabajadores en activo (y los parados mientras cobran prestación). Mientras el flujo de entrada de cotizantes crecía en los últimos años no importaba que el gasto en pensiones también aumentara; porque además se incrementaba menos que los ingresos.

 

Sin embargo, la crisis se ha llevado este equilibrio por delante. Los últimos datos de ejecución de las cuentas del sistema ponen de manifiesto la peligrosa deriva que están tomando los principales ingresos y gastos del sistema.

 

Así, en noviembre las aportaciones de cotizaciones sumaban 93.521 millones de euros, tras disminuir un 1,49% en términos interanuales; mientras que el gasto en pensiones y prestaciones contributivas aumentó un 4%, alcanzando los 92.489 millones.

 

¿Por qué ocurre esto? Para empezar, el número de pensionistas crece un 1,5%, mientras que el número de cotizantes cae por encima del 2%.

 

Pero esto es aún más grave si se observa que cada pensionista de jubilación que sale del sistema (la mayoría por fallecimiento) cobraba una pensión media de 874 euros, mientras que los nuevos jubilados que llegan al sistema cobran un promedio de 1.202 euros, un 37% más. Además, los pensionistas que se dan de baja han estado cobrando menos de 15 años de media cobrando, frente a los 18 años que la cobrarán los nuevos jubilados hombres y los 22 años de las mujeres.

 

Este perfil de jubilado (más caro) empezará a dispararse en 10 años con la llegada masiva a la jubilación de los nacidos en el baby boom (entre 1959 y 1974). Así, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2020 a 2040 el grupo de personas en edad de trabajar perderá más de tres millones de efectivos, al tiempo que los de más de 65 años aumentarán en casi cinco millones. Esto puede dar al traste con la ratio de sostenibilidad del sistema, que ahora ya está en el límite (2,1 cotizantes por cada pensionista) y rozando los mínimos históricos de la anterior crisis de principios de los noventa (1,8).

 

Por el lado de los ingresos, se han perdido 2,5 millones de empleos desde el inicio de la crisis y el Banco de España prevé la pérdida de otro medio millón este año. Es más, los afiliados que han ido saliendo eran al principio temporales (que pagaban menos cotizaciones), pero en el último año los despedidos tienen mayores bases de cotización. Y los pocos que entran nuevos son en su mayoría empleos a tiempo parcial que aportan sustancialmente menos.

 

Crear empleo, subir cuotas o acelerar la reforma

Con una senda como la actual de intensa y constante merma de ingresos y aumento imparable de los gastos, el sistema de Seguridad Social, tal y como lo conocemos en la actualidad, no es viable más allá de 10 o 15 años y siempre que se gastara el fondo de reserva, según distintas fuentes consultadas.

 

Sin embargo, hay soluciones. La primera e imprescindible sería empezar a crear empleo. Esta es la mayor garantía de viabilidad. Pero también podrían aumentarse las cotizaciones, algo que no se baraja ahora porque supondría un encarecimiento del coste laboral que obstaculizaría la recuperación del empleo.

 

Desde la esfera sindical, hay un sector que propone la creación de un impuesto finalista o parte del IVA para financiar las pensiones.

 

Pero, de enconarse mucho más la crisis del empleo, la solución que se presenta más factible será la aceleración de la reforma de 2011, que prevé un retraso progresivo de la edad de jubilación a 67 años en 2027 (lo que supondrá más ingresos) y una ampliación de los años de cómputo de la pensión de 15 a 25 años en 2022 (cuantías inferiores de pensión y, por tanto, menos gasto). Pero el Gobierno descarta hoy por hoy acortar estos plazos.


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