El Gobierno acabará con unos convenios que considera "franquistas"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, confirmó ayer que el decreto de reforma laboral que aprobará hoy el Gobierno dará más facilidades al empresario para que incumpla lo pactado en convenio. Con ello pretende modificar un sistema de negociación colectiva que considera "franquista", en palabras de De Guindos, quien adelantó en Bruselas que "se reducirá la indemnización por despido", en una reforma "extremadamente agresiva". Fuentes de Economía aclararon después que el ministro se refería a que será agresiva en la lucha contra el desempleo.

 

El Gobierno podría hacer hoy realidad una demanda empresarial histórica, al dar más facilidades al empleador para que incumpla lo pactado en los convenios colectivos; ya sea descolgándose de convenios supraempresariales o modificando las condiciones sustanciales de trabajo recogidas en su convenio de empresa. Así lo sugirió ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, al explicar que cuando cae la actividad, lo primero que hacen las empresas es echar a trabajadores temporales, situación que afecta a ocho de cada diez jóvenes, que a su vez tienen una tasa de paro cercana al 50%. Por la noche, el ministro anunció en Bruselas al comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que será una reforma "extremadamente agresiva", que "se reducirá la indemnización por despido" y se "flexibilizará la negociación colectiva". En una conversación privada captada por las cámaras, Rehn respondió: "Eso sería estupendo. Muy bien".

 

Según defendió por la mañana el ministro, hay que conseguir que el despido no sea el primer recurso de una empresa en dificultades. Para ello, consideró que "hay que buscar otras fórmulas para impedirlo y eso implica modificar un sistema de negociación colectiva, que viene de décadas atrás, que deriva del sindicato único franquista y que es lo que explica en gran parte que en España se haya destruido más del 10% del empleo privado desde el inicio de la crisis, lo que no ha ocurrido en ningún otro país".

 

En su opinión, los cambios en los convenios colectivos deben ser "el torniquete para que la hemorragia del desempleo se contenga, porque si continúa ahí, el Estado tendrá menos ingresos y se pondría en cuestión la sostenibilidad del Estado del bienestar".

 

Seguro de paro para poner un negocio

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez fue ayer más tibia, al dejar de lado los aspectos que se esperan más polémicos del decreto de reforma laboral y hacer hincapié en aquellos que no levantarán susceptibilidades, al menos entre la población, otra cosa será entre los agentes sociales; estos sí podrían rechazar, por ejemplo, la reordenación de la gestión de las políticas de formación, que fue uno de los aspectos que modificará el Gobierno. En este terreno, recordó que el Ejecutivo prepara una "profunda reforma de la formación profesional" en colaboración con Educación; así como de los cursos para formar a los trabajadores y parados.

 

Báñez anunció también ayer en el pleno de control al Gobierno que los jóvenes podrán cobrar el 100% de la prestación por desempleo a la que tengan derecho de una sola vez si lo desean para invertirlo en la creación de un negocio como profesionales autónomos.

 

En la actualidad, la ley ya establece que los jóvenes varones de hasta 30 años y las mujeres hasta 35 pueden capitalizar hasta el 80% para cotizar como autónomos. Precisó que la ampliación al 100% se producirá a "medio plazo"; pero la mayoría del resto de medidas entrarán en vigor en cuanto el decreto que apruebe hoy el Gobierno se publique en el BOE mañana o, más probablemente, el lunes.

 

Según los datos de la organización de autónomos ATA, en 2011 un total de 81.064 personas habían capitalizado el 80% de la prestación por desempleo para darse de alta como autónomos. Además, cerca de nueve de cada diez de estos trabajadores por cuenta propia se mantenían en la actividad pasados dos años. El importe medio que recibieron de forma capitalizada fue de 4.150 euros (lo que equivale a un promedio de 149 días de prestación por desempleo).

 

También para los jóvenes "se simplificarán y reordenarán" las bonificaciones al empleo. En la actualidad, este capítulo de gasto suma unos 3.000 millones de euros y están destinadas a la contratación estable de jóvenes, mayores de 45 años, mujeres subrepresentadas en determinados sectores de actividad, discapacitados y a cualquier desempleado que lleve al menos un mes inscrito en las oficinas públicas de empleo. Además, en los últimos años los empresarios ni siquiera han gastado toda la partida destinada a estas bonificaciones, que los propios empresarios rechazan tal y como están diseñadas en la actualidad.

 

Finalmente, la titular de Empleo dijo que el Gobierno ya ha constituido una mesa de diálogo junto con las comunidades autónomas, los agentes sociales y expertos cuyo objeto será buscar otras soluciones para reducir el desempleo juvenil, que afecta a uno de cada dos jóvenes. En este sentido, recordó que el Ejecutivo destinará los 10.700 millones de euros que corresponden a España de los fondos europeos no utilizados a combatir el paro de este colectivo.

 

En cualquier caso, Báñez pasó de puntillas por los temas más polémicos como la contratación, respecto a lo que se limitó a decir que "se simplificará"; o respecto a los citados cambios en la negociación colectiva. En este sentido, prefirió hablar eufemísticamente de "lograr más flexibilidad interna" para que "cuando vengan mal dadas, los empresarios y los trabajadores se pongan de acuerdo y no tengan que recurrir al despido como única solución de ajuste".

 

Las generalidades desveladas hasta ahora por los distintos miembros del Gobierno acerca de la reforma laboral que aprobará hoy el Consejo de Ministros han despertado las susceptibilidades de los sindicatos y los grupos parlamentarios y en menor medida de los empresarios.

 

Los responsables parlamentarios de todos los grupos excepto el PP criticaron ayer y el miércoles el hecho de que no se hiciera ningún anuncio en sede parlamentaria o hubieran sido informados de sus intenciones en privado.

 

Con más dureza hablaron ayer los responsables sindicales de esta situación. El líder de UGT, Cándido Méndez, consideró el citado secretismo como "surrealista e infantil"; y añadió que con ello "se está vulnerando el derecho a la información de los sindicatos y, supongo de la patronal". En CC OO descartaban una llamada de última hora para informar sobre el contenido de la reforma, lo que calificaron de "falta de consideración inaudita". Otras fuentes se aventuraban a creer que las medidas quizás no sean tan dañinas para los derechos de los trabajadores, "porque Javier Arenas esta presionando para que no se genere un fuerte conflicto social antes de las elecciones andaluzas".

 

Guarderías para crear empleo

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, prometió ayer un plan estatal de guarderías en los centros de trabajo para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, que incluirá incentivos fiscales para aquellas empresas que adopten medidas en este ámbito.

 

En su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, Mato destacó que España mantiene un "déficit" de guarderías y por ello quiere articular acuerdos con las compañías, con asociaciones empresariales y, en su caso, con las administraciones competentes en la materia, para reducir "de forma clara el problema y poder atender a los menores”.

 

Además, Mato avanzó que se creará un plan específico para mujeres en el marco de las políticas activas de empleo y de la reforma laboral que presentará el Gobierno hoy. En este sentido, destacó que hay 2,3 millones de españolas en paro y que el número de mujeres inactivas por razonas familiares alcanza el 41%. Mato también lamentó que el que el colectivo femenino recibe un salario anual un 22% inferior al de los hombres. Para erradicar las desigualdades laborales se impulsará el distintivo "Igualdad en la empresa" que premiará a las compañías comprometidas con este tema.

 

 

Carta de CC OO y UGT a Aznar

El 7 de mayo de 2002 los entonces líderes de CC OO, José María Fidalgo y de UGT, Cándido Méndez, remitían una carta al presidente del Gobierno, José María Aznar, para mostrar su total rechazo al contenido de la reforma laboral que pretendía hacer el Ejecutivo, así como a su decisión de acometerla unilateralmente. Pronto se cumplirán diez años de esta misiva y sin embargo pueden extraerse algunos extractos de ella que bien podrían escribirse hoy. "Lamentablemente, tanto por el contenido de las medidas como por la forma en que nos fueron presentadas, el Gobierno renuncia con ello al camino del diálogo y la negociación", se quejaban los líderes sindicales; como reprochaban ayer mismo al actual Ejecutivo no haber sido ni siquiera informados del contenido del decreto que se aprueba hoy.

 

Los principales ejes de aquella reforma fueron una mayor vinculación de las prestaciones por desempleo a la búsqueda activa de empleo (que se demostró totalmente inocua e ineficaz) y la creación del despido exprés, que si ha sido importante en el mercado laboral. "Señor presidente, usted sabe que no es posible negociar una reforma que trata de facilitar el despido", decían; y quince días después convocaron la única huelga general que hicieron al PP.


Comentarios

Deja tu comentario:



Normas de participación