La reforma laboral primará el despido más barato y el descuelgue de los convenios

El Gobierno ultima los detalles de la reforma laboral que aprobará este viernes y que se encamina hacia un abaratamiento del despido, primando el contrato con una indemnización de 33 días por año. En estudio está eliminar el de 45 días. También dará facilidades a las empresas en crisis para que se descuelguen del convenio, sobre todo a las pymes. Mariano Rajoy aseguró ayer que la norma será "profunda" y "equilibrada”.

 

Tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, coincidieron ayer en el Congreso en el avance que ha supuesto el pacto de moderación salarial a tres años que han firmado patronal y sindicatos. El crecimiento máximo de los salarios será del 0,5% en 2012 y de un 0,6% en 2013. Para 2014, la subida será del 0,6% siempre que el PIB aumente menos del 1%. Será una alza en las retribuciones del 1% si la economía avanza entre un 1% y un 2%, mientras que la mejora será del 1,5% si el PIB sube más del 2%. Rajoy resaltó que se produce una "importante desindexación", ya que si la inflación aumenta más del 2% se establece una cláusula de salvaguarda de las rentas por la parte que exceda ese porcentaje.

 

La reforma que aprobará el Consejo de Ministros este viernes será "amplia y profunda, a la vez que equilibrada y, sobre todo, útil para la consecución de un clima que favorezca la competitividad, la contratación de puestos de trabajo y el empleo estable", dijo Rajoy. La nueva regulación, según fuentes de la administración, pondrá el acento en reducir el coste del despido, primando el contrato con una indemnización a 33 días, y en una nueva estructura para los convenios colectivos, que pasa por dar más facilidades de descuelgue a las empresas en crisis.

 

El Ministerio de Economía abunda en esta línea, ya que considera que la reforma laboral es más importante que el ajuste fiscal, ya que la primera está en el punto de mira de las instituciones europeas y los mercados. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, dijo ayer que ha de ser "profunda, valiente y decidida".

 

Rubalcaba no quiso adentrarse en la reforma laboral hasta que el Gobierno no la apruebe pero le emplazó a "aprovechar" toda la potencialidad de la que se aprobó en junio de 2010. "Aproveche la reforma laboral que ya hay. El empleo no depende de las reglas laborales. Va a hacer la reforma laboral por lo que la va a hacer. El empleo se crea con inversión, crédito y cambiando la regla de déficit", espetó.

 

Rajoy lamentó que los agentes sociales. Con la reforma laboral, el Gobierno quiere poner medios para que las empresas canalicen sus ajustes por vías alternativas al despido. El desempleo ha subido de media en la UE 2,8 puntos desde que estalló la crisis, mientras que en España ha escalado 14,6 puntos, hasta el 22,8% de la población activa. La culpa, según Rajoy, no es solo de la regulación, "pero no es menos cierto" que el mercado laboral necesita de una profunda reforma que lo haga más favorecedor para la creación y estabilidad del empleo".

 

Rajoy lamentó que los agentes sociales solo hayan alcanzado un acuerdo en materia salarial para orientar a los convenios colectivos, como es la intermediación, los tipos de contratos, la flexibilidad interna en la empresa, la estructura de la negociación colectiva. Sobre estos aspectos "hay que hacer profundas mejoras" para evitar que España siga siendo el país "con el peor comportamiento de toda Europa".

 

Una de las figuras que está en estudio por el Ministerio de Empleo es la implantación del fondo de capitalización individualizado para cada empleado, lo que se conoce como fondo austriaco. Esta figura se creó en la reforma de las pensiones de agosto pasado, pero su puesta en marcha obligaba a un incremento de las cotizaciones, lo que el Gobierno no consideró entonces oportuno. Quedó entonces para un desarrollo legislativo posterior. El PP apuesta por esta solución para abaratar el despido, pero falta conocer cómo se alimentaría dicho fondo. Rajoy describió con crudeza la situación del empleo en España. En 2011 se han destruido 600.000 puestos de trabajo y la tasa de paro es la más elevada desde marzo de 1996. "Las cifras no van a mejorar, y en 2012 empeorarán", vaticinó Rajoy, que se mostró preocupado por la gran cantidad de licenciados que están teniendo que emigrar el extranjero ante la falta de oportunidades.

 

Ante las críticas de casi todos los grupos por la falta de medidas específicas de estímulo, Rajoy manifestó que "lo primero es asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, para dar confianza". Pero aclaró que la disciplina fiscal no es un objetivo en sí mismo sino un elemento "instrumental" porque el objetivo principal para la legislatura es el empleo. Y Rubalcaba advirtió que anteponer los ajustes a todo lo demás "deprime la economía".

 

Claves de lo que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros

 

Primar el despido a 33 días y aclarar el de 20

El Ejecutivo está ultimando una fecha a partir de la cual España tendrá menos contratos temporales y se generalizará uno solo indefinido cuya indemnización será de 33 días por año, con un máximo de 24 mensualidades. Incluso estudia hacer desaparecer el de 45 días, eso sí, sin efecto retroactivo, conservando los derechos adquiridos. De esta forma podrían ocurrir dos cosas a partir de esa fecha: la primera (y más fácil de aplicar) es que todos los trabajadores con un contrato fijo ordinario (que lleva aparejada una indemnización de 45 días por año y un máximo de 42 mensualidades) y que fueran despedidos cobrarían esta compensación; pero dicha modalidad contractual quedaría a extinguir. Ningún trabajador nuevo la tendría. Si bien hay una segunda opción: a partir de la fecha en la que el contrato de 33 días sea el único indefinido en la ley, todos los que tengan uno ordinario y fueran despedidos cobrarían una indemnización prorrateada entre la que le correspondería de 45 días hasta el día acordado y el resto con la indemnización más baja, de 33 días por año.

 

La patronal da por seguro que el Ejecutivo clarificará las causas del despido objetivo, indemnizado con 20 días por año trabajado. Y, quizás también elimine la autorización administrativa exigida en los ERE. El Gobierno también quiere incentivar los contratos fijos a tiempo parcial y bonificar la contratación de menores de 30 años.

 

Más negocio para las ETT vía recolocaciones

Los servicios públicos de empleo tienen una plantilla de alrededor de 11.000 empleados y solo logran colocar a un 3% de los desempleados sobre los que ejercen la intermediación. El Gobierno admite las graves deficiencias de estos sistemas públicos y por eso cree que hace falta "ahondar en la colaboración público-privada" para lograr una mayor colocación. La última reforma laboral ya abrió las puertas de la intermediación a las agencias privadas de colocación. Si bien estas agencias solo pueden operar a través de convenios de colaboración con las respectivas comunidades autónomas, que ejercen el control sobre su actividad. Asimismo se les exige una autorización por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Lo cierto es que desde que esto es posible en 2010 poco más de medio centenar de estas agencias operan en el mercado y con una presencia muy reducida.

 

Además, las empresas de trabajo temporal (ETT), que históricamente han reclamado poder intervenir en esta actividad de intermediación solo pueden hacerlo según la ley vigente creando otra empresa ad hoc, algo que hasta ahora solo ha hecho Manpower, dentro de las grandes ETT.

 

Ante esta circunstancia, el Gobierno se plantea permitir a las ETT que se convirtieran en agencias privadas de colocación intermediando en el sector público forma directa y controlada por las Administraciones.

 

Facilidades para incumplir lo pactado

 

Distintos miembros del Gobierno lo han dicho por activa y por pasiva: el acuerdo de rentas y los otros seis minipactos laborales que alcanzaron la patronal y los sindicatos en enero son muy útiles pero no son suficientes. Sobre todo en lo que se refiere a los requisitos para modificar las condiciones pactadas en los convenios (jornada, funciones, etc., así como para incumplir lo acordado en pactos de ámbitos superiores (descuelgues salariales), la CEOE, CC OO y UGT se quedaron cortos. El Ejecutivo quiere dar más facilidades para que las empresas en dificultades puedan recurrir a modificar las condiciones de sus trabajadores como alternativa al despido. Según datos del Ministerio de Empleo, el 68% de las empresas españolas recurrieron como primera medida a los ajustes de plantilla para hacer frente a una caída de la demanda; mientras que este porcentaje fue más bajo en países vecinos como Francia (59%) e Italia (37%).

 

También en materia de negociación colectiva, el Gobierno quiere cumplir su promesa electoral de dar mayor peso a los convenios de empresa. Tras la reforma de 2011 ya se aprobó su primacía sobre el resto, "salvo pacto en contrario" de los convenios estatales o autonómicos. Patronal y sindicatos han reforzado recientemente esta fórmula para blindar los convenios provinciales, algo que podría cambiar el Ejecutivo para dar más poder a la empresa.

 

Nuevo modelo formativo individualizado

 

Uno de los seis miniacuerdos alcanzados por la patronal y los sindicatos en el tiempo que Mariano Rajoy les dio para que intentaran (sin éxito) consensuar una reforma laboral se refería al sistema de formación de los trabajadores. Y pasó bastante desapercibido. Los agentes sociales advertían del fin de la vigencia de los actuales acuerdos nacionales de formación por lo que pactaban la prórroga del citado plan seis meses más y, por ende, su financiación, que es pública y se nutre de las cotizaciones de empresas y trabajadores y del Fondo Social Europeo. Tras esos seis meses CEOE-Cepyme, CC OO y UGT se comprometían a negociar otro acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio de Empleo aseguran que el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar esta prórroga de seis meses, ya que su intención es cambiar el sistema de formación ocupacional de forma inmediata. De hecho, este fue uno de los puntos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, incluyó ayer dentro de la reforma laboral que se aprobará mañana. Pretenden mejorar la eficacia de los casi 4.000 millones de euros anuales que se dedican a este capítulo de gasto y que gestionan principalmente patronal y sindicatos. Así podrían abrir esta gestión en mayor medida a la iniciativa privada. Y también crearán una cuenta individual de formación que tendrá el trabajador toda su vida laboral.


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