Empleo ofrece a patronal y sindicatos pagarles por diseñar la formación

Los responsables del Ministerio de Empleo entregaron ayer a la patronal y a los sindicatos su última propuesta para reformar el modelo de formación continua de los trabajadores. Se trata de una ardua negociación en la que Ejecutivo y agentes social llevan, de una forma u otra, más de un año intercambiando pareceres sin alcanzar un acuerdo.

De hecho, la reforma de la formación es la única, de cierta entidad, que le queda al Ministerio de Empleo por aprobar en esta legislatura. Ahora surge que salga adelante porque, según fuentes conocedoras de la situación, los empresarios están presionando para que el Gobierno no les deje completamente al margen de los fondos de formación. Así, siempre según estas fuentes, CEOE y Cepyme estarían condicionando la firma del pacto salarial con los sindicatos a que el Gobierno les ofrezca una solución en materia formativa.

Sin embargo, tras los numerosos escándalos que han surgido con el dinero público de la formación –los más conocidos son los relacionados con UGT en Andalucía y la patronal madrileña Ceim– la ministra de Empleo, Fátima Báñez, está convencida de que debe sacar a los agentes sociales de la gestión y ejecución de los cursos a trabajadores.

“En ningún país de Europa esto es así, quien diseña la formación y dice qué cursos hacen falta nunca los ejecuta, no se puede ser juez y parte” asegura un responsable de formación. De hecho, en privado, los sindicatos han admitido esta máxima y reconocen que es normal que el nuevo sistema les deje fuera.

Pero ante el malestar de la patronal, que considera que debe gestionar la totalidad de la formación de oferta y demanda porque toda ella se financia con la cuota formativa del 0,7% que pagan a la Seguridad Social los empresarios (0,6%) y los trabajadores (0,1%), en Empleo creen que podrían haber dado con la solución.

Así fuentes conocedoras de la propuesta gubernamental explican que los planes de Empleo pasan por sacar a la patronal y los sindicatos de la parte que ahora gestionan en los planes de formación de oferta, pero “mantenerlos en el Gobierno del sistema, determinando cuáles son las necesidades formativas”. Además, por estas tareas el Ejecutivo podría ofrecerles unas retribuciones, “por participar en el diseño del sistema”, aseguran dichas fuentes.

De esta forma, los agentes sociales dejarían de distribuir y gestionar esta financiación pero, a cambio obtendrían una retribución que hasta ahora no tenían.

 

Libre concurrencia

Con ello, el Gobierno sacaría a patronal y sindicatos de esta parte del sistema y mantendría su promesa de abrir en un 100% la ejecución a la libre concurrencia a la que podrán optar los centros privados de formación en igualdad de condiciones que los agentes sociales.
En la actualidad, Empleo ya ha iniciado esta apertura al sector privado a través de las últimas convocatorias de los planes de oferta. En concreto el 34% del presupuesto total de estos programas de oferta en general ya está abierto a la libre concurrencia. Y en el caso de los proyectos formativos para jóvenes menores de 30 años, los centros privados ya pueden optar al 100% de su financiación.


Comentarios

Deja tu comentario:



Normas de participación