Resumen de prensa semanal

Semana 9

23/02/2015 al 01/03/2015

Ver otras semanas

Casi medio millón de españoles encadenan contratos temporales desde hace seis años

eleconomista, 22/02/2015

Un total de 482.200 trabajadores llevan más de seis años encadenando contratos temporales en el mismo empleo, la cifra más alta desde 2008, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

Durante el pasado ejercicio esta cifra de trabajadores que encadenan contratos temporales durante más de seis años se incrementó casi un 10%, pasando de 441.400 al cierre de 2013 a 482.200 en diciembre de 2014.

 

Esta cifra representa casi el 15% del total de ocupados con contrato temporal. En concreto, supone el 13,7%, frente al 13,2% de un año antes.

 

A estos casi medio millón de trabajadores temporales con media docena de años en el mismo empleo, se suman otros 405.200 que llevan entre tres y seis años, y 202.000 con entre dos y tres años.

 

De esta manera, la cifra de ocupados que lleva más de dos años en el mismo puesto encadenando contratos temporales supera el millón de personas.

 

El gasto en pensiones sube un 3,1% en febrero y alcanza la cifra récord de 8.169 millones de euros

expansion.com, 24/02/2015

La Seguridad Social ha destinado en febrero la cifra récord de 8.169 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 3,1% más que en el mismo mes de 2014.

 

La pensión media de jubilación alcanzó a principios de este mes los 1.014 euros mensuales, lo que supone un 2,1% más respecto a febrero de 2014, según datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó al iniciarse este mes en 881 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,7%.

 

En febrero, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social bajó un 0,1% respecto a enero y se situó en 9.267.273, con un crecimiento interanual del 1,3%. De ellas, más de 5,6 millones eran pensiones de jubilación.

Empleo fijará el coste de la formación en las empresas para evitar fraudes

eleconomista.es, 24/02/2015

Crea un 'cheque formación' para desempleados acorde con su perfil profesional

Pondrá un módulo por participante y hora en los cursos con financiación públic

 

El proyecto de Real Decreto-Ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, que el Gobierno ha enviado a los agentes sociales confiere al Ministerio de Empleo y Seguridad Social la obligación de fijar módulos específicos para determinar el coste por participante y hora de la formación que sea objeto de financiación pública. Lea aquí el Real Decreto-Ley completo (.Pdf). 

 

Estos módulos económicos serán específicos para las distintas especialidades formativas, "previo estudio de su adecuación a los precios de mercado", y serán objeto de actualización periódica. La medida se justifica tanto para desarrollar un régimen de concesión y justificación de las subvenciones que permita evitar al máximo los fraudes, como para garantizar la calidad de la formación".

 

El texto del Real Decreto, al que ha tenido acceso elEconomista, explica en su exposición de motivos que "los agentes sociales dejan de participar en la gestión de los fondos y en la impartición de la formación como lo hacían hasta la fecha, dejando este papel a las entidades que imparte formación profesional y desarrollarán esta tarea en un entorno más competitivo", tal y como adelanto elEconomista.

 

Junto a la separación de los sindicatos y las patronales de la gestión de la formación, hay otros ejes vertebradores de la reforma.  Para empezar, el diseño de un sistema de formación "que garantice la coherencia y coordinación entre todas las Administraciones competentes" con una normativa y un sistema de información comunes. Ello implica también la unidad financiera del sistema y de su régimen económico "que garantiza el principio de unidad de caja de la cuota para la formación profesional".

 

Además, se establece la transformación de los órganos de gobierno del sistema y, en particular de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

 

En tercer lugar, la elaboración, con la participación de los interlocutores sociales, "de un escenario estratégico plurianual, referente de la programación de toda la formación que se imparte en el sistema. Por último, la concurrencia competitiva "abierta a todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos", para la gestión de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de todas las Administraciones Públicas".

 

El Real Decreto-Ley abre también la formación a los parados y en esta línea establece la creación de un "cheque-formación" para los trabajadores desempleados que se instrumentará a través de los servicios públicos de empleo de acuerdo con su perfil profesional. Se trata de una herramienta novedosa "que permitirá la libertad de elección entre las entidades adheridas a los dispositivos específicos que se desarrollen para su seguimiento".

 

Ampliación de sanciones

Además, la implantación de un sistema integrado de formación permitirá desarrollar tres instrumentos clave de difusión, garantía de calidad y transparencia: la Cuenta de la Formación, "que acompañará al trabajador a lo largo de su carrera profesional"; el Catálogo de Especialidades Formativas, que será referente común de toda la oferta formativa que se programe" y el Registro Estatal de Entidades de Formación, que será público y al que se incorporarán los resultados de las auditorías o controles que se realicen a estas entidades.

 

Otro principio fundamental de la reforma es la tolerancia cero contra el fraude en la gestión de los fondos de la formación para el empleo. Para ello, y como también adelantó elEconomista, el artículo 18 del Real Decreto faculta la creación de una Unidad Especial de Inspección contra el fraude en la formación dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 

Esta nueva Unidad desarrollará anualmente un programa de inspección "de acuerdo con la información que le sea facilitada por el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, por los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas".

 

También se modifica el Texto Refundido de la Ley de Inspecciones y Sanciones en el Orden Social para ampliar los sujetos responsables, "incluyendo a las entidades a las que se encomienda la organización de la formación de la empresa así como a los solicitantes de ayudas y subvenciones públicas", lo que incluye a las patronales que organicen agrupaciones de empresas.

 

Se establece, asimismo, la "responsabilidad solidaria de los sujetos que participen en la obtención fraudulenta de ayudas, subvenciones y bonificaciones"-

 

Y, finalmente, se introduce la posibilidad de que los beneficiarios del sistema de formación profesional no puedan volver a serlo durante un periodo máximo de cinco años cuando la información cometida se refiera a a la formación profesional para el empleo.

 

Por otra parte, los secretarios de Acción Sindical de CC OO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, confirmaron este lunes la disposición de las centrales a vincular la evolución de los salarios al PIB, como plantean las patronales CEOE y Cepyme, y también podrán aceptar aumentas salariales inferiores al 2% hasta 2016, con el objeto de poder cerrar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para el trienio 2015-2017.

 

La nueva reducción de cuotas para contratos fijos estará en vigor 18 meses

elpais.com, 25/02/2015

La medida, que corrige la tarifa plana, convivirá con ella durante el mes de marzo y las empresas podrán optar entre una y otra

El Gobierno corrige la tarifa plana de cotizaciones en contratos indefinidos

 

La nueva medida que exime a las empresas de cotizar por los primeros 500 euros en los nuevos contratos indefinidos estará en vigor finalmente durante año y medio, según ha apuntado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en una entrevista en Radio Nacional de España. Es decir, las empresas podrán acogerse a ella desde el próximo lunes y perderán esa posibilidad el 30 de septiembre de 2016.

 

Durante el primer mes, esta medida anunciada por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes, convivirá con la otra a la que corrige, la tarifa plana de 100 euros en cotizaciones para contratos indefinidos independientemente del sueldo que reciban.

Que la medida esté en vigor durante 18 meses no es sinónimo de que las empresas que se beneficien de la medida perderán la deducción el 30 de septiembre del año próximo ya que una cosa es el plazo en el que las firmas podrán acogerse a la medida y otra el tiempo en que, una vez acogidas, las empresas podrán deducirse cotizaciones. En este caso, la deducción se mantendrá hasta 36 meses, según Burgos. No obstante, hay que tener en cuenta, apuntaban ayer en el Ministerio de Empleo, que a falta de cerrar los detalles, lo más probable es que solo las pymes puedan deducirse cotizaciones durante tres años, y que el resto únicamente podrían hacerlo durante 24 meses.

 

Esta nueva vía de reducción de cotizaciones a la Seguridad Social corrige por la vía de los hechos la tarifa plana de 100 euros, medida estrella del año pasado. Esta última fue criticada, entre otras cosas, por regresiva. Es decir, el beneficio era mayor cuanto más ganaba el contratado, ya que daba igual que el salario fuera de 650 euros o de 3.600, el empresario pagaría 100 euros al mes por las cotizaciones durante dos años.

Una medida progresiva

La nueva, en cambio, será progresiva. Al quedar exentos de cotizar los primeros 500 euros de sueldo (si el contrato es a tiempo parcial esta cantidad se reducirá proporcionalmente de acuerdo con la jornada), los sueldos más bajos salen más beneficiados.

 

Para Burgos, en unas palabras recogidas por Europa Press, este mínimo exento de cotización de 500 euros es una "rebaja potentísima" de costes, que puede suponer hasta un recorte de más del 70% en las cotizaciones empresariales que se pagan para los sueldos más bajos.

 

"Estamos absolutamente convencidos de que esta fórmula va a ser un importante incentivo para la contratación indefinida", ha afirmado Burgos, que ha subrayado que el coste para la Seguridad Social de esta medida "ha de ser neutro", porque según aumenta la afiliación, también lo hacen los ingresos del sistema.

 

Por otra parte y preguntado por el acuerdo salarial que negocian sindicatos y empresarios, Burgos se ha mostrado convencido de que ambas partes "agotarán" todas las vías para poder cerrar con éxito esta negociación. "Apelo a su responsabilidad", ha apuntado al respecto.

más información

 

 

 

España no recuperará todo el empleo perdido hasta 2020

cincodias.com, 26/02/2015

España no volverá a contar con los 20,6 millones de ocupados que tenía antes de la crisis en toda la década. Tendrá que esperar al menos hasta 2020 para recuperar el número de ocupados de 2007, cuando se quebró el ciclo más longevo de crecimiento económico y de generación de empleo de la historia democrática. Y en tales umbrales temporales lo lograría siempre y cuando todo vaya bien: crecimiento económico razonable e ininterrumpido y ausencia de choques externos que pongan en riesgo la financiación del país. Esa es la conclusión a la que llegan varios expertos consultados sobre el porvenir del empleo, que, con matices, estiman volverá a las cotas que tenía en 2007 en un trecho de entre seis y diez años.

 

El más elemental de los ejercicios matemáticos revela que, de mantenerse el ritmo de avance de la economía previsto para este año y una réplica de avance de ocupados parecida (cerca del 3% de mejora del PIB y del empleo), el número de personas ocupadas aumentaría en torno a medio millón cada año. Dado que el nivel de ocupación es ahora de 17,57 millones de personas, según la EPA, tardaría seis años completos en llegar a los 20,57 millones que registró en 2007 y que es el máximo histórico.

 

Pero estas estimaciones de trazo grueso solo son posibles si la economía española entra de nuevo en un círculo virtuoso en el que se movilicen consumo privado e inversión pública y privada, algo que hoy tiene más dificultades que en el año 2000, cuando se desataron tales motores del crecimiento en el último ciclo alcista, coincidiendo con el arranque del euro. El consumo depende de la renta disponible y ésta, en parte, de la inversión privada, ahora agarrotada por el alto endeudamiento de los agentes económicos, pese a que las condiciones financieras son hoy más laxas que hace 15 años: tipos reales muy cercanos a cero y liquidez bancaria ilimitada.

 

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Oliver Alonso, estima que “dando por bueno que el BCE siga dopando las economías, no está nada mal generar 400.000 empleos al año y, en tal caso, no absorberemos la pérdida hasta 2022. Pero 400.000 empleos al año me siguen pareciendo muchos”. Advierte que algunos de los grandes motores de creación de empleo en el último ciclo no se podrán activar. “La construcción aportó uno de cada cinco empleos entre 1998 y 2007 y el sector público, otro tanto, y ahora tal cosa es irreproducible, porque hay un sobreendeudamiento de los hogares y los rigores fiscales maniatan el gasto público”, asegura Oliver Alonso.

 

Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Juan Carlos I, no se arriesga a dar una fecha para recuperar los niveles absolutos de ocupación, pero habla de “muchos años”. Argumenta que “ahora habrá dos o tres años muy buenos, con una elasticidad del empleo elevada; pero hay dificultades para sostener este ritmo de crecimiento, aunque las condiciones financieras seguirán siendo muy favorables”. Cuantifica en más de un millón las personas que trabajaban en la construcción que no tienen fácil ubicación, porque “tenemos un aparato manufacturero muy competitivo, pero muy pequeñito, y solo puede crecer para absorber activos si es muy disciplinado en costes (salarios) y en beneficios; y ahí es donde me temo que la economía puede volver a desmadrarse. España solo puede competir por precio, y para ello hay que mantener los costes muy controlados, con los avances nominales siempre por debajo de los competidores”.

 

Josep Oliver alerta también del cambio de modelo que ha reducido la capacidad económica del sector industrial, que refuerza la elasticidad del empleo, más volcado en servicios con poco recorrido de la productividad, pero que limita la capacidad de creación de empleo, tanto en cantidad como en calidad. Recuerda que antes de la crisis de los setenta y ochenta “el valor añadido de la industria era en España del 40% del total, mientras que ahora se reduce a un 13%”.

 

El economista sénior de BBVA Research y especialista en empleo Juan Ramón García maneja un escenario probable en el que la ocupación en términos EPA (Encuesta de Población Activa) volverá a los niveles de 2007 en 13 años, en 2020 o 2021. “Esto ocurrirá con un crecimiento del PIB cercano al 3% ahora y que se irá moderando hacia el final de la década, y con un avance del empleo muy cercano al del PIB”. BBVA Research maneja también un escenario más prudente en el que, con un avance anual del empleo del 1,9%, se llegaría a los 20,6 millones en 2024. García destaca que “el empleo se está generando en casi todas las actividades”.

 

Javier Díaz-Giménez, economista y profesor del IESE, maneja dos escenarios para la recuperación laboral, utilizando la afiliación a la Seguridad Social, a la que considera más reconocible que el cómputo de la EPA. En el primero, proyectando el crecimiento de afiliados de 2014 (418.000) en los próximos años, se alcanzarían los 19,52 millones de afiliados de media de 2007 mediado el año 2022. En el escenario segundo, y proyectando el avance medio anual de afiliados de los últimos cinco años alcistas, que llegó a 601.500, se recompondría toda la afiliación en diciembre de 2019. Como en el resto de proyecciones, este desempeño del empleo solo sería posible “si todo se desarrolla con normalidad y dentro de lo razonable; es una simple proyección razonable del pasado sobre el futuro”, asegura Díaz-Giménez.

 

María Jesús Fernández, de Funcas, por su parte, asegura que volver a los 20,6 millones de personas ocupadas “no es imposible, pero es muy difícil; nuestras estimaciones atisban tal posibilidad para 2024”. Cree que “no volveremos a crecimientos del 4% como a principios de siglo en muchos años; este año podemos ir cerca del 3% de PIB, pero esta circunstancia no es eterna, porque hay muy poco margen para gasto público con el nivel de deuda que tenemos y los agentes privados siguen muy endeudados, aunque las empresas han hecho un buen ejercicio de desapalancamiento”. Llama también la atención sobre la imposibilidad de sostener en el tiempo una elasticidad del empleo tan alta como la actual.

 

Sí admite Fernández, como el resto de expertos consultados, que el desempleo se reducirá más rápido de lo que avanzará el empleo. Una composición demográfica como la que tiene ahora España, y siempre que los flujos inmigratorios no vuelvan a los valores de los primeros años del siglo (4%), lleva a un comportamiento muy moderado de la población activa, incluso a una reducción en las cohortes de edad más intensivas en actividad. Esta circunstancia acelerará la caída del número de parados y de la tasa de desempleo. La economista de Funcas considera que, en todo caso, “no volverá por debajo del 10% antes de 2024”. El presidente del Consejo Empresarial de la Competitividad y presidente de Telefónica, César Alierta, por su parte, vaticina que la tasa de paro puede descender hasta el 8% en 2018.

 

Para Juan Ramón García, de BBVA Research, habrá una reducción del desempleo firme, pero la tasa no descenderá hasta el nivel que tenía en 2007 (8,6%). Afirma que “la demografía ayudará, pero la población activa volverá a ser procíclica, lo que supone que tendrá un avance superior al 1% anual, tal y como se ha comportado en términos históricos”. Ahora crece a un ritmo inferior al 1% por el desánimo, mientras en los años más agitados del ciclo lo hacía a valores del 4% por la presión de la inmigración.

 

Josep Oliver sí prevé una pérdida acelerada de activos. Según su cálculo, el número de potencialmente activos bajará más de tres millones de personas en los próximos ocho años, lo que arrastrará a la población activa a la baja en las cohortes de entre 20 y 40 años, las que más nutren el mercado de trabajo. Esos colectivos de población se desplazarán a edades más maduras, con menos presencia en el mercado.

 

Todos los expertos señalan como básico para mantener un nivel elevado de crecimiento la recuperación de la inversión. Los excesos de la inversión residencial, que llegó al 22% en el máximo cíclico de 2007, hacen imposible recuperar tales impulsos. En este momento, está en el 9,4% del PIB, y encadena 24 trimestres de caída interanual, mientras que el equipo empresarial ha alternado avance con descenso. Las tasas de inversión agregada promedio en el ciclo son similares a las alemanas, pero con destinos bien diferentes: España en construcción e infraestructuras y Alemania en actividad industrial e I+D+i.

 

Estas son las nuevas ayudas a empresas, autónomos y familias lanzadas por Rajoy

cincodias.com, 26/02/2015

La empresa no cotizará por los primeros 500 euros de los nuevos empleados indefinidos
Los autónomos que reduzcan su jornada por cuidado de hijo y mayores no pagarán cuota si contratan un sustituto

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy, durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación, la creación de una nueva bonificación para la contratación de trabajadores indefinidos. En concreto, cuando el próximo 31 de marzo termine la vigencia de la actual tarifa plana de 100 euros de cotización a la Seguridad Social para las contrataciones indefinidas, entrará en vigor una nueva ayuda que dejará exentos de cotización los primeros 500 euros del salario de los nuevos trabajadores fijos.

 

A diferencia de la actual tarifa plana, la nueva ayuda será progresiva, esto es que la cotización irá en aumento cuanto mayor sea el sueldo. En la actualidad, la tarifa de 100 euros primaba la contratación de sueldos más altos frente a los más bajos. Según ha explicado el Gobierno, para los sueldos más bajos esto supondrá una rebaja del 70% de la cotización; los salarios de 1.000 experimentarán una reducción del 50% y los más elevados, un recorte de las cuotas de cerca del 14%.

 

Asimismo ha anunciado otras rebajas de cotizaciones sociales para incentivar la creación de empleo. Se trata de extender a los autónomos la figura denominada 'coste cero' para la sustitución de trabajadores de baja por maternidad o cuidado de mayores dependientes. Rajoy avanzó la creación de una bonificación del 100% en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes a los autónomos que contraten un trabajador porque deban reducir su jornada por cuidado de hijos menores de 7 años o de personas mayores dependientes.

 

En materia fiscal, el presidente del Gobierno explicó que se ampliarán las ayudas (impuestos negativos) en vigor desde el 1 de enero para familias numerosas y las que tienen a su cargo ascendientes o descendientes discapacitados. Estos cheques familiares de 1.200 euros al año se extenderán a las familias monoparentales con dos hijos. Esta ayuda se mantendrá hasta que los hijos tengan 21 años o 25 si son estudiantes.

 

Tal y como se esperaba, Rajoy también detalló las líneas generales que recogerá la próxima Ley de segunda oportunidad. Esta futura norma permitirá a las personas físicas no empresarias utilizar la figura del acuerdo extrajudicial de pagos, un mecanismo simplificado por el cual empresarios y pymes ya pueden negociar con sus acreedores antes de recurrir al concurso de acreedores.

 

Además, se establecerán reglas de procedimiento especialmente siplificadas para estos particulares (plazos de designación, convocatorias de acreedores espeicalmente reducidos y y se reducirán los aranceles notariales y registrales).

 

Igualmente, las familias deudoras podrán exonerar las deudas remanentes tras la liquidación de sus bienes, en el marco del procedimiento concursal. También se simplificará el uso de los "acuerdos extrajudiciales de pagos" y se reducirá de 15 a 5 años el plazo de prescripción de reclamaciones de deudas.

 

Finalmente, en esta materia, el Gobierno ha anunciado que modificará el Código de buenas prácticas bancarias, para que un mayor número de familias se beneficien de las reestructraciones viables de dedua y las daciones en pago. Este código incluirá una cláusula para permitir la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo.

 

Supresión de las tasas judiciales

El Gobierno también anunció una revisión del sistema de tasas judiciales mediante la cual se suprimirán las que afectan a las personas físicas en todos los órdenes e instancias. Esta iniciativa aparece en el documento que ha distribuido el Ejecutivo con las principales medias anunciadas en el debate del estado de la nación.

 

El texto explica que “en el marco de la creciente recuperación económica” las personas físicas “quedarán exentas del pago de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias”. La revisión de las tasas judiciales fue uno de los principales compromisos que adquirió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a su llegada al departamento el pasado mes de septiembre. Catalá ha manifestado en multitud de ocasiones que iba a revisar la aplicación de las tasas judiciales y que, en caso de que limitasen el acceso de los ciudadanos a la Justicia, procedería a su modificación, pero nunca a su retirada.

 

La Ley de Tasas Judiciales fue uno de los principales proyectos aprobados por las Cortes, con el único apoyo del PP, durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de Justicia y marcó un antes y un después en las relaciones entre el Ministerio y la Judicatura. Desde su aprobación, en noviembre de 2012, la norma se ha convertido en el blanco de los ataques de jueces, fiscales y abogados así como de todos los grupos de la oposición parlamentaria que consideran que las tasas vulneran el acceso a la tutela judicial efectiva y exigen su derogación.

 

La oposición y los operadores jurídicos también han reclamado al Gobierno que dé explicaciones sobre el destino del dinero recaudado hasta la fecha con las tasas judiciales, más de 512 millones de euros. En este sentido, el Ejecutivo se comprometió a destinar el dinero recaudado a la financiación de la justicia gratuita, si bien la oposición denuncia que todavía no se ha transferido ninguna cantidad al respecto.

 

Nueva oficina para la recuperar “lo robado”

Entre los anuncios hechos  por Mariano Rajoy está la creación de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos. O como él mismo la definió “oficina para la recuperación de lo robado". Se trata de una entidad multidisciplinar que se ocupará de localizar bienes, efectos y ganancias provenientes del delito o vinculados con actividades delictivas para obtener de ellos el mayor rendimiento posible. Además se amplíará la regulación de la figura del decomiso, de forma que se amplíe a todo el patrimonio del pendado que se presuma que proviene directa o indirectamente de acciones delictivias, incluso a los bienes que haya transferido a un tercero.

 

Lista de morosos y más inspecciones laborales

Aumentar los ingresos públicos es ya un mantra entre los miembros del Gobierno. Para ello, Mariano Rajoy mencionó la reforma de la Ley General Tributaria, que incluirá medidas como la publicación, a fin de año, de la lista de morosos de mayor cuantía con Hacienda, algo que ya se anunció a finales de 2012. También ampliará con carácter general, a 18 meses el plazo del procedimiento de inspección, y reforzará las sanciones por contrabandos. Asimismo, el Ejecutivo pretende reformar también la ley que regula la Inspección de Trabajo para intensificar la lucha contra el empleo irregular y el fraude, “con una mayor coordinación”.

 

Ver otras semanas